Enrique Cogollos. Ex-militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario —MIR—
Cuando llegué por primera vez a Chile en 1968, año importante para el país andino, estaban en plena esfervescencia las luchas contra el gobierno de Eduardo Frei, padre del actual presidente chileno. Estudiantes profesores, obreros de las fábricas y de la construcción en grandes movilizaciones tomaban las calle; los campesinos se levantan contra la reforma agraria, uno de los puntos clave del programa demócrata cristiano, cuyo lema lo decía todo: «Revolución en libertad» que pretendía atajar la pujante revolución cubana, ejemplo para los pobres de la ciudad y del campo. Los años previos a las elecciones presidenciales del 70, una profunda crisis de dirección de las clases dominantes, aspecto particular de la crisis general del sistema de dominación imperante, recorre la geografía de Chile. Es en esta situación política donde se materializa la victoria electoral de la Unidad Popular aprisionada entre dos polos contrarios e irreconciliables que condicionarían enseguida el camino a recorrer entre 1970 y 1973. Por una parte estaban los intereses de la clase obrera, el pueblo, la fuerza social que lleva a la Unidad Popular a conquistar el gobierno y en cuya base se sustenta. Y por otra la fidelidad de ésta a la Constitución y a las instituciones del Estado, hechas ambas a imagen y semejanza de la derecha más recalcitrante formada por la burguesía latifundista y los dueños del cobre.
Pasada la primera sorpresa de la victoria de Salvador Allende en 1970 y el repliegue inicial de los perdedores, abandonando el país algunos empresarios temerosos de que la izquierda les arrebate las tierras y las fábricas, la reacción empieza sin tardanza su ofensiva para desbaratar los planes del gobierno de la Unidad Popular. Contaba para ello con el poder real de las instituciones estatales: Parlamento, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, la mayoría del Cuerpo de Oficiales de las Fuerzas Armadas, etc. El Partido Nacional y la Democracia Cristiana unen sus fuerzas tanto a nivel institucional, su mejor trinchera, como en la calle enviando por delante a los grupos de Patria y Libertad, verdaderos grupos de choque, para crear desórdenes públicos y al mismo tiempo amedrentrar a la ciudadanía. Así empieza la escalada de acoso y derribo del gobierno, escalada que parará hasta el golpe de Pinochet. Movilizaciones, huelgas de camioneros, huelgas de los mineros del cobre —los mejor pagados del país—, caceroladas diarias de las mujeres del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana, asonadas callejeras ante los regimientos por parte también de las mismas mujeres, que esparcían maíz a las puertas insinuándoles a los militares que eran unos gallinas, acaparamiento y ocultación de mercancías, etc.
Frente a todo ello el movimiento de masas está atravesando por una línea divisoria entre dos concepciones diferentes de entender el proceso pre-revolucionario. Unos ven venir el enfrentamiento abierto e inevitable y obran en consecuencia: plantean llevar la lucha a un terreno que no fuera el de las instituciones del Estado donde la derecha tiene todas las de ganar y una gran experiencia histórica a sus espaldas. Por esos en sus movilizaciones lo que más se corea es la consigna: «Crear, crear poder popular». Y así es, se llega a conseguir ese poder popular una especie de gobierno popular paralelo: Comandos Comunales, Cordones Industriales, donde los militantes y simpatizantes de dentro y fuera de la Unidad Popular trabajan codo con codo. Otros defendían con ahínco respetar la legalidad, la fidelidad al juramento hecho por Allende el día de su llegada al gobierno cuando recibió la banda tricolor de manos de Frei y todo lo que eso suponía: llevar la lucha legal al Parlamento y demás instituciones sobre todo, sin dejar las movilizaciones bajo la consigna de «el pueblo unido jamas será vencido».
El gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno cuyo eje, la alianza del reformismo obrero con reformismo pequeño burgués trajo como consecuencia el desarrollo de un política de colaboración de clases. Y así, creyendo que había conquistado el poder hizo una política económica basada en el consumo en vez de basarla en la propiedad colectiva de los medios de producción. Aunque esto último los hizo tímidamente: Por una parte nacionalizó la gran minería del cobre y los bancos, pero sólo pasó al área social 91 grandes empresas industriales de las mas de 500, sin tocar casi las grandes empresas constructoras y de distribución. En cuanto a la Reforma Agraria, en la que había que emplearse a fondo, apenas se tocó los intereses de los latifundistas expropiando alrededor de una millar de latifundios pero sólo los superiores a 80 hectáreas de riego básico con el derecho de los dueños a quedarse con las mejores tierras y todos los útiles.
La colaboración de clases le llevó a someterse no sólo a la institucionalidad burguesa sino también a las clase dominante, por lo que haciendo todo tipo de concesiones a la derecha, hirió de muerte los intereses de la clase obrera y del movimiento de masas, base y columna maestra de su verdadera fuerza. En junio del 73 hubo un hecho que sirvió a los golpistas para tomar el pulso al gobierno y al mismo tiempo darle un aviso. Fue el llamado «fallido golpe». Allende no tomó ninguna medida contra los verdaderos complotadores, no tocó a un solo mando excepto a los directamente implicados. El ejército aprovechó la oportunidad para presionar al gobierno y pedir la cabeza de Prats, leal al Presidente. Y así entró en escena el general Pinochet siendo nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esta exigencia fue el pistoletazo de salida de una carrera enloquecida hacia el «punch». A partir de entonces el poder real utilizó una doble táctica: la del palo y la zanahoria. Por una parte arreció la ofensiva: atentados, acusaciones a ministros, bloqueo del Tribunal de Cuentas, declaración del Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados contra el gobierno. Y por la otra, dejó hacer a un débil sector del partido demócrata cristiano bienintencionado pero sin fortaleza. Así se abría un «diálogo», luego un consenso, después la capitulación. Se constituyó entonces el gabinete del diálogo y más tarde el gabinete cívico-militar. Con esto tuvo que devolver decenas de fábricas conquistadas por los trabajadores. Combatió el poder popular, Combatió el poder popular, combatió furiosamente a la izquierda revolucionaria acusándola de subversiva; permitió y avaló decenas de allanamientos militares en las fábricas, en algunas de las cuales se torturó a los obreros y campesinos (Nehuentehue y Sumar); se querelló en contra de los marineros, que preparaban medidas de autodefensa en caso de golpe militar, avaló así las brutales torturas a que fueron sometidos por la oficialidad de la marina y permitió la persecución de la Fiscalía Naval a los secretarios generales del Partido Socialista, Movimiento de Izquierda Revolucionario y MAPU.
La política reformista es la que permitió el rearme de la oposición valiéndose de toda su capacidad de fuego parlamentario y poder de decisión institucional. La derecha exigió del Gobierno la máxima fidelidad constitucional y legal, cosa que ella llegando el momento de la verdad no dudó en transgredir villanamente para poner los fundamentos políticos y «jurídicos» del golpe de estado. La política reformista frustró y debilitó la fuerza social que había llevado a la Unidad Popular al gobierno y su base de apoyo.
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