América Latina en la mira
| Juan Gaudenzi / Radio Nederland - 15/04/03 |
No se la acusa de producir armas de destrucción masiva ni por el momento integra el llamado "eje del mal". Y ninguno de sus gobiernos – el de Cuba incluido – representa una amenaza para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Además, las dictaduras militares genocidas promovidas por Washington en los años 60, y 70 ya no existen, con lo cual el pretexto de una invasión y ocupación con propósitos "libertadores" queda descartado. Sin embargo, América Latina está (nuevamente) en la mira del poder estadounidense. Primero, como espacio geo-económico para la expansión del capital trasnacional. A más largo plazo por la abundancia de tres de los recursos estratégicos que, según varios pensadores, constituirán el botín de las guerras del siglo XXI: el petróleo, el agua (reconocido como tal por un documento del Banco Mundial) y la biodiversidad.
Disfrazada como parte de "la guerra contra el terror" desde que las antiguas organizaciones guerrilleras colombianas fueron incluidas en la "lista negra" que encabezan las huestes de Bin Laden, y la pacífica comunidad musulmana de la Triple Frontera (TF), que comparten Argentina, Brasil y Paraguay, identificada como una base de operaciones y apoyo del fundamentalismo islámico, la campaña neo-colonialista está en marcha en sus diferentes pero complementarios cursos de acción.
ALCA
El más conocido y de carácter más estratégico – en la medida en que fue diseñado
mucho antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001 – es la iniciativa
estadounidense para la conformación de una Asociación de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). Con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá
y México como plataforma de lanzamiento, ALCA es un intento por consolidar e
institucionalizar la hegemonía económico-financiera y política de Estados Unidos en
todo el continente, suprimiendo acuerdos regionales como el MERCOSUR
y estableciendo un bloque hemisférico en el que Washington se reserva el derecho de
decidir quién queda afuera (Cuba), cuáles de sus sectores productivos y sociales
(inmigración) quedan vedados y de qué manera las economías de los países subordinados
deben garantizar el libre ingreso de trasnacionales, mercancías y capitales
estadounidenses.
Su entrada en funcionamiento – prevista para el 2005 – le permitiría a la hiper-potencia mundial, que actualmente participa en un 20 por ciento del comercio mundial, liderar un bloque por donde pasaría un 31 por ciento del intercambio global de bienes y servicios.
Aunque ni temporal ni formalmente está asociada a la nueva doctrina de la "guerra preventiva" después de las invasiones de Afganistán e Iraq y las amenazas contra Siria, Irán y Corea del Norte, entre otros, esta iniciativa adquiere una nueva dimensión y contiene nuevos retos para la soberanía de los países latinoamericanos y su existencia misma como estados independientes. Porque si en el siglo pasado se abolió la soberanía nacional en materia de Derechos Humanos y puso en cuestión los derechos nacionales sobre el medio ambiente, el nuevo indica – al menos esa parece ser su tendencia – que el poder estadounidense está decidido a no reconocer otra soberanía que la propia a escala global, máxime en el que tradicionalmente considera como su "patio trasero".
Separatismo
Mientras impulsa un proceso de integración (re-colonización) hemisférica,
Estados Unidos estaría promoviendo o estimulando diferentes procesos secesionistas en
América Latina con el secular propósito de "dividir para reinar".
Según Horacio López, coordinador del capítulo argentino de la Asociación para la Unidad de Nuestra América (AUNA) una de las principales categorías operativas de esta estrategia es la de los "espacios sin gobierno" o "áreas sin ley". Entre ellas se encontraría el corredor de Tabatinga-Leticia, en la frontera entre Brasil y Colombia; la zona de Lago Agrio, entre Ecuador y Colombia y la selva del Darien, en Panamá, además de todo el territorio de Surinam.
Un trabajo de los venezolanos Luis Britto García y Fermín Toro se refiere a las dos modalidades separatistas alentadas por el poder estadounidense: la llamada "dura" que impulsaría la desagregación lisa y llana de una parte de un territorio nacional, bajo la bandera de la autonomía e independencia. Tales serían los casos, entre otros, de la región venezolana de Zulia (rica en yacimientos de petróleo) y de la Patagonia argentina.
Refiriéndose a este último, en la edición del 27 de agosto del 2002 del New Yok Times un tal Larry Rother escribió que "Neuquen es el centro de un agitado y creciente movimiento para separar esta región del extremo sur de Sudamérica, rica en petróleo y minerales, del desastre económico del resto de Argentina" y más adelante opinó: "el antiguo resentimiento hacia Buenos Aires se ha intensificado y la autonomía política, la integración regional y hasta la secesión son hoy discutidas abiertamente como posibles soluciones. Una Patagonia independiente sería una nación escasamente poblada, pero próspera". Y remató el artículo – López no duda que "por encargo" – mostrando la hilacha: "la región cuenta con casi la mitad del territorio nacional, la mayor parte de sus fuentes de agua dulce y de energía hidráulica y el 80 por ciento de su petróleo y gas".
En este mismo sentido una ignota "Junta Promotora de la Independencia Patagónica" difunde en una página web (www.repubikpatagonik.com.ar) una declaración de "independencia", supuestamente aprobada por los pueblos de la región, entre lo que – no debe perderse de vista – existe un alto porcentaje de ciudadanos chilenos.
La modalidad "blanda", por su parte, consistiría en potenciar el poder de los grupos dominantes locales para minar la capacidad de los estados nacionales para coordinar e implementar políticas administrativas, económicas, sociales o culturales.
