Anticorrupción: ¿discurso para las barras?
Por Julio Enríquez C.
EDITOR DE POLÍTICA
ENVÍO EXCLUSIVO DEL PERIODICO
"OPCIÓN"- ECUADOR-
Uno de los aspectos que más simpatías levantó -previo a la elección de este gobierno- fue el compromiso de llevar adelante una batalla frontal y sin cuartel contra la corrupción y crear o fortalecer (como la actual Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción) los organismos pertinentes para hacer efectivo este compromiso.
En estos tres primeros meses, el Gobierno ha tenido que pasar por una serie de eventos que han puesto a prueba no solamente la disposición de poner norte al proyecto patriótico y democrático que sustentan los sectores sociales más avanzados que hoy dirigen la nación, sino incluso la credibilidad de los votantes en este proyecto.
El costo político de las medidas económicas de corte neoliberal tomadas por el ministro Mauricio Pozo, fue relativamente barato. Todavía el régimen retiene buena parte de la simpatía e ilusiones de los ecuatorianos. Sin embargo, este valioso activo político estaría en peligro, de no mediar una actuación más clara y enérgica del Gobierno en cuanto a enfrentar con valentía los temas pendientes y presentes sobre la corrupción.
Quizá el tema que más expectativas levanta sea el de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que, según el economista Alberto Acosta, involucra a partidos políticos, grupos económicos y medios de información pública. ¡¡¡O sea medio mundo, de los de arriba!!! Pero ¿y los banqueros prófugos? Otras heridas gangrenadas y de las que sale un feo olor son Pacifictel, las aduanas, la intención de echar mano arbitrariamente de los fondos del IESS y la imposición del FMI de pagar la deuda externa a cambio de nuevos préstamos.
Otros elementos que se suman peligrosamente y que ponen en riesgo la credibilidad del régimen, tienen que ver con la idoneidad de algunos funcionarios con rango de ministros. Es el caso del Ing. Nelson Álvarez (quien ya renunció) y la tormenta que se avecina para el Dr. Luis Macas, ministro de agricultura, con juicio pendiente. Ambos están llamados a juicio sin que todavía se dicte sentencia o sobreseimiento definitivo, lo que constitucionalmente inhabilita para ejercer un cargo público.
Pero, al margen del ceremoniaje legal, profesional o formal, respecto del perfil que deben cumplir determinados personajes, al centro debe estar el máximo requisito que el presidente Gutiérrez debe observar para el éxito de su gestión, es decir, el máximo compromiso con la propuesta esencial para una administración patriótica y democrática.
En los gobiernos del pasado, los ministros eran elegidos de un exclusivo círculo cerrado de verdaderos palos gruesos, dueños de negocios e industrias, agentes o emparentados con poderosos grupos de poder económico y político, así, el peculado, la coima, el chantaje abierto y la pugna entre sus intereses eran cosas de todos los días. Pero también el silencio, el encubrimiento cómplice de sus mutuas faltas. Tenían bajo su control también el dictamen de los jueces, con lo que el círculo de la impunidad y de la infamia se cerraba. Acuérdense de Bucaram, Mahuad y Noboa, de sus victorias pírricas y negociados sombríos.
La lucha contra la corrupción no es un enunciado, no se trata de una frase que se dice para lograr popularidad, no es un accesorio que embellece la estampa de palacio. Debe ser una prioridad inaplazable dentro la visión de Gobierno, algo que, acompañado de un desempeño absolutamente transparente, cristalice y aparezca tangible el perfil patriótico y democrático de este régimen en el que todavía creen muchos ecuatorianos.
Un punto a favor del Presidente Gutiérrez es la negativa del actual CONAM de no privatizar y más bien fortalecer, modernizar y capitalizar las empresas estratégicas del Estado. ¿A qué se deben esos ceños fruncidos, señores dueños del país? ¿Acaso vieron esfumarse jugosos y corruptos negocios privatizadores?
¿A cuánto nos toca?
La Alianza 3-18 tuvo (¿tiene?) dificultades en repartirse el pastel de los puestos de libre remoción? Finalmente tenemos un veredicto claro. De un total de 78 cargos designados hasta el momento -según diario El Comercio- (aún faltan importantes nombramientos) el Partido Sociedad Patriótica tiene el 41 funcionarios, 52,56% de las designaciones en los cargos públicos, mientras que Pachakutik tiene 11 funcionarios, el 14.10%; y el Movimiento Popular Democrático tiene 3 funcionarios, apenas el 3,84%. Una considerable porción de pastel está repartida de manera amplia entre “independientes” con 8 funcionarios, 10.25%, 8%; Movimiento Blanco (del vicepresidente) 2 funcionarios, 2,56%; y un amplio espectro de la derecha, en donde están 13 funcionarios (incluido el ministro de economía, cuota de las Cámaras) suman la nada despreciable tajada de 16, 66%.
Hasta el momento, quienes más peso y responsabilidad tienen respecto de fijar direccionalidad en la administración gubernamental la tienen en realidad el partido del Presidente y…¡¡¡ la derecha política y económica!!! ¿Extraña acaso que un banquero como Guillermo Lasso, vinculado al bBanco del Pacífico -actual “embajador itinerante”- haya determinado la firma de la carta de “mala” intención con el FMI?
¿Pero que es lo que le toca al pueblo? Casi nada. Sólo el determinante rol de avalar o condenar lo que le beneficia y lo que le afecta. Diferenciar entre la política pro-yanqui y neoliberal de la derecha y las propuestas patrióticas y democráticas que deben emanar de su propio seno, en encuentros, seminarios, coloquios y debates; lo cual debe ser recogido, a su vez, por los que auténticamente se sienten representantes de un pueblo milenariamente postergado en sus aspiraciones.
