16. PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL EN MÉXICO							PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  1995 - 2001 Desarrollo Industrial en México El modelo de desarrollo industrial fue seguido por México a partir de la Segunda Guerra Mundial fue el de los   mercados  cautivos.Con el fin de proteger la incipiente industria mexicana,se cerro la importación a la gran mayoría de los bienes de consumo. La política fue  la de importación de bienes de capital con los cuales se producen los de consumo. Sin embargo para que el país pudiera escapar de la debilidad estratégica que implicaba el depender de la voluntad de las potencias para prooveerlo de las máquinas coon que se fabricaban los bienes de consumo,se hacía necesario que el país pasara a una segunda etapa de industrialización,donde los bienes de capital fueron producidos por la industria por la industria nacional. Por falta de voluntad política del gobierno para inducir esta última etapa del proceso de industrialización del país quedó incompleta y la dependencia del extranjero para la adquisición de bienes de capital  sigue afectando fuertemente la balanza comercial del país y su capacidad de independencia. Ciencia y desarrollo industrial Conseguir que en nuestro país se desarrollen empresas cuyos productos tengan aceptación en el mercado internacional es el sueño de muchos mexicanos.Sin embargo soñar no es suficiente para llegar a esta meta es necesario contar con : - Ideas propias que permitan el desarrollo  de productos cuyo costo y calidad compitan en el mercado internacional. - Empresas capaces de construirlos y comercializarlos La propiedad de las ideas puede conseguirse comprandolas o bien fomentando la existencia de grupos capaces de desarrollarlas. Aún en caso de que decida que la  mejor alternativa es comprarlas,queda la interrogante de ¿que es lo que debe comprarse? Es un mercado de productos tan cambiante que es necesario  conocer con profundidad no solo el mercado sin entender: - Porque  funciona un dispositivo - Que influencia tienen en su desempeño,su estructura y los materiales de los cuales está hecho. - Cuáles son lo fenómenos involucrados en su funcionamiento. En general conocer los descubrimientos científicoos recientes relacionados con él para saber: - Que tecnologías resolverán la problemática del momento - Cuáles de ellos son más viables y por tanto - En cuales conviene invertir Para las empresas de alta tecnolgía se requiere: - Establecer que nicho tecnológico se desea desarrollar - Capital - Soluciones propias -Grupos de trabajo para optimizar el proceso de fabricación con el fin de obtener un producto de calidad a un precio competitivo. - Personal con la formación necesaria para consumirlos -Capacidad para comercializarlos Alianza para el campo El programa es congruente con los objetivos que para la recuperación económica establece para el país: Hacer crecer la economía y crear empleo, con los objetivos generales. El Plan Nacional de Desarrollo debe impulsar el ahorro, la inversión y el empleo con los objetivos específicos para el sector  agropecuario: - Recuperar la rentabilidad - Hacer crecer la producción más rápido que la población - Combatir la pobreza - Corregir el déficit de la balanza agropecuaria - Proporcionar alimentos a la población a precios competitivos ORGANISMOS  PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN OTROS PAISES - Asociación de exportadores Entidad que ofrece información y servicios nacionales. - Cámara de comercio de los E.U. de la República Argentina (CAMCHAM) Sin fines de lucro dedicada a la promción del comercio y de la inversión entre el país - Centro de información y documentación esmpresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER) Todo lo que necesita para sus negocios con Iberoamérica - Sistemas de información del comercio exterior (SICE) Brazo técnico de la unidad de la OEA que tiene por propósito proveer la más completa información referente al comercio de las américas. - Federation or International Trade Association Fomenta el comercio internacional Otro factor que desalienta a la industria en México son los altos impuestos que hay que pagar siendoo este un factor por el cual muchas empresas truenan. LA ECONOMÍA DE MEXICO EN EL SIGLO XIX EL AUGE MINERO A FINES DEL SIGLO XIX. México ha sido el principal productor de plata en el mundo y, por esta razón las vicisitudes del erario público, durante el primer siglo de vida independiente, se relacionaron con los altibajos del precio internacional del metal blanco, los yacimientos de oro son también cuantiosos y hay abundancia de cobre, zinc, plomo, hierro, azufre y otros minerales industriales; no obstante, en el Virreinato y hasta mediados del siglo XIX, la minería se concentró en la obtención, casi rudimentaria, de metales preciosos. Los metales, cuantiosos y de fácil extracción, fueron trabajados por los pueblos precortesianos con fines ornamentales, ya que no se advertía vestigios de utilización en herramientas, utillaje o armas. Este recurso casi a flor de tierra y el empleo de mano de obra barata propiciaron una minería extensa pero rudimentaria, sin relación con la enorme riqueza potencial del subsuelo. Los mineros españoles se conformaron con la fácil ganancia y no lograron desarrollar tecnología ni se consolidó un sistema de crédito para el avío de minas, aun cuando en 1777 se fundó el Cuerpo de Minería de Nueva España y en 1783 fue creado, por Carlos III, el Banco de Avío de Minas. La guerra de Independencia produjo la casi total paralización de esta vital actividad económica. El retiro de los capitales y sistemas usados por los antiguos propietarios, junto con la escasez de azogue, hierro y herramientas, provocaron el abandono de los fundos mineros y no pudieron evitarse los efectos de inundaciones y derrumbes. Los pocos establecimientos que siguieron funcionando enfrentaron la falta de transporte y la inseguridad de los caminos; además de la aguda carencia de créditos y los fuertes gravámenes fiscales. El déficit fiscal con que México inició la construcción de la República, hizo urgente activar la fuente de ingresos representada por la exportación de metales y, por lo mismo, se derogaron las Leyes de Indias que impedían a los extranjeros la propiedad de fundos mineros. Los capitales extranjeros, principalmente norteamericanos, comenzaron a fluir con precaución, ya que no había estudios confiables acerca de la situación y perspectivas de las antiguas explotaciones. Sin embargo, algunos inversionistas lograron excelentes resultados en Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, explotando terrenos vírgenes, con yacimientos casi en la superficie. Hacia 1870 estaban registradas más de 3000 explotaciones, sobre unas 5000 vetas mineras; siendo las más ricas las de Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua y San Luis Potosí. En ese periodo cobró gran impulso la minería Mexicana debido a la reducción de costos de producción provocada por el empleo de la electricidad y el transporte ferroviario; aunados a la mayor demanda externa de minerales industriales. Desde 1823 se había intentado utilizar bombas de vapor para el desagüe de los tiros, pero los caminos de la época no permitían llevar maquinaria a las regiones montañosas. El ferrocarril inaugurado entre México y Veracruz en 1873, se extendió, a más de 24,000 kilómetros en los siguientes 35 años y además de abatir costos de transporte, hizo posible el traslado de maquinarias y equipos. Asimismo, en 1893 se comenzaron a establecer plantas de cianuración para tratar minerales de baja ley, lo cual favoreció que en doce años se incrementara de 3 a 50 millones de pesos la producción de oro. Empero, uno de los factores más importantes en el aumento de la producción y en la reducción de costos, fue la electrificación de las minas. Durante 1889 se acoplaron dos turbinas hidroeléctricas a los molinos de trituración en el mineral de Batopilas, la energía eléctrica resolvió problemas de bombeo, ventilación, arrastre, alumbrado y molienda. Pronto surgieron compañías abastecedoras, como la de Luz y Fuerza de Pachuca, que tendió líneas para dar servicio a las minas de Real del Monte, El Oro Y Guanajuato. En el aspecto financiero, las nuevas inversiones se agilizaron a causa de la baja de precios industriales en Europa, entre 1870 y 1880, lo cual alentó a buscar mejores rendimientos en la creciente industria mexicana. Este flujo de capitales encontró estímulos adicionales en el Código de Minería de 1884 y las Leyes Mineras de 1882, 1902 y 1909, además de la Ley Petrolera de 1901; cuyas benignas cláusulas fueron derogadas por el artículo 27 de la Constitución de 1917 y la Ley de Impuestos a la Minería de 1919. DESARROLLO ECONOMICO A FINES DEL SIGLO XIX. Los 35 años anteriores a 1910 cubren un periodo de lento pero sostenido crecimiento económico. Un conjunto de factores favorables, tales como el ingreso de capitales y técnicas foráneas, mejores comunicaciones y fuerte demanda exportadora; cimentaron las bases de la producción manufacturera y el gran comercio. En esta época se inició la gradual sustitución de los métodos artesanales por los procedimientos fabriles, con el consiguiente aumento de la importación de maquinarias, herramientas, equipos y sistemas innovadores. En cuanto a exportaciones, se produjo una saludable diversificación, con énfasis en manufactureras y productos agro – industriales. Es así como “la tasa de población creció en razón de 1.4 % en la última década del siglo XIX y el Producto Nacional Bruto fue del 2,7 %, de acuerdo con las estimaciones disponibles”. El espíritu de la época se puso de manifiesto hacia el fin de las luchas que caracterizaron a la primera mitad del sigo XIX, incluyendo el triunfo sobre la intervención europea y la caída del Imperio de Maximiliano. En su entrada triunfal a la Ciudad de México, el 15 de julio de 1867, el Presidente Benito Juárez llamó a consolidar los beneficios de la paz, en clara alusión al desarrollo económico del país y al robustecimiento del erario público. Tuvo que pasar algún tiempo antes de que se alcanzara el propósito jurista, debido a la insuficiencia de recursos financieros para la formación de capital interno y el restablecimiento del orden fiscal. Bajo conducción del Ministro de Hacienda J. Ives Limantur, en 1893, se logró equilibrar el presupuesto nacional y se generaron condiciones de confianza para los capitales foráneos. Seis años más tarde, México era el principal depositario de las inversiones norteamericanas, con un 2935 % del total, seguido por Canadá, con 27.7 % y Europa, que en si conjunto acumulaba 22.1 %. La inversión extranjera alcanzaba 110 millones de pesos en 1884; superando los 3,400 millones en 1911. De esta última cantidad, 33 % estaba aplicada en ferrocarriles, 24 % en minerometalurgia, 7 % en electricidad, 6 % en agropecuarias, 5 % en banca y 4 % en la naciente industria de transformación. Los capitales norteamericanos se orientaron a ferrocarriles e industria extractiva. Los británicos se concentraron en deuda pública y servicios. El capital francés llego a constituir el 55 % de la inversión en actividades industriales, el 65.5 % en comercio y 60.2 % de inversión extranjera en bancos. La colonia francesa, pequeña pero activa y prospera, incluía familias radicadas en México desde principios de siglo, con gran influencia en la banca y el comercio. Ante el gradual crecimiento del mercado nacional, los franceses residentes instalaron sus propias fuentes de abastecimientos para sus negocios comerciales y se situaron en diversos sectores de la producción manufacturera. Una parte del capital invertido había sido generado en el mismo país y otro tanto fue aportado por banqueros franceses establecidos en México. La inversión interna mexicana fue poco significativa en minería, energía, transporte y banca; sin embargo, los asombrosos resultados obtenidos por la aplicación de los inventos europeos y norteamericanos, estabilizaron los recursos nacionales hacia el sector manufacturero. La industria textil acogió los adelantos tecnológicos y, gracias a la abundancia de algodón, lana y fibras vegetales, representó un valioso rubro de exportación. La reducción de los costos de transporte y la supresión de las alcabalas (gravamen que afectaba al trafico interno de mercancías) contribuyeron al surgimiento de centros fabriles destinados, principalmente, a producir cemento, vidrio, dinamita, acero, tabaco, tejidos, calzado, azúcar, jabón, bebidas y comestibles elaborados. Esta mayor actividad permitió sustituir importaciones y atender la demanda externa; con resultados saludables para las finanzas del país. A su vez, menores costos de explotación y transporte, así como precios internacionales favorables, incentivaron la exportación de cobre, zinc, plomo, azufre, antimonio y otros minerales industriales; además de henequén, madera, cuero, ganado, café, vainilla, chicle, hule y algodón. Otro factor decisivo en el cambio de mentalidad de los inversionistas mexicanos fue la influencia de los residentes franceses, españoles, ingleses, alemanes y norteamericanos; cuyo peso social y económico contribuyó a generar una cultura empresarial y despertó el interés de los nacionales por la inversión en valores y nuevos negocios. Este proceso de desarrollo económico mexicano comenzó a declinar en la primera década del siglo XX en que, por factores externos, disminuyeron las exportaciones y la minería sufrió quebrantos en cuanto a sus precios mundiales. El mercado interno, con baja capacidad adquisitiva, no fue capaz de absorber los excedentes de producción. No obstante, se logró mantener el flujo de capitales foráneos y cobró importancia la exploración petrolera; por lo cual continuó acentuándose el estado bonancible de la Hacienda Pública y los ingresos fiscales sobrepasaron los cien millones de pesos, cifra asombrosa para la época. LA ECONOMIA DE MEXICO EN EL SIGLO XX LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XX. Los primeros diez años del siglo veinte marcan agudos contrastes en la economía mexicana. Por una parte, se cuenta con instituciones que han ido ganando prestigio, como los grandes bancos y los consorcios manufactureros. La industria, la minería, el transporte y los servicios públicos han recibido los beneficios de la incorporación de importantes adelantos tecnológicos y la Ciudad de México se ha transformado en una urbe cosmopolita, que causa admiración a los visitantes extranjeros. De igual forma, se ha logrado poner orden en el sistema monetario y el erario público sostiene una situación de superávit, gracias principalmente al comercio exterior y a la ampliación de la masa tributaria. El otro lado de la realidad muestra síntomas de agotamiento del modelo de crecimiento económico sostenido en la década anterior y una gran vulnerabilidad a los precios internacionales y a los acontecimientos que afectan a los socios comerciales externos. En su informe ante el Congreso de la Unión, el Presidente de México exponía, en septiembre de 1970: “Hubiera deseado poder daros, tocante a la condición que guardan los negocios en general y las operaciones del público, un informe tan satisfactorio como el relativo a la situación hacendaria; pero desgraciadamente no es así. Las malas circunstancias por las que atraviesan los mercados de valores públicos