San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de agosto.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció hoy que investigará el "grave" enfrentamiento que se registró el miércoles entre militares y presuntos zapatistas en la comunidad de San José La Esperanza, municipio de Las Margaritas.  

El cuarto visitador de la CNDH, José Luis Arena Hernández, informó que un equipo especializado se trasladará a esa comunidad indígena, con el objetivo de conocer si el ataque fue provocado por las fuerzas armadas o por simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

 Entre tanto, la Red Civil de Observación aseguró en un informe entregado hoy a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que las acciones gubernamentales con respecto al conflicto en Chiapas revelan las intenciones del gobierno federal de abandonar la solución pacífica y negociada y crear un nuevo escenario para justificar una solución militar.  

Aseguró que "no obstante la falsedad de las declaraciones oficiales que se empeñan en negar el avance de una guerra contra los pueblos indios en Chiapas, en las comunidades se sufre la agresión sistemática y cotidiana de efectivos militares, policías de Seguridad Pública estatal, Policía Judicial, grupos paramilitares, agentes del Ministerio Público y de funcionarios y operadores políticos del gobierno que continúan sus tareas de dividir y estimular enfrentamientos entre civiles".

 Integrada por más de 30 organizaciones no gubernamentales civiles y de derechos humanos, la Red enumeró una serie de acciones inconstitucionales y violatorias de la ley y de los derechos humanos ocurridas desde junio pasado, como "prueba" de lo anterior.

 Sostuvo que los riesgos del patrón de la política del gobierno respecto del problema de Chiapas, "se perfilan con el continuo incremento de la militarización, la vinculación de autoridades judiciales y seguridad pública del estado en los operativos militares; la movilización abierta y cada vez más beligerante de grupos paramilitares en regiones indígenas; la incitación a la violencia por parte del gobernador Roberto Albores Guillén y autoridades municipales que conducen a un clima de enfrentamiento entre la población civil".

 Asimismo, la "ofensiva jurídica" desde el Congreso del estado en contra de los acuerdos de San Andrés con la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas y la constitución unilateral de nuevos municipios; la postura irresponsable de la Secretaría de Gobernación que pretende desconocer la ofensiva militar y que falsea el significado de los operativos militares; la multiplicación de los retenes militares y el endurecimiento de sus acciones con el pretexto de aplicar la Ley de Armas de Fuego.

En el documento dado a conocer este mediodía en conferencia de prensa, la Red exigió el cese inmediato de las acciones militares así como la desmilitarización de las comunidades indígenas de Chiapas, juicio político y judicial al "gobernador ilegítimo" Roberto Albores Guillén, que la Secretaría de Gobernación asuma sus responsabilidades y ponga freno a los intentos de autoridades estatales por propiciar la confrontación entre la población civil. (Elio Henríquez, corresponsal, y Andrea Becerril, enviada, y Triunfo Elizalde; DPA)

29 de agosto.- Los 20 meses de gobierno perredista en la ciudad de México arrojan "estabilidad" y la percepción de "confianza" entre los ciudadanos por el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, aseveró Cuauhtémoc Cárdenas, al hacer un balance general de su mandato en una recepción masiva en este lugar.

 En lo fundamental, la autoridad capitalina cumplió con las metas y los objetivos de su programa de gobierno, y con las propuestas de gasto e inversión, que se enviaron a la Asamblea Legislativa del DF, expuso el jefe de Gobierno de la ciudad de México.

 Pero en su evaluación no escapó que al gobierno que le tocó encabezar le faltó erradicar "viejos vicios" en algunas áreas de la administración pública, como la policía.

 "Tampoco se logró difundir la tarea de gobierno con "la amplitud ni la oportunidad necesarias", dijo con relación a la comunicación social, pero al final la sensación que a él le queda de sus visitas a diversas colonias y por los sondeos que se han realizado en las delegaciones políticas, es que la gente percibe no sólo un cambio cuantitativo, porque hay más obras y servicios, sino también cualitativo por la política de "puertas abiertas" y de transparencia en los actos de su administración.  

