Gobierno brasileño anuncia
medidas sociales
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RÍO DE JANEIRO.— El Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva emprendió hoy una serie de acciones sociales destinadas a suavizar un severo ajuste de gastos, considerados imprescindibles para cumplir con el pago de la deuda pública.
La declaración subraya el tono dado la víspera a la presentación de un duro ajuste de gastos gubernamentales para asegurar el cumplimiento de compromisos contraídos por el Estado.
El recorte adicional de 14 000 millones de reales del presupuesto estatal (unos
4 000 millones de dólares), tiene como fin alcanzar un superávit primario (saldo de
ingresos menos egresos antes de pagar los intereses de la deuda) de
68 000 millones de reales (unos 19 000 millones de dólares) para pagar la deuda pública.
Sin embargo, el Gobierno anunció la puesta en marcha de 14 medidas que procuran satisfacer necesidades sociales emergentes. Algunas habían sido divulgadas incluso por el anterior presidente, Fernando Henrique Cardoso, pero no se habían implementado; otras forman parte del programa electoral de Lula.
Tres mil plazas, de 35 000 vacantes en universidades federales del país, serán ocupadas de inmediato en tres estados, con preferencia para estudiantes de bajos ingresos. Dos millones de empresas pequeñas tendrán acceso a créditos más baratos y se beneficiarán de una reducción de impuestos.
El Gobierno va a expropiar (con indemnización) 203 000 hectáreas de tierras improductivas en 17 estados, con fines de reforma agraria y asentar en el año a 5 500 familias ubicadas en campamentos de tránsito.
Se aumentará la Fuerza de la Policía de Carreteras Federales a fin de reforzar la seguridad en las rutas y combatir el crimen organizado. Asimismo, crece en 4 000 la oferta de becas o ayudas económicas para investigaciones científico-técnicas y se instalarán miles de computadoras en agencias de correo para el acceso gratuito a Internet durante 10 minutos a todo ciudadano, como parte del llamado combate a la exclusión digital.
Se estudia, además, la aplicación de un precio mínimo a la leche, ampliar el crédito para la siembra de maíz y sorgo, y priorizar el financiamiento de la agricultura familiar.
Por último fue anunciada la reactivación de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste, que fue disuelta por el Gobierno anterior.
