Bernardo de Miguel. Bruselas.
Los Quince cumplieron ayer con el calendario que se habían autoimpuesto para alcanzar el acuerdo sobre armonización fiscal. Francia, que preside la UE este semestre, consiguió superar el difícil reto que le asignó la cumbre de Feira (Portugal) para cerrar un acuerdo sobre los contenidos sustanciales de una directiva comunitaria que ponga fin a la competencia fiscal desleal en la UE.
Si la cumbre de Feira consagró el intercambio de información entre los Quince como instrumento para combatir la evasión fiscal, ayer los Quince pactaron las condiciones para el periodo transitorio hasta que ese objetivo se haga realidad en 2010.
Cuando entre en vigor la directiva en 2003, la retención mínima al rendimiento del capital de los ciudadanos europeos, obtenido en un país distinto al de residencia, será del 15% los tres primeros años y del 20% a partir de 2006. Esa retención deberá compartirse con el país de origen del inversor (al que se remitirá el 75%) y no tendrá carácter liberador para el ahorrador.
Este histórico acuerdo se logra 12 años después de que el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, reclamara la armonización fiscal. La Unión Monetaria, que entró en vigor el 1 de enero de 1999, hizo imperiosa esa necesidad.
El pacto chocó con los intereses del Reino Unido, primero, y de Luxemburgo, después. Ayer se resolvieron las diferencias, aunque la norma deberá todavía ser ratificada dentro de dos años, tras la negociación con terceros países para que éstos adopten medidas similares a la directiva europea, que pondrá fin al secreto bancario.
El ministro francés de Economía, Laurent Fabius, en su condición de presidente en turno del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) sorteaba, tras la cena del domingo con sus homólogos, todos los impedimentos a una norma que la zona Euro demandaba insistentemente. A las dos y media de la madrugada los "contenidos de la futura directiva sobre fiscalidad del ahorro" estaban pactados, a falta únicamente de una reserva planteada por España en el último momento.
Luxemburgo, el último escollo real en la larga singladura -12 años de negociación- de esta norma, cedía punto tras punto a las propuestas de la presidencia francesa. El Gran Ducado, cuyo sector financiero aporta aproximadamente un 30% de su PIB, sólo consiguió eximir de la aplicación de la directiva a los fondos de inversión que operan bajo el régimen de reconocimiento mutuo entre los estados y a los fondos mixtos cuya cartera incluya más de un 40% de valores de renta variable. "Incluso eso nos parece bien porque aumentará el flujo de capital hacia las empresas europeas", indicaban fuentes de la Comisión. Ningún negociador veía ayer sombra alguna en el pacto alcanzado.
Ni siquiera la exigencia pactada en el Consejo Europeo de Feira (Portugal) de que el texto aprobado ayer deba ser ratificado de nuevo por el Consejo antes de que entre en vigor (2003) aguaba la celebración. "Un viento de cambio sopla desde hace dos años en todos los centros de servicios financieros, donde empieza a imponerse la transparencia", afirmaba ayer el comisario europeo de Fiscalidad, Frits Bolkestein.
El comisario deberá aprovechar el rebufo de ese viento, pues la Comisión Europea tiene sólo dos años para convencer a los centros financieros extracomunitarios -léase países como Linchtenstein, Mónaco, pero también Suiza o EE UU- de que adopten de normas "similares" a la europea. El mismo plazo tienen los Estados miembros para conseguir imponer en sus territorios asociados y dependientes (la mayoría de la corona inglesa, entre ellos Gibraltar) medidas "idénticas" a las que aplique la metrópolis.
La meta final es garantizar el intercambio de información entre las autoridades fiscales sobre los rendimientos del capital obtenidos por los ciudadanos fuera de su domicilio fiscal habitual.
El texto prevé un período transitorio de siete años a partir de su entrada en vigor a principios de 2003, pero hasta esa fecha, las condiciones pactadas ayer mitigarán la competencia desleal de los estados que se niegan a compartir información.
Retención mínima
Esos estados -ya sólo Luxemburgo, Bélgica y Austria- deberán imponer entre 2003 y 2006 una retención fiscal mínima del 15%, que subirá al 20% durante los cuatro años siguientes.
Pero esa retención no será liberatoria, como pretendía Luxemburgo, sino que las autoridades fiscales del país de origen del inversor podrán reclamarle la diferencia que exista entre esa retención y su tipo de imposición. Además, el 75% de los ingresos fiscales que generen los ahorros de no residentes se remitirán al país de origen de estos. Luxemburgo pretendía remitir sólo el 10%.
En contraste con Luxemburgo, el Reino Unido lograba casi todas sus reivindicaciones, en un proyecto de ley que bloqueó durante años. El intercambio de información será la norma y todas las emisiones de bonos internacionales -negocio que domina en la City- vivas antes del 1 de marzo de 2001 estarán exentas de la directiva.
Publicado en página 38
