En 1995, el Joint Interagency Task Force-East de Estados Unidos, un servicio de análisis y práctica antidrogas en el que convergen militares, la CIA, la DEA y el Servicio de Aduanas, estimaba que el flujo de cocaína hacia Europa rondaba los 180 toneladas de cocaína. Esta cifra estaría veinte toneladas por debajo del punto medio de la horquilla que se ofrece en la actualidad. Es decir, según los propios datos de las agencias especializadas norteamericanas, el tráfico de cocaína hacia Europa no sólo no habría aumentado espectacularmente durante el último lustro sino que de hecho habría disminuido. No obstante, y esto explica el reciente crecimiento de los datos, al año siguiente una disminución de 90 toneladas en la producción mundial se tradujo en que los usuarios europeos dejaron de consumir 80 toneladas de cocaína. Entonces no hubo ninguna explicación para este repentino cambio de tendencia que contradictoriamente coincidía con una expansión del consumo de cocaína en Europa.

Las agencias norteamericanas, por tanto, están hoy más cerca de la realidad del tráfico de drogas en el mundo con estas nuevas estimaciones que en años anteriores, al menos en términos relativos. Pero lo están porque han rectificado su tendencia histórica (de los últimos cuatro años) a subestimar el consumo de cocaína en Europa, no porque el mercado se haya expandido exponencialmente. Mientras tanto, la forma, el tiempo y el lugar de publicación de estas estimaciones hacen que esta rectificación aparezca como un posible soporte de la estrategia de los Estados Unidos encaminada a encarrilar a los países europeos en el Plan Colombia.

Primero, los organismos norteamericanos no atribuyen las nuevas estimaciones a un error estadístico anterior sino que las interpretan en términos de crecimiento del mercado europeo de la cocaína, lo cual es a todas luces dudoso. El consumo ha permanecido estable durante los últimos años. De hecho, gran parte de los analistas coinciden en que el comercio de cocaína en la Unión Europea es un mercado maduro y cercano a la saturación, mientras que el reciente crecimiento de la Europa del Este está muy limitado a las pequeñas y nuevas clases altas.

Segundo, las cifras no las recoge un medio de comunicación estadounidense, es decir, no son noticias de consumo interno, como hasta ahora, sino que aparecen en un diario español, un país histórica y culturalmente ligado a Colombia y que recibe aproximadamente el 50 por ciento del flujo de cocaína del país sudamericano hacia Europa. ¿Por qué esas mismas agencias no dicen en Estados Unidos que han estado exagerando el problema de la cocaína durante la última década?

Por último, las estimaciones coinciden en el tiempo en que los países europeos se muestran reticentes a apoyar el Plan Colombia, una estrategia antidrogas diseñada por el presidente colombiano Andrés Pastrana y adoptada como propia por los Estados Unidos. Pastrana buscaba 7.300 millones de dólares para un plan que pretende solucionar simultáneamente el conflicto político y el tráfico de drogas. La idea es que, dado que la cocaína es la gasolina que mantiene viva la violencia política, si se acaba con el primero se le cortan las vías de respiración al segundo. Recientemente, el líder de los paramilitares coincidió en el análisis: "El conflicto en Colombia no es político, es económico", por el control del tráfico de drogas.

Los Estados Unidos ya han comprometido 1.300 millones, de los cuales el 80 por ciento son ayuda militar, con lo cual no sólo cooperan a un problema hemisférico que estaba adquiriendo tintes dramáticos sino que también aligeran los stocks de armamento estadounidense y obtienen formación militar sobre el terreno. Colombia y los Estados Unidos confiaron en que sería Europa la encargada de financiar los proyectos de desarrollo alternativo. De los 1.000 millones de dólares previstos, por el momento sólo se han recaudado 120, procedentes de España y Noruega.

Los países europeos se han mostrado preocupados con el sesgo militar del Plan, con las violaciones de los derechos humanos de las fuerzas armadas colombianas, que serían el principal puntal de la estrategia, y con los efectos no deseados que ésta tenga sobre los campesinos. En este sentido, las nuevas estimaciones proporcionan un nuevo acicate para la cooperación europea, al trasladar el enfoque desde una estrategia militarista aplicada a un conflicto relativamente ajeno hacia un plan que rendiría sus frutos en términos de política interna al reducir el flujo de drogas al continente.

En el fondo, parece un paso más de una estrategia estadística determinada a hacer digerible el Plan Colombia tanto a la opinión pública como a los gobiernos europeos. No es el único. Durante el último año ya se ha advertido a los especialistas que la superficie de coca cultivada en Colombia ha sido históricamente subestimada. Además, se ha afirmado, sin aportar pruebas, que los agrónomos del narco han creado una nueva variedad de coca mucho más productiva que permite tres cosechas al año. Puede aventurarse, por tanto, que el año 2000 traerá consigo un espectacular incremento de la producción de todo tipo de drogas en Colombia.

Esta nueva variedad más productiva de coca, que sólo se da en Colombia, permitirá simultáneamente exonerar a los otros países productores (sobre todo, Bolivia y Perú) de su cuota estimada de producción. Se premiará, como ya se ha hecho en años pasados, una cooperación de los países amigos, un calificativo en el cual parecen primar otros considerandos de la política exterior poco relacionados con las drogas. Y, al exagerar la efectividad de los programas de erradicación de cultivos en esos países, se alentará la idea de que la eliminación de la producción es una opción factible más allá de su eficacia o de la moralidad de sus medios.

En la misma senda puede interpretarse la estimación del gobierno americano sobre que las FARC obtienen 700 millones de dólares de la coca (Time, 7 de septiembre de 2000). Con cifras del PNUFID, en 1999 la producción de hojas de coca en Colombia fue de 195.000 toneladas. A un precio de 2 dólares por kilo ni siquiera aplicando un impuesto revolucionario confiscatorio del cien por cien a todos los cocaleros se alcanza la cifra referida. Si las FARC optasen por un papel de intermediarios y comprasen toda la pasta base de Colombia y se la vendiensen a los laboratorios con un margen de beneficio del 40 por ciento, las FARC sólo conseguirían 170 millones de dolares. Los ingresos para todo Colombia por protección a todos los laboratorios no llega a los 120 millones de dólares. Pero la mayor parte de los laboratorios, están en zonas bajo control de los militares o de los paramilitares, que en ocasiones tienden a mimetizarse. Es decir, el dinero que los Estados Unidos estima que las FARC obtienen de la droga está fuera incluso de su propio alcance.

La política contra las drogas es una de las pocas políticas públicas en las cuales los policy makers tienen el monopolio casi absoluto de la información en el debate que informa dicha política. Con la colaboración desinteresada de la prensa, siempre dispuesta a alentar la dicotomía números-crimenes, esta superposición de tareas tiene consecuencias altamente nocivas tanto para el debate como para la propia actuación pública. Las estadísticas, que deberían guiar la política contra las drogas del mismo modo que se hace en otras políticas, desde la sanitaria hasta la moneteria, la mayor parte de las veces no son sino un instrumento de los burócratas para la maximización presupuestaria en las que la realidad queda fuera de toda consideración.