1.1         La Junta Central Electoral

        La máxima autoridad en materia electoral lo es la Junta Central Electoral. Su asiento se encuentra ubicado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

Constituye una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones que la Constitución, las leyes y sus reglamentos determinen y con autonomía económica y presupuestaria.[1]

     La existencia de la Junta Central Electoral se remonta al año 1923, época en que esta fuere creada por ley. Con anterioridad al año 1923 no existía en el país una institución especializada para fines electorales, y el viejo sistema existente nos colocó bajo el ámbito de las autoridades judiciales o de las autoridades municipales[2].

     Desde la reforma constitucional del 13 de junio de 1924 la Junta Central Electoral ha sido incluida en el texto de nuestra Carta Magna, pero esta inclusión es para explicar de manera superficial sus atribuciones, como lo expresa el artículo 92 cuando enuncia que “las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por juntas dependientes de esta, las cuales tendrán la facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley”. Al mismo tiempo, la Constitución confiere a la Junta Central Electoral la dirección y mando de la fuerza pública.

     El texto constitucional también ha otorgado a la máxima autoridad electoral el derecho de iniciativa en la formación de las leyes[3]. Esta capacidad de iniciativa legislativa está, sin embargo, limitada a asuntos de carácter electoral. En la Constitución también se hace referencia a la Junta Central Electoral cuando en el artículo 23, inciso 1, se le otorga al Senado de la República la atribución de designar al Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral.

1.1.1                      Jurisdicción

En materia electoral la capacidad del órgano, o mejor dicho, el grado de jurisdicción, está determinado por la regla de la competencia general ratione materie (en razón de la materia)[4]. En la jurisdicción de la Junta Central Electoral, acogiéndose al precepto anterior, y en virtud de la ley electoral se desprenden dos jurisdicciones: La administrativa y la contenciosa.

1.1.2                      Integración de la Junta Central Electoral

La ley electoral, en su artículo 4 establece como estará integrada y conformada la Junta Central Electoral. La compondrá un Juez Presidente y seis magistrados titulares[5]. Cada uno tendrá su suplente, los cuales durarán en sus funciones por el mismo término para el cual fueren designados los titulares. La ley establece que esta designación se hará por un período de cuatro años. Corresponde al Senado de la República la designación de los mismo.

Para optar por alguna de las funciones precedentemente enunciadas se requiere ser de nacionalidad dominicana, haber cumplido los treinta y cinco años y poseer una titulación en Derecho, ya sea una licenciatura o un doctorado, con un ejercicio profesional minino de doce años. La ley electoral les exige que fijen residencia en la ciudad de Santo Domingo. Entendemos que para poder ser designado juez del máximo organismo electoral se debe de exigir una conducta social, personal y profesional intachable, incuestionable y reconocida. Somos del criterio de que los miembros del Tribunal Electoral deben ser totalmente apolíticos, sin militancia o vínculos conocidos con las organizaciones políticas de la nación. El cargo de miembro de la Junta Central Electoral es incompatible con cualquier otra función pública.

Se prohíbe expresamente que existan vínculos de parentesco o afinidad entre los miembros de la Junta Central Electoral hasta el tercer grado, ni con los que ostentaren la calidad de candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la nación hasta el primer grado. El parentesco en primer grado con un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia inhabilita a aquel titular o suplente que sea pariente o afín de estos.

La representación legal del organismo la ostenta el Presidente, quien tiene bajo su control todas las actividades administrativas. Al Presidente también le corresponde, conforma al artículo 5 de la ley electoral:

·        Abrir y cerrar las sesiones, anticipar o prorrogar las horas de despacho de las oficinas y convocar extraordinariamente a los miembros cuando lo juzgue necesario.

·        Fijar el orden del día que habrá de conocerse en las sesiones del organismo.

·        Dirigir los debates y presidir ex-oficio todas las comisiones que sean designadas por la Junta Central Electoral.

Entre los magistrados de la Junta será escogido, en la primera sesión que se celebre luego de su toma de posesión, un sustituto del presidente, quien estará encargado del despacho de los asuntos administrativos cuando el presidente este ausente.  El suplente del presidente solo asumirá cuando la junta trate asuntos en atribuciones contenciosas.