extranjeros desde principios del año corriente, se han empeorado de día a día, al grado de producir una escasez de dinero tan general que, puede decirse, sin hipérbole, que en estos momentos existe una crisis financiera casi universal, a la que también han contribuido el aspecto de los asuntos políticos en varias de las naciones más poderosas. México logró, hasta hace cuatro o cinco meses, mantenerse fuera de la influencia de esos factores de perturbación; pero la escasez de fondos disponibles a que acabo de aludir, ha paralizado la inversión de capitales extranjeros en nuestro país y, por ende, ha obligado a las instituciones de crédito a reforzar sus existencias metálicas, o cuando menos a no debilitarlas y negar su concurso a nuevos negocios que no sean de primer orden.” Para ampliar esta visión, resulta interesante reproducir también un fragmento del Informe del Ejecutivo al Congreso, en abril de 1908, en el cual agrega: En mi anterior informe aludí a la mala condición de los mercados públicos extranjeros, que determinó cierta paralización en algunos ramos de nuestra actividad industrial. Al propio tiempo se acentuó la baja simultanea de precios de casi todos nuestros productos de exportación, debido, en gran parte, al estado crítico de los mercados consumidores y también a circunstancias fortuitas, como las que afectan el valor de la plata, el principal de dichos productos. La escasez de dinero agudizada en 1906, tuvo algunas repercusiones en el nivel de operaciones de la recientemente inaugurada Bolsa Privada de México; la cual, sin embargo, logró el registro de la mayoría de las negociaciones mineras, las que accedieron a pagar una cuota anual por derecho a cotización. Los socios y agentes participantes en la Bolsa Privada, acrisolados por los diez años en que anduvieron buscando oportunidades de negocios en condiciones precarias, brindaron a la institución una gran agilidad operativa y, en general, se puede decir que pudieron sortear los altibajos del periodo crítico en forma eficiente y oportuna. DINERO DE PAPEL Y ANARQUIA MONETARIA. Durante los primeros años de la revolución, la Bolsa de Valores de México mantuvo un aceptable nivel de actividad, tanto así que, a mediados de 1911, fue necesario ampliar el local que ocupaba. Es posible que los socios de la institución consideraran que el cambio de régimen no afectaría radicalmente el desenvolvimiento económico del país; prueba de lo cual es que el Consejo adoptó iniciativas más acordes con tiempos de bonanzas, tales como formar una biblioteca e iniciar un fondo de previsión interno, además de autorizar la edición de un boletín propio. Las razones de este optimismo se fundaban en los buenos resultados que se advertían en las finanzas públicas, así como en las declaraciones del Plan de San Luis Potosí, en cuanto a respetar los compromisos internacionales y los intereses de los extranjeros, lo cual significaba una garantía para los valores mineros. Cuando llegó a su fin el interinato de Francisco León de la Barra, el erario disponía de una reserva en oro nacional por 48 millones de pesos, una vez liquidadas las cuentas del gobierno anterior y aplicados 6 millones de pesos al licenciamiento de las fuerzas revolucionarias. En el informe de gobierno, dos meses antes, el presidente señaló el incremento de las rentas federales, especialmente las relativas a los ingresos de Aduanas. El valor de las exportaciones aumentó de 242.7 millones de pesos, registrados en el periodo de 1907 – 1908, a 297.9 millones de pesos entre 1911 y 1912; siendo la producción de plata la más cuantiosa del quinquenio, tanto en volumen como en valor de mercado. Por otra parte, la explotación petrolera alcanzó niveles relevantes en 1912 y México pasó a ocupar el cuarto lugar en la producción petrolera mundial. Se exportaba en grandes volúmenes a Europa y algunas navieras inglesas montaron flotas de buques – tanque para operar desde las costas del Golfo. Cabe recordar que hasta antes de la Revolución, las compañías petroleras estaban exentas de gravámenes, por lo cual esta riqueza no repercutía en la economía nacional. Esta lesiva situación fue subsanada, como primer medida, por un impuesto del timbre al comercio exterior de hidrocarburos. Otro signo positivo para el mercado de bursátil fue la exitosa negociación de un empréstito de corto plazo por 10 millones de dólares, entre banqueros de Nueva York y Europa; solicitado por el gobierno maderista para cubrir gastos militares. En esos primeros dos años se manifestó una cierta baja en los sectores agrícola, industrial y minero, a causa de los daños ocasionados a las vías de comunicaciones y transportes por la lucha armada; siendo el comercio interno el más afectado. No obstante, las ventas foráneas mantuvieron un alto excedente sobre las importaciones y se sostuvo la paridad cambiaria; aun cuando se tuvo que recurrir a las reservas de oro para cubrir la disminución de circulante provocada por la suspensión de la inversión extranjera y la emigración de capitales nacionales. En el curso de 1912, el gobierno realizó una amplia labor de extensión de los servicios postales y telegráficos, al tiempo que nacionalizó las principales líneas ferrocarrileras. Además, con el fin de resolver los conflictos laborales que habían paralizado, principalmente, a la industria textil, en 1911 se creó la oficina del trabajo, adscrita a la Secretaría de Fomento. Esta unidad se transformó en Departamento del Trabajo, con mayores atribuciones, en 1912. Las operaciones de la Bolsa, que en 1911 habían descendido 78.6 % con respecto al año anterior, tuvieron algunos meses de poca actividad; sin embargo, las favorables expectativas exportadoras de la industria minera incrementaron la demanda por estos valores y el monto operado en 1912 repuntó en 69.5 %, en relación con 1911. El informe del Consejo ante la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 29 de mayo de 1914, dio cuenta del penoso estado del país durante 1913, cuyos luctuosos sucesos se reflejaron en la actividad bursátil, tanto en baja operatividad, como en caída de precios. Grandes empresas, como la Fundidora de Monterrey que trabajó solo 54 días en el año, vieron obstaculizado su funcionamiento a causa de los conflictos armados y los problemas de transporte. Otros hechos, aunque no relacionados directamente con el acontecer político, como el incendio del Palacio de Hierro en abril de 1913, acentuaron el pesimismo de los inversionistas. Febrero de 1913 marcó el recrudecimiento de la lucha armada, con graves consecuencias sobre la economía y la estructura social de México; periodo que se habría de prolongar hasta comienzos de la tercera década de este siglo. El régimen del general Victoriano Huerta, quien luego de la cruenta rebelión que ultimó al presidente Madero, ocupó el poder entre el 18 de febrero de 1913 y el 20 de agosto de 1914, desató una desastrosa situación económica; cuyos efectos sobre la inversión y el movimiento de valores ocasionó una aguda paralización de las operaciones bursátiles. El régimen de Huerta requirió fondos para cubrir los compromisos anteriores y sufragar sus propios gastos militares y administrativos; para lo cual contrató un empréstito por 16 millones de libras esterlinas en París y los Países Bajos. La negociación resultó un fracaso, si se tiene en cuenta que el gobierno pudo disponer de apenas 6 millones de libras esterlinas (unos 58.5 millones de pesos) después de descontado el importe de negociación, los intereses adelantados, las obligaciones de corto plazo y el empréstito de Speyer (40 millones de pesos) a De la Barra y Madero. El gobierno recurrió, a una reserva de 30 millones de pesos del fondo regulador de la Circulación Monetaria, 12 millones de la reserva del Tesoro y una mayor recaudación fiscal, al 30 de junio de 1913, por 131 millones de pesos. Por otra parte, se incrementaron los impuestos prediales, de alcoholes y tabacos, pulque, exportación de caucho, algodón, café y petróleo; además de la propiedad minera y las rentas del timbre. En enero de 1914 se suspendió el servicio de la deuda externa y, para evitar la fuga de oro y plata, el gobierno estableció un impuesto a la exportación de estos dos metales por 10 % ad valorem; no obstante lo cual, el oro desapareció de la circulación y los bancos suspendieron pagos. El origen de esta crisis monetaria se atribuye a un rumor sobre la aplicación de un impuesto de guerra de 15 % sobre los depósitos bancarios, lo cual amenazó con un retiro en masa. Ante este panorama, el 5 de noviembre de 1913, el gobierno impuso la circulación forzosa de billetes emitidos por bancos privados (Nacional de México, Londres y México y otros de provincia). Los días entre 22 de diciembre de 1913 y 15 de enero de 1914 fueron declarados feriado bancario para evitar retiros y, entretanto, el 7 de enero de 1914 se autorizó a los bancos para emitir billetes por hasta tres veces sus reservas metálicas, excediendo los dos tantos permitidos por la ley. Junto con estas medidas, Huerta obligó a los bancos a un préstamo forzoso por 80 millones de pesos; todo lo cual provocó inflación y devaluación monetaria. La moratoria bancaria de enero de 1914 y las repercusiones de la crisis paralizaron el mercado bursátil durante casi todo el año; registrándose algunas transacciones mineras a la baja en abril y junio. En el plano internacional, el comienzo de la gran guerra provocaba alarma financiera. En agosto cerró la Bolsa de París y en septiembre lo hicieron las Bolsas de Nueva York y de Nueva Orleáns. La situación del país afectó notablemente las operaciones de la Bolsa y sus ingresos durante 1914; obligándola a reducir gastos y, entre ellos, suprimir la edición del Boletín que estaba operando con pérdidas. El 20 de agosto de 1914 entraron a la Ciudad de México las fuerzas contitucionalistas, terminando con el huertismo; no obstante, este hecho no significó la pacificación, ya que se iniciaron las luchas entre las distintas posiciones revolucionarias; por una parte, el Ejercito Constitucionelista, encabezado por don Venustiano Carranza; en abierto antagonismo, las fuerzas aglutinadas torno a la División del Norte, de Francisco Villa y el Ejército Liberados del Sur, acaudillado por Emiliano Zapata; además de numerosos grupos intermedios dirigidos por jefes militares que se aliaban a uno u a otro bando. La Convención de Aguascalientes, del 10 de octubre de 1914, logró el acuerdo para destituir a Carranza y nombrar a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional, ante lo cual el jefe constitucionalista desconoció a la Convención y trasladó los poderes gubernamentales a Veracruz; punto estratégico por la comunicación ferroviaria y el aprovisionamiento de pertrechos bélicos. Durante 1914 los ferrocarriles, telégrafos y correos nacionales funcionaron en forma parcial. Por su parte, los bancos siguieron experimentando dificultades a causa de las perturbaciones públicas, la proliferación de emisiones, la inestabilidad del tipo de cambio, la suspensión de la deuda pública y la prolongada paralización industrial y comercial. Por ejemplo el Banco Nacional de México tuvo pérdidas de activos por 4.4 millones de pesos y un déficit neto de 1.3 millones de pesos. Adicional al deterioro monetario provocado por las medidas de Huerta, se vino a sumar el anárquico sistema de emisiones de papel moneda. Los jefes militares que lucharon contra Huerta debieron recurrir a prestamos forzosos e incautación de bienes a fin de adquirir armas, municiones y equipo militar; en forma adicional, la Primera Jefatura les autorizo la emisión de papel transitorio para cubrir sus necesidades de campaña, en tanto pudieran recibir las remesas de dinero asignadas. Carranza firmó emisiones por alrededor de 30 millones de pesos, las que fueron, en gran parte, canjeadas posteriormente; aunque no hay datos de las emisiones que excedieron lo autorizado, como en el caso del general Villa, quien imprimió varios cientos de millones de pesos, los que se confundieron con el papel falso y el de enemigos. El Ejercito Constitucionalista logró imponer cierta organización hacendaria en los territorios ocupados, especialmente respecto a las rentas de aduanas. Más tarde, al tomar posesión de las zonas petrolíferas de Tamaulipas y Veracruz, pudo recaudar impuesto en metálico por las ventas internacionales de crudos; además de ampliar la recaudación con algunas materias primas, tales como el henequén, al que por primera vez se le aplicó un impuesto de exportación. Carranza, en calidad de presidente provisional, en campaña contra Huerta, decreto una primera emisión el 26 de abril de 1913, por cinco millones de pesos (emisión de Monclova) y otros 25 millones entre diciembre de 1913 y febrero de 1914 (emisión del Ejercito Constitucionalista). Instalado el Gobierno Constitucionalista en la Ciudad de México, en agosto de 1914, se decidió convertir las emisiones anteriores y ampliar su monto, para lo cual se creó una deuda interior por 130 millones de pesos para cubrir la emisión llamada del Gobierno Provisional. Con el traslado de Carranza a Veracruz, el Gobierno de la Convención utilizó la imprenta constitucionalista para emitir billetes idénticos a los de su contendiente, aplicándoles un sello de revalidación. El caos monetario provocado por la circulación de diferentes tipos de billetes llegó a ocasionar, durante la ocupación de la Ciudad de México por el general Obregón, entre enero y marzo de 1915, el cierre de los bancos y el comercio; agravada esta situación por un total descontrol de precios, la especulación en el canje de billetes y el mercado negro de productos esenciales y metales preciosos. En estas circunstancias, el dólar llegó a cotizar a 34 pesos. EL ORDEN CONSTITUCIONALISTA. Una vez controlada la principal amenaza de los opositores, conjurados en la Convención de Aguascalientes, el gobierno constitucionalista buscó ordenar el sistema monetario, para cuyos efectos designo una Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, con atribuciones para estructurar algunos bancos y declarar la caducidad de otros. Una medida de saneamiento fue derogar la concesión de los bancos emisores y exigirles la cobertura en  metálico de los billetes e circulación. A raíz del decreto de Huera , que autorizaba  a emitir hasta por el triple de la disponibilidad en oro, los bancos no pudieron cumplir este nuevo requisito, y fueron incautados, con confiscación de sus reservas metálicas, el 30 de septiembre de 1916. La disponibilidad de circulante había quedado garantizada, temporalmente, con la emisión gubernamental de papel “infalsificable”, en sustitución de los billetes anteriores. El monto fue de 500 millones de pesos y se creó una Comisión Monetaria para asegurar su garantía en metálico, lo cual no llegó a ser más de 20 centavos oro por cada peso de papel. Para retirar el papel antiguo se admitió en el pago de impuestos, fletes, correos y otras contribuciones que no fueran de naturaleza específicamente metálica. Por su parte, el gobierno se proponía cubrir sus presupuestos federales y locales con papel infalsificable a partir de del 1º de mayo de 1916. A través de canje, pago de contribuciones y depósitos en la Comisión Monetaria se retiró la mayor parte del papel antiguo. El decreto de Carranza del 31 de mayo de 1916 prohibió el cambio de monedas a un precio distinto al fijado