López considera como "blando" el intento de unificación de los poderes provinciales de Rió Negro y Neuquen, en el sur argentino, "con el pueril pretexto de achicar los gastos administrativos. Dentro de este esquema de categorización no queda muy claro dónde se ubicaría el traspaso de la propiedad de enormes extensiones de tierras en manos extranjeras y las iniciativas para convertir este proceso en un instrumento de la política económica estatal.
En marzo del 2002 una tan llamativa como misteriosa encuesta interrogó a los pobladores de la también patagónica provincia de Chubut sobre su disposición a canjear deuda externa por tierras de la región o de la Antártida argentina. Y un año más tarde el diario Liberation (4 de marzo del 2003) y el semanario Nouvelle Observateur (dos días después) trasladaron el debate a Francia.
Por otra parte, son de público conocimiento las compras de cientos de miles de hectáreas de la Patagonia (en ambos lados de la frontera con Chile) por personajes como Douglas Tomkins. Soros, Benetton y Turner, entre otros.
Menos públicos son los intentos de privatizar el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, propietarios de unos 15 millones de hectáreas cultivables como producto de hipotecas impagas y quiebras de miles de pequeños y medianos productores agropecuarios. Obviamente, en caso de concretarse tales privatizaciones, sus beneficiarios – casi con certeza extranjeros - serían automáticamente dueños de esas tierras.
Entre menemistas y no menemistas, también existe la sospecha de que en caso de que el ex presidente Carlos Menem – el mayor depredador de los recursos nacionales que registra la historia argentina – regrese a la "Casa Rosada" (sede del Ejecutivo) como resultado de las elecciones del 27 de este mes, considerara seriamente la posibilidad de canjear deuda externa por tierras u otros bienes naturales.
El componente bélico
Los primeros centros de espionaje (además de las antiguas embajadas), bases militares y
unidades de reconocimiento ya operan en la región bajo las ordenes del Comando
Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
En Colombia – con el beneplácito del Estado nacional – oficiales estadounidenses conducen las operaciones contrainsurgentes y supervisan el uso de los recursos financieros y bélicos aprobados por el Capitolio para ese país.
En Ecuador el Gobierno del ex presidente Jamil Mahuad entregó a Washington la Base Aérea de Manta en la costa noroeste, que rápidamente quedó reconvertida en una plataforma para extender el control aéreo ("Detection, Monitoring and Tracking", en español Detección, Control y Seguimiento) del Comando Sur sobre toda la región.
En Brasil las autoridades nacionales tienen vedado el acceso a los componentes más "sensibles" del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM) que está montando la corporación Raytheon. Y toda la información obtenida será desviada a la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA y el Pentágono antes de que llegue a manos del Gobierno y las Fuerzas Armadas brasileños.
En la Triple Frontera (TP), donde convergen los territorios de Argentina, Brasil y Paraguay, "operan oficiales estadounidenses de enlace con las fuerzas de seguridad de los tres países", admitió públicamente en marzo de este año Curtis Strable, subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental. El argumento – nunca probado -: la TP sería un reducto de terroristas islámicos.
Mientras tanto, la República Argentina, tal vez por la magnitud de su crisis interna, las "relaciones carnales" con Washington durante la década de los años 90 (los dos sucesivos gobiernos de Carlos Menem) y la debilidad actual de su Estado, parece haber sido elegida como la principal cabecera de puente de los marines norteamericanos.
Violaciones de la soberanía y la Constitución
Según medios locales como el programa televisivo "Día D" y la revista
"Veintitrés", a lo largo del 2001 y todo el 2002 se produjeron ingresos
ilegales – violando el artículo 75 de la Constitución Nacional que prescribe una
autorización previa del Congreso Nacional– de tropas estadounidenses en varias
provincias de este país: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Salta. Para
realizar ejercicios propios o para realizar maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas
argentinas y de otras naciones sudamericanas.
En algunos casos el Gobierno de Eduardo Duhalde – el mismo que ante la proximidad de las elecciones presidenciales, adoptó un discurso duro contra el unilateralismo estadounidense – facilitó la ilegalidad y clandestinidad de tales operaciones solicitando la autorización del Congreso después que estas se consumaron. En otros, el mandatario y su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, simplemente negaron su existencia. Según vecinos y hasta el alcalde de la localidad de Mazaruca, en la provincia de Entre Ríos, Angel Tramontin, quien conserva notificaciones oficiales de la llegada de las tropas, entre agosto y noviembre del año pasado efectivos de la infantería de marina de los Estados Unidos ("marines") realizaron maniobras en esa zona fluvial. Con el argumento de que los entrerrianos se equivocaron porque "es imposible diferenciar los uniformes de los "marines" del de los infantes de marina argentinos", Jaunarena desmintió la información. Sin embargo, no explicó por qué los testigos presenciales confundieron los colores y el diseño de las banderas que los infantes llevaban en sus uniformes y embarcaciones.
También, entre junio y septiembre del 2002 paracaidistas norteamericanos se ejercitaron en la norteña provincia de Salta. Coincidentemente, Marcos Díaz Muñoz, corresponsal del canal de televisión "Todo Noticias" informó que en la localidad saltena de Tartagal "marines" vestidos de civil y simulando ser operarios de las refinerías petroleras multinacionales existentes allí, custodiaron las instalaciones y los caminos de acceso durante las protestas populares realizadas en el lugar.
El Gobierno argentino fue, inclusive, más allá del encubrimiento. El 4 de diciembre pasado presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para otorgar privilegios e inmunidades a las tropas extranjeras. El texto es, prácticamente, una copia de la solicitud para poner a sus soldados a salvo de la Corte Penal Internacional y del Tratado de Roma – del que Argentina es firmante y Estados Unidos no -que el Gobierno de George W. Bush le hizo llegar por medio de su embajada en Buenos Aires.