"Todo ello permite establecer que este gobierno ha hecho mejor las cosas que las anteriores regencias", dijo durante una entrevista efectuada entre las etapas de sus actividades de proselitismo en esta ciudad. "Espero que esa sea la percepción de la mayor parte de los ciudadanos, porque quien lo nota es a quien se la ha pavimentado la calle, quien aprovecha mejor las escuelas rehabilitadas, pues antes no se les daba mantenimiento, y en general a la población que sabe de las acciones de gobierno", sostuvo.

 Al pie de la barda metálica que divide México de Estados Unidos, junto al mar, inició la entrevista, donde expresó que ser gobierno en la capital del país ha significado, "en un sentido, la confrontación de dos proyectos de carácter nacional: uno excluyente, el priísta, que ha subordinado el desarrollo social a los equilibrios de carácter macroeconómico, sin importarle la caída de los niveles de vida, de los salarios, sin crecimiento de la economía y la pérdida de oportunidades".  

En contraparte, expuso, consideró que hubo logros importantes en lo social, atención a niños, indigentes, mujeres, apoyo a micro y pequeñas empresas, fomento al turismo, la reforestación de millones de árboles, recuperación de miles de litros de agua potable por la reparación de fugas y disminución del índice delictivo.

 Dijo que el comercio en la vía pública está reordenado de mejor manera, a pesar de los manejos clientelares, en su mayor parte del PRI, aunque también lo había en organizaciones perredistas.

 Dijo que el ambulantaje se redujo en el Centro Histórico entre 40 a 50 por ciento y, en otros casos, donde causaba conflicto con otros sectores, se le reubicó.

 De la relación con el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del DF indicó que es "buena", pero no está exenta de "factores político partidistas", pues la organización gremial pertenece a una federación de sindicatos que es priísta, la cual exigió a las autoridades locales demandas laborales que nunca formularon al gobierno federal.

 Aseguró que el trato con los funcionarios de la administración del presidente Ernesto Zedillo es institucional, pero en aquellas áreas donde se percibe un efecto político, "simplemente no fluyen los asuntos". Y dijo que el ejemplo de esto es la negativa para enviar al Congreso de la Unión la solicitud para solicitar mayores recursos, vía la contratación de deuda.  

"Por criterios de orden político se afectó a la ciudad", pues no hubo voluntad del Ejecutivo federal para permitir que se dotara de mayores servicios e infraestructura a la ciudad, puntualizó.  

"Nunca supimos la razón por la que no llegó al Congreso la solicitud, la segunda que se formuló", precisó Cárdenas sobre el tema que dejó a las finanzas capitalinas sin 5 mil 800 millones de pesos y lo excluyó, por primera vez, del Fondo de Desarrollo Municipal.

 Lo que es un hecho, destacó, es que se actúa con transparencia y honestidad.

 En su opinión, el Partido de la Revolución Democrática tiene una "fuerte" posibilidad de repetir el triunfo en el 2000.  

Próximo a separarse de la jefatura de Gobierno para emprender un tercer esfuerzo por la Presidencia de la República, aseguró que habrá continuidad en la administración capitalina, pues la gestión de la autoridad es de tres años.  

"Ahora hay estabilidad y confianza entre la percepción de la gente de que se puede hacer más. No hay por qué dudar que se puede cambiar", dijo en referencia a los gobiernos priístas.

 Sostuvo que no cambiará su deseo de seguir impulsando un nuevo proyecto de nación, sea en una campaña o como servidor público.

 De la experiencia del PRD en el DF puntualizó: "Nos permite establecer que nuestro modelo se puede aplicar a la nación, por lo que contenderé nuevamente".

El psicólogo Gabriel Araujo, miembro del Programa Interinstitucional sobre Violencia Social de la UNAM, destacó la importancia de llevar a buen término las investigaciones sobre el homicidio de Francisco Stanley, con el fin de combatir la impunidad, restablecer la credibilidad en las instituciones y revertir la tendencia de una televisión que se ha dedicado a manipular información exacerbando el melodrama.  

Dijo el especialista que hasta ahora se pueden considerar satisfactorios los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el asesinato de Stanley.