por la Comisión Monetaria. Esa disposición afectó también a las operaciones con acciones y títulos al portador; lo cual tuvo como consecuencia que, en tanto se resolviera la anarquía y la especulación desmedida, se clausuraron las bolsas de valores existentes en el país. El gobierno realizó toda clase de esfuerzos por sostener el papel infalsificable: pero, paulatinamente y en razón de su exiguo respaldo, fue perdiendo valor hasta carecer de toda capacidad monetaria. La Primera Jefatura se vio en la obligación de restablecer la circulación metálica e diciembre de 1916 y hacer uso de las reservas en custodia de los bancos incautados, por un total de 20 millones de pesos oro. Los problemas económicos resultaron difíciles de resolver por la falta de créditos externos y de capitales nacionales; además de escasez de moneda metálica. Por otra parte, el aumento del precio internacional de la plata complicó sus posibilidades de uso monetario, ya que las piezas acuñadas tendían a desaparecer por exportación o atesoramiento. Ante este problema, el gobierno decidió acuñar las monedas de plata y rebajar su ley, especialmente en los tostones o piezas de cincuenta centavos. Por otra parte, la reimplantación de pesos de oro y plata provocó una espiral alcista sobre los precios internos. Estas medidas afectaron seriamente el intercambio bursátil. Hasta antes del decreto de mayo de 1916 se cotizaban en Bolsa los billetes infalsificables y se había reactivado la operación de valores mineros. Las operaciones realizadas durante 1915 marcaron un sorprendente repunte, aunque el monto no es comparable por estar expresado en pesos de papel. La clausura de las bolsas, originada por el decreto de mayo 16, pese a todo, tuvo algunos efectos saludables en cuanto a poner en claro las reglas con las que se podía orientar el desarrollo del mercado de valores. Por una parte, la propia Bolsa se abocó a la actualización de su reglamento de subasta y a generar condiciones propicias para negociar acciones petroleras, las que se habían comenzado a operar en la bolsa rival. Por otra parte, por primera vez la actividad bursátil adquiría carácter público, al ponerla el Gobierno bajo la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la reglamentación que esta autoridad dictara. Las nuevas ordenanzas de la actividad bursátil estaban contenidas en el decreto del 18 de julio de 1916, por lo cual se levantó la clausura, considerando que ya había pasado la crisis que la motivó. En esta resolución se autorizaba la apertura de una sola bolsa por plaza, lo cual ponía en tela de juicio el centro de corredores recién inaugurado. Al respecto, tanto las autoridades como algunos corredores y empresarios realizaron gestiones ante la Bolsa para negociar la fusión de ambas instituciones, lo cual fue reiteradamente rechazado por no convenir a los intereses de los socios; pese a que la nueva bolsa tenía inscritos valores petroleros. El único acuerdo que prosperó fue el de admitir como suscriptores a los socios de la otra institución, en tanto efectuaba su liquidación; lo que ocurrió dos años más tarde. La guerra mundial restringió el comercio con Europa, encareció las importaciones y dificultó la compra de maquinaria e insumos industriales necesarios para la economía del país. La falta de cianuro, por ejemplo, provocó el cierre de algunas minas y mermó la producción en otras. Los esfuerzos por reordenar estructuralmente el país encontraron un punto de apoyo fundamental en la promulgación, el 05 de febrero de 1917, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Retomando algunos principios juristas expresados en la Constitución de 1857, la nueva carta fundamental incorporó preceptos básicos para el desarrollo institucional y económico del país, como el Artículo 27, que consagra que el subsuelo y sus riquezas pertenecen al dominio inalienable de la Nación, la cual puede otorgar concesiones para su explotación. Pese a que subsistían los graves problemas económicos generados en los años precedentes y que habría de recorrerse un largo camino para que fueran formuladas las leyes reglamentarias pertinentes y se lograra su cabal acatamiento, la nueva Constitución señaló un claro principio de orden institucional y contribuyó a encauzar las iniciativas gubernamentales y privadas. La situación real, en cambio, distaba de ser satisfactoria, como consecuencia de la promulgada guerra civil y sus graves efectos sobre la economía nacional: los campos, las ciudades y las vías de comunicación mostraban profundamente huellas de destrucción y abandono. El comercio y las comunicaciones languidecían; la inestabilidad monetaria, la falta de capitales y de un sistema bancario adecuado se sumaban al decaimiento del comercio exterior. La población estaba agobiada por la escasez de alimentos, el desempleo, las epidemias y el bandidaje. La administración pública sufría grandes rezagos y prevalecía la incertidumbre acerca de la propiedad de la tierra; además, persistían numerosas reclamaciones de extranjeros, las que trascendían al nivel de las relaciones intergubernamentales con el país del norte. RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. Para activar la disponibilidad de circulante y facilitar las transacciones comerciales, el gobierno tomó varias medidas, a partir de junio de 1917, culminando en la reforma monetaria del 13 de noviembre de 1918. El exitoso resultado que provocó la reforma monetaria en los negocios y en la economía del país tuvo mucho que ver con el efecto psicológico de tener una moneda firme, a diferencia de los depreciados billetes cuyo valor era improbable. Fue decisivo, además, que el gobierno contara con reservas metálicas para proceder a su acuñación y dispusiera de los fondos de los bancos incautados, que en noviembre de 1918 ascendían a 53 millones de pesos. La moneda nacional, además de subir de valor, se estabilizó y generó confianza internacional. Tal es así, que los bancos europeos mostraron muy buena disposición para renegociar las deudas pendientes. El peso, que había alcanzado una cotización de 23.8, llegó en 1918 a 1.807 pesos por dólar. El comercio internacional presentó síntomas de recuperación y se incrementó la explotación y precios de la minería y el petróleo. En noviembre de 1918, se devolvió la titularidad a los accionistas de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México, traspasándoles también una deuda que se elevaba a 71.3 millones de dólares. Otras iniciativas permitidas por la relativa pacificación del país fue la elaboración de una Carta General de Caminos y el estudio de una ley reglamentaria sobre la industria petrolera. Esta última contribuyó a resolver las difíciles negociaciones con las empresas, la mayoría extranjeras, así como a atenuar las presiones de los gobiernos que las apoyaban. Para finalizar este año de 1918, fecundo en cuanto al ordenamiento jurídico de la economía de México, el 31 de diciembre fue publicada la Ley sobre Instituciones de crédito, que comprendía el funcionamiento de bancos hipotecarios, refaccionarios, agrícolas, petroleros y de depósitos a corto plazo; asimismo, definía las condiciones para el establecimiento de bancos extranjeros y las relaciones que habría de tener la banca con el estado. El gobierno de Venustiano Carranza se proponía crear el banco único de emisión, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución de 1917. De acuerdo con los estudios correspondientes y las recomendaciones formuladas por la Comisión Reguladora e Inspectora de las Instituciones de Crédito, el 7 de julio de 1913 se designó a un equipo de expertos para estudiar la liquidación de los bancos incautados y crear el banco único. Por su parte, el Congreso de la Unión autorizó un crédito del exterior por 250 millones de pesos y el Secretario de Hacienda elaboró dos proyectos para crear el banco único de emisión. Posiblemente los planes reformadores de Carranza y su equipo económico fueron demasiado ambiciosos, ya que tomó algún tiempo consolidar las bases de la reforma monetaria y la reactivación del crédito. El hecho es que, en lo inmediato, no se pudieron liquidar los bancos incautados; tampoco se consiguió el préstamo autorizado, ni se fundó el banco central. Sin embargo, la política general estaba formulada y la Constitución sentó las bases para crear un sistema crediticio eficaz; además de que en su Artículo 28 se asentó la voluntad de crear el banco central. Sólo faltaba tiempo y maduración de las condiciones institucionales del país. En enero de 1920 se decretó un nuevo impuesto de 10% sobre las exportaciones petroleras y en marzo se establecieron las bases para el otorgamiento de concesiones petroleras, dando preferencia a capitales nacionales y limitando su vigencia a diez años. Así mismo, fue estimulante el anuncio de la bolsa de París en cuanto a reabrir su mercado para dos valores mexicanos; El Banco de Londres y México y el Banco Nacional de México. En el plano internacional destacaban las opiniones de Henry Ford, quien proclamaba la declinación de los precios industriales a causa de la producción en gran escala y el fin de la inflación mundial. En 1920, la exportación petrolera de México llegó a 12 mil millones de barriles y la siembra de algodón era la las alta registrada en muchos años. Por otra parte, la Fundidora Monterrey, que por muchos años estuvo en poder de un capitalista americano, pasó a control de inversionistas nacionales y sus acciones tuvieron alta demanda. En el sector de los negocios mineros hubo tendencia a la baja, debido a que la plata tuvo una brusca caída, de 89.5 centavos de dólar por onza en febrero, a 45.6 centavos en el mes de abril. En general, a comienzos de 1920 se advertía un avance en la maduración institucional de la economía de México; sin embargo, nuevos acontecimientos luctuosos vendrían a perturbar el orden institucional alcanzado. Es cierto que, durante todo el periodo transcurrido desde la derrota del Huertismo, se había mantenido la lucha armada en diferentes lugares de la República; no obstante, el gobierno controlaba el centro y gran parte del territorio; en tanto, las zonas de conflicto constituían focos aislados. Con motivo de la designación de candidatos para la sucesión presidencial de 1920, se agudizaron las tensiones entre el gobierno y los grupos opositores; los cuales, tras múltiples alianzas entre antiguos rivales, lograron unificarse en el Plan de Agua Prieta. Fuerzas conjuradas se posesionaron de la Ciudad de México el 9 de mayo de 1920. Dos días antes, el gobierno de Carranza abandonó el Distrito Federal acompañado por una débil escolta. En la noche del 20 de mayo, en Tlaxcalaltongo, el Presidente Carranza fue asesinado. El 24 de mayo, día del entierro de Carranza, el Congreso de la Unión fijó la fecha para elecciones generales y designó presidente interino al gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, impulsor del Plan de Agua Prieta. En las elecciones resultó vencedor el general Alvaro Obregón, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 1920. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue emitir un decreto de desincautación de los bancos, el 31 de enero de 1921. Los bancos fueron devueltos a sus antiguos dueños, aunque sin atribuciones para emitir billetes. El Banco Nacional de México y el Banco de Londres y México colaboraron activamente con la comisión nombrada por la Secretaría de Hacienda, para estudiar una nueva ley de Instituciones de Crédito y así resolver, después de largos años, la relación legal entre el gobierno, los bancos sus deudores y acreedores; restableciéndose la personalidad jurídica a instituciones bancarias, sobre bases más sólidas. A causa de la baja en los precios internacionales se exentó de impuestos la exportación de plata, a la vez que se aumentaron los derechos de importación de las telas de algodón. En diciembre se publicó un reglamento para la emisión de bonos, a fin de cubrir el adeudo federal a los bancos que facilitaron recursos al Gobierno Constitucionalista y, en la medida en que la situación económica tendía a normalizarse, se procuraba juntar el capital para crear el banco único de emisión. En 1921, la producción nacional de petróleo llegó a 193 millones de barriles al año; convirtiendo a México en el segundo productor mundial, con un mercado de amplia demanda y precios adecuados. No obstante, subsistían los problemas en cuanto a la contribución a la economía nacional, ya que aún tardarían en aplicarse los preceptos constitucionales respecto a la riqueza del subsuelo. Por otra parte, la sobre - explotación, sin beneficios para el país, ocasionó que algunos yacimientos comenzaran a agotarse. El comercio interno mexicano mostraba preocupación por el descenso de las ventas. El sector agrario nacional empezaba a sufrir el reflujo de braceros que regresaban al país a causa del gran desempleo en los Estados Unidos. Los ferrocarriles mexicanos se vieron afectados por falta de material rodante y el gran desembolso que implicaba reparar vías y renovar equipos. En cuanto a déficit operativo, el gobierno logró un acuerdo con los más de 35 mil trabajadores, en orden a rebajar sueldos. A nivel mundial se agudizaba la falta de demanda por productos básicos y manufactureros, síntoma del inicio de lo que llegó a conocerse como “la gran depresión de los 20”. Pese a la dificil situación económica del país, el gobierno del general Obregón destinó recursos a obras públicas, tales como la conservación de calzadas y caminos del Distrito Federal, reparación de la red ferroviaria, restauración de edificios públicos y la construcción del Teatro Nacional (hoy Bellas Artes) además, atendió a la habilitación de puertos y faros, vigilancia de costas, mejoramiento del sistema hidrográfico del valle de México y embellecimiento del Bosque de Chapultepec. La rebelión de Adolfo de la Huerta, el 30 de noviembre de 1923, en vísperas de la sucesión presidencial, vino una vez más a alterar la marcha hacia la pacificación del país y ocasionó pérdidas calculadas en más de cien millones de pesos; además de paralizar los negocios y aislar la capital a zonas tan importantes como Guadalajara y Veracruz. La tranquilidad se restableció en marzo de 1924 y en noviembre fue elegido presidente el general Plutarco Elías Calles. Los negocios se reactivaron una vez que se reabrió el tráfico ferroviario y los depósitos bancarios subieron de 34 millones de pesos, en febrero a 47 millones en el mes de junio. EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y LA GRAN DEPRESION. El 24 de diciembre de 1924, se logró decretar la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, la cual estableció la Comisión Monetaria, definió las características de un banco central y clasificó seis categorías de bancos especializados. A continuación, por decreto del 29 de diciembre, se fundó la Comisión Nacional Bancaria, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía para vigilar a las instituciones de crédito, organizaciones auxiliares e instituciones de seguros y fianzas. Este organismo actuaría como órgano de consulta de la SHCP y tendría intervención en la formulación de los reglamentos de las leyes respectivas. Entre tanto, la economía nacional mostraba signos contradictorios. Mientras la minería alcanzaba un nuevo impulso y daba empleo a cientos de miles de trabajadores, la agricultura mostraba