Crisis bancarias y corrupción política
El gobierno mexicano y sus acólitos tratan de presentar, y véase a modo de ejemplo la famosa jugada de los marcajes a periodísticas auspiciada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Fobaproa como el efecto perverso de las fuerzas del mercado. En el fondo, según su versión, el rescate bancario no sería sino una consecuencia, no por menos deseada más irreal, de los imprevisibles cambios económicos. Para ayudar a esta endeble caracterización se presentan diversas comparaciones internacionales con otras crisis bancarias, entre las que se incluyen en concreto el escollo de las cajas de ahorro en los Estados Unidos durante los ochenta, que costó al contribuyente quinientos mil millones de dólares, y la actual crisis de la burbuja financiera en Japón, cuyo coste está por venir pero que sin duda será mucho más serio que el del Fobaproa.
Sin embargo, la validez de este razonamiento sólo es posible a través de la ignorancia de los demás interlocutores de la discusión. Lo cierto es que, en la inmensa mayoría de los casos, a los rescates bancarios sólo se llega por debilidades estructurales del sistema financiero que son inherentes a estrechas relaciones entre los actores financieros (los bancos) y los reguladores económicos (los políticos). Así fue en el caso de las cajas de ahorro en los Estados Unidos durante los años ochenta, así lo fue en el caso de Banco Español de Crédito en 1994 y lo es en la actualidad en Japón. Y esto sólo por analizar las muestras de países desarrollados que se retoman para diluir las responsabilidades política del Fobaproa.
El 13 de mayo de 1985, tras el descubrimiento de graves discrepancias financieras y la perspectiva de una insolvencia inminente, el estado de Maryland se hizo con el control de Old Court Savings and Loan. Las investigaciones posteriores descubrieron numerosas ilegalidades como préstamos internos, falsificación de documentos de empréstitos y adulteración de los estados contables para engañar a las autoridades regulatorias. El propietario de esta institución financiera, Jeffrey Levitt, que lanzó una estrategia de inversiones sumamente arriesgadas, utilizó los fondos bancarios para desarrollar un estilo de vida espectacular, que incluyó cuatrocientos mil dólares en joyas, dieciocho mil dólares para instalar pasto en su suntuosa vivienda de Florida y un coche de golf fabricado por Rolls Royce y equipado con televisión y videocasete. Al final, Levitt fue acusado del robo por casi quince millones de dólares de la institución financiera que presidía y sentenciado a treinta años de prisión. Sin embargo, su caso va más allá del caso concreto, de una práctica bancaria fraudulenta que, en cualquier caso, suena repetida en el ambiente mexicano.
En Maryland, como en otros estados, a finales de los años ochenta se siguió la pauta marcada por el gobierno federal en el sentido de liberalizar el sector bancario. Por las relaciones corruptas entre banqueros y políticos, las agencias regulatorias creadas al efecto para controlar el sistema financiero se convirtieron en protectores de los intereses de los banqueros en lugar de servir como salvaguarda de los depositantes. El informe oficial al respecto hecho con posterioridad rezaba: "tanto la División Bancaria [la agencia regulatoria del estado] como el MSSIC [la Corporación de Seguro de Crédito al Depositante de Maryland] estaban paralizados por dirigentes ineficaces y altos mandos que eran cautivos de la industria" bancaria. Pero el control de los órganos reguladores por parte de los banqueros, como es obvio, no era gratuito. Los regalos y los préstamos especiales sin garantías a políticos de distinto signo fueron la práctica habitual. Ningún político fue condenado. Sin embargo, algunas dimisiones o la opción de no presentarse a la reelección fueron las salidas más habituales para aquellos que vieron en la prensa sus conexiones con prominentes banqueros fraudulentos. Este caso de relaciones incentuosas entre políticos y banqueros se repitió a lo largo y ancho de las crisis de las cajas de ahorro de los Estados Unidos. La creación intencionada de órganos de supervisión débiles fue la consecuencia de la influencia de los banqueros en el ámbito de la política a través de contribuciones a las campañas y de regalos a políticos corruptos. No por casualidad los estados más afectados por la crisis de las cajas de ahorro, los del noroeste, fueron aquellos donde la corrupción y el clientelismo están más arraigados.
