Drogas y protección en México
-- ¿Prevalece la venta de plazas en la PGR bajo el mando del general Rafael Macedo de la Concha?

 

No existen elementos que permitan hacer pensar que se ha roto con esta tradición histórica dentro de la institución. Algunos de los individuos más oscuros de la PGR permanecen en sus puestos. Y esto no sólo incluye a comandantes y agentes sino al conjunto de brokers que pululan alrededor de la institución. Además, la práctica actual, siguiendo otra tradición histórica, de asignar responsabilidades -- exclusivamente periodísticas, nunca penales -- a traficantes que están en decadencia o que ya están fuera del negocio resulta también sospechoso: indica que o no se investiga apropiadamente o que se está tratando de tapar a otros traficantes que sí cuentan con protección. Siendo benévolos podría pretenderse que estos dislates se basan en la primera premisa -- su escasa competencia en investigación, ya sea por falta de recursos o por limitada preparación -- y por eso recurren a la solución fácil de culpar a traficantes ya muy reseñados que no causan perplejidad en el público. Pero el corolario de esta idea no es mucho mejor en la lucha contra la corrupción: si no son capaces de identificar bien a los traficantes de fuera, difícilmente van a hacerlo con los de dentro, que cuentan con más protección. El repaso de la historia de la PGR es muy representativo en este sentido. Dado que la política contra la corrupción interior que se está realizando en la actualidad no varía en sustancia de las que aplicaron -- al menos retóricamente -- los antecesores de Macedo y éstas no consiguieron acabar con estas dinámicas, no existe mucha base para el optimismo. En cualquier caso, no es que la venta de plazas sea "uno de los negocios más rentables de los agentes y altos jefes policiacos"; es simplemente un componente de un extraordinario mecanismo de corrupción. Quienes monopolístico u ologopolísticamente tienen el control de ese mercado altamente lucrativo que es la corrupción policial establecen un mecanismo que se asemeja a una subasta restringida y un precio para la entrada al mercado, que es la venta de plazas. Sin la existencia de este mercado primario de la corrupción policial no se explica la venta de plazas, que es solamente una derivada de aquel. Sería absurdo pensar que alguien pagase sin tener las expectativas de recuperar lo pagado.

 

-- ¿Hasta dónde esta práctica corrupta degradó la confianza en la Policía Judicial Federal?

 

Si hubiese existido un periodo anterior en la historia de México en que estas prácticas hubiesen sido ajenas a las agencias de procuración de justicia podría hablarse de una degradación en la confianza popular en la institución. Pero 'la venta de plazas' en las distintas policías, que es sólo una parte de un mercado de corrupción más amplio, ha sido un fenómeno que se remonta hasta el México colonial y que no es exclusivo de las agencias de procuración de justicia. No obstante, hay tres elementos propios de las últimas dos décadas que -- sin cambiar la estructura interna del funcionamiento corrupto de las instituciones de justicia -- han jugado en contra de la reputación de la PGR. Primero, lo que hizo el tráfico de drogas es insertar mucho más dinero en un sistema de corrupción que ya existía con anterioridad. Al haber más dinero, la corrupción se hizo más aparente para muchos y, en consecuencia, menos soportable. Esta intolerancia popular no estuvo exenta de una percepción bien arraigada: que el magnífico botín de la corrupción policial implica la ruptura de los cauces tradicionales de movilidad social ascendente. Para muchos en la clase alta y, por imitación, en la clase baja, resulta indignante que un policía pueda llegar a ser millonario. No es que sea ni más ni menos corrupto que muchos de los que le acusan sino que simplemente no estaba previsto por el pensamiento popular llegar a millonario por esa vía. Segundo, la apertura política y social ha sido crucial para hacer más evidente una corrupción policial que existía, en términos cualitativos, al menos en los mismos niveles con anterioridad. Los medios de comunicación han jugado un papel esencial a la hora de poner en evidencia esta corrupción y -- de manera no intencionada -- dañar la reputación de las diferentes agencias de seguridad pública. Tercero, la corrupción de las instituciones de procuración de justicia se ha hecho más contradictoria con las formas de vida de la clase media. Mientras la corrupción era sólo la mordida y el asesinato de unos cuantos proto-delincuentes en los barrios más desfavorecidos, la clase media no sólo obtenía un beneficio de engrasar las ruedas de la corrupción sino que apenas tenía costes. Cuando el monstruo se hace más grande -- una evolución que era previsible dada la impunidad social con la que ejerció su corrupción durante décadas -- y comienza a secuestrar, a robar, a asesinar a individuos de mejor condición social, esto resulta inaceptable, lo cual se refleja en los medios de comunicación, que en México, como en cualquier lugar del mundo, tienden a reflejar los intereses de la clase media. Es decir, al cambiar los patrones de victimización de la corrupción, ésta se hace más aparente.