Los miembros de la Junta Central electoral disfrutaran de sueldo permanentes que serán consignados en el la Ley de Gastos de la nación. Los suplentes disfrutarán de dichos sueldos siempre que sean llamados a reemplazar a los miembros titulares o cuando sean llamados a integrarse en labores previstas en el ordenamiento jurídico que rige la materia electoral.[6]

1.1.3 Sesiones, Quórum y Convocatoria 

La Junta Central Electoral celebrará, de conformidad con el artículo 7 de la ley electoral, las sesiones con la frecuencia que juzgue necesarias para ejercicio de las atribuciones que le son encomendadas. No podrá constituirse, ni podrá deliberar validamente si no se encuentra reunida la totalidad de sus miembros o suplentes, y sin que haya constancia de que los delegados de los partidos políticos hayan sido debidamente convocados. En caso de que faltare un miembro titular o su suplente, estos podrán ser sustituidos por cualesquiera de los suplentes de los otros miembros.

Para las sesiones que tengan por objeto conocer de asuntos administrativos se procederá a convocar a los partidos reconocidos para oír de sus opiniones en aquellas materias que la Junta Central Electoral los estime útil o necesario.

Las sesiones deberán ser convocadas con cuarenta y ocho horas de antelación, por medio de una comunicación escrita emitida por el Secretario de la Junta, indicando la agenda correspondiente. En caso de urgencia el Presidente podrá convocar sesiones con en un periodo menor, pero deberá haber constancia por escrito de que la convocatoria fue hecha con la antelación suficiente para que los convocados puedan concurrir.

Serán convocadas y celebradas con arreglo a lo prescrito en el párrafo primero del artículo 6[7] de la Ley Electoral las sesiones que tengan por objeto conocer de:

·        Las solicitudes de reconocimiento o extinción de partidos políticos;

·        La aprobación de pactos de fusiones, coaliciones o alianzas entre partidos políticos;

·        La creación, supresión o traslado de colegios electorales;

·        El nombramiento de los integrantes de las Junta Electorales, de sus secretarios y del Director de Elecciones.

1.1.4 Registro De Las Decisiones

Al gozar de un carácter especial, las deliberaciones en torno a los casos de que son apoderados los organismo electorales, estos son decididos de manera especial mediante resoluciones, más no por sentencia, cuya terminología esta reservada a los tribunales del orden judicial.

Al examinar asuntos de conveniencia jurídica, las resoluciones cobran fuerza de sentencias irrevocables cuando dictaminan u opinan sobre controversias o toman determinadas medidas administrativas.

Según el Dr. José Silié Gaton, “la gran semejanza de las resoluciones con las sentencias, estriba en que la sentencia es el fallo relacionado con la cuestión principal de un proceso y la resolución tiende también a darle solución a una controversia dentro de lo contencioso electoral, en que se debaten intereses de carácter razonable en casos de disensión de las leyes de Derecho Electoral que integran el ordenamiento jurídico del país.”[8]

La redacción de las resoluciones guardan semejanza con las sentencias pues en ambas se consignan los “Resultándos” que tienen a bien enunciar los hechos y razones de las cuestiones que hayan de resolverse por medio de un fallo. Por igual, se consignan los “Considerándos” que recogen los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos probados. Al mismo tiempo, se citan las disposiciones legales que se consideraron aplicables y por último, se pronuncia el fallo.

Las Junta Central Electoral podrá adoptar resoluciones o acuerdos si estos cuentan con el voto favorable de la mayoría de los miembros.

Las resoluciones y los acuerdos de la Junta Central Electoral serán firmados por todos los miembros que estén presentes en la sesión de la Junta al momento de ser tomados. Si alguno de los miembros no estuviese de acuerdo con la mayoría, deberá razonar su voto y hacerlo constar en la propia acta[9]. La falta de firma de uno de los miembros no invalida el documento. La figura anterior del Voto Disidente es una de las más particulares dentro de nuestro Derecho Electoral toda vez que dicha figura no existe en el derecho común.

Las decisiones de mero trámite, así como las que se sitúen dentro de las atribuciones del Presidente serán firmadas sólo por este y el secretario.

1.1.5                      Derecho Inhibitorio y Recusatorio de los Jueces Electorales

La inhibición es la prerrogativa que tiene el Juez Electoral de abstenerse de participar en el conocimiento de un asunto toda vez que entienda que su participación no garantiza la imparcialidad del plenario o por que este incapacitado debido a un vínculo de parentesco o afinidad con alguna de las partes de proceso contencioso electoral que se habría de conocer.

La Recusación es la petición que pueden deducir las partes para que el juez sea sustituido cuando en el concurra unas de las causas de inhibición y no se haya apartado libremente del conocimiento del asunto. La Recusación ser hará conforme a lo establecido por artículo 16 de la Ley Electoral, y que trataremos en el capítulo 3.1.3 de esta memoria.

