Ecuador no es el ‘aliado’ que EE.UU. esperaba
Por Franklin Falconí
Para haber sido declarado, en medio de una polémica nacional e internacional, como “el mejor amigo y aliado” de Estados Unidos, el Ecuador está dando muestras de independencia política y de dignidad nacional, que no satisfacen del todo al presidente George W. Bush. Por ejemplo, no puede considerarse como una actitud digna de un aliado al hecho de que Ecuador se sume al pronunciamiento de los Países No Alineados, en contra de una agresión bélica de Estados Unidos contra Irak, así como en contra de una hegemonía comercial en el continente si se llega a aplicar el ALCA. Tampoco se puede considerar como una actitud de un aliado a la negativa de reconocer a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como una organización terrorista, tal como lo piden el presidente Álvaro Uribe y la Embajadora norteamericana en Ecuador.
En materia económica ocurre algo parecido. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estará pensando ya en una primera evaluación negativa (que tiene que realizarse en junio próximo) acerca del cumplimiento de la Carta de Intención firmada en Washington el 10 de febrero. El crédito de 250 millones de dólares que ese organismo comprometió, solo se entregará en su totalidad cuando se cumplan las condiciones contempladas en la Carta. La primera era aprobar el Presupuesto General del Estado sin afectar su orientación de recortes al área social y de priorización del pago de la deuda externa, pero eso no ocurrió. Por decisión del Parlamento se redujeron 42 millones de dólares en el monto destinado al pago de intereses de la deuda, debido a la presión que ejercieron las organizaciones populares para que se incremente el presupuesto para educación, salud, agricultura y gobiernos seccionales.
La Carta de Intención también contempla que hasta los primeros días de marzo el Congreso apruebe el proyecto de ley económico urgente de reformas a la Ley de Aduanas, lo cual, hasta el cierre de esta edición, no ocurriría. Sobre todo en su criterio central: eliminar la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) y encargarle al Servicio de Rentas Internas (SRI) el control de esta área, así como entregar la vigilancia aduanera a las Fuerzas Armadas. En el Congreso se impuso una mayoría de oposición a esta propuesta, encabezada sobre todo por el Partido Social Cristiano, que tiene fuertes intereses en que se mantenga la actual estructura aduanera corrupta.
El FMI ya tiene una larga y penosa experiencia con este país. De 13 Cartas de Intención que se han firmado (desde mayo de 1982), hasta ahora únicamente se han cumplido 3. Esto debido a la fuerte oposición popular y a las contradicciones que existen entre grupos económicos nativos. En este contexto, no sería nada raro que los 40 millones de dólares del primer desembolso sean lo último que veamos de ese acuerdo.
Una misión de ese organismo, que estuvo en Quito los primeros días de marzo, ya expresó su preocupación por estos temas. Lo único en lo que se habría avanzado, a criterio del FMI, es en cuanto a la eliminación de la exoneración arancelaria en la importación de materias primas, que ha provocado toda una embestida de críticas del sector industrial y empresarial; y la firma de los contratos para administrar los fideicomisos de liquidación del Filanbanco, que finalmente incluye a la empresa ‘recomendada’ por la embajada norteamericana: Hunton & Williams Latin American Services. Aunque en estos días se dijo que se retiraría del proceso.
El otro condicionamiento que será evaluado antes del primer desembolso es el que tiene que ver con la contratación de empresas internacionales que hagan las auditorías a ocho bancos que están en manos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Pero el escollo que se presenta es la resistencia que existe en sectores económicos beneficiarios de la crisis bancaria, a que la AGD esté dirigida por Wilma Salgado, representante de Pachakutik. La mencionada investigadora económica y experta en temas financieros ha anunciado que el proceso de concurso para la contratación de auditorías internacionales debería reiniciarse por haberse posesionado recientemente las nuevas autoridades.
Este complejo escenario de intensa disputa entre la oligarquía y el imperialismo con los pueblos del Ecuador, demuestra que el país no está entregado de manera total e incondicional a los intereses de Estados Unidos. Las fuerzas sociales no se han desmovilizado en torno a sus reivindicaciones fundamentales, y tampoco frente a su proyecto político en el país, por el hecho de ser parte del gobierno.
Este es un Gobierno de coalición, que tiene a un Presidente de la República que se mueve entre las presiones que ejerce la derecha para llevarlo por el sendero del neoliberalismo, y la lucha de las organizaciones populares para que se aplique el programa anticrisis por el que el pueblo votó.
Al final, después de tanto alboroto que causaron las desafortunadas declaraciones de Lucio Gutiérrez en Washington, Ecuador continúa siendo el obstáculo que siempre fue para los planes hegemónicos de Estados Unidos en la región.
¿Por qué la Carta de Intención es peligrosa?
Si a pesar de los obstáculos que se han presentado hasta ahora, y los que se seguirán presentando, el Gobierno insistiera en cumplir con los condicionamientos del FMI, tendría que someterse a los castigos que la Carta de Intención contempla por incumplir con sus medidas y con sus metas macroeconómicas. Es decir, tendría que tomar nuevas medidas económicas antipopulares, como el incremento de los precios de los combustibles y de los servicios, así como el recorte de recursos para el área social. Esto implicaría la reproducción del círculo vicioso en el que han estado encerrados los anteriores gobiernos, y no ningún cambio fundamental, como es el postulado del actual régimen.