 

-- ¿Puede resarcirse la Policía Judicial Federal en estos tiempos?

 

Es difícil. Reconstituir la confianza pública en la PGR costará décadas de buen trabajo, constante y callado. La reputación es como los rascacielos: cuesta mucho construirla, pero poco tirarla por tierra. Y en el caso de la PGR se han estado lanzado durante décadas jumbos contra la reputación de la institución cada pocos días. Lo más grave es que estos jumbos han estado teledirigidos -- por acción o por omisión -- desde el interior de la propia institución, por las desafueros que se cometían allí. El principal problema que enfrenta la lucha contra la corrupción en el interior de la PGR -- hoy, al igual que con Lozano, Madrazo o Carpizo -- es que existe una gran contradicción entre los objetivos de la institución a corto y a largo plazo. Es evidente que el objetivo a largo plazo es purificar la institución y esta idea domina sobre cualquier otro fin. Pero la población exige resultados contra la delincuencia y los exige ya, no en el largo plazo. Para la población, siguiendo a Keynes, el largo plazo no existe. Además, en el largo plazo todos calvos y, lo que es peor, algunos habrán sido asesinados por los delincuentes-policías. En esta disyuntiva, los altos dirigentes de la institución tratan de compatibilizar dos objetivos difícilmente reconciliables en el tiempo: la lucha contra la corrupción y la lucha contra la delincuencia. Es como cambiar las cañerías mientras se sigue irrigando agua. Si se quiere luchar contra la delincuencia hay que recurrir a agentes corruptos -- simplemente porque no hay mucho más disponible -- y así se perpetúa la corrupción. Incluso los altos funcionarios más inmaculados requieren de los comandantes corruptos para aparentar eficacia -- y ya se encargarán los comandantes corruptos de que esta semejanza sea de cualidades extraordinarias -- en lo que más preocupa a la población: la lucha contra la delincuencia. En algunos casos, estos comandantes son impuestos por personas próximas a quienes nombró al propio responsable, con lo cual no existe salvación, pero no son pocos los altos funcionarios que se han sentido cómodos con este statu quo de cooperación mutua. Esta perpetuación funcional de la corrupción en el interior de los organismos de seguridad pública, a su vez, dispara la delincuencia porque los policías son los principales responsables de la delincuencia. Y así se recrea un círculo vicioso que es difícil romper.

 

-- A diferencia de Colombia, ¿Qué factores han hecho florecer el narco en México?

 

