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II Época  nº 32-  Edita FE-JONS  -  


Por una justicia 

ciega e incorrupta

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FE  Raúl Mayoral Benito

En los inicios de la democracia española el funcionamiento de la Justicia ya era objeto de reproches. La ciudadanía censuraba su lentitud; los propios miembros de la Judicatura se quejaban de la falta de recursos humanos y materiales. En suma, el panorama no resultaba muy alentador para un Estado que pretendía equipararse a los parámetros de lo que, por entonces, era la Comunidad Económica Europea. En la última década la opinión pública, auténtico termómetro que mide el grado de insatisfacción experimentado por una sociedad en los asuntos que le atañe, imputa a la actividad judicial un defecto de mayor gravedad que los citados: su politización. Y es que cuando uno estaba a punto de creerse esa engañifa de que el Estado de Derecho garantiza la división de poderes y la tutela judicial, constituyendo la forma política más perfecta conocida por la Humanidad, resulta que se descubren las imperfecciones del sistema.

La situación ha sido y es tan delicada, que los dos partidos políticos mayoritarios en el escenario nacional han llegado a un acuerdo para despolitizar la Justicia, consolidar la separación de poderes y agilizar y modernizar el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, entendido, éste, como un servicio al ciudadano. Sin embargo, no debemos olvidar que el bochornoso espectáculo que ofrece hoy la Judicatura tiene su origen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, promulgada durante la primera legislatura con mayoría absoluta socialista en el Parlamento. Por tanto, el socialismo viene a enmendar ahora el borrón que protagonizó hace unos años. La referida Ley supuso el golpe de Estado más clamoroso perpetrado contra el constitucionalismo español, contando con la aquiescencia y beneplácito de los ciudadanos que ignoraron la tropelía que con esa norma se cometía.

Con anterioridad a esta disposición, la elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, se realizaba de la siguiente manera: doce por el propio Poder Judicial, y ocho por las dos Cámaras, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Se garantizaba, así, cierta hegemonía de los Jueces a la hora de la designación de su órgano de gobierno. A partir de la Ley Orgánica, obra del “rodillo” socialista, el sistema de elección se modifica, de forma que los veinte vocales se eligen por las Cortes, diez el Congreso y diez el Senado. Dado que en ambas Cámaras, el PSOE disfrutaba de mayoría absoluta, el resultado fue la quiebra de la independencia de la Magistratura como principio básico que ha de regir su actuación. El partido gobernante controlaba el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Indudablemente, el barón de Montesquieu, el padre de la teoría de la división de poderes, había muerto. La ausencia de autonomía en la Jurisdicción acarreó la corrupción y la politización de la Justicia.

La sociedad española lleva padeciendo la corrupción judicial durante más de quince años. Los ciudadanos hemos sido testigos de cómo el higiénico reducto de la Justicia comenzaba a contaminarse por los vientos nocivos e insalubres que soplan del exterior. El mundo judicial se ha convertido en un teatro de títeres y marionetas que se mueven al son que marca la bulliciosa y viciada orquesta de la política, subvirtiendo su recto e imparcial criterio jurisdiccional. Las resoluciones de los Tribunales recaídas en los procesos de financiación ilegal de los partidos políticos, de malversación de fondos públicos, y de creación de banda armada y terrorismo de Estado, en los que se han visto implicados dirigentes políticos, constituyen un síntoma de la grave enfermedad que sufre la Justicia española. Más recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo condenando por prevaricación al juez Gómez de Liaño, las contradicciones entre el juez Garzón y los fiscales de la Audiencia Nacional en el asunto de la extradición de Pinochet, incluso la sentencia del Tribunal Constitucional poniendo en libertad a los miembros de Herri Batasuna y la decisión de excarcelar al siniestro Pepe Rey, evidencian que algunos Jueces y Magistrados interpretan la ley siguiendo un guión político y no estrictamente jurídico. La ciega justicia es incapaz de ver como los mezquinos y oscuros intereses políticos y personales manipulan los limpios platillos de su balanza inclinándolos hacia el lado que más conviene.

Así ha funcionado el modelo judicial en España. Ahora, el Partido Popular y el Partido Socialista han alcanzado un pacto en virtud del cual se pretende extirpar el mal que anida en las salas de Justicia. La medida más relevante es que el Parlamento seleccionará a ocho de los veinte miembros del CGPJ de entre juristas de reconocido prestigio. Los doce restantes serán también elegidos por las Cortes de entre los treinta y seis nombres propuestos por la Judicatura a través de las asociaciones judiciales y los jueces no afiliados. Además, también se prevén otros mecanismos para paliar los demás defectos de la potestad jurisdiccional. Así, respecto a la lentitud de la actividad judicial, el pacto anuncia la promulgación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que agilice procedimientos, permita un enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y simplifique determinados trámites, evitando dilaciones indebidas al objeto de procurar la resolución de la controversia en el menor tiempo posible. En el aspecto económico, el acuerdo sobre la reforma judicial propone un Plan Financiero de 250.000 millones de pesetas a fin de llevar aumentar la dotación de recursos humanos y materiales. Asimismo, se adoptan medidas sobre responsabilidad de los miembros del Poder Judicial. Esperemos que con ellas se solvente otra imperfección más, como es la de la vulneración del secreto sumarial por filtraciones a los medios de comunicación.

En fin, que estamos ante una encrucijada histórica para acabar con el pésimo funcionamiento del servicio público más importante que ha de ofrecerse a los ciudadanos. Ojalá que a partir de ahora la Justicia sea ciega e incorrupta.

         FE