3ra parte del artículo
Segunda parte
México, Primer Lugar en Ejecuciones Extralegales* Lo Establece la ONU en Reciente Informe: Prodh
* En el Sexenio Pasado, 350 Perredistas Asesinados
* Tercer Sitio en AL en Agresiones a Periodistas
FERNANDO GUTIERREZ/- II -
En ejecuciones extrajudiciales México ocupa el primer lugar y tercero en quejas por desapariciones forzadas, según el reciente reporte que la ONU hizo llegar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), donde también se establece que durante el sexenio de Ernesto Zedillo fueron asesinados 350 miembros o simpatizantes del PRD.
Esa cifra excede los 299 ocurridos en el gobierno de Carlos Salinas. Nuestro país, además, está entre los tres primeros de América Latina, junto con Perú y Colombia, en agresiones a periodistas. En tanto, la capital registra, en promedio, 160 secuestros al año, reporta la PGJDF. Y Guerrero se convierte en el estado con más desapariciones: acumula 642, de 1967 a la fecha, con el agravante de tumbas clandestinas en Atoyac de Alvarez, de acuerdo con datos proporcionados por la Afadem.
El Centro Prodh, con material minuciosamente documentado, establece que en la administración zedillista aumentaron escandalosamente las desapariciones: "Solamente de 1996 al 98 se documentaron 177 casos en tres escenarios: la lucha contra el tráfico de drogas en los estados norteños del país; la lucha insurgente, principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y los secuestros cometidos por autoria des y servidores públicos estatales del centro del país.
"Hasta el último reporte de la ONU, en 1998, México ocupa el tercer lugar en cuanto a denuncias de desapariciones, gran parte de ellas corresponden a miembros de organizaciones civiles, lideres o activistas de organizaciones opositoras que luchan por reivindicaciones económicas o sociales.
"Los sectores más marginados en las zonas rurales, así como en las grandes urbes han sido objeto de violencia física, detencionmes arbitrarias y asesinatos con más y más frecuencia. Estas personas ocupan el último escalón socieconómico de un país donde 60% de la población es pobre y 26 millones viven en pobreza extrema".
Afirma también: "Otras personas que han sido víctimas de detenciones arbitrarias relacionadas con el no acceso a un vivienda fija, son los niños en situación de calle. Son victimizados, sobre todo por "indeseables", por la policía. Por ejemplo, el 9 de junio de 1997 nueve niños de la calle, todos menores, fueron detenidos por la policía al norte del DF. Cuatro de ellos interpusieron denuncia por violación y abuso sexual. En otra ocasión, el 30 de junio de 1997, Julián, un joven que trabajaba con niños de la calle, fue detenido por la policía cerca de la Terminal Norte. Sus agresores lo mantuvieron incomunicado y lo acusaron de robo.
"Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha hecho un intento serio por proteger a los niños de la calle. Figuran en el discurso oficial solamente en conexión con los problemas de seguridad pública".
Por se parte, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos de la Ciudad de México (Afadem), denuncia que "sólo en Ciudad Juárez tenemos la verificación de 186 mujeres desaparecidas sin que se hayan hecho investigaciones y juicios serios para esclarecerlos. Los casos son encasillados en la prostitución.
"Ello es una apreciación muy ligera porque muchas de esas jovencitas han pertenecido a grupos eclesiásticos, y laizomunidad ha dado fe de su buen comportamiento.
"Es muy cuestionable que las autoridades manejen vínculos con la prostitución y el narcotráfico".
Entrevistado en sus oficinas de Tlatelolco, Julio Mata, ex empleado del INEA y perseguido político en los 90, refuerza los trabajos de la Afadem:
"De 1967 a 2000 hemos documentado 1,351 desapariciones forzadas, de las cuales 1,208 se refieren a hombres y 143 mujeres. Algunos han aparecido y otros murieron por torturas. La cifra actual de desaparecidos se cierra en 1,218".
En tanto, el Centro Prodh apunta que "la tortura sigue siendo el método principal de investigación para obtener confesiones, y se ha practicado sistemáticamente tanto por elementos de la policía judicial federal o estatal, de la Policía Preventiva y de personal militar".
REPRESION INSTITUCIONALIZADA
En forma directa, precisa:
"Utlizando mecanismos legales, la represión se institucionalizó con la creación de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que, según el Presidente Zedillo, fue adoptada como parte de la lucha contra la delincuencia organizada, pero ha servido como marco "legal" para ejercer acciones abusivas en contra de la población.
