
El autoritarismo en Chile hoy día tiene dos rostros; la permanencia de un sistema institucional y político de democracia restringida, presidencialista y con tutelaje militar, y la persistencia de un régimen centralista que subordina a los habitantes de todas las regiones a la dominación y control de poderes centralizados.
Eliminar los enclaves autoritarios y descentralizar son los desafíos que enfrenta la sociedad chilena en el umbral del siglo 21. Ambos desafíos apuntan a construir un estado democrático, flexible, alentador de lógicas participativas, pluralista, respetuoso de la diversidad, que permita a las comunidades políticas y territoriales manifestar con libertad sus propuestas, concretar sus opciones de desarrollo y tener acceso al poder.
Actualmente las regiones que constituyen Chile están privadas de la iniciativa política o económica, son gobernadas por autoridades delegadas por el poder central, que en nuestro caso ejerce el ejecutivo desde la Región Metropolitana. Las actividades económicas hoy desarrolladas en las regiones no responden a prioridades locales, sino a las prioridades determinadas desde el centro, el cual actualmente intermedia las necesidades del mercado global, e impone a las regiones modelos productivos monoespecificos competitivos en la escala global, los cuales no compensan la perdida de capital natural en las regiones, y tampoco equilibran cuando los productos estrella regional, tal como en el caso de la crisis asiática, no son requeridos en el mercado global.
Los recursos provenientes de la actividad económica nacional, o de la tributación, tampoco encuentran canales para ser equitativamente redistribuidos entre las regiones. Política y económicamente, el centro, ubicado en la Región Metropolitana concentra el poder y las ganancias, sufriendo también impactos negativos fruto de su avaricia concentradora.
Iniciar una descentralización democrática implica asumir el desafío de la elección directa de las autoridades regionales, la determinación local y regional de las prioridades, la planificación regional de las estrategias de desarrollo, el manejo local y regional de los recursos y la coordinación y negociación para la complementariedad de las prioridades del desarrollo nacional.
Un
cambio en el sistema político se hace fortaleciendo
la sociedad civil y cambiando la Constitución. Dentro de
estos cambios está la eliminación de los senadores
designados, el cambio del sistema binominal, que ha
generado una política cupular que impide que haya una
representación proporcional de las opiniones
ciudadanas. Esto a la larga, desmotiva y hace que la
gente se automargine de la participación electoral.
Somos partidarios de que las regiones tengan
decisión sobre sus políticas de desarrollo y el manejo
de sus fondos. No puede seguir la región metropolitana o
el gobierno central manejando todo. Las regiones deben
elegir directamente sus propias autoridades y que no
sean designadas por el Presidente de la República.
También, planteamos la necesidad de concretar los
derechos de los pueblos indígenas, los cuales están
consagrados tanto en la Constitución como en la Ley
Indígena, sin embargo, no se han implementado y
creemos que debieran reconocerse ya que no se puede
seguir arrinconando a los pueblos indígenas. Debe
asumirse una política de promoción de sus derechos
territoriales y darles la posibilidad concreta para elegir
sus propias autoridades y presentar sus candidatos al
municipio.
Más información sobre
ésta candidata en
(NO es sitio oficial)