EL RECHAZO DEL MAS A LA COCA

Roberto Laserna

El rechazo del MAS a firmar el documento propuesto por los Obispos en su denominado Reencuentro Nacional ha sido apropiadamente considerado una firme declaración ideológica. Una declaración en la que el mensaje principal proviene del acto mismo del rechazo más que de las palabras que lo explicaron.

Con esa declaración el MAS se distancia del sistema democrático y demuestra que no se reconoce un actor importante del mismo. Y lo hace expresando su desconocimiento a los derechos, los intereses y las posiciones que los otros partidos representan, proclamándose arbitrariamente como la única representación legítima del pueblo.

En ese marco no puede sorprender que en su reacción los dirigentes de ese partido hayan atacado a la Iglesia, tratando de desprestigiar a su jerarquía y con la evidente intención de quebrar su unidad.

Es que el MAS pretende ser portador de una “nueva política” pero en los hechos reproduce los peores vicios de la vieja, como son, además de la mencionada táctica de ataque personal e institucional, la ideologización, el rechazo a una acción racional y la manipulación de las masas. Ellos demuestran, como la vieja izquierda, estar más preocupados por la simbología que por los fines y resultados de su acción política.

Y lo que sorprende todavía más es que al hacerlo hayan rechazado una posible polución de fondo al problema de los cocaleros, que son su base social y razón de ser, y sin duda también el grupo social al que más le deben.

En verdad, el MAS debe todo a los cocaleros. Sin ellos no pasaría de ser una agrupación testimonial, marginal y sin mayor relevancia, como lo han sido muchas otras agrupaciones políticas en nuestra tormentosa vida republicana.

Por eso no esta demás recordar que el apoyo de los cocaleros al MAS se debe a que creían que con ese instrumento político podían mejorar su capacidad de defender los cultivos de coca como medios de vida, es decir, defender su derecho a subsistir y a mejorar sus condiciones de vida.

Pero el MAS siempre se mostró mezquino con los cocaleros. Recogió esa esperanza apenas con una consigna de corto plazo que renueva la incertidumbre: la pausa en la erradicación. Y lo hizo sabiendo que esa no es la solución, e insiste en ella sabiendo que ya fue rechazada y no sirve como elemento de negociación.

Frente a eso, los Obispos lograron articular una propuesta innovadora inicialmente aceptada por el gobierno y los demás partidos, y en cuya realización los mismos Obispos parecían dispuestos a comprometerse: la legalización de los cultivos en el Chapare con un nuevo marco regulatorio que, además, consolidaría una relación de ciudadanía entre el estado y los campesinos. Sin decirlo, ni mencionar el tamaño de la parcela familiar que podría legalizarse, estaban hablando del cato.

Esta es indudablemente una posibilidad de dar solución al problema, pues tiene una perspectiva de largo plazo y crea las condiciones de certidumbre y estabilidad que necesitan los campesinos y los inversionistas en el Chapare y todos los demás fuera de esa zona.

Cuando el MAS rechaza el Reencuentro, rechaza esta opción y expresa con claridad su desdén por el campesinado que lo sustentó, su desprecio por las necesidades y la vida de los cocaleros y sus familias, a quienes ven solamente como una masa que puede movilizarse cuando se trata de ejercer presión y mejorar la posición política de sus líderes.

Hay que reconocer, sin embargo, que los dirigentes del MAS han sido sinceros al afirmar, en reiteradas oportunidades, que la coca no tiene relevancia para ellos y que sus preocupaciones van mas allá del campesinado del Chapare. Lo que no dicen es que con esa actitud están tratando de transformar a su base social en el pedestal de un nuevo caudillismo populista.

Afortunadamente, frente al rechazo del MAS, la prensa ha registrado la aceptación a la propuesta episcopal del resto de los partidos, empezando por la del propio Presidente de la República. Si esa aceptación es honesta y real no deberá quedarse en la firma del documento, que ciertamente la Iglesia no puede impedir, sino que debe avanzar hacia la ejecución de los acuerdos ahí planteados, que la Iglesia, como el resto de la sociedad, puede exigir y estaría obligada a apoyar.

En concreto, esto implica que el gobierno tiene que abrir la discusión de la Ley 1008 y avanzar en la formulación de una nueva política hacia la coca.

No será fácil hacerlo porque, como se ve, la oposición mayor no proviene ahora de la Embajada Americana sino del MAS, pero es necesario hacerlo.

Para evitar el pongueaje que la vieja izquierda enquistada en el MAS pretende ejercer sobre los cocaleros y para poner en marcha una lucha mas eficaz contra el narcotráfico es crucial recuperar la propuesta del Reencuentro vinculando tres procesos: la titulación de tierras en el Chapare, el control de los cultivos de coca mediante su regulación legal y la inclusión de los campesinos en una ciudadanía activa y responsable.

Princeton, 16 de Septiembre de 2003