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Cuando, a fines de noviembre de 1998, los principales líderes de La Alianza
convocaron a una conferencia de prensa en el Hotel Bauen de Buenos Aires, los
periodistas destacados anticiparon que finalmente el frente electoral compuesto
por la Unión Cívica radical y el FrePaSo anunciaría su candidato a
vicepresidente para las elecciones de 1999.
Con sorpresa, sin embargo, recibieron un anuncio diferente.
El diputado Rodolfo Terragno denunció que la administración Menem se
preparaba a licitar importantes contratos públicos antes de las elecciones,
comprometiendo así la capacidad de acción del gobierno entrante.
Para detener este proceso, La Alianza entendía necesario lanzar una
amenaza contundente: todo nuevo contrato firmado por el gobierno a partir de la
fecha sería revisado en caso de que la oposición llegara al poder.
El
anuncio de Terragno abría una serie de interrogantes sobre el rol de las
amenazas en un contexto electoral.
En
primer lugar, ¿por qué justamente La Alianza—un frente político cuya mayor
fortaleza parecía estribar en la defensa del estado de derecho y la
“seguridad jurídica”—amenazaría con desconocer las obligaciones contraídas
por el estado?
¿No
comprometía esta estrategia la credibilidad de su discurso en el largo plazo?
En
segundo lugar, ¿por qué esta amenaza resultó ser tan poco efectiva?
En
los meses subsiguientes al anuncio del Hotel Bauen, el gobierno abrió una serie
de licitaciones críticas en las que los empresarios nunca desistieron de
participar.
El
presente ensayo analiza estos problemas desde una perspectiva de teoría de los
juegos. Nuestra interpretación
modela la forma en que La Alianza intentó transformar los incentivos de los
empresarios a través de una amenaza pública que incrementaba el riesgo de
participar en las licitaciones.
El
problema, sin embargo, es que esta amenaza no resultaba suficientemente creíble,
por lo que los grupos económicos decidieron aceptar el esquema de la
administración saliente a pesar del riesgo futuro.
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La
primera parte de este trabajo presenta un “juego” que refleja la situación
inicial del gobierno, los empresarios y el frente opositor antes de
noviembre.
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La
segunda parte muestra que la amenaza operó como estrategia electoral para
preservar la credibilidad de la oposición y al mismo tiempo intentar
detener las licitaciones. A
través de ella, los líderes de La Alianza buscaban alterar los incentivos
del juego inicial a través de un compromiso público.
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En
las secciones finales mostramos por qué la amenaza no resultó “creíble”
(en un sentido estratégico) y por qué su efectividad fue limitada a los
efectos de detener las licitaciones.
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Las
conclusiones sugieren que este caso es una ilustración de un problema más
amplio: los legados institucionales en el marco de la política
presidencialista.
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