Vivimos en una sociedad semifeudal y semicolonial donde se desarrolla un capitalismo burocrático; esto consiste en que la gran burguesía del país se sirve o utiliza como palanca al estado para activar su aparato productivo vía Decretos Supremos y otras normas legislativas, que se expresan en condonaciones arbitrarias de sus deudas, subsidios, "perdonazos", etc. y otros artilugios legales.

A partir de 1985 la gran burguesía compradora pasó a comandar los destinos del Estado boliviano, aplicando el 21060, la "capitalización", la Participación Popular y otras leyes complementarias en su afán de reestructurar este Estado que estaba sumido en una profunda crisis económica.

El resultado de esta política generó despidos masivos en minas y en todas las empresas estatales "capitalizadas", arrojando toda esta mano de obra al comercio informal y a la producción de la hoja de coca, las empresas estatales al ser vendidas al capital extranjero, lógicamente ya no aportan al Tesoro General de la Nación y en la actualidad ni siquiera éstas pagan los impuestos establecidos por ley.

La venta de nuestras empresas y la poca inversión en la producción nacional nos da como resultado una profunda recesión económica y una tremenda fuga de capitales. Estas medidas de apertura a la voracidad del imperialismo han golpeado fuertemente a la pequeña industria que se puede ver en la quiebra de medianas y pequeñas empresas en todo el país, incluso hasta algunos bancos regionales y nacionales han quebrado, cosa que acentúa el crecimiento de la economía informal, la prestación de servicios particulares y la masiva producción de hoja de coca.

Por otro lado la situación del campo ha sido profundamente descuidada, el atraso económico es evidente, las condiciones de vida rural son las peores del país y los planes del Estado se han circunscrito a la declarativa Ley INRA, no existe ni en sueños una idea de cómo tecnificar la producción agrícola; tractores, caminos, electrificación, riegos, etc., son quimeras, que se refleja en una producción campesina que no puede satisfacer las necesidades del mercado interno; por lo tanto la economía nacional está atada al atraso del campo.

Los gobiernos que se han sucedido en el poder han hablado de solución a la crisis, pero por el contrario, lo que hemos ido viendo es una repetición cíclica de los momentos de crisis; que, partiendo de lo económico se ha extendido a todas las esferas de la sociedad boliviana, pero además, estos momentos cíclicos de crisis se agravan, conjuntamente con la crisis financiera mundial y las crisis regionales. Este es el contexto actual, caracterizado por una profunda crisis económica, política y social, encabezada por la gran burguesía compradora, al mando del MNR, bajo la batuta del asesino vendepatria Gonzalo Sánchez de Lozada.

Para "achicar" el déficit fiscal su gobierno pretendió aplicar el llamado "impuestazo" siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional; sumado esto a las muertes de campesinos cocaleros, jubilados y el amotinamiento policial, trajo como consecuencia los sucesos del 12 y 13 de febrero, en medio del debate de la venta del gas hacia EE.UU. y la implementación del ALCA como propuesta norteamericana para saquear los mercados latinoamericanos.

Los mencionados sucesos nos mostraron un debilitamiento del gobierno frente a la protesta popular, el resquebrajamiento de sus instituciones armadas, el carácter de clase del Estado boliviano cuando el ejército sale a defenderlo y reestablecer a sangre y fuego el orden establecido.

También pudimos ver una explosión de la rabia contenida de las masas populares contra la gran burguesía y una capacidad combativa ejemplar, sin embargo también se notó su falta de organización y dirección política.

Ante esta situación los sectores de la iglesia y derechos humanos pretendieron lanzar un salvavidas al gobierno mediante el llamado "Pacto Social" el cual tenía por objetivo conciliar las clases y salvar el gobierno de una posible hecatombe social, así una vez más se pretendía y pretende instaurar la paz de los cementerios, sobre la impunidad de más de 30 muertos y un centenar de heridos, tratando de negar la esencia misma del sistema que es la explotación y el carácter del estado que es la dominación de una clase sobre otra.

Como ejemplo claro tenemos el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que siendo un organismo intergubernamental, no hace sino ponerse al servicio de los intereses de clase de la gran burguesía de turno, como lo hizo en el caso de Amayapampa y Capacirca, no olvidemos además que uno de los primeros en dar su respaldo a Sánchez de Lozada fue César Gaviria presidente de la OEA. Otro ejemplo que nos muestra el carácter de clase del estado es el estipendio en alimentos que se dio a los militares por participar en la masacre contra la población indefensa y desarmada desde los edificios de la ciudad, y una más, el llamado "perdonazo"; mientras se piensa en perdonar a los empresarios deudores que evaden impuestos como la familia Fernández; a los pequeños prestatarios se les quita sus propiedades, se remata sus bienes y se les mete a la cárcel.

En este contexto y ante las necesidades del gobierno de definir la salida del gas, y dar los pasos iniciales para la implementación del ALCA, consideramos que la reacción boliviana va a aplicar medidas represivas generalizadas y para ello se está preparando, está generando opinión pública a favor de la implementación de medidas represivas, esto se refleja en la campaña sobre la supuesta existencia de "terrorismo en Bolivia", "las FARC y el ELN estarían actuando en Bolivia" y el montaje que hicieron con cocaleros menores de edad y el ciudadano colombiano, campaña donde incluso el propio embajador yankee ha participado.

La historia nos ha enseñando que en tiempos de convulsión la reacción ha resuelto sus problemas mediante golpes de estado, además, el ejemplo cercano en el Perú del genocida Fujimori de autogolpe también esta fresco, más aún si consideramos que la propia OEA lo avaló, y no olvidemos que el MNR tiene amplia experiencia en golpes de estado, así, las permanentes diferencias y roces entre las instituciones armadas, el descontento generalizado de la población, la corriente de opinión que plantea la renuncia de Sánchez de Lozada, el tema del gas, el ALCA, la erradicación de la hoja de coca, las imposiciones yankees, ponen en una situación de decisiones al Estado reaccionario que debemos enfrentar.

Combatir y resistir es la demanda perentoria, prepararse para el combate y defender la vida y las conquistas de las masas, de la clase. Debemos enarbolar el momento como escuela de lucha que prepare el gran inicio de la hoguera revolucionaria que definitivamente derrote y destruya al podrido estado reaccionario y lleve a nuestro país, a nuestro pueblo a una definitiva liberación revolucionaria, que nos conduzca a un Estado de Nueva Democracia, esto significa aplastar los planes de la reacción y preparar la revolución.