"La participación de las Fuerzas Armadas de esta Coordinación, ha creado el marco para graves violaciones a los derechos humanos en las regiones donde se ha agudizado la inconformidad social, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
"Asimismo, la creación de la Policía Federal Preventiva ha tenido un carácter similar, al ser utilizada como instrumento del Estado mexicano para contener e inhibir mediante el uso de la violencia las voces disidentes de la sociedad, tal como sucedió, el 6 de febrero de 2000, en el conflicto estudiantil de la UNAM, cuando 2,260 miembros de la PFP y PJF irrumpieron y, en un operativo de cuatro horas, detuvieron a 736 estudiantes, de los cuales 200 fueron consignados".
De acuerdo con sus registros sobre represión y violencia política, el Centro Prodh señala que en 1998 "Chiapas fue el estado que sufrió el índice más elevado: 191 (33.39%) de los 572 casos anotados a nivel nacional.
"En detenciones ilegales también tuvo su punto más alto: 766 (33.06%) de las 2,317 violaciones individuales que se conocieron.
"Le siguieron las agresiones y lesiones, las expulsiones, homicidios, incomunicación a detenidos, amenazas, desapariciones, hostigamiento, tortura y privación ilegal de la libertad, en una lista de 43 casos.
"En las violaciones de tipo colectivo, de las 478 reportadas, aparecieron con mayor frecuencia la intimidación, hostigamiento y agresiones con 96, 82 y 56 incidencias, respectivamente.
"Los sectores más afectados, en lo individual y colectivo, fueron los núcleos campesinos e indígenas, con 197 de los 665 registros; el de organizaciones sociales, con 98; partidos políticos (84), medios de comunicación (42), grupos civiles (30), ONGs, observadores extranjeros, organizaciones religiosas y mujeres, con 30, 28, 22 y 18 casos, respectivamente.
"El agresor directo -identificado- más recurrente fue el Ejército Mexicano, en el 17.39% de 667 registros. En 18.44% de los casos fueron `agresores desconocidos"'.
Por su lado, Julio Mata, de la Afadem, ilustra que es en Guerrero donde se han padecido las peores violaciones a los derechos humanos. En su estadística que data de 1967 a la fecha, documenta 642 casos de desapariciones forzadas.
"Sólo en Atoyac de Alvarez hemos encontrado varias tumbas clandestinas, desde hace dos años. Actualmente realizamos investigaciones con grupos de médicos forenses y con antropólogos para fornalizar la denuncia ante las autoridades.
"De ello resposabilizamos al Ejército, que agarra a cualquiera y lo culpa de narcotráfico o insurrección. Es una situación que se repite. Por eso cada 15 días en Atoyac hay un plantón de familiares de desaparecidos para mantener fresco su recuerdo y exigir justicia".
Apunta que el presidente de la Afadem, Ernesto Ontiveros, sufrió en carne propia la desaparición de su hijo, el 2 de septiembre de 1996. "Se trata de un militar, Víctor Hugo Ontiveros Gómez, desaparecido en Ciudad Juárez. Hasta la fecha ya han pasado cuatro fiscalías con el caso y no han establecido nada".
Revela que junto a este caso, se han levantado ya 19 denuncias por igual número de desapariciones, contra el general Mario Acosta Chaparro, preso actualmente por narcotráfico.
El Centro Prodh, desde su oficina central en la colonia San Rafael, ilustra con dos casos:
"El 20 y 21 de abril de 1999, miembros del Ejército Mexicano ejecutaron, después de torturarlos, a los indígenas Marco Antonio Mendoza, de 12 años, y Evaristo Alvino, en Barrio Nuevo San José Tlacoachistlahuaca, Guerrero, quienes habían salido a trabajar su milpa.
"Al día siguiente de su desaparición, sus familiares, Francisca Santos, de 33 años, y Victoria Vázquez, de 50, fueron perseguidas y violadas por efectivos militares. Aunque el Relator sobre Tortura de la ONU, en 1998, recomendó que los delitos graves perpetrados por personal militar contra civiles deben ser conocidos por la justicia civil, la averiguación previa por homicidio fue turnada al Ministerio Público Militar, como en todos los casos en que se han visto involucrados militares.
"El 2 de mayo de ese mismo año, efectivos del 40á Batallón de Infantería, con sede en Altamirano, Guerrero, dispararon contra la población de Pizotla, asesinando al campesino Salomé Sánchez Ortiz.
"Detuvieron arbitrariamente a los líderes campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, defensores ecologistas de la Sierra de Petatlán, que se han resistido a la sobreexplotación de la zona a manos de empresas extranjeras y caciques ligados con las autoridades estatales.
"Durante los cinco días en que permanecieron detenidos en las instalaciones militares fueron torurados por elementos militares y obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias en presencia del MP que acudió a Altamirano a tomar declaración.
"Los detenidos sufrieron tortura física y sicológica. Las declaraciones se utilizaron como prueba y se les consignó a pesar de que los campesinos se retratactaron ante el juez".
