Bolivia históricamente ha constituido el eslabón débil de la cadena del sistema capitalista en Sudamérica; en décadas pasadas (cuando existía una poderosa COB y un proletariado minero altamente politizado) se decía que constituía en Latinoamérica el único país donde las condiciones objetivas y subjetivas -para una revolución radical de las estructuras de dominio impuestas sobre el pueblo- están al orden del día. Hoy a pesar de que ya no existe cuantitativamente ese proletariado minero concentrado en las minas, mucho menos el estado nacionalista emergente de Abril del 52, sin embargo, persiste gracias a la crisis capitalista y a ese legado histórico no solo una tradición combativa del pueblo en las ciudades y el campo sino una politización que se mantiene aún, aunque no con el mismo nivel, en las ciudades, en las minas, en el valle y en algunas regiones del trópico cochabambino y allí donde parte del proletariado minero "relocalizado" por el neoliberalismo se ha asentado.

En Abril y Septiembre del 2000 el pueblo fue el heroico combatiente que se enfrento al aparato represivo del estado neoliberal frenando sus imposiciones; a diario durante todos estos años de ofensiva neoliberal, el movimiento campesino cocalero enfrentó a la violencia represiva del viejo estado burgués desarrollando violencia revolucionaria, sin embargo, no es solo el movimiento campesino cocalero el que comienza a pensar en la necesidad de organizarse política y militarmente para la lucha armada contra la violencia estatal sino que esta tendencia alentada por la impunidad comienza a difundirse a las organizaciones campesinas de todo el país, los mineros y los demás explotados en las ciudades también comienzan a pensar en esta necesidad. Esta realidad se ha confirmado plenamente a partir de las movilizaciones del movimiento campesino - parcelario tradicional del altiplano, cocaleros y los sin tierra -, y los mineros de principios de año y la secuela posterior de movilizaciones en el área rural del país que culminaron con la respuesta popular al "impuestazo" que el régimen títere de Gonzalo Sánchez de Lozada por encargo del FMI pretendió impulsar.

La ruptura del aparato estatal

La reciente movilización popular ha enfrentado no sólo dos instituciones que forman parte del aparato represivo del viejo estado burgués sino que, en el fondo, lo que se ha producido es una ruptura (momentánea) de este aparato, producto de la lucha de clases al interior del mismo; lo que nos ha dejado Febrero de 2003 es que algunos elementos de la policía en sus niveles bajos (suboficiales y clases) pueden asumir una posición (en momentos de una poderosa ofensiva de la revolución) a favor de la lucha de liberación nacional y social de nuestro pueblo.

Esta "ruptura" es un síntoma que revela no solo la "crisis de los de arriba" sino el resultado de un proceso de cambio de actitud del movimiento popular que plantea un desarrollo de la situación revolucionaria en el país que implica la necesidad de enfrentar al enemigo en un nuevo terreno.

La violencia revolucionaria como respuesta a la violencia represiva

Un otro aspecto relevante de estas heroicas jornadas -que paradójicamente, para los "analistas políticos", se repite de manera permanente- es la brutalidad de la reacción para intentar aplastar a sangre y fuego cualquier oposición popular, sin embargo, el pueblo demostró no sólo que tomó conciencia de la necesidad de desarrollar la violencia revolucionaria contra sus represores sino que comprendió que éste es el único medio para hacer estallar el podrido aparato burocrático-militar del viejo estado; el saqueo y destrucción de oficinas de la burocracia y de las transnacionales asentadas en La Paz son una prueba de ello.

La suma de acciones que viene ejecutando el movimiento popular desde Abril del 2000 nos dicen que para algunos sectores del movimiento popular ya no se trata sólo de reivindicaciones inmediatas, las acciones del pueblo demuestran no solo su cansancio de la "democracia neoliberal" sino su interés en destruir el aparato estatal burgués; estas acciones en el fondo revelan una reivindicación justa a ejercer Poder.

El problema del Poder como el problema central de la revolución

El Poder no es una cuestión meramente moral, ni es una cuestión solo económica (aunque sea lo económico lo que lo explica, en última instancia) sino que es una cuestión de coerción, de violencia organizada de una parte de la población contra la otra. El problema del Poder para el pueblo es el problema central que se plantea la revolución; sólo el Poder Popular abre la posibilidad de dirigir la sociedad en función de los intereses de clase de los oprimidos, es decir, de la inmensa mayoría de la población. Sin el Poder el pueblo no tendrá nada, con el Poder todo es posible; el nivel que están alcanzando las luchas de clase del pueblo (obreros, campesinos, comunarios de los Ayllus, clase medía: intelectuales, estudiantes, artesanos, etc.) es un síntoma que revela no solo su exigencia de dirigir y organizar la sociedad en su interés (he ahí el núcleo del problema), sino la fuerza de masas que lo respalda; se trata sin duda de una reivindicación política que en algunas regiones del campo brota espontáneamente debido a una mayor agudización de las contradicciones, sin embargo, esta reivindicación no se sustenta en meras palabras sino en la violencia revolucionaria que es capaz de desarrollar el movimiento popular.

Los sucesos del 11 y 12 de febrero son elocuentes en el sentido de que progresivamente se ha venido dando un cambio de actitud en el seno del movimiento popular. Se trata de un cambio subjetivo en las masas trabajadoras que se revela en el hecho de que éstas empiezan a pasar de las reivindicaciones inmediatas o económicas a reivindicaciones políticas, en tal caso se tiene un cambio subjetivo que exige como una necesidad el dotarse de nuevas formas organizativas capaces de enfrentar al aparato represivo profesional del Estado. En un período como éste marcado por un exceso de violencia represiva es indudable que la iniciación de acciones políticas revolucionarias rebasa la lucha en los marcos legales, esta tarea inicial es responsabilidad ya no de las masas, sino de una vanguardia política organizada que debe buscar impulsar a las masas y desbrozar el nuevo camino, de ahí la insistencia leninista en la necesidad de reemplazar las viejas organizaciones legales por otras acordes con la nueva perspectiva de lucha.