1.2 Las Juntas Electorales

Las Juntas Electorales son órganos de carácter permanente, dependientes de la Junta Central Electoral, encargadas de los procesos electorales en la jurisdicción que le corresponda. Habrá una Junta Electoral en el Distrito Nacional y en cada municipio[10].

Trataremos sobre las atribuciones administrativas de las Juntas Electorales en el capítulo 2.3 de la presente memoria. Las atribuciones en materia Contencioso-Electoral serán tratadas en el capítulo 3.2.

La Junta Central Electoral es la que esta facultada para designar los integrantes de las Juntas Municipales. Deberá también aceptarle sus renuncias y removerlos. Cada junta estará conformada por un Presidente y dos vocales. Por excepción, la Junta Electoral del Distrito Nacional se compondrá de un presidente y cuatro vocales.  Para el despacho de los asuntos administrativos las juntas se auxiliaran de un secretario, designado también por la Junta Central Electoral.

     Los miembros de las Juntas Electorales tendrán dos suplentes cada uno. Estos reemplazarán a los miembros titulares en casos de recusación, excusa legítima y cuando dejen de asistir a las reuniones convocadas.

Las juntas electorales celebrarán sesiones administrativas, en Cámara de Consejo, con la frecuencia que los juzguen necesarios para el ejercicio de las funciones que les están encomendadas. No podrán constituirse en sesión ni deliberar válidamente, sin que se encuentren presentes todos sus miembros titulares o, en su defecto, sus suplentes respectivos. En caso de que faltare un miembro titular o suplente, llenará la vacante uno cualquiera de los suplentes de los miembros titulares. Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

Además de las sesiones ordinarias, se celebrarán sesiones extraordinarias, siempre que el interés público lo exija, por disposiciones del presidente, o cuando lo pidieren dos de sus miembros.[11]

La ley electoral no hace mención de si son públicas o no las sesiones cuando traten de asuntos contenciosos. Entendemos que si deben ser públicas, obedeciendo al criterio del debido proceso.

1.2.1 Condiciones de Aptitud para ser Miembro de una Junta Electoral

Pueden ser miembros titulares o suplentes de una Junta Electoral todo dominicano que:

·        Sea mayor de 21 años.

·        Sepa leer y escribir.[12]

·        Tenga residencia en el municipio correspondiente, con un año por lo menos de establecido.

·        Este en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; y

·        Goce de buena reputación.

Según la ley, es preferible que aquellos miembros que vayan a desempeñar las funciones de presidente y secretario sean abogados.

Los cargos de miembro o titular de una junta municipal son de aceptación obligatoria. Los designados no podrán rehusar ni abstenerse de ejercer el cargo encomendado a menos que no sea por motivos graves que estén debidamente justificados.

La Junta Central Electoral podrá asignar sueldos permanentes o pagaderos en determinados a los miembros de las juntas electorales si así lo juzga conveniente. En la práctica los miembros de las Juntas Electorales son remunerados de manera permanente, de manera a especial los presidentes y los secretario.

1.2.2 Incompatibilidades

No pueden ser miembros ni secretarios de una misma junta electoral personas que tengan vínculos de parentesco o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ya sea entre sí o con candidatos o con miembros de órganos directivos o con delegados de partidos políticos que actúen en la jurisdicción del cuerpo electoral a que pertenezcan[13]. Sin embargo, se podrá obviar dicha exigencia en caso de que sea materialmente imposible o difícil designar una junta electoral con miembros que no tengan los vínculos enunciados, como puede ocurrir en muchos municipios pequeños y despoblados de la geografía nacional.

La función de miembro de una Junta Electoral es incompatible con cualquier otra función o empleo estatal o municipal. Tampoco podrán ser miembros de las Juntas Municipales los que hayan sido condenados o estén sub judice por infracciones a la ley electoral, por la comisión de hechos sancionados con penas aflictivas e infamantes, por soborno, cohecho, malversación de fondos públicos, falsificaciones o por delitos contra la propiedad.

La apoliticidad de los miembros deberá ser observada en la designación de los miembros. En caso de que no sea posible la designación de personas apartidistas, se nombraran afiliados que no sean activistas de por lo menos dos fuerzas políticas, de modo tal que ningún partido tenga mayoría de votos en la junta. Se tratara, de presentarse el caso, que el presidente y el secretario sean de partidos distintos.

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