Las cuentas del BBVA: ¿por qué Jersey?
¿Qué lleva a la cúpula de un banco poderoso con intereses en gran parte del mundo y capacidad para manejar la más depurada ingeniería fiscal a poner sus ahorros personales en otro banco de otro país? ¿Quizás porque "Jersey tiene un estatus único que se deriva de que ya era parte del ducado de Normandía cuando Guillermo el Conquistador se convirtió en el rey de Inglaterra" en 1066, como afirma un folleto propagandístico de productos offshore en esta isla del Canal de la Mancha dependiente de la corona británica? Más que de una historia mítica, es seguro que hay otra serie de razones que pueden influir en la decisión.
La proximidad física de Jersey al Botxo pudo jugar su papel, aunque hay tres paraísos fiscales más próximos que ofrecen las mismas garantías. Pese a que es casi seguro que ninguno de los ahorradores directos tenga en su pasaporte el sello de entrada en Jersey, para fines turísticos no resulta muy atractiva. Son 120 kilómetros cuadrados asolados por un tiempo lluvioso, vestidos de pastos verdes en los que se crían una raza nativa de vacas y 90,000 personas. Un par de castillos y restos megalíticos son su único encanto turístico. Nada fascinante frente a la poderosa atracción de playas celestiales de los paraísos fiscales insulares del Caribe y el Pacífico. La tradicional anglofilia de la burguesía vasca podría ser relevante en la elección, pero en las islas del Canal el francés es también idioma oficial. Como en su entorno natal, existe un idioma propio derivado del normando antiguo que se habla en el ámbito rural.
En Jersey ni el ahorro de los no residentes ni los eventuales intereses que produzca pagan impuestos, al igual que están libres de imposición las sucesiones, el patrimonio y las ganancias del capital. Los costes de la creación de una empresa o un trust rondan entre las mil y dos mil libras anuales: un 0,001% del capital total cuando se reintegró a las cuentas del banco. Es una razón llamativa, pero esos mismos efectos pueden casi conseguirse con menos riesgo sin salir del país gracias a las maniobras legales de prestigiosos y agudos asesores fiscales, la mayor parte de los cuales se formaron a costa del contribuyente en puestos de la administración o que compatibilizan su actividad pública y privada. También existen cientos de lugares alrededor del mundo que ofrecen estos servicios. Sin ir más lejos, el propio BBV tiene desde hace décadas intereses, sucursales y bancos en varios paraísos fiscales con imposición prácticamente nula. En el momento de su creación, Jersey tenía un apartado especial para empresas de inversión extranjeras que les permitía evitarse la mayor parte de las obligaciones legales, aunque es probable que, salvo el anonimato, los beneficiarios de las cuentas no tuviesen interés en quebrantar ninguna otra obligación por su propia garantía.
El diferencial de tipos de interés no parece que dirigiese el destino de la inversión. En Jersey, como en otros paraísos fiscales, los bancos ofrecen bajísimos tipos de interés salvo que sean con el propósito de cometer fraudes piramidales o blanquear dinero. Sin duda, el BBV podría haber obtenido mayores beneficios diversificando ese dinero en otras inversiones. De hecho, la mayor parte de los bancos de la isla son filiales de entidades extranjeras de prestigio que ofrecen mayores beneficios antes de impuestos (y, en la mayor parte de los casos, después de impuestos) en cualquier otro lugar del mundo. Casualmente, en los años de creación de las cuentas en Jersey, sus autoridades de promoción del paraíso fiscal estaban llevando a cabo un gran esfuerzo por internacionalizar sus actividades y limitar la dependencia del mercado de los británicos ricos.
En el ámbito de las islas del Canal, Jersey y Guernsey habían tenido, dentro de parecidas coordenadas de regulación del sector extraterritorial, dispares especializaciones. Guernsey atrapó buena parte de la actividad aseguradora a los no residentes mientras que Jersey ofrecía servicios empresariales y bancarios más tradicionales como creación de empresas y movimiento de fondos. Dado que el BBV no invirtió en seguros, el destino era evidente. En el momento de la creación de las cuentas, no obstante, Jersey no tenía un sistema de supervisión de los fondos de pensiones, lo cual los dejaba bastante desamparados, con lo cual la decisión de asignar los fondos a ese fin debió ser posterior.
Un gobernador nombrado por la corona británica rige los destinos de Jersey, un sistema legal dependiente del británico y una elite de abogados y financieros (la mayoría de fuera de la isla) muy proclives al statu quo y a la legalidad, salvo al delito financiero, otorgan una estabilidad política notable. Máximas garantías para el dinero, por tanto: marco legal y político afianzado. Sin embargo, en el momento de la creación de las cuentas al menos doce jurisdicciones ofrecían exactamente esos mismos beneficios, incluyendo la vecina isla de Guernsey. Las islas del Canal, por decisión propia, decidieron en 1973 permanecer fuera de la entonces Comunidad Económica Europea precisamente para mantenerse fuera del alcance de su acerbo comunitario en materia fiscal, que avanza lento y sobre terreno poco seguro.
