EL DELITO DE OTORGAR ASILO POLITICO
Por: Andrés Soliz Rada
Será difícil encontrar, en estos momentos, una conducta más noble que otorgar refugio a perseguidos políticos. En instantes en que la dictadura planetaria está convirtiendo al globo terráqueo en un campo de concentración sin solución de continuidad, custodiado por "rambos" armados con colmillos atómicos, los gobiernos que aún se atreven a practicar el derecho de asilo merecen el respaldo de la comunidad internacional. Tal respaldo se torna indispensable ahora que George W. Bush ha enumerado entre los "delitos" cometidos por el régimen de Siria el de acoger a fugitivos iraquíes que tratan de eludir la persecución norteamericana, lo cual justificaría su próxima invasión en el Medio Oriente.
Si bien la palabra asilo tiene origen griego, llegó al castellano a través del vocablo latino "asylum", que significa lugar de refugio para los perseguidos. "El asilo político es, según la "Enciclopedia de la Política", de Rodrigo Borja, la protección o amparo que en determinadas circunstancias y bajo condiciones dadas, se otorga en el territorio de un Estado o en sus sedes diplomáticas acreditadas en el exterior a las personas perseguidas por sus ideas, sus convicciones religiosas, sus condiciones étnicas o la comisión de delitos políticos".
Es verdad que el asilo fue en sus inicios una práctica que amparaba a delincuentes comunes, pero, a partir del siglo XV, con la creación de los Estados nacionales, surgió el asilo diplomático, fundado en la extraterritorialidad reconocida a sedes y residencias de los enviados especiales. Hoy en día, el asilo político es parte central de los derechos humanos y está consagrado por la Resolución 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que indica que "el asilo es un acto humanitario y pacífico, que de ninguna manera puede ser considerado por otro Estado como inamistoso". Determina, asimismo, que ningún perseguido político puede ser rechazado, expulsado o devuelto al país que lo persigue.
No es fácil por cierto hacer comprender a quienes invadieron Irak sin el respaldo de Naciones Unidas que Siria, más allá de las objeciones a su régimen de gobierno, al brindar refugio a soldados, oficiales o gobernantes que combatieron por su país frente a la agresión estadounidense, está ejercitando el derecho de proteger a perseguidos políticos. Si entre los fugitivos y refugiados existen terroristas o criminales que sirvieron a Saddam Hussein, lo lógico es que estas personas sean juzgadas por el Tribunal Penal Internacional (TPI), recientemente creado, lo que obliga a recordar que Bush ha dispuesto que ningún norteamericano se someta a esa jurisdicción.
Estamos, en consecuencia, ante otra faceta de la misma dictadura planetaria, iniciada el 20 de marzo pasado, día en que los primeros misiles del Pentágono cayeron sobre Irak. Según esa lógica, EEUU puede perseguir, capturar y condenar a quien quiera, dentro de su concepción de "enemigos potenciales", pero nadie puede detener ni juzgar a un criminal de guerra norteamericano. El Imperio tiene, en estos momentos, un campamento de prisioneros afganos en Guantánamo (Cuba), al margen de la Convención de Ginebra, y, sin el menor escrúpulo, amenaza con invadir a Siria por oponerse a que esos lugares de inhumana detención sean engrosados por iraquíes que tuvieron el coraje de empuñar las armas para defender a su Patria.