Juan Miguel Castillo Pantaleón

La sociedad dominicana, ciertamente, ha avanzado considerablemente en los últimos 30 años con el triunfo de una cultura política que centra alrededor de valores democráticos todo el discurso de legitimación del Poder. Últimamente a lo anterior se le han agregado, en el plano estrictamente teórico, la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos y la búsqueda de un desarrollo sostenible. Pero en la realidad, ello no significa que el hombre llano esté más cerca del ejercicio del Poder. Tampoco significa que son plenamente viables los mecanismos para la preservación de los derechos humanos o que la búsqueda del desarrollo no haya dejado de ser, apenas, una desesperada lucha contra la pobreza.

En la relación ciudadano-poder, lo cierto es que el control de las instituciones del Estado, ahora más que nunca, está ejercido por grupos económicos y partidarios que lo colocan al servicio de intereses sectoriales.

En cuanto Poder del Estado, el Judicial es uno de los más apetecibles para que esas fuerzas monten estrategias para su control y una vez logrado, desarrollen todo un sistema de perpetuación del mismo, al margen de que en la funcionalidad su gestión sea deficiente o esté totalmente divorciada del verdadero papel de garante de una sociedad de derecho en beneficio de todos los ciudadanos. Incidir en el Poder Judicial permite a esos sectores dar validez y sustentación jurídica al status quo, y utilizándolo con buen arte, convertirlo en una infalible herramienta de neutralización, descalificación y eliminación de adversarios. Es la "judicialización" de sus intereses.

Tal es el origen y la naturaleza de la actual judicatura y del montaje de todo el aparato inmunológico que busca su preservación a toda costa. Una gama de organizaciones de la llamada Sociedad Civil y de medios imbricados en una coreografía perfecta de sustentación y perpetuación de la reciente judicatura a la que, medida objetivamente por sus logros, hay que convenir, se le dio desde esos litorales descargo y reconocimiento por adelantado a una gestión que no ha sido precisamente, en los últimos cuatro años, un dechado de virtudes y eficiencia.

A siete años de distancia, vemos como las fuerzas políticas dominantes transaron la crisis post-electoral del año 1994 sobre la base de asumir que las elecciones produjeron resultados de una extraña duplicidad fraudulenta: Resultados ilegítimos para una cosa (elección de Presidente y Vicepresidente) y válidos para otra (elección de congresistas y funcionarios edilicios) bajo la fórmula de acortar el término del mandato presidencial de entonces, adelantar elecciones y acomodar el nivel de influencia en el Poder Judicial en la intempestiva modificación constitucional de la madrugada del 14 de agosto de ese año. En lo que respecta al Poder Judicial, en lo adelante su designación recaería en un nuevo cuerpo colegiado ad hoc: el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual designaría en lo sucesivo la Suprema Corte de Justicia y ésta, a su vez, a todos los demás jueces del orden judicial.

El Consejo está presidido por el Presidente de la República e integrado por los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso, un congresista de ambos hemiciclos de partido diferente al del Presidente de su respectiva Cámara, además por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez del alto tribunal que fungiría como miembro-secretario del Consejo.

Este nuevo mecanismo sustituyó el antiguo sistema de designación de todos los jueces por parte del Senado de la República bajo el pueril alegato de que convertiría al Poder Judicial en un cuerpo desprovisto de toda influencia espuria. Sin embargo, lo que realmente aconteció fue la evolución hacia formas más concentradas de su dominio. De siete miembros de este Consejo, cinco eran representantes de estructuras políticas partidarias. Los restantes, jueces del alto tribunal hasta entonces elegidos a su vez por el Senado (órgano político por naturaleza) quienes terminaron a su vez fuera de la misma judicatura, apartados por los demás miembros del Consejo.

Mas, en su momento, el gobierno saliente no convocó al Consejo para remozar la justicia, pues conservaba en la existente un alto nivel de gravitación. Con las elecciones presidenciales adelantadas del año 1996 se produjo la alianza del partido de gobierno (PRSC) con la tercera fuerza en importancia (PLD) a fin de cerrar al paso a la principal opositora y más acérrima adversaria (PRD). El nuevo régimen ascendió desguarnecido. Sin Congreso y sin Justicia. Un año después, en una acción calificada de ingenuidad política, el electo Presidente convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para conformar un nuevo Poder Judicial en el que su nivel de influencia, por necesidad, sería aún menor. Al hacerlo, entregó generosamente a las transacciones de otras fuerzas que prontamente se abalanzaron sobre la presa ofertada.