resultados deprimentes y se debió recurrir a una fuerte importación de alimentos básicos. El petróleo bajó de 11 a 8 millones de barriles mensuales y la industria de la construcción estaba paralizada. En cambio, se advertía reactivación en la industria cervecera, la cordelería de henequén, la producción de cemento y la industria azucarera de Morelos, que había sido una de las más dañadas durante la Revolución. El 25 de agosto de 1925, el Presidente Plutarco Elías Calles expidió la Ley Reglamentaria del Banco de México y lo inauguró el 1 de noviembre de ese año, momentos antes de rendir su informe al Congreso de la Unión. El desembolso gubernamental fue de 55 millones de pesos y los bancos deberían suscribir parte del capital en las proporciones señaladas por la SHCP. En Europa se afirmaba que México había alcanzado la paz interna, saneado sus finanzas y ordenado su sistema bancario, destacando la creación del Banco de México; no obstante, subsistían agudos problemas. Pese a las disposiciones prohibitivas, se constató la fuga de cerca de 100 millones de pesos en oro nacional; asimismo, los efectos económicos de la lucha armada de 1924 afectaban el valor del peso. El comercio con los Estados Unidos declinó y la plata en Nueva York bajó a 60.5 centavos la onza, con tendencia bajista. La economía de México fue afectada en 1929 por diversos factores internos y externos. La industria petrolera disminuyó de 50,000 a 14,000 trabajadores en ocho años. La plata era desplazada por el patón oro en muchos países, especialmente en India y China que eran grandes compradores de la minería mexicana. El desplome del precio obligó a cerrar muchos establecimientos argentíferos que resultaban incosteables. La rebelión escobarista, última gran insurrección militar, junto con la persistencia de la guerra de los cristeros, interrumpió el servicio de ferrocarriles en siete estados; lo cual, junto a trastornos meteorológicos, provocó resultados desastrosos en el sector agropecuario. El 21 de octubre de 1929 se produjo “el lunes negro” de Wall Street, que provocó la ruina de especuladores y grandes inversionistas. El día 24 se precipitó el pánico en Nueva York y el 30 de octubre se confirmó la estrepitosa baja. En 1930 se mantuvo la tendencia bajista en todas las bolsas del mundo y en México las operaciones fueron casi nulas. En junio y julio hubo nuevas bajas alarmantes en Nueva York y desplomes en noviembre y diciembre, ocurriendo la quiebra del Bank of the United States. El mercado mexicano se mostró impotente y aunque hubo una leve mejoría del precio de la plata, el monto anual operado en 1930 fue de apenas 293,082 USD. México sufrió una agravación de la crisis en 1931 debido a la escasa demanda internacional por productos mexicanos. La economía del país se fundaba en la agricultura y la minería, cuyos precios internaconales estaban deprimidos. La incipiente industria manufacturera nacional era incapaz de abastecer la demanda del mercado interno y exportar productos acabados. El crédito permanecía sumamente restringido y el comercio languidecía; en tanto, la producción nacional se mantenía a su nivel más bajo y aún así acumulaba excedentes. La desmonetización internacional de la plata provocó una baja a 28 centavos de dólar por onza, lo cual ocasionó la ruina de la minería nacional, que no podía seguir operando a esos precios. El 24 de julio de 1931, el ex - presidente P. E. Calles, nombrado presidente del Banco de México, puso en vigor la nueva Ley Monetaria, mediante la cual se desmonetizó el oro para circulación interna, conservándose como patrón a 0.75 gramos por peso y como medio de reserva. Esta medida frenó la especulación y favoreció al comercio detallista, a la vez que permitió que los textiles fueran exportados hacia América Latina. La reforma monetaria significó una devaluación de 2.55 a 3.5 pesos por dólar e hizo posible imponer el curso forzoso de los billetes del Banco de México. En cuanto a la legislación bursátil, si bien la reglamentación no era excesiva y no formulaba penas para las transgresiones, otorgó carácter público a la operación de bolsa y las incorporó al sistema financiero. Entre los principales preceptos, se establecía que se autorizaría una sola bolsa en cada ciudad y que los socios podrían ser solamente corredores de cambios titulados, con la exigencia de depositar fianza. En cuanto a las empresas emisoras inscritas en bolsa, tendrían la obligación de informar semestralmente acerca de sus estados financieros. El consejo de la Bolsa, la única existente en ese momento, nombró una comisión para promover el otorgamiento de la concesión prevista por la ley. En noviembre de 1932 se solicitó, conservando la estructura social de la sociedad cooperativa, a lo que las autoridades respondieron que se debía formar una sociedad anónima. Cumplidos los requisitos y formalizada una nueva sociedad, a la que la cooperativa vendió sus activos, se obtuvo la concesión el 29 de agosto de 1933. La escritura constitutiva de la Bolsa de Valores de México, S. A. se inscribió el 5 de septiembre con un capital de 120,000 USD, dividido en 60 acciones. La economía nacional, superados en gran parte los efectos de la Gran Depresión y animada por el reordenamiento monetario y crediticio, comenzaba a mostrar síntomas alentadores. El precio internacional de la plata llegó a su punto más bajo en el primer trimestre de 1933, cotizándose a 24.25 centavos de dólar por onza; pero a partir de entonces comenzó la recuperación del precio y la demanda externa. El año se inició si déficit presupuestal y se advertía mayor actividad en la minería, el turismo, el petróleo y la industria. La plata desmotizada había encontrado nuevos usos industriales y artísticos: electricidad, electrónica, fotografía, orfebrería, aparatos de precisión y equipos industriales. Con la rehabilitación de la moneda aumentaron los depósitos bancarios y las reservas del Banco de México. CRECIENTE IMPULSO AL MERCADO DE VALORES. En el gobierno del Presidente Calles se aceleró el ritmo de inversión en obras de infraestructura, especialmente en comunicaciones y regadío. Los capitales mexicanos, todavía incipientes y cautelosos, se orientaron hacia la industria manufacturera y el comercio; en tanto la inversión extranjera, atraída por a estabilización política y social del país, se concentró en la minería, petróleo y comercio de exportación. El Producto Interno, cuyo crecimiento anual se quintuplicó entre 1925 y 1929 respecto al quinquenio anterior, se abatió con motivo de la Gran Depresión de 1929 y disminuyó 0.5% entre 1930 y 1934; afectado principalmente por el bajo rendimiento del sector moderno de la economía. En 1934, con el triunfo electoral del general Lázaro Cárdenas, se proclamó el Primer Plan Sexenal, que puso énfasis en la inversión gubernamental y afianzó las bases de un crecimiento económico ordenado y amplio. Como factor de promoción del mercado de valores y encauzamiento del ahorro nacional hacia los proyectos industriales prioritarios, por decreto de diciembre de 1933 se creó Nacional Financiera, institución bancaria de desarrollo destinada a canalizar créditos a largo plazo y certificados de participación; además de actuar como guardián del propio mercado, a fin de contribuir a su ordenado desenvolvimiento y ampliación. El crédito tuvo una decisiva influencia en el mercado de valores. Los bonos de caminos, emitidos en 1934, con exacto cumplimento de su servicio, reconquistaron la confianza de los ahorradores. Así también, los certificados de participación y los bonos hipotecarios incrementaron notablemente el volumen de operaciones de la Bolsa, que a fines de 1934 registró un total de 3’649,657 USD. De igual manera, las acciones mineras lograron un repunte gracias a la brusca alza de precios que ocasionó la nacionalización de la plata en los Estados Unidos. Por otra parte, se comenzaban a ofrecer acciones de una empresa petrolera semioficial. Asimismo, la reforma a la Ley de Seguros permitió mexicanizar esta actividad, al provocar la salida de las aseguradoras extranjeras. Un gran avance fue la obligación de invertir en el país los recursos captados, lo cual favoreció la operatividad del mercado de valores. La mayor estabilidad económica mejoró la capacidad de negociación de México en el exterior, ante lo cual el Congreso autorizó la contratación de un préstamo en el extranjero por 5.5 millones de dólares. El dinamismo del crédito y la inversión se vieron fortalecidos en 1937 por Nacional Financiera, que emitió títulos en moneda nacional a 10 años, con el fin de estimular el largo plazo industrial. También comenzaron a operar cédulas hipotecarias y se pusieron en marcha diversos industriales privados. Además, el 18 de junio se constituyó el Banco Nacional de Comercio Exterior, para promover, apoyar y financiar la exportación de productos mexicanos. Considerando su importancia para el desarrollo de la producción y el comercio, el 24 de junio se nacionalizó el sector ferroviario, el cual se encontraba en pésima situación operativa y financiera. La reforma a los estatutos de la Bolsa fue aprobada el 6 de abril de 1938 y en octubre se inscribió el nuevo reglamento interno en el registro de comercio. Ante el anuncio de la expropiación petrolera, proclamada el 18 de marzo de 1938, los depositantes se agolparon en los bancos para retirar sus fondos. La demanda de dólares era cuantiosa y los tenedores de billetes reclamaban monedas de plata. Por su parte, las compañías afectadas retiraron sus depósitos bancarios y se suspendió la exportación del petróleo. El público temía complicaciones internacionales y se abstenía de invertir; con mayor razón después que los Estados Unidos anunciaron la suspensión de importaciones mexicanas y de la compra de plata a precios preferenciales. El cambio varió de 3.60 a 4.85 pesos por dólar. El comercio exterior manifestó una tendencia decreciente hasta fines de 1939; lo cual, aunado a la salida de capitales, dividendos a la inversión extranjera y servicios de la deuda externa, provocó un agudo déficit en la balanza de pagos. La disposición negociadora de los Estados Unidos y la mayor fortaleza del sistema financiero redujeron los efectos de esta crisis. Sin embargo, el factor decisivo fue el acontecimiento internacional que, pese a su gravedad y dramatismo, favoreció a la economía de México. El 1 de septiembre de 1939 se declaró la Segunda Guerra Mundial, ocasionando una gran demanda de materias primas mexicanas en los mercados internacionales. La agricultura y la minería encontraron mercados ávidos y precios atractivos. Incluso la industria exportó bienes manufacturados a los Estados Unidos y se produjo un fuerte flujo de capitales a nuestro país, al no encontrar colocación en la convulsionada Europa. La Segunda Guerra Mundial permitió acelerar el crecimiento económico de México y brindó una mejor posición negociadora en los conflictos pendientes a raíz de la expropiación petrolera. La propiedad privada ganó en capitalización y se orientó al comercio exterior; acelerando el proceso de modernización de la planta productiva. DESARROLLO INDUSTRIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO. México, en 1940, era un país con 20 millones de habitantes, de los cuales 5% se concentraba en el Distrito Federal. La minería, principal rubro de la recaudación fiscal desde el periodo colonial, comenzaba a ser incosteable. La agricultura, favorecida por obras de regadío y regularización en la tenencia de la tierra, sufría altibajos debido a factores climáticos y también a la falta de crédito y tecnología adecuada. El desarrollo industrial, interrumpido por la revolución, tuvo un avance débil mientras hubo inestabilidad política y económica. Para recuperar la confianza de inversionistas y empresarios, fue necesario institucionalizar la vida política, limitar la autonomía de los caudillos locales y asentar las bases de un sistema financiero confiable. A partir de 1940, una vez que se normalizó la vida social del país, los objetivos de crecimiento económico ocuparon el primer lugar en los esfuerzos oficiales y privados. En 1942 se firmó un pacto comercial entre México y Estados Unidos, con mutuas concesiones. La plata subió de precio al considerársele material estratégico. El fuerte éxodo de braceros a los Estados Unidos provocaba falta de brazos en las labores agrícolas nacionales. Por otra parte, Ferrocarriles Nacionales presentaba mejoría en su equipo, métodos administrativos y capacidad de transporte. La Secretaría de Hacienda exhortó a crear nuevas industrias con el estímulo de exenciones fiscales; existiendo gran interés por invertir en instituciones de crédito, seguros y afianzadoras. En junio de 1944, México participó en la Conferencia Monetaria Internacional de Bretton Woods. En septiembre este organismo adopto el patrón oro y declaró a la plata como metal de apoyo. En México, se temía por la baja de precios de postguerra, la cual no fue severa; en cambio, la libre navegación y la experiencia adquirida en cuanto a comercio exterior siguieron favoreciendo las exportaciones mexicanas. La industria química comenzaba a operar en gran escala y se instalaron plantas para construcciones de motores diesel. A mediados de 1944, comenzaron a funcionar las primeras locomotoras diesel en el sistema ferroviario. Ese año, a causa del mayor consumo interno y de la exportación, hubo escasez de gasolina. Entre tanto, el censo industrial daba cuenta de 51,000 establecimientos, con medio millón de trabajadores y, por otra parte, se incrementaban considerablemente las compras de maquinaria industrial en el extranjero. Terminada la guerra, las empresas norteamericanas comenzaron a considerar la conveniencia de instalar maquiladoras en localidades mexicanas fronterizas, a causa de los altos costos salariales en su país. A su vez, el turismo continuaba presentándose como una importante fuente de divisas; sin embargo, las instalaciones y comodidades para los visitantes eran insuficientes y era imperiosos efectuar una fuerte inversión en este rubro. Un acontecimiento decisivo en el fortalecimiento del sector bursátil se produjo el 11 de febrero de 1946, con la creación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que inició sus labores el 16 de mayo y concentró algunas de las funciones regulatorias que venían desempeñando la Comisión Nacional Bancaria y Nacional Financiera. Establecida por iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como organismo autónomo para proteger los intereses de los inversionistas, CNV cubrió la necesidad de apoyo regulatorio específico a la promoción, ampliación y rebustecimiento de la actividad bursátil nacional. En 1948 la CNV comenzó a requerir documentación de las emisoras e inició las consultas para formular una nueva Ley sobre el Mercado de Valores, para lo cual solicitó la participación de la Bolsa. Entre 1948 y 1956 el mercado de valores experimentó un notable auge, principalmente por la importancia creciente de los instrumentos de renta fija, que llegaron a constituir el 87.9% del total operado en 1953; disminuyendo posteriormente esa proporción a causa de problemas inflacionarios. La devaluación del 12 de junio de 1949, a 8.65 pesos por dólar, causó desconcierto y restó atractivo al mercado de rendimiento fijo, pero las perspectivas económicas del país eran alentadoras y la Bolsa