· El memorando de política económica de la Carta de Intención habla de que durante estos años se ha producido un ‘estancamiento’ de las reformas estructurales, como la privatización de las empresas del Estado. Esta desviación, según el FMI, debe ser corregida. En este sentido, se plantea la posibilidad de “concesionar la administración de las empresas del Estado a empresas internacionales privadas de prestigio”; camino por el cual pretenden llegar a una posterior privatización. Este es uno de los mayores peligros que encierra el acuerdo con el FMI.
· La Carta determina que en el primer semestre de este año, “el Gobierno emprenderá un proyecto, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para mejorar la base de datos del Bono Solidario a fin de focalizar mejor la ayuda en efectivo a los más pobres y eliminar el subsidio al precio del gas doméstico”. Con esto, que se calcula produciría alrededor de 40 millones de dólares en el 2003, se aplicaría una de las medidas en las que más ha insistido el FMI durante todos estos años, y que ha sido evitada por la lucha popular: la elevación del precio del cilindro de gas de uso doméstico. Es necesario reflexionar acerca de qué mecanismo puede ser tan exacto para evitar que grandes segmentos de la población más pobre sean afectados por esta medida, y no quienes realmente aprovechan injustamente del subsidio.
· “... Tras un comienzo prometedor, la política fiscal durante los años 2001 y 2002 no fue consistente con las exigencias de la dolarización, debido fundamentalmente al incremento excesivo de los salarios del sector público, creando importantes rigideces fiscales para los años siguientes, y la disminución del superávit primario”, sostiene la Carta. Esto muestra el argumento central para la decisión de congelar los salarios y de suspender el pago de las horas extras en el sector público, así como un recorte en un 10% de los empleados de libre remoción. Aunque el FMI propugna la reducción de los sueldos del sector público como la medida óptima, así como el despido masivo de sus empleados (basado en el achicamiento del tamaño del Estado, al cual se le asigna otro rol: el de regulador, no el de propietario y administrador), cuando las condiciones políticas específicas no se lo permiten actúa como lo está haciendo en el Ecuador. Pero hay que tener claro que si bien es cierto que existen desproporciones inadmisibles en algunos contratos de servidores públicos de algunas instituciones, esto no debe provocar una afectación indiscriminada e injusta. Por ejemplo, si se reducen empleados públicos en sectores como el de la salud y la educación, podría producirse una baja en la calidad de esos servicios, y eso repercutiría directamente en las posibilidades de desarrollo del país.
· En muchas cosas, el cuento de la disciplina fiscal aparece como un planteamiento de sentido común. Se dice que se enviará un proyecto integral de reforma tributaria, “orientada a mejorar la asignación del gasto público y a ampliar la base imponible”. En este sentido, se plantea que el Presupuesto General del Estado (PGE) es rígido porque tiene preestablecidos, a través de distintas leyes, gastos dirigidos a diversos sectores, como las universidades y los gobiernos seccionales, y que por lo tanto el gobierno está atado de manos para administrar los recursos, priorizando lo que crea que debe priorizar. En este sentido, la Carta de Intención impone expresamente que se eliminen estas preasignaciones legales, algo que ya se había intentado en el gobierno de Gustavo Noboa. Según el Banco Mundial, las preasignaciones que se establecen por concepto de tributos significan el 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB), monto supuestamente demasiado alto. Pero, aunque es cierto que muchas de estas preasignaciones surgieron como resultado del clientelismo electoral, sobre todo de partidos como el PSC y el PRE, es obvio que si se eliminan, los problemas que enfrentarán instituciones y comunidades beneficiarias serán muy graves. La Amazonia, por ejemplo, recibe una preasignación de un dólar por barril de petróleo exportado, lo cual, aunque no es suficiente, en algo devuelve a esa región la explotación que el Estado y las transnacionales hacen de sus recursos. Y las universidades, que además de llevar el peso de una deuda del Estado en su presupuesto, ahora sufrirían un recorte en su ingreso que las mantiene vivas, como es la preasignación de 1% del total de recaudación tributaria proveniente del Impuesto a la Renta y del IVA.
· El otro aspecto polémico es el que tiene que ver con la reducción de la base imponible del Impuesto a la Renta de las personas naturales. Con ello se gravará injustamente con mayores impuestos a los trabajadores cuyos ingresos anuales sean hasta 5 000 dólares, es decir, que ganen más de 400 dólares al mes. En todo caso, las reformas tributarias están previstas presentarse en Agosto de este año, tiempo en el cual podría aún correr mucha agua bajo el puente.
El Gobierno tiene la palabra: ¿es útil arriesgarse a terminar aprisionado por los designios del FMI como les ha ocurrido a los demás gobiernos, o es mejor apoyarse en la lucha de los pueblos para caminar por senderos alternativos?