En la explicación del florecimiento de la producción y el tráfico de drogas en México hay que diferenciar entre las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Entre las condiciones necesarias está evidentemente la situación geográfica de la demanda. La demanda de los Estados Unidos es la que estimula la oferta en América Latina; esto -- no por reiterado -- deja de ser menos cierto. Esto es incuestionable tanto en Colombia como en México. Sin embargo, la demanda estadounidense no explica por sí sola la exuberancia del tráfico de drogas en ambos países. Hay países que han conseguido cerrar -- con mayor o menor éxito -- estas ventanas de oportunidad geográficas. Belice, por ejemplo, ha pasado de ser el cuarto exportador de marihuana a los Estados Unidos a no estar prácticamente en la lista sin que sus condiciones geográficas ni la demanda en Estados Unidos hayan cambiado; en el caso de la demanda ha empeorado. India fue en el pasado un gran productor de opio y hoy no lo es. Indonesia fue un gran productor de hojas de coca en el siglo XIX y en la actualidad apenas quedan resquicios de aquello. Colombia ni tan siquiera está colocada en el mejor lugar geográfico para exportar cocaína, ni antes marihuana. La condición suficiente para explicar el florecimiento del comercio de drogas es que hayan existido unos agentes económicos que hayan sido capaces de explotar esas oportunidades de negocio que crea la demanda de droga. En el caso de Colombia, estos agentes fueron los esmeralderos-reconvertidos-en-marihuaneros-reconvertidos-en-cárteles. Con su espíritu empresarial de gran calado, los Ochoa, Escobar, Lehder, Rodríguez Orejuela o Rodríguez Gacha y sus sucesores fueron capaces de crear un emporio industrial de monumentales proporciones -- lo que Marcos Kaplan, de la UNAM, denomina la única multinacional del Tercer Mundo -- en base a esa demanda creciente de los Estados Unidos. Esta iniciativa empresarial se repite en otros lugares, por ejemplo con la producción de marihuana en British Columbia, Canadá. Desde esta perspectiva de agentes externos, los traficantes colombianos han tratado de influir en la esfera pública a través de los mismos mecanismos que utilizan los grandes grupos empresariales -- locales o extranjeros -- en América Latina: la interacción, la corrupción -- ya sea en sus formas más burdas o en forma de aportaciones a las campañas políticas -- y la amenaza. La única diferencia entre los traficantes de drogas y otros empresarios es que han estado dispuestos a ir más allá en la utilización de la violencia -- en muchos casos reactiva -- que lo que ha sido habitual en un país donde históricamente la violencia ha sido un mecanismo recurrente para la resolución de conflictos privados y públicos. Esta estrategia de negociación la han aplicado con todos los agentes colombianos, ya sea la sociedad civil, los paramilitares o la guerrilla. Pero el hecho de que hayan sido capaces de construir relaciones con cada uno de los actores políticos y económicos colombianos muestra su independencia, que se le granjea su poder económico. Por el contrario, en México el vértice crucial de la canalización de la producción y el tráfico de drogas -- la condición suficiente que crea la oferta -- no han sido actores privados sino que ha estado en el interior del aparato estatal. Aunque su control no ha estado exento de conflictos tanto dentro de las propias élites políticas dirigentes como con actores externos a ésta, la historia muestra que quienes ejercen la regulación de todo el mercado de la droga han sido miembros del sector público, ya sea directamente o con la cooperación necesaria de otros agentes exteriores. Pero no es que la regulación del crimen organizado se realice como en otros países, incluidos los desarrollados, de manera involuntaria y tratando de minimizar su aparición pública... de mantenerlos bajo control, en suma. En México este control del tráfico de drogas se ha realizado con el objetivo de maximizar las rentas -- ya sean económicas o políticas -- de los servidores públicos que ejercen su control y, en múltiples ocasiones, de sus protectores políticos. En este contexto, los agentes privados actuando en el mercado lo han hecho con la connivencia de quienes ejercían el control. La mejor prueba de este control burocrático ha sido la incapacidad de los traficantes de drogas mexicanos para la innovación, de la cual se dan algunos ejemplos en el documento.

 

-- ¿Por qué México no se parece a Colombia?

 