contaba ya con 388 emisoras inscritas a fines de 1949. La influencia de turistas y la bonanza exportadora del sector minero incrementaban el ingreso de las divisas; aunque resultaban insuficientes para satisfacer la importación de maquinaria y equipo para la industria, agricultura, electrificación y ferrocarriles. Por otra parte, se iniciaba el estudio de perforaciones petroleras submarinas con recursos internos. La reforma de la Ley de  Crédito, en 1949 permitió a la banca de depósito aplicar hasta un 20% de su captación en operaciones a plazo y créditos a la agricultura e industria, así como actuar más ampliamente en el mercado de valores. A las sociedades financieras se les autorizó para emitir bonos con garantía específica, en sustitución de los bonos generales y comerciales. En noviembre de ese año se lanzaron al mercado los Bonos del Ahorro Nacional y los agentes de bolsa fueron facultados para su colocación. El desarrollo industrial y comercial alcanzado en los últimos 20 años por Nuevo León, así como la acumulación de capitales y el constante surgimiento de empresas, llevó a que se  fundara la Bolsa de Monterrey, en enero de 1950, con el apoyo de la Bolsa de Valores de México; cuyos agentes pudieron inscribirse en la nueva institución sin requisitos previos. Se fijaron cuotas y aranceles de corretaje para los agentes de ambas bolsas. El año de 1950 fue favorable para el comercio exterior. Aumentaron las reservas de oro, plata y divisas y se produjo un saludable retorno de capitales. La inversión gubernamental incrementó su control de empresas; de las cuales, las once más grandes pertenecían al Estado. El turismo pasó de ingresos por 50 millones de dólares en 1940 a 233 millones diez años más tarde, equivalentes a 50% de las mercancías exportadas en 1950. El presupuesto nacional resultó con superávit y mejoró la balanza comercial. En noviembre se anunció que Ferrocarriles Nacionales funcionaba sin pérdidas y Petróleos Mexicanos experimentaba un amplio desarrollo. Por su parte, la agricultura aumentó su nivel de mecanización y especialización de cultivos, al tiempo que se incrementaba el consumo de energía eléctrica industrial, pública y doméstica. En cuanto a servicio telefónico, las dos compañías existentes se fusionaron, formando Teléfonos de México, S.A.. La  expansión económica de los Estados Unidos en 1951 y el rearme mundial, originados en gran medida por la guerra de Corea, estimuló la actividad industrial en México y generó nuevos empleos. Europa presentó una saludable recuperación económica y se alcanzaron mayores niveles de producción en Asia y Latinoamérica. En la Convención Bancaria de ese año se dijo que México vivía un periodo de auge, pero sufría los efectos de una aguda inflación. Ante el mayor ingreso de dólares, el gobierno tomó medidas anti - inflacionarias y redujo las tasas de interés de los valores gubernamentales y de Nafinsa. En cuanto al mercado interno, había exceso de producción manufacturera y escasez de artículos de consumo popular. Al término de la guerra de Corea el comercio internacional se vio afectado por escasez de dólares y recesión de la economía norteamericana; lo que a su vez provocó la baja de los precios internacionales de materias primas. México vio afectada su balanza de pagos en 1952, por la disminución de exportaciones y las altas tasas en los mercados de crédito. Se produjo saturación en algunas ramas industriales, cuyos excedentes no encontraban cabida en el mercado interno. Sólo el turismo y la producción petrolera, que se habían duplicado en diez años, mantenían su aporte a las reservas internacionales. Las operaciones con acciones industriales, bancarias, mineras y de seguros se intensificaron a raíz de la devaluación de abril de 1954, en que el dólar pasó de 8.65 a 12.5 pesos; disminuyendo la inversión en valores de renta fija. En ese periodo comenzó a cobrar auge el núcleo de empresas destinadas a surtir el mercado interno de satisfactores complejos: automóviles, electrodomésticos, aparatos electrónicos. La devaluación pretendió favorecer a este sector y frenar las importaciones; pero las exportaciones no aumentaron por insuficiente calidad de la producción manufacturera nacional. La inflación llegó a 19.2% en 1955, lo cual estimuló la canalización del ahorro hacia el sector mobiliario. Ese año se comenzó a aplicar el Promedio de Cotizaciones de una muestra de once emisoras industriales, en sustitución del promedio aritmético de las cotizaciones anuales, llamado Promedio de Hechos de Bolsa, utilizado desde principios de siglo. INVERSION E INDUSTRIALIZACION. El informe presidencial de 1957 presentaba una situación económica saludable, con crecimiento del ahorro y las exportaciones. El país producía mas del 95% de los alimentos requeridos; la deuda pública, interna y externa, representaba alrededor del 9.5% del producto nacional. En ese año se exportaron los primeros vehículos automotrices mexicanos y se advertía fuerte demanda interna de hierro y acero. PEMEX emitió títulos de renta fija para aumentar sus instalaciones y 650 poderosas empresas, con una inversión conjunta superior a 2,500 millones de pesos, constituyeron la Cámara Nacional de la Industria Química; a la vez que se advertía un fuerte crecimiento en la industria farmacéutica. En general, el intercambio comercial con los Estados Unidos mostraban mayor dinamismo. Al año siguiente, el informe anual de la Bolsa señalaba signos de preocupación, tanto por la incertidumbre que genera un cambio de régimen sexenal, como por ciertos factores de recesión, problemas en la agricultura, dificultades para exportar y un clima de inseguridad monetaria. El nuevo Gobierno desestimó las posibilidades de devaluación y continuó el amplio programa de obras públicas y crédito agrícola iniciado por el régimen anterior. Cabe destacar que se estableció un estímulo a la compra de maquinaria y equipos fabricados en México, por el cual los contribuyentes podían depreciar de inmediato hasta el 30% del valor de compra. Por otra parte, en 1958 se produjo la más grande operación financiera privada, por la cual la International Telephone Co. De E. U. y Ericsson de Suecia vendieron sus acciones de TELMEX a inversionistas mexicanos, por 450 millones de pesos. El informe presidencial de 1959 presentaba nuevamente un panorama alentador, con incremento de la reserva primaria y otras reservas internacionales, aumento de las exportaciones, auge turístico y ampliación del programa de obras públicas. El 28 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos decretó la nacionalización de Mexican Light & Power, de capital canadiense, la cual operó el suministro de energía eléctrica durante 60 años. En octubre de 1960 el Banco Mundial otorgó un importante préstamo para construcción de caminos. A esa fecha se advertía retorno de capitales y disminución del ritmo inflacionario. Asimismo, inversionistas norteamericanos proponían cuantiosas operaciones en el sector industrial, a condición de normas claras y estables. En noviembre de 1960, la Cámara de Diputados aprobó el Tratado de Montevideo, para la constitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC). En ese entonces México registraba una población de 35 millones de habitantes y se lograba la mayor producción de petróleo, además de iniciarse el programa de construcción de plantas petroquímicas. En agosto de 1961, México recibió los primeros prestamos otorgados en el marco de la alianza para el progreso, del Gobierno de los Estados Unidos. En el plano interno, Nacional Financiera incrementó su capital a 1,300 millones de pesos, en apoyo a sus objetivos de promoción industrial. Por acuerdo entre empresarios y la Secretaría de Industria y Comercio, en 1962 se puso en marcha el plan de desarrollo de la industria nacional automotriz, por el cual los vehículos serían fabricados en su mayor parte dentro del país. Gracias a la legislación sobre integración, algunas empresas extranjeras, entre ellas General Motors, decidieron construir plantas de ensamblaje. El informe presidencial de ese año destacó esta valiosa creación de empleos y se refirió a la creciente introducción de computadoras en la administración pública, empresas y centros de investigación. También se lograron prestamos del Banco Mundial y de Eximbank para siderurgia, ferrocarriles y otros proyectos de inversión. El 21 de noviembre, un decreto presidencial estableció que las empresas debían efectuar el reparto obligatorio de utilidades a sus trabajadores. De 1959ª 1962, México había recibido créditos externos por 1,312 millones de pesos, habiéndose amortizado 777 millones. Las existencias en oro y divisas del Banco de México alcanzaban a 510 millones de dólares. En cuanto al crecimiento económico, se estimaba que se triplicó en dos décadas y en el informe presidencial de 1964 se anotó que las exportaciones habían crecido 32%, en tanto las importaciones lo hicieron en 9.8%. la inversión pública en el sexenio se calculaba en 61,100 millones de pesos; en tanto la deuda pública exterior acumulaba 18,100 millones de pesos. Las empresas de participación estatal y organismos descentralizados operaban 68% de la inversión pública, con activos por más de 30 millones de pesos. Al año siguiente, PEMEX destinó 500 millones de pesos a la rehabilitación de pozos y la industria automotriz ampliaba sus instalaciones con un costo de 155 millones de dólares. En 1966 se celebró un nuevo convenio de estabilización monetaria con Estados Unidos, prorrogando el firmado en 1941. Se informaba que los inversionistas norteamericanos habían colocado 1,200 millones de dólares en 700 empresas mexicanas. Por su parte, los préstamos del Banco Mundial, hasta abril de 1965, sumaban cerca de ocho mil millones de dólares, destinados a obras de riego, electrificación, carreteras y fomento agrícola. En mayo de 1966 se inauguró en Cuernavaca una planta automotriz con capital Japonés y tres grandes empresas metalmecánicas del gobierno se fusionaron, formando el complejo industrial de Ciudad Sahagún. Por su parte, PEMEX recibió créditos por 255.5 millones de pesos para instalar una planta de lubricantes y parafina. De junio de 1966 a mayo de 1967 se establecieron 2,600 nuevas empresas, con capital total de 1,073 millones de pesos. En diciembre de 1967, una emisión gubernamental por 1,250 millones de pesos, amortizable a 16 años, se canalizaba a transportes, energía eléctrica, obras de riego y carreteras. Estos títulos se denominaron Bonos de los Estados Unidos Mexicanos para Fomento Económico. Al año siguiente se registraron fuertes inversiones nacionales y extranjeras en tabaco, alimentos para animales, petroquímica, tractores, bagazo de caña, motocicletas y construcción del metro capitalino. Entre las empresas que incrementaron su capital figuraban: PEMEX, Fosfatados Mexicanos, Liverpool, Mexicana de Aviación, Industrias El Oro, Cigarrera Nacional, Cigarros El Aguila, Cigarrera La Moderna, Fierro y Acero de Monterrey, Ferrocarriles del Sureste, Altos Hornos de México, Astilleros de Veracruz, Planta Azufrera de San Luis Potosí y la primera planta petroquímica de la iniciativa privada. El comercio con los países de ALAC registró en 1969 un incremento de 8.8% en exportaciones, mientras las importaciones aumentaron 10.9%. Entre tanto, la captación del sistema bancario tuvo un incremento de 15.8% respecto a 1968 y el 3 de diciembre de 1969 el Presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró la fabrica de billetes del Banco de México. La situación general del país a principios de 1970, mostraba signos de prosperidad. Aunque la inversión pública y privada fue menor que en 1968, las exportaciones crecieron 10.8% respecto al año anterior y disminuyó el déficit gubernamental. La convención bancaria de marzo, con sede en Guadalajara, anunció que las reservas internacionales ascendían a 718 millones de dólares y que el crecimiento industrial en 1969 fue de 9%; en tanto se crearon 404 empresas en Monterrey, con inversión de 447 millones de pesos. La política de industrialización llevó a un severo proteccionismo, pese a que México firmó la Carta de la Habana, que dio origen al GATT, sin llegar a incorporarse; por otra parte, el crecimiento se financió mediante endeudamiento externo y sin cuidar los estándares de calidad vigentes en los mercados mundiales. A partir de 1970 fue necesario reorientar la política financiera. En 1972 se procuró reducir el gasto público y el ritmo de endeudamiento, para atenuar los efectos de un proceso inflacionario mundial; no obstante, el Gobierno amplió la inversión pública en promoción del desarrollo económico, del bienestar social y cultural, así como en el mejoramiento de las comunicaciones y del medio rural. La inflación mundial se agudizó en 1973 - 74, junto con gran escasez de insumos industriales y energéticos; lo cual, aunque las exportaciones mexicanas aumentaron, provocó un mayor costo de las importaciones requeridas por la economía nacional. El comercio exterior mexicano buscó diversificar el tipo de mercancías y mercados compradores; pero la balanza comercial fue deficitaria, a lo cual se agregó la salida de capitales, atraídos por la especulación financiera internacional. El 19 de marzo de 1973 se dictó la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular La Inversión Extranjera y al año siguiente entró en vigor el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Ante las numerosas quiebras de bancos medianos en países industrializados y, en lo interno, por la concentración del crédito en los grandes grupos bancarios, en 1974 se reformó la ley para crear la banca múltiple y ampliar las operaciones de los bancos medianos y pequeños. También se estableció mayor flexibilidad del Banco Central para manejar instrumentos de control de liquidez y hacer frente a la inflación, que en 1974 llegó a 24%. TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE el desarrollo institucional del mercado de valores mexicano se abrió paso en uno de los periodos más contradictorios de la economía nacional. El espejismo de la riqueza petrolera y la posterior caída internacional de los precios; el incremento de la deuda externa y de las tasas internacionales de interés; el creciente déficit de la balanza de pagos y la aceleración del proceso inflacionario: forman el entorno bursátil hasta fines de 1982. Desde 1970 comenzó a encarecerse el crédito en los mercados financieros mundiales, agudizándose entr 1974 y 1975; con lo cual el servicio de la deuda externa pesó gravemente en la balanza de pagos. Ante esta situación, se optó por incurrir en un mayor endeudamiento, a mayores plazos, a fin de cubrir los pasivos; lo que a su vez llevó a una profunda desestabilización de la economía en 1976; con una secuela de desinversión y fuga de capitales. La devaluación decretada el 31 de agosto de 1976, que sostuvo la libre flotación del peso hasta abril de 1997, aminoró la salida de divisas y contribuyó a duplicar las exportaciones; con lo cual el déficit de la balanza comercial, a fines de 1977, disminuyó de 3,719 a 1,392 millones de dólares. Cabe señalar que gran parte del endeudamiento externo, hasta 1976, se originó en el intenso ritmo de inversión gubernamental. En 1975 se efectuaron importantes obras de infraestructura en comunicaciones: carreteras, ferrocarriles, puertos, transbordadores, aeropuertos, red de microondas