'La situación de Japón es bastante más delicada por la presencia del crimen organizado en la confabulación entre políticos y banqueros para su propio beneficio. La Yazuka es el conjunto de organizaciones ancestrales que hasta finales de los setenta dominaron ciertos segmentos de la ilegalidad como la prostitución, el juego o la protección de servicios al público. A partir de esa década diversificaron sus actividades y comenzaron a interaccionar con el sistema financiero de modos diversos. Por una parte, comenzaron a extorsionar a los dirigentes de las instituciones bancarias bajo la amenaza de desenterrar escándalos gerenciales o simplemente ante la perspectiva de una presencia estruendosa en los consejos de administración que avergonzase a los directivos financieros. Como medida extrema, han llegado a convocarse más de ocho mil consejos de administración en un solo día en la esperanza de una falta de personal de las organizaciones criminales. El resultado ha sido nulo. Por otra, en los momentos más efervescentes de la especulación inmobiliaria de finales de los años ochenta, los banqueros recurrieron a las organizaciones criminales para tratar de "persuadir", a través de medios ilegales como amenazas, chantajes y en último caso el asesinato, a pequeños propietarios reticentes a la venta que impedían actuaciones inmobiliarias a gran escala. Con un espíritu empresarial digno de encomio, la Yakuza comenzó a construir su propio negocio inmobiliario animado por los beneficios, extorsionando a los bancos para conseguir créditos ingentes y amenazando a los vendedores esquivos para conseguir terrenos a bajo coste. Hoy se calcula que aproximadamente entre el cincuenta y el ochenta por ciento del billón de dólares de la cartera vencida en Japón está relacionada con la Yakuza.
'Hasta este punto el escenario no pasaría de una obra de conexiones criminales entre banqueros y mafiosos. Sin embargo, las relaciones históricas entre la Yakuza y el Partido Demócrata Liberal, que ha gobernado en Japón ininterrumpidamente desde 1945 salvo un par de años en el principio de los noventa, caída provocada por un caso de corrupción que inmiscuía fuertemente a mafiosos y políticos, reflejan un panorama completamente diferente. Los grupos criminales se parapetan bajo la protección de que le dotan sus contribuciones cuantiosas a la causa gubernamental tanto en la recaudación de fondos para el partido y para políticos concretas como en forma de actividades gubernamentales encubiertas. Pero los vínculos entre ambos son todavía más estrechos en las esferas financieras y sus nexos históricos se remontan a una década atrás. Algunos fracasos en ciertos segmentos del negocio bancario en los años ochenta involucraron en prácticas delictivas a banqueros y políticos. Para solucionar en el nivel criminal estos problemas que afectaban directamente al gobierno, desde el Ministerio de Hacienda japonés se recurrió al más poderoso grupo de la Yakuza, Yamaguchi Gumi. La ayuda fue victoriosa y a partir de entonces la mafia comenzó a interactuar abiertamente con altos burócratas del gobierno y dirigentes financieros, retroalimentando las tendencias empresariales de la Yakuza antes enunciadas con una protección política de primera línea.
'Así pues, la exitosa combinación de políticos, burócratas y empresarios que ha caracterizado el éxito económico japonés desde la Segunda Guerra Mundial tiene en el sector financiero un elemento adicional: la Yakuza. Buena parte de las reticencias de los dirigentes políticos japoneses a la hora de tomar medidas más duras frente a una crisis bancaria anunciada al menos desde principios de la década se atribuyen al chantaje de los grupos criminales. En otro entorno, sería inexplicable la ambigüedad de las medidas de un gobierno que, como el japonés, no se ha caracterizado precisamente por cultivar las relaciones públicas ni por su miedo a posibles reacciones sociales adversas de medidas de corte drástico.
'El caso español es aún más esperpéntico e incluye a los servicios secretos como elemento lustroso. El día de los santos inocentes de 1994, en plenas vacaciones navideñas, el gobernador del Banco de España decidió intervenir el Banco Español de Crédito, más conocido como Banesto, y que en esos momentos era el tercero en número de activos tras el Banco de Santander y el Banco Bilbao Vizcaya. Su presidente ejecutivo y principal accionista, aunque su participación fuese de menos del cinco por ciento, Mario Conde, fue acusado de prácticas fraudulentas, entre ellas considerables créditos internos impagados, que pusieron al banco al borde de la quiebra. Su rescate fue encargado a una comisión compuesta por el conjunto de los bancos privados, pagado por el Fondo de Garantía de Depósitos generado por las reservas del coeficiente de caja de los activos bancarios y posteriormente el banco fue vendido al Banco de Santander. Sin embargo, en el intermedio las acciones de Conde para tratar de recuperar el control de la institución fueron intensas. Sus contactos en el ámbito político, tanto en el gobernante entonces Partido Socialista como en el conservador Partido Popular, que incluso llegó a plantearse la posibilidad de postularlo como candidato en sus días de gloria, y en otras esferas de la vida social eran recurrentes. Su actuación durante los ochenta, en los que Conde fungió como ejemplo cumbre del éxito empresarial, fue permitida sin remilgos desde las esferas gubernamentales y sus contribuciones a carreras políticas fueron extraordinarias. Sin embargo, su gran golpe de defensa fue la adquisición onerosa a un agente poco escrupuloso, en concreto al subdirector de acciones operativas, de los fondos de los servicios secretos españoles, con los cuales comenzó a chantajear al gobierno español, por entonces dirigido por Felipe González.