Por el lado de las causas, esencialmente por la razón arriba referida -- que es fundamental para el funcionamiento del propio mercado de las drogas y que, por su importancia, hace baladí cualquier conato de comparación -- y por otras menores. No es posible hablar de una comparación seria sin tener en cuenta esta diferenciación. ¿Otras diferencias? Por ejemplo, las guerrillas mexicanas no lucran con el tráfico de drogas, a diferencia de sus homónimas colombianas. ¿Que en México hay mucha droga? En unidades de droga per capita, hay más droga en los Estados Unidos que en México y nadie habla de la colombianización de los Estados Unidos. Y además en Estados Unidos no sólo la trafican sino que además la consumen, que parece más problemático. ¿Que en ambos países ha crecido el violencia delictiva? En toda América Latina creció la violencia privada durante los años noventa y esto parece obedecer a factores distintos que nada tienen que ver con la droga. En el caso de Colombia, incluso en las épocas más duras del narco-terrorismo, menos del diez por ciento de los asesinatos eran atribuibles al comercio de drogas. ¿Por la influencia de los traficantes de drogas en la política? En Colombia pudiera ser hasta cierto punto; pero en México más bien habría que invertir los términos: la influencia de la política en el tráfico de drogas. Por el lado de las consecuencias, la diferencia entre Colombia y México en su relación con el tráfico de drogas es también evidente. En el caso colombiano, una lucha inducida por los Estados Unidos contra el tráfico de drogas, si bien ha sido exitosa en términos de la desarticulación de las grandes organizaciones de traficantes, se ha llevado por delante el propio aparato estatal colombiano, que se ha desagrado financiera y moralmente en el combate. En el combate al tráfico de drogas se han retraído recursos escasos que han posibilitado que ahora la guerrilla controle casi la mitad del territorio colombiano, que el monopolio de la violencia por parte del estado sea quimérico. En el caso de México, las drogas han tenido efectos menores y, en cualquier caso, indirectos. Ha contribuido marginalmente a reinsertar la violencia en el sistema político. A través de los policías que ejercían el control del tráfico y que servían a su vez para resolver conflictos políticos, como González Calderoni, se eliminó la principal virtud de que había hecho gala el sistema priísta: garantizar transiciones de poder pacíficas. Sin embargo, esta violencia política se ha mantenido en niveles controlables; la que se ha descontrolado es la violencia común. Y además, la mayor parte de la violencia política en México no estuvo motivada por el control del tráfico de drogas. Hablar de la colombianización de México, por tanto, es un reducionismo que no ha estado exento de intereses particulares. Quien hace esta comparación sólo lo hace por ventajista o por desconocimiento. Entre los primeros, puede existir un interés en pedir más recursos asustando al público con la presentación de un espectro diabólico -- la colombianización --, en lacerar al gobierno o simplemente la intención de descargar responsabilidades, que justifiquen su propia ineptitud alegando a comparaciones internacionales.

 

-- ¿En la actualidad el narco sigue regido por la estructura del poder político?

 

Este papel de regulación del mercado de las drogas en México ha sido históricamente un asunto que ha tenido intensas conexiones en instancias estatales. Pero existe en la actualidad al menos una diferencia con respecto a etapas previas, que sólo marginalmente cabe atribuir a la actividad del presente gobierno y que se deben, en términos generales, a procesos históricos. Por una parte, se ha segmentado el mercado tanto de la corrupción como su derivado, el de las drogas. Se ha erosionado la centralización de los mecanismos de control del mercado y así han aparecido un buen número de grupos que actúan de manera independiente sin dar cuentas a un poder público superior que centralice las actividades de todos los grupos. En este aspecto el tráfico de drogas no hace sino reflejar la multipolaridad de poderes -- territoriales y funcionales -- que ha aparecido en el sistema político mexicano tras la decadencia del presidencialismo mexicano, que se ha hecho más aguda con la llegada de Fox al poder. Esta situación hace más conflictiva la pervivencia en el mercado y, por lo tanto, más habitual el recurso a la violencia.

 

-- ¿ En el régimen foxistas las cosas siguen operando de esta forma?

 

Habrá que esperar al final del sexenio para observar si ha habido un cambio. No puede aventurarse nada sin vivir desde dentro qué está ocurriendo. E incluso quienes viven esta apasionante experiencia del cambio desde dentro de las procuradurías tendrían dificultades para hacer este análisis. Lo que se puede decir es que existe una aparente contradicción entre un aparato federal que no tiene una intención expresa de regular el mercado al modo en que lo hacían los anteriores y la pervivencia de algunos traficantes que se sienten huérfanos sin vivir bajo el esquema de protección. El hueco que ha dejado la falta de organización expresa de parte de las agencias estatales tendrá que ser cubierto por alguien o por algo, pero aún es temprano para decir por qué o por quién. En este sentido, es probable que aumente el papel de agentes subestatales -- dentro y fuera de las policías -- en el tráfico de drogas.