y sistema de radio - comunicación marítima, plantas telefónicas y telégrafo. Además, en junio de 1975 se inauguró el Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México. De 1970 a 1975 la inversión pública aumentó de 30 mil a más de 100 mil millones de pesos, lo que en términos reales significó un crecimiento real anual de 16%. En ese mismo periodo, el PIB aumentó un promedio de 5.6% real anual; pese a que la inversión privada solo creció 4% anual. El promedio de inversión respecto al PIB se elevó de 21% a 24% en esos cinco años. No obstante, la diversificación de mercados, la inflación mundial afectó el comercio exterior mexicano y el déficit de la balanza de pagos se acrecentó de 1,175 millones de dólares en 1973 a 3,643 en 1975. El proteccionismo de los países desarrollados, las presiones inflacionarias y el mayor costo de los créditos se sumó al descenso del ingreso de divisas por exportaciones; a la vez que aumentaba la demanda de recursos para sostener el ritmo de inversión pública, cubrir la insuficiencia alimentaria y obtener los bienes de capital e insumos para la industria. Los créditos internos, limitados por la congestión de la banca privada, eran también mermados por una creciente transferencia de depósitos del exterior. Ante un panorama de endeudamiento y recesión, el Gobierno que asumió el 1 de diciembre de 1976 propuso una drástica reforma administrativa y financiera y diez días más tarde inició un proceso de acuerdos con empresarios e instituciones para establecer la Alianza para la Producción; cuyos propósitos eran la creación de empleos, el incremento de la inversión privada y la puesta en marcha del Plan Nacional Agropecuario. Entretanto en 1977 y 1978, se incrementó la producción petrolera y los mercados internacionales mostraban precios altos y gran demanda, con lo cual este energético llegó a constituir 31% de las exportaciones; pese a lo cual continuo creciendo el déficit fiscal y la balanza de pagos, no obstante que se mantenía un adecuado ritmo de incremento en el sector industrial. Condiciones más benignas en los mercados internacionales permitieron, entre 1978 y 1979, sustituir créditos caros, contratados tres años antes, por otros otorgados en mejores términos; avalados, en gran medida, por el auge petrolero. A comienzos de 1980, las perspectivas de desarrollo y el optimismo presupuestal del Gobierno se fundaban en la abundancia derivada de la exportación de crudos. El 18 de marzo de 1980, aniversario de la expropiación, el Gobierno anunció la existencia probada de 50 mil millones de barriles de petróleo, cantidad que ubicaba a México como sexta potencia mundial en ese rubro, con cuantiosos yacimientos aún por explorar. La canalización especulativa de los excedentes petroleros provocó un desajuste mayor a la economía y es así como, en julio de 1981, era evidente una agudización inflacionaria, fuerte dolarización y fuga de capitales, reducción de reservas, presiones devaluatorias y agudo desequilibrio financiero público y externo. Poco duró el auge petrolero. En su informe correspondiente a 1981, el Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores señaló que el aumento en la oferta del crudo tuvo impacto en su precio, por lo que México debió reducir el promedio por barril en 13% y los ingresos de PEMEX durante el año fueron inferiores a lo programado, en aproximadamente 26% . Entre otros datos, el referido informe destacó un déficit comercial por 4,800 millones de dólares, aumento en las importaciones superior a 25%, en tanto la exportación disminuyó 6.3% El déficit en cuenta corriente alcanzó a 4.9% del PIB y la deuda externa superó los 60 mil millones de dólares, de los cuales unos 45 mil millones correspondían al sector oficial. En cuanto a turismo, se produjo una disminución de 60% en el ingreso de extranjeros, a la vez que la salida de mexicanos al exterior aumentó 29%. La inversión fija bruta, que en 1981 se incrementó 14.7%, en términos reales, se contrajo 16.8% en 1982. La generación de empleos se revirtió, especialmente en los sectores industrial y de servicios y la explosión inflacionaria llegó a límites insospechados en la economía mexicana, con un dramático 98.8%. El PIB descendió 0.63%, con saldos negativos en casi todos los sectores, con excepción de petróleo, electricidad y servicios; resultando severamente afectados los sectores minero, de la construcción, metal - mecánico y manufactureras. La situación recesiva mundial y el alza de las tasas internacionales de interés, agudizaron la crisis financiera y económica de México en 1982. El tipo de cambio, que al 1 de enero se situaba en 26.23 pesos por dólar, sufrió una nueva devaluación en febrero y el 6 de agosto se estableció el control de cambios dual; mediante el cual el dólar preferencial se fijaba en 49.13 pesos y el dólar libre en 69.50. A fines de diciembre de 1982 el dólar de equilibrio alcanzó 96.48 pesos y el dólar libre cotizó a 148.5 pesos; esto último significó un incremento en el año de 446.15%. La baja del precio del petróleo representó un menor ingreso agudizando el endeudamiento y el déficit fiscal. El proceso devaluatorio, a su vez, afectó la liquidez de las empresas, encarecio los bienes de capital importados, disminuyó drásticamente la inversíon y abatió la recaudación fiscal. Muchas empresas tenían fuertes pasivos en dólares y, aunque el 13 de agosto la SHCP emitió reglas para el depósito de moneda extranjera, la prohibición de su transferencia al exterior y la liquidación de saldos en moneda nacional; la salida de dólares para pagar deudas y pendientes fue cuantiosa. La paralización económica del país había provocado confusión social y política hacia mediados de 1982 y el clima de incertidumbre antes del 6º informe de Gobierno ente el Congreso de la Unión hacía temer los más graves anuncios; muestra de lo cual fue que el 30 de agosto se produjeron compras de pánico en el Distrito Federal. La sorpresa del 1 de septiembre de 1982 se produjo en el sector bancario. Considerando que los grupos económicos, encabezados por la banca privada, habían logrado controlar todos los mecanismos del sistema financiero, el Presidente de la República anunció la nacionalización de la banca, con excepción del City Bank y el Banco Obrero. A esas fechas existían 35 bancos múltiples, 10 bancos de depósito, 9 sociedades financieras, 5 sociedades de capitalización y una de crédito hipotecario; las cuales se mantuvieron cerrados del 1 al 6 de septiembre y posteriormente reagrupados en 18 sociedades nacionales de crédito, de banca últiple, además de dos bancos concesionados (City Bank y Obrero) y la banca oficial . HACIA UN REORDENAMIENTO DE LA ECONOMIA NACIONAL En el periodo 1982 - 1988, que corresponde al sexenio gubernamental del Lic. Miguel de la Madrid, se buscó solucionar tres grandes problemas de la economía del país: el agobiante peso de la deuda externa, el rebrote inflacionario y la retención y encauzamiento productivo del ahorro nacional. El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) estableció controles de cambios, de precios y de importciones; junto a la mayor austeridad y disciplina financiera, control de gasto público e incremento de los ingresos fiscales. Para atraer el ahorro y evitar la fuga de capitales, se mantuvo una tasa de interés proporcional a la inflación esperada; al tiempo que se ajustó el deslizamiento cambiario a una situación realista. El PIRE incluyó fórmulas para incrementar el empleo, e intentó romper la inercia inflacionaria a través de la contención de los precios y aumentos salariales. Meidante gestiones ante el Fondo Monetario Internacional, se reprogramaron los pagos del servicio de la deuda externa; de tal modo que el país mantuviera disponibilidad de devisas. La deuda privada recibió alivio mediante el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Canviarios (FICORCA). El ajuste del tipo de cambio libre, de enero de 1982 a enero de 1983 fue de 458%; devaluación que superó lo requerido para nivelar el peso y contribuyó a fortalecer las reservas del Banco de México, fomentar el turismo extranjero y reducir las importaciones. El déficit fiscal disminuyó a 8.3% del PIB (contra 17.6% en 1982) y su financiamiento se logró en 65% con recursos internos. En la balanza de pagos se logró un superávit superior al previsto, debido a la disminución de importaciones y aumento de 16.1% en exportación no petrolera. La inflación llegó en 1983 a 80.8% y repercutió en baja capacidad adquisitiva, disminución de las ventas, desempleo y menor producción. Los sectores más afectados fueron: automóviles, línea blanca, electrónica y construcción. La necesidad de reestructurar a fondo el sistema financiero, incluyendo al mercado de valores, llevó al Gobierno a promover, en 1984, un paquete legislativo integrado por: Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Ley Orgánica del Banco de México. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Ley de Sociedades de Inversión. Reforma a la Ley del Mercado de Valores. Ley General de Instituciones de Seguros. Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Los indicadores de 1984 hacía presumir que se había superado lo más duro de la crisis y se recuperarían la producción y el empleo. La inflación llegó a 59.2% y se alcanzó un superávit comercial de 12 mil millones de dólares, crecimiento del PIB en 3.5% y un 72% de incremento en las reservas del Banco de México. La exportación de productos no petroleros cubrió 30.55% del total, con un crecimiento de 18.4%. Sin embargo, en 1985 descendieron las exportaciones no petroleras y la importación aumentó 19%; en tanto las reservas del Banco de México se redujeron de 8,134 a 5,581 millones de dólares, entre 1984 y 1985. El saldo en balanza comercial decreció 34.0% respecto al año anterior. Para evitar un nuevo rebrote inflacionario, se mantuvo una severa contracción monetaria y crediticia y se procuró el financiamiento del gasto público mediante títulos de deuda interna; lo cual dio gran impulso al mercado de valores. Las altas tasas de interés, destinadas a estimular la inversión, llevaron a los empresarios a buscar un financiamiento menos oneroso a través de la capitalización en el mercado accionario. Desde el último trimestre de 1984, hasta principios de 1985, se efectuaron negociaciones con organismos internacionales para reestructurar la deuda externa y poder cumplir sus términos, a fin de mantener al país como sujeto de crédito internacional y de inversión extranjera dirécta. La experiencia de la anterior crisis, que provocó la moratoria, excluyó a México de los mercados voluntarios de crédito externo. A partir de 1982, el Gobierno Federal de convirtió en exportador neto de capitales y, hasta 1986, se transfirieron al exterior 50,700 millones de dólares, equivalentes a 72.0% de las exportaciones de petróleo. La caída de los precios mundiales de hidrocarburos provocó una nueva situación deficitaria en 1986 y a mediados de año se agudizó la recesión. El Gobierno implantó el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), con el objetivo de impulsar el desarrollo con estabilidad, promover el empleo, atender las demandas sociales en materia de salud, vivienda y educación; así como acelerar el esfuerzo de reconversión industrial, privatizar las empresas estatales no prioritarias y sostener el riguroso cumplimiento de los compromisos internacionales. Este último aspecto generó confianza en el exterior y contribuyó a facilitar las negociaciones y la obtención de recursos frescos. En cuanto al deslizamiento cambiario, el 22 de noviembre la SHCP autorizó a las casa de bolsa para actuar en la compra venta de divisas, previa autorización de la CNV, y constituir casas de cambio. Las autoridades confiaban en que así se podría mantener un precio real de equilibrio del dólar. Los primeros vueve meses de 1987 mostraron signos de estabilidad en el aspecto económico. En marzo, el Gobierno de México formalizó acuerdos con la comunidad financiera internacional en cuanto al monto y servicio de la deuda externa. Simultáneamente, se observaban cifras alentadoras en la balanza comercial. A mediados de año el panorama se comenzó a ensombrecer a causa de las medidas proteccionistas tomadas por los Estados Unidos, ante su agudo déficit comercial y la devaluación mundial del dólar. Las exportaciones mexicanas se vieron afectadas  por esta retracción de nuestro principal socio comercial; sin embargo, hacia el mes de julio, el precio del barril de petróleo alcanzaban los 20 dólares. El informe presidencial de septiembre de 1987 destacó el cecimiento de la actividad industrial y descenso de las tasas de interés. Los aspectos sombríos seguían siendo la inflación y la deuda externa. Durante el mes de diciembre, el país vivía una nueva etapa de incertidumbre al acrecentarse los problemas financieros, el impacto inflacionario y la caída de las cotizaciones bursátiles. En ese contexto, el Gobierno convocó a los diferentes sectores económicos y planteo el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), cuyo efecto inmediato fue el restablecimiento de la confianza interna. Así, en 1988, la intención nacional de superar los problemas endémicos de nuestra economía, manifestada en los ompromisos del PSE, se reflejaron en intensos programas para redimensionar el sector público, abrir la economía al exterior y luchar drásticamente contra la inflación. La actividad financiera se desarrolló en un plano de estabilidad cambiaria y nuevos enfoques de inversión rpoductiva. Los resultados de este último esfuerzo sexenal se manifestaron en una inflación de 51.7% y 3.14% de devaluación anual. LOS RETOS DE LA MODERNIDAD (1988 - 1991) NUEVO PERFIL DE LA POLITICA ECONOMICA todo el año de 1988 fue duro y de sacrificios. El comercio presentó un reducido volumen de ventas, situación especialmente alarmante en el periodo navideño. A la vez, las autoridades comenzaron a llevar a precios reales los servicios subsidiados, como medida previa antes de establecer los acuerdos intersectoriales para romper la inercia inflacionaria. Las últimas meidas estanilizadoras del Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid atendieron al redimensionamiento del aparato estatal y la aplicación de severos ajustes monetarios, destinados a contener el nivel interno de precios. Por otra parte, como un acicate a una reconversión industrial competitiva, se inició la apertura gradual de la economía a los mercados internacionales, en cumplimiento a los compromisos de adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), suscritos en 1986. El año de 1988 terminó con estabilidad cambiaria y el dólar libre tuvo incremento de sólo 3.14%, en tanto el dólar de equilibrio subió en el año 3.75%. la inflación se contrajo a 51.7% y el PIB mostró un avance de 0.4%, inferior al crecimiento demográfico en 1.6%. El Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari se inició en uno de los años más sorprendentes y decisivos en el escenario mundial. Primero Polonia y luego otros países de Europa Oriental, impulsaron reformas democráticas y económicas, introduciéndose al sistema de demanda de fondos prestables en el mercado financiero occidental. En la Unión Soviética tmabién se advertían síntomas libremercadistas. El año culminó con un acontecimiento de gran trascendencia histórica: el 22 de diciembre de 1989 cayó el muro