 Agregó: "Si las cosas fueron como aparecen, de acuerdo con las investigaciones de la PGJDF, y si esta es una investigación seria, independientemente del manejo de la información que ha hecho la televisión dedicada a la explotación sentimental y al descrédito de las autoridades, la tendencia será que la comunidad tenga confianza en esa institución".

 Indicó que el combate a la impunidad exige la aplicación de la ley con todo su peso, y de esto deben quedar totalmente "desdibujados" intereses políticos. "En el caso deben quedar fuera los ataques, porque a la larga las instituciones son las que pierden, y con ello todos perdemos. El que se politice la más mínima acción de gobierno perjudica a las instituciones, de por sí muy desprestigiadas".  

El psicólogo dijo, con relación a Mario Rodríguez Bezares: "La televisión exhaltó el melodrama para hacernos suponer que se trataba de una persona decente, y utilizó el desprestigio de las instituciones con mucha habilidad, de manera que los presuntos responsables aparecen como las víctimas, buscando con ello que toda la comunidad se sienta en el riesgo de ser otra de ellas".

 De ahí, dijo, la necesidad de contar con instituciones serias, "ya que el combate a la impunidad y la necesidad de creer en las leyes y las instituciones constituyen una demanda de prioridad nacional", puntualizó.

Ciro Pérez n Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados adelantaron que durante el quinto Informe del presidente Zedillo harán "severos cuestionamientos" a su desempeño en el último año, particularmente en lo que toca al conflicto en la UNAM y a la violencia en Chiapas, mientras que el coordinador priísta Arturo Núñez Jiménez señaló que espera que el acto se mantenga dentro de los límites constitucionales.

 El panista Carlos Medina, quien tendrá a su cargo la respuesta al Informe presidencial, afirmó que Zedillo encontrará un "Congreso agraviado", por las "embestidas" desde el Poder Ejecutivo, que han llevado a la "obstaculización" del trabajo legislativo y a la "descalificación" de los legisladores, "a quienes nos ha llegado a comparar con la Duma, y a mí me parece que esta comparación no es válida".  

Aunque por parte de ninguno de los cinco coordinadores se prevén interpelaciones al Informe presidencial, expresiones aisladas de legisladores perredistas hacen suponer que las habrá.

 Medina Plascencia, quien trabaja desde la semana pasada en la respuesta que dará al mensaje presidencial, se refirió al desempeño del presidente Zedillo en los últimos doce meses, y dijo que en el año anterior, como en los primeros cuatro, ha encabezado un gobierno "muy ambivalente" y de fuertes contrastes, en el que se perciben "muchas indefiniciones", inclusive en la conceptualización de lo que debe ser el ejercicio de gobierno y la separación de poderes.

 "Yo creo que en este sentido la relación entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados no ha sido la más constructiva, y se ha buscado en todo momento polarizar a la oposición, para con ello tratar de resolver los problemas que el gobierno y su partido le han generado al país", enfatizó el legislador guanajuantense, y mencionó que ha sido diferente el trato que el presidente Zedillo le dispensó a la anterior Legislatura y a la presente. Con la anterior, recordó Medina, se reunió en el vestíbulo de la cámara, y con la primera Legislatura de oposición tardó ocho meses en aceptar una reunión.

 Dijo que un problema que se suma a la violencia en Chiapas es el conflicto universitario, debido a que no se actuó con prontitud desde el Ejecutivo, "para ser facilitador de la solución" de ambos problemas. Otro es el de la seguridad pública, insistió el coordinador panista, y recordó que el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, se entrevistó con la comisión legislativa correspondiente para anunciar que tenía, entre otras cosas, la tarea de dar una propuesta para este fenómeno que afecta a todos los mexicanos, y aun cuando dijo no haber estado de acuerdo con la Policía Federal Preventiva como el mejor mecanismo para garantizar la seguridad pública, éste se ha impulsado sin resultados, "y así el asunto de Chiapas, que tampoco se ha resuelto, el conflicto universitario y la seguridad pública nos permiten decir que en general el gobierno no ha cumplido con su tarea".