 

-- ¿Es México un país idóneo para lavar capitales que provienen del narco?

 

Definitivamente no. Hay algunos factores propios de la estructura económica que facilitan el blanqueo, sobre todo el gran tamaño de la economía sumergida, que aminora los costes de todo el proceso de legalizar el dinero procedente de las drogas. Pero hablar de México como del paraíso del blanqueo procedente del tráfico de drogas es simplemente una obscenidad. Si fuese el país idóneo para lavar capitales, ¿cómo es que todos los traficantes de drogas y mafiosos del mundo no están en México blanqueando sus ganancias? Salvo un par de villas que compraron los traficantes de droga colombianos en el pasado, no hay mucho blanqueo en México. Por el contrario, es indicativo los grandes traficantes de droga mexicanos, siguiendo la estela de los políticos, en cuanto que han tenido oportunidad, han sacado el dinero del país, ya fuese hacia los Estados Unidos o hacia los múltiples paraísos fiscales existentes, incluyendo algunos europeos. Si bien blanquear capitales criminales en México es relativamente sencillo en perspectiva comparativa porque las leyes existentes apenas se aplican -- por ineptitud o corrupción --, el resultado de blanquear en México sería tener unos capitales sometidos a altos grados de incertidumbre, como son la mayor parte de los derechos económicos que tienen las personas en México. Los blanqueadores buscan seguridad jurídica para poder usar su dinero y México, por diversas causas, no puede considerarse un edén de seguridad jurídica sino todo lo contrario, lo cual evidentemente ahuyenta a los blanqueadores.

 

-- ¿El gobierno de Vicente Fox ha combatido con eficacia el narco o más bien está atrapado en las inercias del pasado?

 

Definitivamente atrapado en las inercias del pasado. Pero el problema de la corrupción en la procuración de justicia en México es de tal escala que no tiene soluciones fáciles ni rápidas. Los intereses creados son tan ingentes como para destruirlos en un periodo tan breve, incluso con la mejor de las voluntades -- que no se pone en duda -- y con la mejor de las políticas -- que no es el caso de lo que se está aplicando.

 

-- Con una economía débil como la mexicana, qué papel juega el narcotráfico: ¿Es conveniente combatirlo?

 

Decidir combatir o no el narcotráfico es una decisión legislativa en el cual deben tomarse en cuenta cuestiones morales, políticas y económicas. Cualquiera que sea el resultado de este proceso de toma de decisiones tendrá sus ventajas e inconvenientes. Desde el punto de vista de las políticas públicas disponibles sólo existen tres alternativas: la legalización -- en cualquiera de sus vertientes --, la prohibición legal pero no real y, por último, la prohibición legal y real. México, por diversos constreñimientos internos -- del cual el más importante es la corrupción de las agencias de seguridad --, está más cercano a la segunda vía que a la tercera. Desde el punto de vista exclusivamente económico podría incluso ser la más beneficiosa: no ahuyenta el flujo de capitales que genera la producción y el tráfico de drogas -- cuyos beneficios, en cualquier caso, deben sopesarse frente al conjunto de efectos colaterales que genera para la sociedad, la política y la economía -- mientras evita las sanciones a que podría someterle su abrumador vecino comercial, que es el que empuja el combate. Con la legalización desaparecería el gasto dedicado a combatir el tráfico de drogas -- al menos nominalmente --, que dejaría de ser una carga para el sector público, y buena parte de los costes de otro tipo asociados a la prohibición. Sin embargo, habría que sumar los costes de salud pública relacionados con el previsible aumento del consumo que generaría la legalización. Y, sobre todo, que es muy probable que se evaporase casi por completo el flujo de capitales que genera la droga en México. ¿Qué sentido económico tendría, por ejemplo, transferir la cocaína desde Colombia a México para luego transportarla a los Estados Unidos? La marihuana pasaría a ser cultivada en invernaderos o a cielo abierto en los Estados Unidos. Y tanto la cocaína como las otras drogas serían producidas bajo el cobijo las multinacionales farmacéuticas y tabaqueras de los Estados Unidos y Europa. En conclusión, con la legalización se acabó lo que pueda suponer de negocio confiar una parte de la economía a una actividad ilegal.