El presidente quizá tenga demasiadas esperanzas cifradas en el intachable perfil tecnocrático que sus colaboradores deben reunir, pero no debe perder de vista que allá afuera, en los círculos de trabajadores, profesionales, estudiantes, organizaciones juveniles, de mujeres, jubilados y barriales, está todo un pueblo pendiente de que no le arrebaten sus sueños. Finalmente ¿quién pesará más en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez?
Ojo, ganaron los pícaros…
Ahora sabemos mucho mejor que antes –con el desenlace del caso de las aduanas- que el “Palacio quemado” o Congreso Nacional es de importancia vital para los poderosos. Estos, de manera fraudulenta y con una doble moral, hacen y disponen de las leyes sólo en cuanto acrecienten sus fortunas o ayuden a hundir a sus adversarios.
La negativa de los votos de los socialcristianos (PSC), los roldosistas (PRE), del PRIAN (Alvaro Noboa) y ¡cómo no! de los socialdemócratas (ID) para que las aduanas no pasen a ser manejadas por el Servicio de Rentas Internas, desnuda de manera grotesca los intereses de los grandes contrabandistas que estos partidos políticos tradicionales protegen.
Para nadie es desconocido que a través de las aduanas (vía introducción ilegal de mercaderías) se perjudica al Estado en más de 600 millones de dólares al año. Dígame usted amigo lector ¿Cuántos cientos de containers importa al año? Supongo que ninguno, por eso está leyendo Opción. Los que se dedican al gran fraude aduanero ni siquiera leen, ellos controlan y proveen de mercadería a las bahías, sobornan diputados, aportan mensualmente a los grandes partidos o directamente se lanzan a diputados, cuando no a presidentes de la República. ¿Los ubica?
Si bien es cierto que por esta vez los pícaros y contrabandistas obtuvieron una victoria y que, instalados como están en el organismo que crea las leyes –el Congreso-, es de prever que seguirán atentando contra el Estado y los intereses de la patria, tampoco es menos cierto el hecho de que los organismos de control y lucha anticorrupción deben estar mucho más atentos que antes. También deben estarlo el pueblo y sus organizaciones.
EDITORIAL:
En el combate a la corrupción hay que estar a la ofensiva, no a la defensiva
A un poco más de dos meses de haber iniciado su mandato, diera la impresión que el Gobierno de Lucio Gutiérrez ya lleva años de continuos problemas al frente del Estado, y que en este momento enfrenta algo parecido a una crisis de gabinete.
Durante esta última quincena se ha presenciado una tormenta de denuncias contra los funcionarios del régimen. Ya voló la primera cabeza de un ministro, la del ingeniero Nelson Álvarez; y por delante está la solución de las denuncias contra funcionarios como Napoleón Villa, gerente del Fondo de Solidaridad, a quien se le acusa de estar implicado en un juicio por narcotráfico que se sigue en las cortes del país.
Del ex Gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) se dice que no estaba capacitado para ese cargo y que su nombramiento era ilegal, por lo cual se lo remplazó. Además, también se han enfilado ataques al ministro de Agricultura, Luis Macas (indígena), supuestamente por no estar habilitado constitucionalmente para ejercer una función pública, por tener un juicio pendiente.
Si a esto sumamos la serie de críticas que se han hecho a los nombramientos para cargos diplomáticos, como el de Carlos Mansanillo para España (dirigente de familiares de migrantes ecuatorianos en España), y una sospecha propagandizada acerca de una supuesta crisis matrimonial del Presidente de la República con la diputada Ximena Bohórquez, podemos ver que lo que hay detrás es una campaña de desgaste al Gobierno, promovida principalmente por la derecha que quiere, por esta vía, incrementar su presencia para afianzar su dominio.
Si bien es cierto que la actitud del Presidente de la República, en torno a no dejar ningún espacio a la duda sobre la idoneidad moral de sus colaboradores, es una necesidad que se impone, sobre todo porque el combate a la corrupción fue su principal oferta de campaña, hay que tener en cuenta que quienes ahora se convierten en adalides de la eficiencia en el manejo del Estado y de la lucha contra la corrupción, son esos ‘técnicamente instruidos’ en el manejo de la administración pública que crearon caminos para legitimar y legalizar la corrupción ¿Por qué León Febres Cordero, Abdalá Bucaram y el partido de Álvaro Noboa se opusieron en el Congreso a que se elimine la CAE y a que las Fuerzas Armadas vigilen las aduanas?
¿Por qué Febres Cordero se opone a que Wilma Salgado sea la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD)? Acordémonos que él encabezó una marcha en Guayaquil para defender al banquero corrupto Fernando Aspiazu, que hoy está en prisión.
¿Por qué Abdalá Bucaram se queja de que ha salido perdiendo con el apoyo a Gutiérrez en la segunda vuelta?
¿Por qué la estigmatización a la ministra Pacari, acusándola de tener una supuesta identidad ideológica con la guerrilla colombiana, luego de que se negó a declarar a esta organización como terrorista?
Es evidente que la firmeza que debe demostrar el presidente Lucio Gutiérrez en este escenario adverso, no se expresa únicamente en salir a defender públicamente a sus colaboradores, sino en tratar de que su gestión sea transparente y que cumpla un papel trascendente en la moralización del Estado, así como en la aplicación de políticas de beneficio para los sectores populares. El Presidente debería ponerse al frente de la investigación de cada denuncia y dar ejemplo de moralización. Veamos qué apoyo político le da, por ejemplo, a la economista Salgado en la AGD para la recuperación de la cartera de los bancos cerrados y para la devolución de los dineros a sus ahorristas. O qué hace para imponerse a quienes quieren mantener las aduanas como están.