 Medina sostuvo que lo que hoy deben hacer las oposiciones es señalar al Presidente de la República que en muchos años los mexicanos no tenían un mandatario "tan contradictorio como el que hoy tenemos, que empieza de una forma las cosas y al ratito se arrepiente; dijo que no iba a meter las manos en muchos procesos, incluso al interior de su partido, y lo está haciendo; dijo que iba a tener una relación constructiva con la primera Legislatura de mayoría opositora, y no lo ha hecho".  

El coordinador parlamentario consideró que todos estos factores se han complicado aún más, toda vez que se han contaminado del proceso de la sucesión presidencial, "y lo que yo podría decir es que el desgobierno que hemos tenido estos cinco años nos está llevando a estas condiciones, y ha demostrado definitivamente que el presidente de la transición no será Ernesto Zedillo".

 -¿Esto formará parte de su respuesta el primero de septiembre?

 -El primero de septiembre como a las nueve de la noche les digo -respondió.

29 de agosto.- El Ejército Mexicano se está preparando "para dar el golpe final" a las comunidades indígenas en la zona de conflicto, advirtieron organizaciones sociales de las Cañadas y los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y del Trabajo, de Ocosingo, en un documento entregado a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

 En el escrito de dos cuartillas que entregaron ayer, piden a ese organismo de coadyuvancia su intervención para que se dé una salida política al problema chiapaneco, para lo cual es necesario distender la actual situación en la región. También solicitaron que exija el retiro del campamento del Ejército Mexicano instalado en Amador Hernández, La Trinidad, Taniperla y Nazareth.

 Las siete organizaciones que junto con PAN, PRD, PVEM y PT firman el documento denunciaron la "utilización de los recursos públicos (en las Cañadas) para cooptar, corromper y dividir a las comunidades, con el fin de contrarrestar la fuerza de los movimientos democráticos".

 Como lo hicieron en días pasados, las agrupaciones y los institutos políticos citados demandaron la renuncia del gobernar Roberto Albores Guillén y del presidente municipal de Ocosingo, "por ser responsables de las acciones violentas, asesinatos, encarcelamientos, persecución y utilización de las fuerzas del estado en contra de las comunidades indígenas".  

En tanto, Porfirio Encino Hernández, dirigente de ARIC Independiente, dijo que la presencia del Ejército en Amador Hernández forma parte de una estrategia de guerra y añadió que el número de campamentos militares en las Cañadas se incrementó ya a 15, como parte del cerco en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

 El dirigente tzeltal precisó que las organizaciones y los cuatro partidos políticos mencionados detallaron a la Cocopa la "explosiva" situación en las Cañadas y otras regiones con presencia zapatista, haciéndole notar que incluso el gobierno "le ha mentido" al organismo del Congreso de la Unión, ya que "ni siquiera hay presupuesto" para construir la carretera Amador Hernández-San Quintín, y es "sólo el pretexto para establecer otro destacamento militar".

 Entrevistado en esta ciudad, Encino Hernández denunció que el Ejército Mexicano pretende construir un cuartel en la comunidad de Taniperla, donde decenas de efectivos permanecen desde abril de 1998 cuando fue desmantelado el municipio autónomo Ricardo Flores Magón.

 "Nos preocupa que cada día vayan construyendo más cuarteles castrenses, porque eso significa que la intención del gobierno es militarizar y penetrar más a las comunidades", manifestó. Dijo que en el caso de Taniperla la comunidad "no está de acuerdo" en la construcción de las instalaciones del Ejército, "sólo el comisariado porque está del lado de los priístas que son minoría".

 Además, sostuvo, "para que sea legal la construcción del cuartel tiene que haber una donación por parte de los ejidatarios, por lo que en este caso estarían violando el artículo 27 constitucional". Dio a conocer que en Taniperla los niños reciben clases en casas particulares debido a que los edificios están ocupados por el Ejército.

 Respecto a la carretera que se pretende construir para unir a Amador Hernández y San Quintín, aclaró que las comunidades "no rachazan por rechazar las obras, sino la forma como el gobierno las quiere hacer".