de Berlín. En esos mismos días, una rebelión terminó con la dictadura en Rumania. Estos acontecimientos se inscribieron en un clima de intensa globalización de los mercados financieros mundiales, al tiempo que avanzaba positivamente la integración europea y algunas economías latinoamericanas realizaban serios esfuerzos de privatización de empresas gubernamentales. La economía de México, por su parte, iniciaba una profunda transformación estructural, a fin de crear condiciones estables para el desarrollo nacional. La privatización de empresas no estratégicas de participación estatal constituyó un gran alivio financiero para el erario, a la vez que estimuló la política de adelgazamiento del sector público. Asimismo, se produjo un cambio radical en los criterios de financiamiento al sustituir la tendencia al endeudamiento por una creciente apertura a la inversión extranjera. La lucha contra la inflación y el propósito de crecer con realismo y estabilidad, llevó a mejorar y ampliar los términos del acuerdo nacional propuesto en el PSE y se propuso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), el cual sería analizado y replanteado periódicamente, atendiendo a la marcha de los indicadores económicos. La restructuración de la deuda externa, negociada en el arco del Plan Brady, alivió el peso de su servicio y generó un mayor clima de confianza en el aspecto económico y financiero; situación que se manifestó en la disminución de las tasas internas de interés y un crecimiento de la inversión fija bruta en alrededor de 10% anual. La inflación aumentó 19.7%, el nivel más bajo desde 1978, con un incremento del PIB de 3.0%. En 1990 comenzaron a fluir, en forma significativa, los capitales extranjeros, tanto por inversión directa, como a través del mercado de valores. El saldo de inversión exterior bursátil ascendió a poco más de cuatro mil millones de dólares al cierre de 1990. Además de ser una muestra de la confianza prevaleciente en los mercados voluntarios de capitales, respecto a la estabilización de la economía mexicana, la colocación de bonos en los mercados de los Estados Unidos, Europa y Japón abrió nuevos cauces de financiamiento público y privado. También fue motivo de optimismo el retorno de capitales mexicanos a través de la aplicación del Timbre Fiscal y su canalización a inversiones productivas. La integración de los mercados mundiales y el surgimiento de economías de libre participación en los países de Europa Oriental agudizaron la competencia en la captación de recursos. Los mercados emergentes de Asia y Latinoamérica debieron innovar en la creación de oportunidades atractivas para los grandes inversionistas internacionales. En ese plano el Gobierno de México asumió una dinámica iniciativa de acercamiento a los más importantes focos comerciales. Se establecieron acuerdos con la Comunidad Económica Europea, la Comisión Económica de la Cuenca del Pacífico; además de acuerdos regionales y bilaterales con países de America Central y Sudamérica. Sin embargo, el proyecto de mayor emvergadura, por sus dimensiones y repercusiones, fue el planteamiento de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y Canadá. En cuanto a inversión extranjera, la reforma a la Ley del Mercado de Valores, publicada el 4 de enero de 1990, propuso la modernización e internacionalización del sistema bursátil nacional, la globalización ordenada de los servicios financieros no bancarios y la desregulación de operaciones a fin de incrementar su competitividad. En esa misma fecha se modificó la Ley de Sociedades de Inversión, sustituyendo el régimen de concesión por el de autorización, al considerarlas como emisoras especializadas y no como intermediarios financieros. Esta reforma autorizó que los títulos representativos de las sociedades de inversión pudieran ser adquiridas por extranjeros, con las salvedades que marca el Reglamento sobre Inversión Extranjera. Otras dos disposiciones que contribuyeron a incrementar el flujo de capitales foráneos fue la autorización para que las empresas emitieran acciones serie L, con derechos corporativos limitados y, susceptibles de ser adquiridos por extranjeros. La otra fue la creación de fideicomisos o fondos neutros, integrados por acciones reservadas para mexicanos; las que, al quedar neutralizadas en cuanto a derechos corporativos, podían ser adquiridas libremente por extranjeros en la forma de Certificados de Participación Ordinarios. La modernización de la planta productiva se vio favorecida por una plataforma económica estable. El desarrollo de nuevos proyectos se pudo desenvolver en un ambiente de disminución del costo del dinero, modernización del crecimiento de precios y de las demandas salariales; así como un deslizamiento cambiario decreciente. El control de las presiones inflacionarias públicas y reanimación de la actividad económica se fueron dando en un ambiente de mayor inversión, tanto de capitales nacionales como extraanjeros, en actividades productivas. El proceso de privatización y adelgazamiento del Estado adquirió mayor auge con el envío al Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma constitucional, con el propósito de restablecer el régimen mixto en los servicios de banca y crédito. Los motivos de la iniciativa indicaban que: era necesario atender demandas sociales - prioritarias, tales como el Programa Nacional de Solidaridad; que se requería contar con mejores servicios bancarios y, que las circunstancias que originaron la nacionalización de la banca habían cambiado sustancialmente. El 28 de junio se dió a conocer a la Camara de Diputados la iniciativa de Ley Reglamentaria de Banca y Crédito y el 25 de noviembre fueron publicadas en el Diario Oficial las bases para el proceso de desincorporación de las instituciones de banca múltiple del Gobierno Federal. En cuanto a la inflación anual, en 1990 tuvo un moderado rebote a 29.9%, pero al año siguiente se logró controlar en 18.8%. La integración de grupos financieros, incluyendo bancos, casas de bolsa y otros organismos auxiliares de crédito y empresas de servicios conexos, se originó en la ley promulgada el 18 de julio de 1990 y el reglamento para su constitución y funcionamiento, publicado en el Diario Oficial el 23 de enero de 1991. Esta figura de intermediación y servicios financieros respondió a los lineamientos de modernización e incremento de la capacidad competitiva internacional del sistema financiero mexicano; incorporando en su operación las avances tecnológicos y las economías de escala que los hagan más eficientes. La desincorporación de TELMEX y los proyectos de expansión del nuevo consejo directivo de ésta, que es una de las más gigantescas plantas telefónicas de Iberoamérica, brindó una atractiva opción a los inversionistas extranjeros. El 12 dde abril de 1991, Telmex registró acciones serie L en el mercado bursátil de Nueva York, para realizar una oferta pública por 800 millones de títulos, representados por Certificados Americanos de Depósito (ADR’s). Otros 100 millones de acciones se ofrecerían en México y unos 600 millones en Mercados de Europa y Japón; constituyendo así una de las más grandes colocaciones simultáneas efectuadas en el mercado mundial. En 1991 se acentuó el clima de confianza en el curso emprendido por la economía nacional, su reingreso al sistema financiero internacional y el exitoso proceso de privatizaciones. Al mismo tiempo, las finanzas públicas mostraban un efectivo saneamiento. Las reformas estructurales en materia económica y legislstiva, tras la aprobación del paquete financiero, en los últimos días del año anterior, permitió la flexibilidad estratégica necesaria para encausar las nuevas iniciativas. En ese conjunto de reformas se incluyó la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, la Ley General de Seguros, la Ley del mercado de Valores, la Ley General de Organismos Auxiliares de Crédito, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y la Ley General de Sociedades de Inversión. El saldo por repatriación de capitales a travéz del Timbre Fiscal ascendió, a fines de 1991, a 5,581 millones de dólares, 82% de los cuales fueron a travéz de casas de bolsa. En lo referente al costo del dinero, la estabilidad alcanzada permitió que la tasa líder, de los CETES a 28 días, descendiera 9.8 puntos porcentuales en el año, situándose en 17.0% al cierre de 1991, con un mínimo de 15.75%, el 29 de agosto. El tercer trimestre del año anterior se inició un conflicto internacional que provocó incertidumbre financiera y afectó el desenvolvimiento de las bolsas de valores, incluida la de México. La invasión de Iraq a Kuwait, el 8 de agosto de 1990, amenazó con envolver a todos los países petroleros del Golfo Pérsico y regiones adyacentes. La Organización de Naciones Unidas condenó la agresión y se creó una alianza de naciones occidentales y países árabes afectados, encabezada por los Estados Unidos. El 17 de enero de 1991 se inició una fulminante guerra aérea. Una de las consecuencias directas de esta conflagración fue la destrucción de gran cantidad de pozos petroleros en Iraq y Kuwait; lo que, además de la suspensión del suministro provocado por el bloqueo de los aliados y la baja de producción en los países árabes coaligados, llevó a un fuerte incrmento en los precios del crudo, acompañado de agudas tensiones inflacionarias mundiales. El auge petrolero, que no fue muy prolongado y llevó a México a incrmentar sus niveles de explotación, fue manejado con prudencia. El presupuesto de ingresos se siguió manejando a precios normales del petróleo y el excedente alcanzado durante a Guerra del Golfo Pérsico se incorporó al fondo de ontingencias, junto con el monto obtenido por las privatizaciones. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (1994 – 1996) EL TLC Y LA CRISIS MEXICANA. Después de un primer año, 1994, en que se empezaron a materializar los pronósticos más optimistas acerca de la expansión del comercio trilateral, en el siguiente bienio la crisis económica de México introdujo un cambio brusco, aunque transitorio, en las tendencias y dirección de los flujos de bienes y servicios entre los países socios del Tratado. Con base en ello, algunas personas concluyeron que el TLC desempeñó un papel responsable en la aparición de la crisis de México y que, a la luz de sus resultados, es necesario revisar radicalmente su contenido o, en el extremo, repudiarlo. En realidad, la mayoría de los analistas, dentro y fuera de la Región, rechazan que la entrada en vigor del TLC haya provocado en alguna medida nuestra crisis económica. Para contrarrestar este argumento basta recordar que, por ejemplo, las exportaciones de México hacia Estados Unidos en 1994 crecieron un poco más rápidamente (20%) que las importaciones que México efectuó provenientes de ese país (17.8%). De echo el déficit comercial de México con Estados Unidos en 1994 estuvo prácticamente en equilibrio. Esto obedeció a que la liberación comercial que se realizó en el primer año fue mucho más favorable para México, en términos de baja de aranceles y número de ramas involucradas, que la correspondiente para los otros países. Por el contrario, la evaluación de los resultados del TLC en el primer año de su entrada en vigor (1994) fue positiva puesto que, como se esperaba, el comercio trilateral creció significativamente y la recepción de inversiones extranjeras directas y de portafolio por parte de México, alcanzó cifras récord. Además, los efectos negativos que sobre la economía mexicana produjo la serie de acontecimientos políticos desafortunados en ese año, dieron lugar a que los socios comerciales norteamericanos ofrecieran asistencia financiera extraordinaria a nuestro país. El segundo año de operación del TLC (1995), cuando se enfrentó la severa crisis económica, el estatus de México como miembro de ese Acuerdo proporcionó un auxilio invaluable. En primer lugar, fue posible organizar el paquete d ayuda por parte de la comunidad financiera internacional encabezada por Estados Unidos, el cual permitió el cumplimiento estricto y puntual de las obligaciones que súbitamente se tuvieron que enfrentar. Es muy probable que, sin tal apoyo, los impactos de la crisis habrían sido aún superiores y más prolongados a los que se enfrentaron. DISTRIBUCION FAVORABLE DEL AJUSTE DEL SECTOR EXTERNO. Por otro lado, el indispensable ajuste del sector externo que se tuvo que realizar se facilitó por el acceso al mercado norteamericano que el TLC propició. Dicho ajuste se efectuó mayoritariamente, es decir, en un 73%, a través del incremento de las exportaciones, y sólo de manera secundaria (27%) mediante la depresión de las importaciones. Esta distribución del ajuste externo ayudó a que la economía mexicana fuera menos lesionada, a diferencia de lo ocurrido en procesos similares anteriores en que la corrección  se realizó principalmente a través de la caída de las importaciones. Por países, los socios norteamericanos (Canadá y Estados Unidos) absorbieron el 81.6% de las exportaciones adicionales que México realizó en 1995. Es muy interesante notar que, para beneficio ciertamente relativo de nuestros socios, el ajuste por lado de las importaciones realizado afectó en sólo una pequeña proporción a Estados Unidos y Canadá. Es decir, del total de la declinación de importaciones que México tuvo que hacer en 1995, las provenientes de América del Norte representaron el 17.2%. En contraste, la baja de las importaciones que adquirimos de Asia y Europa representó el 32.3% y 36.5%, respectivamente. CRECIMIENTO ININTERRUMPIDO DEL COMERCIO TRILATERAL. A pesar de la caída general de las importaciones de México y, desde luego, por el repunte de sus exportaciones, en 1995 el valor del comercio bilateral México – Estados Unidos y el de México – Canadá fue superior en 1993, antes de la entrada en vigor del TLC, en 34.2% y 25.9%, respectivamente. El beneficiario neto en estos resultados fue nuestro país, puesto que en 1995 el valor de las exportaciones fue 53.8% y 33.3% más alto, respectivamente, que el registrado en 1993. Por su parte, las importaciones que efectuamos provenientes de esos países en 1995 aumentaron 15.9% y 16.7%, en el orden correspondiente, respecto a 1993. AUMENTO DE LOS FLUJOS DE INVERSION EN LA CRISIS. El impacto del TLC sobre los flujos de inversión extranjera directa hacia México, objetivo de vital interés para nuestro país pero igualmente clave para elevar la competitividad de los productores de la Región, fue también favorable. Estos resultados pueden verse en una perspectiva de más largo plazo, puesto que la sola posibilidad de que México firmara el Tratado atrajo el interés de los inversionistas del exterior. Así, en el periodo 1989-1995 el flujo acumulado de inversión extranjera directa hacia México ascendió a 33.1 mil millones de dólares, lo que significó 137% más que lo acumulado hasta 1988. Más aún, 44.4% de ese flujo acumulado se realizó en el bienio 1994-1995. Durante 1989-1995, en promedio 64.3% de la inversión extranjera directa provino de América del Norte, en tanto que 35.7% se originó en otras naciones. Sin embargo, en 1994 y 1995 la proporción promedio correspondiente a América del Norte tendió a reducirse (59.9%) y la de otras naciones a elevarse (40.1%). Es decir, el TLC contribuyó no sólo a incrementar el interés de capitales de Estados Unidos y Canadá hacia México, sino también