 

-- ¿Cuál es la importancia de las ganancias del narcotráfico en la economía mexicana?

 

Según los datos preliminares de un estudio cuantitativo con base en estimaciones de los precios y del tráfico procedentes de diversas fuentes, la producción y el tráfico de drogas genera en México un valor añadido total de entre 3,5 y 4,5 mil millones de dólares, una cifra ligeramente superior al presupuesto anual del FBI, por ejemplo. ¡Ojo, el valor añadido, es decir, los beneficios más la remuneración del trabajo -- el pago de la corrupción sobre todo -- y del capital! Desde esta perspectiva es bastante increíble que los estadounidenses le calculasen a Juan García Ábrego una fortuna personal de 10 mil millones de dólares, una cifra que sólo puede calificarse de exageración. Un agente de la DEA declaró ante el Senado estadounidense en 2000 que los cárteles mexicanos ingresaban anualmente 30 mil millones de dólares, siguiendo una sugerencia hecha hace más de un lustro desde la PGR. Cifras más abultadas son aún más absurdas puesto que llegarían a la conclusión de que los traficantes de droga mexicanos ganan más dinero que el que genera la venta de drogas en el mercado estadounidense (66 mil millones), que es el único en el que actúan. De estos 3,5 y 4,5 mil millones de dólares, entre el veinte y el veinticinco por ciento del total del valor añadido, según diversas investigaciones judiciales escapan del país hacia los Estados Unidos u otros refugios más seguros a través de la fuga de capitales. Con estos datos, lo que deja el tráfico de drogas en bruto en México es 2,75 y 3,25 mil millones de dólares. En términos relativos: entre un 0,6 y un 0,7 por ciento de PIB mexicano. Evidentemente es más que suficiente para comprar lujosas villas y es atractivo para que numerosos funcionarios públicos se vean tentados de capturar un parte, pero es una cifra muy menor en comparación con la economía mexicana. Si el tráfico de drogas aminorase -- como ya está ocurriendo en la actualidad con la transferencia del tránsito de cocaína hacia el Caribe -- pues la economía lo sentiría, pero no a gran escala. Desde luego, nada que ver con la crisis de 1994.

 

-- ¿Tiene la PGR las herramientas suficientes para combatir el narcotráfico?

 

