Economía de las drogas: un negocio "mundial"
Los datos en torno a la producción y el trafico de drogas ilegales a nivel mundial se obtienen siempre como estimación en torno a las capturas y alijos reflejadas en los informes de las distintas agencias de seguridad estatales. El tomar como base el índice de interceptación causa algunos problemas para el análisis, sobre todo por tomar la base de cálculo entre la cantidad traficada y la realmente capturada y por la irregularidad de los alijos. Sin embargo, tomadas para un periodo amplio de tiempo puede interferirse tanto las rutas como las cantidades de drogas ilegales que circulan alrededor del mundo. Algunos estudios han convenido que durante el primer lustro de esta década aproximadamente un tercio de la cocaína circulante es capturada mientras que tan sólo un quinto de la heroína acaba en manos de la policía. Cualquiera que sea esta relación, es evidente que, por una parte, la cantidad de drogas interceptada no es tan significativa que haya desalentado de forma substancial a los grandes operadores de la droga a participar en un negocio tan lucrativo ni, por otra, haya conseguido disminuir el consumo de drogas. De hecho, el único efecto palpable de la política represiva contra las drogas parece haber sido un aumento en el cultivo de materias primas y en su procesamiento industrial.
Los opiáceos, sobre todo heroína y morfina, se producen principalmente en tres regiones: el sudeste asiático, Birmania, Laos y Tailandia; el sudoeste asiático, Afganistán y Pakistán; y Latinoamérica, sobre todo Colombia y México. Mientras que el sudoeste asiático abastece principalmente al mercado europeo, las otras dos grandes zonas de producción exportan a los Estados Unidos. Para la fabricación de un kilogramo de heroína o morfina se necesitan cerca de diez de opio, que ya es un semiderivado vegetal. En la última década ha acaecido un importante crecimiento de Afganistán en la producción de heroína y la introducción en esta droga de los cárteles colombianos, que han comenzado a producirla en su país y a introducirla con métodos de alta sofisticación de mercadotecnia en los Estados Unidos, donde es más lucrativa en la actualidad que la cocaína, cuyo mercado parece estar ya ciertamente saturado. En total, se calcula que anualmente se producen cuatro mil toneladas métricas de opiáceos.
La hoja de coca se cultiva principalmente en Sudamericana. La mitad de la misma se genera en Perú y algo menos de dos tercios de la producción se dan en Colombia y Bolivia. La tendencia creciente de los últimos años es hacia el cultivo en otros países latinoamericanos diferentes de Colombia, que es desde donde se controla la producción, el procesamiento de la cocaína y el tráfico. Se requieren aproximadamente trescientos cincuenta kilogramos de hoja de coca para obtener uno sólo de cocaína. Las rutas desde las zonas de producción hacia el mercados europeo, que se incrementó de forma significativa durante los años ochenta, y el norteamericano son extremadamente abiertas. En Europa se introduce sobre todo por los puertos holandeses y por España. Para el caso estadounidense, se ha producido un cambio de tránsito desde los países caribeños y Florida hacia rutas más cercanas al continente que cruzan indefectiblemente por México, cuyo barones de la droga han adquirido un substancial poder. La producción anual de cocaína se estima en algo más de ochocientas toneladas métricas.
Los beneficios del tráfico de drogas ilegales son ingentes. El precio que paga el consumidor último de estupefacientes en los países ricos viene a ser unas doscientas veces superior a lo que se le paga a los cultivadores de las materias primas necesarias para su obtención. Por ejemplo, al agricultor peruano se le pagan aproximadamente trescientos dólares por la cantidad en hojas de coca necesaria para producir un kilogramo de cocaína. En Colombia una vez procesada ya cuesta al cambio unos tres mil dólares. Puesto en España su precio se dispara hasta los treinta mil dólares. Para el pequeño consumidor de las grandes ciudades españolas el costo sube hasta las ochocientos dólares por gramo, mientras que en ciudades de pequeño tamaño puede alcanzar precios superiores a los mil dólares. En definitiva, se ha pasado de los trescientos al casi millón de dólares por un casi el mismo producto sin que los costes añadidos a tal proceso sean demasiado espectaculares: la infraestructura y los productos necesario para el procesamiento, el transporte y el almacenado de la mercancía y, en niveles muy organizados, el de la corrupción de funcionarios policiales y jueces para garantizarse una cierta impunidad. Por el camino quedan multitud de intermediarios, por lo general entre ocho y diez pasos entre el cultivador y el consumidor final, conformados en forma de redes perfectamente adaptables a diferentes situaciones de represión policial, mucho más que las burocratizadas agencias de seguridad estatales sometidas a los confines de la soberanía y la legalidad, aunque también atrapados en intrincadas ramas de corrupción.
