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Justicia para los que aún esperan

lunes, 20 de marzo de 2000


Sila M. Calderón
Candidata a la gobernación PPD

AL COMIENZO del siglo 21 existe todavía en Puerto Rico una realidad inescapable que no podemos seguir evadiendo. Cientos de miles de nuestros compatriotas viven en condiciones de pobreza que deberían ser totalmente inaceptables para una sociedad civilizada. Son familias de nuestros campos, de nuestros residenciales, de nuestras ciudades, que aún no han logrado acceso a las oportunidades que están disponibles para el resto de nosotros.

Estos puertorriqueños, hermanos nuestros, viven en el silencio de su realidad. Son los que sufren, los que luchan a diario por su sustento mínimo, los que no tienen empleo, los que se quedaron atrás. Son los que esperan.

Las estadísticas ofrecen un cuadro alarmante. Según el último censo, el 58% de los puertorriqueños, o sea, 2,057,377 personas, de un total de 3.5 millones de habitantes, viven bajo los niveles de pobreza. Además, el 65.9% de los menores de 18 años también se encuentran bajo el nivel de pobreza. O sea, que de un total de 1.1 millones de niños y jóvenes en Puerto Rico, 761,780 están también sumidos en la pobreza. Por otro lado, casi el 30% de los hogares de Puerto Rico están encabezados por una mujer. De esos, el 70% tienen una mediana de ingresos que sólo es el 40% de la mediana de las familias encabezadas por padre y madre.

Estos datos significan que hay dos Puerto Rico. El Puerto Rico de los que tienen y el Puerto Rico de los que no tienen. ¿Hasta cuándo podemos seguir ignorando esta realidad?

Yo planteo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de conciencia de mirar la pobreza de frente. Yo planteo que hay que volver a hacer de la lucha contra la pobreza un imperativo moral en nuestro país. Todos los sectores de la sociedad, no sólo el gobierno, tienen que darles la mano a estos compatriotas que se han quedado atrás, de modo que puedan tomar mayor control sobre sus vidas y lograr un proceso de superación personal y familiar. Este trabajo debe basarse en tres principios fundamentales. Son los que han guiado la gestión de mi gobierno municipal en las 53 Comunidades Especiales de San Juan: el principio de autogestión y participación real, siendo el residente el eje central de la planificación y de la acción renovadora; la alianza entre las comunidades, los sectores públicos y el sector empresarial, para facilitar el desarrollo; el enfoque integral al problema de la pobreza que descansa en el convencimiento de que hay que atacarla desde todos los frentes.

Esta semana presenté mi propuesta para hacer de la lucha contra la pobreza una prioridad para todo Puerto Rico. Definitivamente, el desarrollo económico será la columna central de mi Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21. Pero la atención a las Comunidades Especiales de Puerto Rico y la respuesta sensible a los reclamos de los que más necesitan, serán la orientación prioritaria de la labor gubernamental bajo mi gobernación. Para ello propongo:

  • La Alianza Puertorriqueña contra la Pobreza: una efectiva integración y coordinación de los esfuerzos públicos, empresariales y comunitarios en todo el país.
  • El Consejo para las Comunidades Especiales de Puerto Rico: que incorporará a los jefes de agencias concernidas y representantes de los municipios, el sector privado y las propias comunidades. Será presidido directamente por mí como gobernadora y desarrollará la política pública de justicia social de mi administración, coordinando los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de sus objetivos.
  • El Plan de Seis Años: un programa de acción gubernamental para atender los reclamos y las necesidades de estos sectores especiales con metas específicas, itinerarios de cumplimiento, así como indicadores para medir resultados.
  • El Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogestión: un funcionario a nivel de La Fortaleza que coordinará todos los trabajos gubernamentales en los esfuerzos por combatir la pobreza. Se reportará directamente a mí y contará con los poderes necesarios. Promoverá la participación del sector privado, fundaciones, instituciones educativas y del sector comunitario.
  • El Fondo para el Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades Especiales de Puerto Rico: permitirá la subvención del desarrollo comunitario. Contará con aproximadamente $100 millones durante los primeros dos años para proyectos de iniciativa comunitaria, infraestructura, viviendas, facilidades comunitarias, programas de servicio para estos sectores y medidas para mejorar su calidad de vida.
  • El Banco de Desarrollo Comunitario: será un mecanismo que evaluaremos conjuntamente con la banca privada para proveer préstamos a las pequeñas empresas de familias y comunidades y a las organizaciones comunitarias sin fines de lucro.

Los alcaldes serán un elemento importante en este esfuerzo. Promoveré su participación en la elaboración de los planes estratégicos y en la identificación de las comunidades más necesitadas. Podrán presentar propuestas para ser financiadas por el Fondo, siempre que las mismas estén avaladas por la comunidad.

Le ofrezco a Puerto Rico un gobierno sensible. Un gobierno que mire, vea y atienda la verdad de nuestra realidad. Un gobierno que entienda que combatir la pobreza tiene que estar por encima de partidismos políticos y de ideologías. Un gobierno que comprenda que el dolor no tiene color. Yo le propongo al pueblo puertorriqueño un gobierno de justicia para los que aún esperan.

© 2000 El Nuevo Día - Derechos Reservados

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