Desde el punto de vista legal, sin duda. El problema del tráfico de drogas en México no son las leyes -- que se encuentran entre las más avanzadas del mundo en la materia -- sino la aplicación retorcida de las mismas que hacen las procuradurías y los jueces, ya sea por impericia o por simple corrupción. Desde el punto de vista de la financiación, México hace un esfuerzo con respecto a sus procuradurías que supera con mucho su capacidad financiera y que le reditúa muy pocos beneficios en términos de eficacia. Lo importante, en cualquier caso, es la distribución interna de gastos está completamente desviada. La capacidad operativa es escasa frente a la gran cantidad de gastos administrativos, y en esto se incluye la inmensa nómina de costosos asesores que aflija a la administración pública mexicana en general. Si bien la corrupción explica parte de este sesgo -- se necesitan mayores controles --, una buena porción de este gasto es perfectamente prescindible. Mientras la corrupción no disminuya a niveles controlables, gastar en formación de los agentes es contraproducente y supone dar nuevos conocimientos a la delincuencia. La labor policial es bastante más sencilla de lo que quieren hacer creer las agencias de seguridad y ha cambiado relativamente poco desde hace siglos. En el aspecto contrario, la financiación de los mecanismos de control de la corrupción interna -- que ya absorben una parte notable del presupuesto -- parecen escasos dada la magnitud del problema y, en conjunto, con una asignación inapropiada.
Hay dos puntos que pueden ser importantes para responder a esta pregunta sobre las herramientas contra el delito. La primera es el pago de los agentes de la ley. A menudo se oye -- sobre todo desde la izquierda -- que la corrupción se debe a los bajos salarios de los policías. Con los escasos datos disponibles, puede decirse que, al menos en la PGR, el salario mínimo de sus agentes no alto sino muy alto en términos comparativos. México, pese a la escasa eficacia de sus policías, está en los puestos más altos del mundo en cuanto al ratio salario policial entre salario medio de la industria manufacturera. Es decir, los policías mexicanos están mejor pagados con respecto al salario medio del país que la mayor parte de los policías mundo, incluyendo a los de los países desarrollados. El que llegue a sus verdaderos destinatarios y no se quede en manos de los superiores es un asunto completamente diferente. Pero, desde luego, la receta para combatir la corrupción no debe ser aumentar el sueldo a los policías, que sirve a efectos contrarios: engorda el poder de los comandantes con poder para retener ese salario. El segundo asunto es la forma en que se depuran responsabilidades dentro de las agencias de seguridad pública y muy importante en la lucha contra la corrupción. El que se está utilizando en la actualidad es muy proclive a la perpetuación de la corrupción. Es ínfimo el número de policías corruptos que son llevados ante un juez, mucho menor el de los que acaban condenados. Y en caso de ser condenados, la causa suele ser más problemas con sus ex compañeros -- o como cabeza de turco -- que se hayan probado sus delitos de corrupción. La expulsión del cuerpo como forma de finalizar la carrera de un policía corrupto es el mejor polo de atracción a la corrupción policial. Si lo máximo que puede ocurrirle a un policía corrupto es que lo expulsen de la policía, no sólo no se desincentiva su comportamiento ilícito sino que se le apremia a que lo haga más deprisa. Podrá refutarse este argumento apelando a que no existen recursos suficientes para dedicarse a la investigación de asuntos internos, una tarea que consume muchos recursos físicos y humanos, además de poner en gravísimo riesgo la vida de los que se dedican a estos asuntos. Pues habrá que dedicar más recursos porque conseguir que se condene judicialmente a los policías corruptos es un asunto providencial -- por su carácter ejemplarizante -- para la lucha contra la corrupción policial. El hecho de que todas las depuraciones policiales acaben con expulsiones y apenas encarcelamientos es la mejor prueba de que la lucha contra la corrupción policial es poco más que altas dosis de voluntarismo y un brindis al sol.

 

-- ¿Qué efectos tiene la intervención militar en el combate de los cárteles de la droga?

 

En principio los militares son personas, con lo cual es absolutamente indiferente que el que dirija o participe en la lucha contra el tráfico de drogas sea un militar o un civil. No hay diferencia por esa parte. Ahora bien, hay dos elementos de los militares que como mínimo no ayudan a la eficacia policial y que en ocasiones pueden jugar en contra de ésta. Primero, la preparación específica que se da a los militares no es la formación en el combate al delito. Dado que los militares están prácticamente igual de equipados en cuanto a formación que cualquier civil -- salvo en prácticas de tiro, que es una circunstancia muy infrecuente en la práctica policial --, no puede decirse que la militarización aporte eficacia per se a la lucha policial en mayor medida que lo haría sustituir a los actuales agentes por otros reclutados de entre la sociedad civil. Segundo, la experiencia demuestra que los militares no son inmunes a la corrupción en mayor medida que el resto de la población. De hecho, el espíritu de solidaridad de cuerpo de que imbuye el ejército a sus miembros supone un obstáculo de gran envergadura para desentrañar la corrupción una vez que ésta se ha hecho presente. Por lo tanto, en términos generales la militarización de las instituciones de justicia es, como poco, neutra en cuanto a la eficacia policial. Que se incorporen militares a estos asuntos, por tanto, debe ser más una práctica caso a caso, tratando de encontrar perfiles específicos, que una política planificada y de largo alcance. Ahora bien, muchos de los que se quejan de la militarización de los diferentes organismos policiales en México utilizan un argumento que, como mínimo, es igualmente discutible: que no respetan los derechos humanos. Esto supondría que hubo un periodo previo en las procuradurías durante el cual se respetaban los derechos humanos, lo cual es absolutamente falso.

 

 

 

 

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