la de naciones distintas a Norteamérica, debido al atractivo de nuestro país para la localización de plantas. Las tendencias de los flujos comerciales y de inversión hasta 1995 se mantuvieron e incluso mejoraron en 1996. La diferencia fue que ahora no sólo aumentaron las exportaciones de México hacia Estados Unidos y Canadá, sino que el repunte de las importaciones efectuadas por nuestro país favoreció particularmente a nuestros socios norteamericanos, por encima de otros países o regiones. Se estima que, del total de las importaciones adicionales que México adquirió en 1996 (respecto a las de 1995), por aproximadamente 17 mil millones de dólares, las provenientes de América del Norte representaron el 74%, en demérito de las que se originan en otros países o regiones (como Asia y Europa). IMPACTO SOBRE LA INDUSTRIA MAQUILADORA. Es importante destacar el gran repunte que experimentó la industria maquiladora en estos tres últimos años. Se calcula que el número de establecimientos de ese tipo de industrias pasó de 2,143 a fines de 1993 a 2,500 al final de 1996, un crecimiento de 17%. El valor acumulado de sus exportaciones en el mismo lapso aumentó 60% y el número de trabajadores lo hizo en 46.3%. EL PROCESO COMPETITIVO Y EL DESARROLLO ECONOMICO. La investigación acerca de la dinámica de las empresas en lo individual proporciona una visión interna del preceso de crecimiento económico. Frecuentemente, el análisis económico se centra en las fuerzas que a nivel macro afectan la economía. En este esquema, el incremento del empleo y de los estándares de vida son determinados por la política presupuestal del gobierno, las tasas de interés y los niveles de ahorro e inversión. Por otra parte, el comportamiento de las empresas individuales introduce literalmente las acciones de millones de agentes económicos que corren riezgos conbase en información inperfecta, tomando decisiones, se adaptan a un ambiente cambiante, aprenden del pasado y desarrollan un conocimiento organozacional, del mercado y de procesos productivos, lo que en su conjunto contribuye de una manera u otra al desempeño relativo de las mismas. En la medida que estos agentes económicos están involucrados en las decisiones de mercado que conducen al crecimiento económico y al éxito, la dinámica de estas fuerzas micro ayudan a determinar el número y calidad de empleo, los salarios y el tamaño y la localización de las inversiones. De echo, los factores externos se entrelazan con las decisiones internas de una empresa en la constante redistribución de recursos hacia las organizaciones y unidades de negocios más productivas. No obstante lo anterior, el estudio a nivel de empresa o planta revela que la práctica del proceso es menos darwiniano. La mayor parte de las ganancias en la productividad provienen de las empresas o unidades de negocio que operan de manera continua. Las que entran y salen del mercado generan unicamente al rededor del 15% del incremento de la productividad. El hecho de que la contibución de la productividad provenga de empresas que operan ininterrumpidamente se relaciona con otro descubrimiento importante del estudio, el cual muestra que las empresas en expansión  contribuyen al crecimiento global de la productividad en magnitud similar a las que están reestructurando sus escalas de producción a la baja. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Esto seguramente fue resultado del abaratamiento (en términos de dólares) de los costos laborales y de diversos insumos locales que indujo la depreciación del peso mexicano, pero también desempeñaron un papel importante las posibilidades de expansión de estas industrias que abrió lo negociado en el TLC. En particular, el hecho de que a partir del año 2001 las empresas maquiladoras podrán colocar sus productos también en el mercado mexicano, lo cual incrementó el atractivo de este régimen para inversionistas estadounidenses y de otros países. Desde luego, esto también representará una oportunidad para que empresas locales abastezcan de una creciente proporción de insumos y componentes a aquellas. En cuanto a la ayuda financiera internacional a nuestro país, conviene recordar que a mediados de enero de 1997 México liquidó la totalidad del préstamo otorgado por el Tesoro Norteamericano, varios años antes de lo acordado y después de haber cubierto un monto más interesante por concepto de créditos al gobierno de Estados Unidos. Canadá también participó en este esfuerzo de ayuda, en su calidad de miembro prominente del Fondo Monetario Internacional, el otro organismo que apoyó a México. El Plan propone los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades para el desarrollo integral del país; el Plan Nacional de Desarrollo será la base para guiar la concertación de las tareas del Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y con los gobiernos estatales y municipales, así como para inducir la participación del conjunto de la población. También hay que reconocer que existe una franca desconfianza social hacia las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y protección ciudadana, tampoco estamos satisfechos, no podríamos en conciencia estarlo, con nuestra vida democrática, aún con los avances conseguidos subsisten insuficiencias y rezagos en nuestro desarrollo político. Diez millones de mexicanos no tienen acceso regular a los servicios de salud; a 50 años de su creación el sistema de seguridad social sólo atiende a la mitad de la población total y no con la calidad que merece. Los problemas sociales se han agravado, también, por el estancamiento económico que ha registrado el país por muchos años. A causa de la falta de crecimiento, la economía no ha podido multiplicar los empleos que con todo derecho demandan muchos millones de mexicanos. Gracias al esfuerzo de los mexicanos el país tiene hoy una gran infraestructura para el desarrollo: una planta industrial que se ha modernizado aceleradamente y un intenso intercambio comercial con el exterior. Todo ello refleja que los mexicanos somos capaces de construir una gran nación y que muchas generaciones han sumado su esfuerzo para elevar la calidad de nuestra vida. Fortalecer el ejercicio pleno de nuestra soberanía; contruir un país de leyes y justicia para todos; alcanzar un pleno desarrollo democrático; impulsar un desarrollo social con oportunidades de superación para todos los mexicanos; conseguir un crecimiento econónimoc vigoroso, sostenido y sustentable. Su defensa y fortalecimiento son el primer objetivo del Estado mexicano. Por eso, se fortalecerá la capacidad del Estado de garantizar la seguridad nacional, la vigencia de las leyes y la presencia de las instituciones de la República en todo el territorio nacional. Ejerceremos una política exterior activa que consolide la presencia de México en el mundo y defienda nuestros intereses en los foros multilaterales. Queremos un México crecientemente capaz de aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo para el progreso de todos los mexicanos. Para lograrlo, desde diciembre pasado está en marcha una profunda transformación de nuestro sistema de impartición de justicia. Ella será garantía de que los funcionarios rindamos cuentas claras y puntuales sobre el cumplimiento de nuestras responsabilidades y sobre el uso honesto de los recursos públicos. Queremos un México fuerte por ser un país de leyes, regido por un sistema de justicia transparente, moderno y confiable. Queremos un México donde todos—hombres, mujeres, menores, indígenas, campesinos, trabajadores, empresarios, estudiantes—vivan con la certeza de tener acceso a la justicia y de que serán tratados con equidad. Por ello, por esa profunda convicción de que la democracia es el valor supremo de la política el Plan postula como objetivo esencial el construir un cabal desarrollo democrático. Y sea el sustento de una vida política pacífica y de una intensa participación ciudadana. Nuestro propósito común debe ser llegar al siglo XXI, viviendo en un país con un pleno desarrollo democrático. Alentaremos la participación social y se garantizarán invariablemente las libertades y los derechos ciudadanos, como condición para una vida democrática plena. Queremos un México, libre, unido, democrático. Alcanzar el bienestar social perdurable, es una tarea enorme que reclama tenacidad, imaginación y firme decisión del Gobierno y la sociedad. La Política de Desarrollo Social propiciará la igualdad de oportunidades, trascendiendo el origen étnico, la ubicación geográfica y la condición econónomica de cada mexicano. La Política de Desarrollo Social, estará orientada a asegurar a toda la población el disfrute de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución. Elevará los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. Por eso, el Plan comprende una Política Social que será nacional e integral, federalista y participativa; incluyente y eficaz. Una prioridad indiscutible de la política social será la superación de la pobreza. Por eso, redoblaremos la atención a las comunidades con mayores desventajas económicas y sociales, llevándoles los servicios básicos, incorporándolas a actividades productivas y promoviendo empleos que eleven el ingreso familiar. La política social tendrá un carácter integral. La dispersión de esfuerzos debilita la capacidad del gobierno de responder a las justas demandas de equidad y oportunidades. La política social también será clara, profundamente federalista. El Gobierno de la República transferirá recursos y responsabilidades a los estados y municipios, para que ellos sean los ejecutores de los programas sociales. En esa medida el Gobierno Federal se concentrará cabalmente en su función rectora del desarrollo social. Sólo estaremos satisfechos si cumplimos el imperativo moral, histórico, social, y político de erradicar la pobreza extrema y avanzar decididamente en la construcción de un México de oportunidades y de justicia. El futuro de México debe ser de firme crecimiento económico para responder a las necesidades de empleo, bien remunerado, de la población. Todo esfuerzo que deba hacerse para alcanzar ese crecimiento valdrá la pena. Los mexicanos enfrentamos un problema muy grave de desempleo debido a la falta de crecimiento económico. El crecimeinto económico es indispensable para que la población tenga empleo bien remunerado niveles crecientes de bienestar y un desarrollo armónico y democrático. Sólo el crecimeinto económico dará los recursos para una política social ambiciosa, proveerá los medios para construir un mejor sistema de procuración e impartición de justicia y propiciará una situación social menos proclive a la delincuencia. Con una economía próspera México será un país más respetado en la comunidad internacional de naciones. Por todo esto, el objetivo estratégico, fundamental del Plan Nacional de Desarrollo es promover un crecimeinto vigoroso y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional, extienda el bienestar de los mexicanos, sea el sustento de una democracia plena y genere los recursos para atender rezagos y procurar la justicia y la equidad. Para lograrlo, promoveremos políticas generales y sectoriales, así como condiciones de certidumbre y estabilidad que estimulen la inversión nacional y extranjera y que eleven significativamente la productividad de los factores de producción. El Plan Nacional de Desarrollo ofrece una estrategia clara y viable para el crecimiento. En ella el ahorro interno será la base del financiamiento para el desarrollo. Por eso, promoveremos las reformas tributarias y financieras indispensables para estimular el ahorro y la inversión. Por convicción y por absoluta necesidad nacional mi Gobierno será especialmente austero y eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Una vez superada la emergencia económica, haremos un esfuerzo extraordinario de inversión pública en infraestructura y alentaremos una participación mucho mayor del sector privado para ese fin. Es responsabilidad de nuestra generación resolver grandes problemas, subsanar viejos rezagos y abrir nuevas oportunidades. Por eso, el propósito del Plan Nacional de Desarrollo es fijar un rumbo claro para cumplir el esfuerzo de nuestra generación. CONCLUSIONES. La economía mexicana está nuevamente en la senda del crecimiento. Las fuentes de esta dinámica son el sector exportadosr y, cada vez con mayor fuerza, el mercado interno. El aumento de la inversión pública y privada, y del consumo en general -fincado en la expansión de la ocupación- serán los motores principales de la economía. Para que el crecimiento sea más vogoroso y permanente, se debe contar con un sector exportador moderno y competitivo. Es conveniente convertir a nuestro país en una economía integrada racionalmente a la economía mundial. La cultura exportadora debe ser una parte del modelo de desarrollo económico de México ahora y a mediano y largo plazos. Desde luego, ello únicamente será posible mediante una política eficaz de promoción de comercio exterior, llevada a cabo por organismos en los que participen conjuntamente los sectore público y privado. En suma, la conclusión general sobre el Desarrollo Económico de México es clara y contundente: la competitividad y el progreso de nuestro país son objetivos de todos, independientemente de preferencias particulares, partidistas o ideológicas. La economía mexicana debe crecer a tasas altas y sostenidas, evitando recaídas dolorosas e innecesarias. Para ello, se deben seguir escrupulosamente los principios fundamentales de la economía de mercado libre, competitiva y con claro compromiso social. Esta insistencia no es producto de una obcecación doctrinaria. Resulta, más bien, como reaccion lógica frente a las conclusiones de la teoría generalmente aceptada y, sobre todo, frente a la fuerza incontestable de los hechos. Las economías más desarrolladas del mundo, las más prósperas de la historia, las únicas que han erradicado la pobreza extrema, las que se caracterizan por un sistema político democrático, son todas economías de mercado. El proceso de transformación económica toma tiempo e implica costos. No es posible negar esa realidad. Los primeros pasos de la dirección del cambio estructural se dieron apenas a mediados de la década pasada. Sin embargo, la evidencia internacional e muy favorable a las estrategias que se basan en la economía de mercado. En particular,  se debe preservar en la instrumentación de políticas macroeconómicas prudentes y responsables, enmarcadas en el funcionamiento impecable, irrestricto y de aplicación general del Estado de Derecho. Estas bases son las que garantizarán el progreso constante y generalizado de toda la nación. BIBLIOGRAFIA. Cien Años de la Bolsa de Valores en México. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. México D.F., 1994. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte a tres años de su entrada en vigor. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. No. 196 La productividad y Competitividad desde el punto de vista de las empresas. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. No. 194 Simpósium “DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO” Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. No. 202 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1995 - 2001 Definición, clasificación e identificación de los proyectos de inversión (Esencial)