'La información en sus manos comprendía buena parte de los escándalos de corrupción de los socialistas, en especial los escuadrones de la muerte contra ETA conocidos por el nombre de Grupos Antiterroristas de Liberación que costaron la vida a veintiocho personas en el sur de Francia, algunos de ellos terroristas asilados. Con esta documentación se acercó al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, para conseguir "hacer contacto" con los dirigentes políticos del PSOE. Suárez, principal protagonista de la transición española a la democracia, en una acción nunca bien explicada logró que el abogado de los banqueros incriminados se entrevistase con el presidente del gobierno en su residencia y con el ministro del Interior, equivalente al secretario de Gobernación. En esas recepciones se extorsionó con la estruendosa información adquirida al gobierno con el fin de recuperar el banco o, en su defecto, recibir una fuerte indemnización. Paralelamente, se comenzaron a divulgar en la prensa parte de las revelaciones. El gobierno socialista en última instancia no aceptó el chantaje y las pruebas de la corrupción se publicaron sucesivamente en un periódico adicto a Conde y con una participación accionarial de Banesto, en concreto el diario "El Mundo". Gracias a esas informaciones, el clima político se hizo irrespirable, los socialistas perdieron unas elecciones anticipadas convocadas por causa de los escándalos de corrupción y un antiguo ministro del Interior y el subsecretario de Estado se encuentran actualmente purgando penas de cárcel por su responsabilidad en la guerra sucia. En el lado contrario, el agente de los servicios secretos y el banqueros junto con su camarilla, están condenados a penas de cárcel y en la espera de nuevas acciones judiciales. En este caso, un solapamiento de actividades criminales, fraudulentas por parte de los banqueros y corruptas de la mano de los políticos, fue una posibilidad más que real. Sólo la firmeza un tanto ingenua del gobierno socialista hizo posible que el rescate bancario se hiciese más gravoso para el presupuesto público aún a costa de la pérdida del poder que derivó de la publicación incestuosa de informaciones que fueron motivo de un patético intento de extorsión.
A modo de conclusión puede afirmarse que las prácticas financieras de finales de siglo son particularmente vulnerables a ejercicios corruptos conjuntos entre políticos y banqueros. La opacidad de las operaciones y la naturaleza de sus transacciones, cuyas consecuencias no son perceptibles hasta pasado un tiempo, convierten al sistema financiero en un blanco fácil para las pericias fraudulentas de los banqueros. Junto a ello, la desigualdad de recursos entre agentes financieros y los organismos encargados de su control es abismal. Las tentaciones son demasiados fuertes, pero a las crisis bancarias única y exclusivamente se llega por la vía de una relación corrupta con los dirigentes políticos. Conseguir la protección requerida a través del contubernio con políticos corruptos es, además, asunto fácil ante el volumen monetario manejado. Frente a tal escenario, lo que aparecen como ejercicios tendentes a la liberalización del mercado financiero suele esconder los intereses personales de políticos y banqueros. En Rhode Island, por ejemplo, a mediados de los ochenta, el más ferviente opositor al fortalecimiento de las medidas de control bancario fue el vicepresidente del Comité de Hacienda del Congreso, que a su vez era el muy bien remunerado presidente del lobby de la industria bancaria y un gran receptor de fondos de muchos de los banqueros posteriormente condenados. La liberalización, no obstante, también tiene una utilidad adicional para los políticos al diluir las responsabilidades políticas. Al culpar a las fuerzas impersonales del mercado se elimina falsamente cualquier nexo de unión entre políticas y sus resultados, provocando una perversa delegación de capacidad hacia entes obtusos y embaucadores que permite a los responsables públicos salir prácticamente indemnes detrás de las grandes y vacías palabras de macroeconomía.

 

 

 

 

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