El Centro Prodh también denuncia la existencia de grupos paramilitares en Guerrero, Chiapas y Oaxaca. "El gobierno lo niega, pero siguen operando a pesar del gran despliegue policiaco y militar que existe".
ATOYAC, LO MAS GRAVE
La Afadem refiere que en Rincón de las Parotas, en Atoyac, Guerrero, el primero de octubre de 1974 hubo 11 desaparecidos. "A las 4 de la mañana llegaron efectivos del Ejército, rodearon el lugar, se acercaron a las casas, a patadas derribaron las puertas y detuvieron a once hombres. Los sacaron a una cancha de basquetbol, los amarraron y se los llevaron en un camión de refrescos. Hasta la fecha no se sabe nada de ellos.
"Este caso lo reabriremos y acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Responsabilizaremos al guaeral Acosta Chaparro. Incluso vamos a pedir la competencia del juez español Baltazar Garzón.
"Y es que los derechos humanos no se respetan en México. Los legisladores no conocen de los tratados y convenios internacionales que existen al respecto. Tampoco existe una ley específica contra la desaparición forzada.
"La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no haba de tortura, sino de `lesiones'. Tampoco se habla de ejecuciones o desapariciones forzadas. Es posible que ello se haga a futuro, quizá en este sexenio, pero me pregunto qué ocurrirá con los casos pasados.
"Este año impulsaremos la ley en el Congreso. No queremos una simple modificación al Código Penal. Ultimaremos detalles en el II Foro Nacional con diputados y senadores. Nos apoyaremos en la iniciativa que en ese sentido tiene ya la ONU. Además, haremos valer la Comisión de la Verdad en Guerrero".
Y de inmediato proporciona la relación de los estados y su número de desaparecidos, registrados por la Afadem, desde 1967 a la fecha:
Aguascalientes (1), Baja California (9), Chiapas (32), Coahuila (2), Colima (1), Durango )10), Guerrero (642) -incluye Atoyac, con más de 400-, Hidalgo (11), Jalisco (40), DF (8), Michoacán (11), Morelos (3), Nayarit (1), Nuevo León (6), Oaxaca (24), Puebla (8), Querétaro (1), San Luis Potosí (2), Sinaloa (108), Sonora (12), Tamaulipas (2) y Veracruz (7).
Por años, la situación es como sigue:
1967 (1), 1968 ('no se investigó por ser un caso aparte"), 1969 (2), 1970 (1), 1971 (13), 1972 (18), 1973 (22), 1974 (356), 1975 (57), 1976 (100), 1977 (97), 1978 (96), 1979 (9), 1980 (7), 1981 (32), 1982 (8), 1983 (8), 1984 (4), 1985 (6), 1986 (3), 1987 (3), 1988 (3), 1989 (4), 1990 (7), 1991 (1), 1992 (0), 1993 (11), 1994 (83), 1995 (36), 1996 (55), 1997 (107), 1998 (31), 1999 (28) Y 2000 (5).
DF: AL AÑO 160 SECUESTRADOS
Julio Jiménez, de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas y de las Instituciones, de la PGJDF, asegura que cada año en esta capital se reporta un promedio de 160 casos de privación ilegal de la libertad.
Entrevistado en su oficina de la colonia Doctores, dice:
"Aunque se ha logrado la detención de peligrosos secuestradores, como Caletri, Roberto Sánchez (a) El Fugas, Marcos Tinoco (a) El Coronel, la Banda del Barrio, la del comandante Trejo, la de Falcón o la de Daniel Arizmendi, es posible que continúen operando desde adentro de los penales o bien que nuevas organizaciones delictivas sigan sus pasos".
Admite el funcionario que las bandas de secuestradores operan por "especialidades", es decir, hay quienes se dedican al plagio de niños, otros de júniors, de empresarios o ganaderos. Y señala a Morelos como el estado "cuna de los secuestros".
A su juicio, "es doblemente condenable que entre los secuestradores haya servidores públicos o miembros de la policía, aunque debo decir que, en esas situaciones, la ley es más severa porque no se vale perjudicar a la sociedad que paga nuestro trabajo".
Luego, indica que uno de los núcleos más vulnerables en la violación de los derechos humanos son los niños.
"Es la parte más desprotegida de nuestra sociedad y no sólo por vaguedades en las leyes, sino por la creciente desintegración familiar que se padece en nuestro país.
"Ese es el origen de muchos niños de la calle, que sufren todo tipo de abusos sin ser escuchados. Hay que revisar deficiencias en el Código Penal, sobre todo el artículo 366 ter. y 366 cuarto a fin de precisar las diversas modalidades que se dan en la privación ilegal de la libertad, que no siempre es un secuestro".
(Continuará)
Viernes 19 de Enero del 2001, Excelsior
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