Cuando los jotosos decimos que el tema del financiamiento es central
en el debate que cruza al sistema nacional universitario, lo decimos no
como técnicos que manejan un conocimiento extraño a la vida
cotidiana , ni por asumir definiciones ideológicas economicístas.
No se trata de “reducir” los problemas de los estudiantes a simples cuestiones
de montos de dinero más o menos.
Si pensamos que el financiamiento es un tema prioritario, tiene que ver
con nuestra experiencia como estudiantes, y con los problemas que todos
enfrentamos a diario. Tiene que ver con la concepción de universidad
al servicio del país y de su gente que nos mueve. Tiene que ver
con el concebir la Educación como un derecho, y no como un lujo
o una mercancía sujeta a la oferta y la demanda, o los parámetros
de competencia del mercado.
Chile es hoy en día, a pesar de las declaraciones de triunfo sobre la pobreza que el gobierno y la derecha lanzan, el tercer país con peor distribución del ingreso en Latinoamérica, según datos de la Cepal. En “democracia”, en esta democracia de pacotilla, esta mala distribución lejos de mejorar, ha empeorado. En un país donde los ricos lo son cada día más, y los pobres reducen su participación en la riqueza nacional, donde el ingreso promedio familiar es de alrededor de 380.000 pesos mensuales, ¿ qué posibilidad existe para la enorme mayoría de los jóvenes de llevar adelante estudios superiores ? En nuestra Pontificia Universidad Católica, donde hasta el papel confort declara firmemente la opción por los pobres, los aranceles todos alrededor de 130.000 pesos mensuales, son la clausura real de todas la «buenas intenciones» de discurso.
La política de autofinanciamiento empuja a las universidades a elevar sus aranceles a niveles prohibitivos. Las lleva a concebirse como negociantes de la educación, en las que sólo el que paga entra, donde el talento y la vocación son olvidados porque no son rentables, ni competitivos. Y para paliar esta situación se levantan medidas pragmáticas: becas P. Hurtado, Crédito Bancario, Fondo Solidario, etc. Y nadie levanta la voz para defender el derecho a la educación de los jóvenes chilenos. La inversión en Educación Superior alcanza apenas al 0,6% del PGB, cuando la media histórica en Chile es del 1,2%.
¿ Cuál es la justicia que le abre a los ricos de este país la puerta grande de la educación, y a los pobres les ofrece la rendija del endeudamiento ?
Ahora, el gobierno, frente el fracaso de su política de Fondo Solidario, pretende convencernos que los Bancos, los organismos más usureros y ladrones de este país, son la solución para que los estudiantes con menos recursos puedan pagar sus estudios. Tasas de interés altísimas, cobros bancarios en caso de no pago, ganancias crecientes para los bancos, y todo eso con dineros del estado.
¡ Ya basta ! La injusticia del sistema universitario es demasiado grande como para seguir aumentándola. Se requieren políticas a través de las cuales el estado asegure el derecho a la educación de todos los jóvenes chilenos, sin importar la capacidad de pago de sus padres, o lo “rentable” de su carrera. La propuesta de la Jota es clara, debemos avanzar hacia el Arancel Diferenciado, en que cada uno paga según sus capacidades. Es hora de que la voz de los estudiantes sea escuchada.