Diversos cálculos estiman que el tráfico de drogas genera a nivel mundial entre trescientos y quinientos mil millones de dólares. Los ingentes beneficios generados por este negocio se traducen en poder y la capacidad para producir más drogas. Para contrarrestar este poder económico, que luego obviamente se convierte en poder social y político, los estados adoptaron ya desde tempranas épocas dos estrategias: la reducción de la demanda y el control de la oferta. Sobre la primera sólo puede decirse que los éxitos son relativos y que el consumo de drogas ilegales parece tener una pautas cíclicas del cual buena culpa tienen las organizaciones de narcotraficantes que regulan su comercio con cálculos racionalmente económicos.
La viabilidad de las acciones tendentes al control de la oferta a largo plazo, con acciones tales como el encarcelamiento de los traficantes, el control de las fronteras y la lucha contra la delincuencia organizada a nivel nacional e internacional, es escasa. Se calcula que se requeriría que las fuerzas de seguridad estatales aprendiesen aproximadamente entre el ochenta y el noventa por ciento de la droga producida para eliminar la viabilidad económica del tráfico organizado. Además, las acciones en los países productores chocan con estructuras políticas, económicas y sociales que en ciertos casos son profundamente dependientes de la droga. Sus efectos tangenciales son múltiples. Primero, consiguen exacerban sentimientos nacionalistas y celos soberanistas contra las injerencias de terceros países como los desarrollados que deberían preocuparse más del consumo de drogas ilegales en su interior. Segundo, acciones tales como la substitución de cultivos, para cambiar la droga por otros productos legales, chocan frontalmente con las políticas agrarias proteccionistas de los países ricos. Tercero, el poder de los narcotraficantes permite en sociedades pobres el control mediante la corrupción de todas las esferas de la sociedad, lo cual hace ineficiente cualquier lucha contra la droga y permite la llegada de fondos adicionales que en muchos casos acabarán indefectiblemente en manos de los narcotraficantes. En cualquier caso, el desequilibrio entre ambas políticas, control de la demanda y de la oferta, lo plantea vivamente el presupuesto federal para la droga en los Estados Unidos, donde más del ochenta por ciento del mismo se dedican a acciones de este último tipo.
La ilegalidad y el lucro de la producción y el tráfico de drogas necesitan, además, de otra operación, el blanqueo de dinero, que es una parte integral del tráfico de droga, tan importante y esencial para las organizaciones que las controlan como la propia distribución. Los operadores de la droga necesitan controlar su dinero, esconder su origen y propiedad y, por último, convertir y legitimar los frutos de su trabajo para disfrutar de sus beneficios y continuar con el negocio. Las razones para el blanqueo de dinero son diversas. En primer lugar, es peligroso conservar en metálico el producto de actividades ilícitas: los delincuentes normalmente no pueden solicitar la protección de la policía. Además, el dinero guardado no produce los intereses que pagan las cuentas bancarias y otros medios de inversión. Finalmente, las grandes organizaciones criminales necesitan poder disponer rápidamente de su dinero en cualquier lugar del mundo sin la falta de movilidad del efectivo con objeto de efectuar pagos, negociar con proveedores y empleados y adelantarse a la ley.
Las estimaciones sobre la cantidad de dinero que se blanquea en el mundo varían enormemente. Los beneficios de la venta de drogas ilegales se reciclan mediante inversiones de blanqueo que tienen lugar cruzando muchas fronteras, bancos y casas de cambio, en la que a menudo están inmiscuidos grandes instituciones financieras internacionales. Según una organización del Ministerio del Interior francés, la estrategia de los bancos consiste en recurrir a sucursales "de riesgo" en paraísos fiscales a fin de proceder a ciertas operaciones que borran el origen ilícito de los capitales transferidos después a las casas centrales; si se descubre el fraude, la responsabilidad recaerá sobre un gerente calificado de poco escrupuloso y abandonado a su suerte. Con los medios tecnológicos con los que se cuenta y los procesos de mundialización en marcha, pueden transferirse cantidades enormes de dinero alrededor del mundo sin prácticamente ningún control y con gran rapidez. Los medios utilizados para el blanqueo de dinero varían enormemente, desde un individuo recorriendo entidades bancarias haciendo depósitos por cantidades inferiores al límite para informar a las autoridades financieras hasta las más complicadas actuaciones de ingeniería financiera pasando por embarcaciones cargadas de efectivo, elaborados esquemas de importación y exportación o el saqueo de las riquezas de los países del antiguo bloque oriental donde por la ineficacia de estructuras legales se pierde cualquier rastro de la procedencia del dinero.
