La Ruta 66

lunes, 1 de mayo de 2000

Sila M. Calderón
Candidata a la gobernación PPD

DURANTE LAS últimas semanas he estado observando, al igual que lo han estado haciendo todos los puertorriqueños, los eventos relacionados con la Ruta 66.

Hoy quiero expresarles directamente mi opinión sobre este importante asunto. La construcción de una ruta alterna para la zona este es absolutamente necesaria. De ahí la importancia de que el Gobierno asumiera su responsabilidad y asegurara un proceso justo, abierto y respetuoso; uno que incorporara las preocupaciones de las comunidades de la zona y de los grupos afectados. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió.

Durante los pasados meses un grupo de representantes de las comunidades afectadas por la construcción de la Ruta 66 se vio precisado a librar una dura batalla legal para hacer valer los derechos establecidos en las leyes de nuestro país.

Este grupo de ciudadanos entendía que el Departamento de Transportación y Obras Públicas había burlado las leyes y había violentado sus derechos como comunidad, poniéndolos en peligro y causando daño al medio ambiente. A sabiendas, el Departamento había diseñado un esquema para circunvalar los procedimientos que debía seguir. Atropellaron a todos a su paso, sin importar las leyes y reglamentos, las opiniones de las comunidades y, mucho menos, el ambiente. A sabiendas de la responsabilidad que la agencia tenía, dividieron y fragmentaron el proyecto, evitando cumplir los requisitos de ley. Para acabar de completar este esquema irregular, la Legislatura de Puerto Rico legisló retroactivamente para encubrir las faltas cometidas.

El Tribunal Supremo juzgó que este modo de operar violaba la ley y dictaminó que no se podía continuar la construcción hasta que se cumplieran las leyes. Dejó establecido, además, que se trató de burlar la separación de poderes, base de nuestro sistema constitucional.

Esta decisión del Tribunal no cayó bien al Gobierno porque expone, a toda luz, el estilo de gobernar que este pueblo está rechazando y que ya no tolera. El Gobernador entonces instruyó al actual Secretario de Transportación y Obras Públicas para que se retire del área de construcción de la Ruta 66 de inmediato, dejando las obras inconclusas sin mitigación y ninguna otra acción ulterior.

Qué forma de gobernar es ésta? Cómo es posible que no se dé la cara ahora y se diga por qué se burlaron los derechos de las comunidades? Cómo es posible que se confabulen, una vez más, para condenar a estas comunidades a un segundo castigo? Primero construyeron en contra de la ley y ahora pretenden dejar el daño hecho, rehuyendo la responsabilidad que tienen de mitigar, cumplir con la ley y dotar al área este con una ruta alterna tan necesaria.

La zona este, definitivamente, necesita una nueva ruta de acceso y hay que proveérsela. Pero hay que proveérsela dentro de la ley. No podemos aceptar las represalias que se quieren tomar en contra de las comunidades opuestas, ni tampoco podemos aceptar que la Legislatura de nuestro país pretenda circunvalar una vez más al Tribunal Supremo.

Yo respeto y acato la determinación del Tribunal Supremo, no porque detuvo la construcción de la Ruta 66, sino porque reconoció el derecho que tienen las comunidades y porque la ley hay que cumplirla. Las personas responsables tienen que asumir su responsabilidad. Procedieron de forma insensible e irresponsable, causando daños al ambiente y a las comunidades y gastando indebidamente millones de dólares del pueblo puertorriqueño.

Sin embargo, lo hecho, hecho está. Ahora hay que actuar sin rehuir el deber de lograr el desarrollo a que tienen derecho los ciudadanos de la zona este. Se necesita una ruta mejorada y alterna para esta zona. El progreso del sector este del país tiene que darse, pero tiene que darse con respeto y dentro de la ley. No se puede rehuir esta responsabilidad, ni politiquear con el bienestar de las familias puertorriqueñas.

Quiero expresarles que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr una ruta adecuada que garantice el progreso de la zona este y que cumpla con la ley y con la decisión del Tribunal: Ya sea la Ruta 66, hecha correctamente, o cualquier otra alternativa o grupo de alternativas viables que pueda existir.

Le he solicitado a un grupo de colaboradores de mi programa de gobierno, ingenieros, planificadores y constructores, que precisen el alcance de la determinación del Tribunal Supremo y me recomienden las alternativas de acción que tendré a partir del 3 de enero para garantizar el progreso de la zona este. El grupo incluye al Ing. Yamil Castillo, presidente del Comité de Infraestructura de mi programa de gobierno; al Ing. Jorge Bigas, pasado director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras; al Ing. Carlos López; al planificador Mario Rodríguez; al Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones, ex secretario de Transportación y Obras Públicas y al profesor José Molinelli, reconocido ambientalista. Incluye también a un grupo de proyectistas del sector privado quienes han aceptado brindarme su colaboración. Además, consultaré con organizaciones de la industria de la construcción.

También, he comenzado un diálogo franco con las comunidades afectadas y con los líderes de los pueblos de la región para que sean parte de las soluciones que buscamos juntos. Quiero conocer de primera mano su sentir sobre esta situación y las opciones que ellos consideran mejor para la zona. En vez de rechazar las alternativas comunitarias, los gobiernos tenemos la responsabilidad de escuchar para convertir las aspiraciones en realidades en la medida que sea posible.

Finalmente, los daños a sabiendas no pueden quedar impunes. Este estilo de gobernar es impropio y peligroso. Los gobernantes tienen que ejemplificar con sus actos el comportamiento que se espera de los ciudadanos. Tienen que ser honestos y francos y no menospreciar los reclamos del pueblo hacia el ambiente, ocultándose tras otros para rehuir su responsabilidad. Al pueblo de Puerto Rico hay que rendirle cuentas.

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