El anonimato que otorga la legislación de Jersey a los poseedores de los fondos pudo haber sido un punto crítico a la hora de tomar la decisión. A diferencia de otros paraísos fiscales de la corona británica, la legislación de Jersey no obliga a registrarse a las empresas extranjeras que operan desde la isla, mucho menos a descubrir a sus beneficiarios. Dentro de los territorios británicos en Europa que cuenta con banca extraterritorial, Jersey tiene la regulación que menos cooperación ofrece a países terceros en materia delictiva, en especial en asuntos fiscales donde la cooperación está prácticamente cerrada por ley. La autoridad regulatoria financiera hasta 1997 era el Comité de Finanzas del Parlamento de Jersey, que se ve sometido a múltiples restricciones para realizar inspecciones sobre el terreno y que, caso de obtener permiso judicial, debe avisar por adelantado de su realización, un movimiento que normalmente lleva a los involucrados a la acelerada desaparición de evidencias. Igualmente, en Jersey, a diferencia de la mayor parte de paraísos fiscales de Europa, los códigos de buena conducta en la actividad financiera no son ley y apenas existe la posibilidad de obligar a que los bancarios cumplan con el mismo.
Hasta 1999, las autoridades de Jersey "no tenían poder para obtener información y evidencia o para asistir a autoridades extranjeras, excepto en casos relacionados con drogas, terrorismo y grandes fraudes", según un informe del Home Office. En Jersey hay ahora, a diferencia de cuando se crearon las empresas, una legislación contra el fraude y el blanqueo que permiten cooperar con jurisdicciones extranjeras, pero no para cuestiones fiscales. El BBV difícilmente puede ser acusado de blanqueo en España a no ser que se considere a Ybarra, Uriarte & Company como un grupo criminal. Y, en el caso del fraude, aunque podría haber terceros perjudicados (los accionistas), esos terceros son demasiado difusos como para ser aceptados internacionalmente. Además, los delitos investigadores deberían haberse dado en los tres años anteriores a la petición de información para que dé resultados. Aparte de la protección legal, un amparo informal procedente de las promiscuas relaciones entre financieros y autoridades regulatorias en la isla otorga una segunda cobertura. Un informe del Home Office sobre las Islas del Canal señaló en 1998 que "algunos funcionarios de fuera de fuera de las islas... sienten que las autoridades podrían haber cooperado más en la persecución de los delitos."
El anonimato parece haber sido el factor fundamental de la elección de Jersey. De hecho, la propia aparición pública del caso demuestra que había tenido éxito. Sólo una insider information producto del enfrentamiento entre directivos, aunque en parte inducida por la investigación de la Audiencia Nacional sobre Canal Trust Company y BBV Privanza Bank (Jersey), rompió este secretismo. Igualmente la investigación del BBV Privanza que lleva el juez Baltasar Garzón es, sobre todo, el resultado de las denuncias de un antiguo empleado del banco en Puerto Rico.
El BBV no ha sido el único que vio el valor del anonimato en Jersey, un paraíso fiscal con 40,000 empresas que concentra apenas el 0,5% de los depósitos extraterritoriales del territorio británico. Por ejemplo, Berney Ecclestone, el propietario de los derechos comerciales de la Fórmula 1 hasta el año 2110 (más de cien años) y un notable contribuyente al Partido Laborista, tiene el centro de su emporio financiero en Jersey. Algo tendrá el agua de Jersey cuando la bendicen. ¿O es que quizás el agua va a Jersey, como a otros lugares especiales del mundo, para que la bendigan? Jersey es bondadoso porque garantiza, como el confesionario, lo más valorado en estas operaciones (el anonimato), pero antes de terminar con indulgencia plena, el agua normalmente pasa por otras tres o cuatro grandes iglesias de One-Financial City que tienen gruesas vidrieras que no permiten ver lo que ocurre en el interior.
Algunos optimistas opinan que el caso de las cuentas secretas del BBV en Jersey se hubiese solucionado con una mejor y más intensa supervisión. Yerran sumisamente. El movimiento de capitales alrededor del mundo es de tal magnitud que para hacer una inspección real de todas las transferencias se necesitarían sólo en España entre trescientos mil y medio millón de individuos con un altísimo grado de preparación en instrumentos financieros y todo tipo de legislaciones bancarias y empresariales. Aparte de que no exista tal número de expertos financieros y de que seguramente prefieran trabajar para el más lucrativo sector privado, ¿quién los va a pagar en tiempos de equilibrio presupuestario? Mientras tanto, habrá que confiar en la bondad de los jefes bancarios, lo cual es como dejar al lobo a cuidar el rebaño. ¿O es que los bancarios no están sujetos al mismo tiempo de criterio de maximización de beneficios personales que se supone rige el mercado?
Por otra parte, el movimiento de capitales alrededor del mundo es de tal magnitud que para hacer una inspección real de todas las transferencias se necesitarían sólo en España entre trescientos mil y medio millón de individuos con un altísimo grado de preparación en instrumentos financieros y todo tipo de legislaciones bancarias y empresariales. Aparte de que no exista tal número de expertos financieros y de que seguramente prefieran trabajar para el más lucrativo sector privado, ¿quién los va a pagar en tiempos de equilibrio presupuestario? Mientras tanto, habrá que confiar en la bondad de los jefes bancarios, lo cual es como dejar al lobo a cuidar el rebaño.

 

 

 

 

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