Prácticamente todas las regiones y países están implicados en el blanqueo de dinero, aunque algunos países más que otros. Pese a lo que pudiese parecer a la luz de la propaganda oficial, Estados Unidos es paradójicamente el país donde más dinero se blanquea procedente de la droga. Entre los treinta países más activos en este negocio aparecen seis de la Unión Europea: Alemania, Italia, Holanda, Luxemburgo, el Reino Unido y España. La elección de los países escogidos por los grupos de narcotraficantes, siempre con grandes dosis de racionalidad económica, para el blanqueo de dinero depende de una combinación de factores que incluyen el secreto bancario, la existencia de sistemas bancarios sumergidos, la corrupción, los recursos y la formación de la policía en la persecución de complicadas operaciones financieras, la presencia de centros financieros de primer orden, el acceso a los paraísos bancarios y el grado de control sobre el cambio de moneda extranjero.
Aparte del blanqueo de dinero, que no plantea de hecho ningún problema serio sino beneficios para la viabilidad de los mercados financieros mundiales y sí para los sistemas fiscales de los diferentes estados nacionales, la droga plantea diversos problemas de índole económico. Por una parte, el abuso de las mismas plantea pérdidas de productividad por los costes de la adicción, la rehabilitación y la excarcelación. Por otra, más del noventa por ciento de los delitos cometido en los países desarrollados tiene relaciones indirectas o directas con la droga, con todo lo que el crimen supone contra el normal funcionamiento de la economía. Además, lleva a distorsionar la distribución ideal de recursos debido a que los gobiernos, en algunos casos de países muy pobres, dedican grandes cantidades de dinero a tratar las operaciones de drogas y el consecuente aumento de la violencia y el crimen.
Algunos estudios demuestran que las drogas no sólo causan procesos inflaccionarios en países donde la producción o el comercio es importante sino que también incrementan el precio relativo de los ciertos bienes y servicios, lo cual genera importantes consecuencias sociales. De hecho, la querencia por la inversión en bienes inmuebles de los narcotraficantes colombianos ha provocado un increíble aumento en el precio de los edificios, lo que dificulta enormemente el acceso a una vivienda para gran parte de la clase media. Además, la utilización de ciertas industrias para el blanqueo provoca que su presencia en el mercado, no justificada en torno a los beneficios sino a su capacidad para lavar dinero procedente de la droga, lo que les permite vender a bajo coste sus productos pantalla, distorsione el funcionamiento del mercado y expulse del mismo a empresarios legales.
No puede negarse que para muchos países la producción y el tráfico de droga tiene efectos muy positivos en su producto interior bruto, del que generar gran parte del mismo, y en su balanza comercial. Se estima que los cárteles colombianos repatrían anualmente casi cinco mil millones de dólares. Por otra parte, la droga genera directa e indirectamente actividades monetarias y, consecuentemente, empleos. A menudo las actividades de la droga tienen efectos multiplicadores sobre la economía nacional y, según visiones optimistas, ofrecen oportunidades para la aplicación de aptitudes empresariales y de gestión que de otro modo se desaprovecharían. Aunque lo que se les paga a los campesinos en Latinoamérica o en el sur de Asia por la droga sea una cantidad muy escasa, para éstos supone un importante beneficio y una mejora notable de su nivel de vida. Un antiguo ministro boliviano de hacienda afirmó que la droga generaba al menos trescientos mil empleos que no tenían conexión directa con su producción y su comercio. En consecuencia, para estos países, que se ha hecho fuertemente dependientes de la droga, cualquier esfuerzo por erradicarla produce efectos recesivos en el conjunto de la economía y consecuencias sociales significativas.
En cualquier caso, lo que es evidente es que el poder económico procedente del tráfico de drogas se traduce además en poder social y político. La corrupción, y la intimidación y la violencia cuando ésta falla, genera importantes réditos en torno al proceso político de toma de decisiones, lo cual les permite tener acceso indirecto al debate sobre políticas que influyen en sus negocios tornándolas hacia su favor y en ocasiones en contra de los ciudadanos. Por otra parte, el cerebro racionalmente económico de los grandes narcotraficantes no sólo se dedica a trazar esforzados planes de distribución y expansión sino también a su legitimación en una sociedad concreta. Las drogas generan empleos y riquezas en zonas muy degradadas del primer y del tercer mundo, con las lealtades personales que ese flujo monetario puede genera. Pero también los grandes narcotraficantes utilizan partes marginales pero importantes de sus beneficios para obras sociales y de caridad. Pablo Escobar construyó quinientas casas con dos baños en suburbios marginales de Medellín y financió proyecto de educación, salud y deporte. En Bolivia, Roberto Suárez pavimentó calles, restauró iglesias y regaló máquinas de coser a las mujeres de su ciudad natal. Actuaciones como éstas consiguen trasladar muchas lealtades del estado nacional hacia el nuevo poder conformado en torno a los narcotraficantes y granjearles la legitimidad de que un estado, generalmente corrupto, carece. Junto a ello, les permite cultivar un caldo social favorable, o al menos pasivamente indiferente, hacia sus actividades. Y la situación no es exclusiva de los países en vías de desarrollo.

 

 

 

 

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