El país sólo observó a través de una transmisión televisiva cómo se produjo la entrevista final por parte del Consejo de treinta candidatos, sin que nunca se explicara cuál fue el mecanismo que operó en la pre-selección. El Presidente del Partido Revolucionario Dominicano (Hatuey Decamps), así como algunos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (los entonces Presidentes de las Cámaras del Congreso Ing. Peguero Méndez y Amable Aristy) luego y por separado, dieron a la luz pública los detalles vergonzosos de cómo operaron esas negociaciones. Tal fue el contexto histórico en que surgió la actual Suprema Corte de Justicia.

2.- HACIA LA PERPETUACIÓN DE UNA CUOTA DE PODER

Integrada fundamentalmente con abogados en ejercicio vinculados a los grupos políticos y empresariales que incidieron en su designación, en la Suprema Corte surgió de inmediato un elemento nuevo. Dentro de su seno surgieron también las posiciones que perseguían jugar su propia estrategia en la lucha por el control de un mayor espacio de poder, tomando distancia de los sectores políticos que tenían menos fuerza para incidir en su futuro, diseñando todo el resto de la judicatura y asumiendo el control absoluto del aparato judicial. Para ello, lo primero fue lograr la mayor cantidad de recursos materiales que, en nombre de la necesaria modernización material de la justicia, le permitiera mayor capacidad de maniobra. Con la asignación sin precedentes de presupuestos sumamente generosos, exigidos no sin llegar en ocasiones a la beligerancia con el Poder Ejecutivo, tenemos por primera vez una justicia dotada con grandes recursos que maneja a su completa discreción.

Arriando o izando las velas de la jurisprudencia en la dirección en que la brisa sople, hemos tenido desde entonces una judicatura que no ha producido una sola sentencia en casos importantes en donde se aprecie voluntad de llegar con imparcialidad hasta las últimas consecuencias o que afecten significativamente los intereses políticos o empresariales a los cuales está vinculada. Desde su inicio, la Suprema Corte juega su papel también en el interés de perpetuar la influencia de sus cabezas. El primer paso para ello fue la toma de control del resto del aparato judicial a través de las designaciones y remociones y luego, a través de la propia perpetuación, en la declaratoria de supuesta inconstitucionalidad del término de cuatro años por el cual fueron electos en nombre de la más aberrante interpretación del concepto de "inamovilidad", asumiéndolo en términos prácticos al de "vitalicidad".

Por su parte, influyentes grupos de Organizaciones de la llamada Sociedad Civil que funcionan como apéndices y cajas de resonancia de grupos empresariales y con vinculaciones políticas bien ubicadas, también han jugado su papel, estableciendo desde el inicio y para la conformación del resto de la judicatura, sus estrategias para aposentar y legitimar toda una cuota de poder que nunca en toda la historia republicana habían logrado antes. Es demasiado para dejarlo nunca.

Desde entonces el país ha recibido desde esos litorales la más masiva campaña de estrategia de mercado que se recuerde para legitimar una gestión que apenas comenzaba. La finalidad era simple: anatemizar todo pasado y ponderar todo lo presente, fórmula infalible que, repetida mil veces, convirtió simples aseveraciones en verdades en boca de estas ONG´S y aquellos que han reproducido sin cesar sus postulados.

En los Consejos de Directores y patrocinadores de estas entidades se identifican los mismos nombres. Es un compacto grupo de presión dirigido a la opinión pública, con vinculaciones muy estrechas con corrillos empresariales y bancarios que cuentan con poderosos medios en las áreas de la prensa escrita, radial y televisiva. Nunca como antes sectores se encontraron mejor organizados alrededor de conservar una cuota de poder. Como contraprestación, pueden también observarse una gran cantidad de designaciones de familiares y allegados en el tren judicial de personas vinculadas a esos sectores.

3. EL BALANCE

El resultado ha sido, en estos cuatro años, de puro oropel. Al revisar las estadísticas judiciales se aprecia un rendimiento penoso si se toma en cuenta la cantidad de recursos materiales invertidos.

En materia penal, el índice de población carcelaria en situación preventiva es aún más elevado que en la judicatura anterior. Del mismo modo, estudios financiados por organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en áreas como la justicia civil, comercial y laboral, así como la jurisdicción de tierras, muestran un pésimo desempeño de parte de dichos tribunales, lo cual ha llevado a organismos como el Departamento de Estado del gobierno estadounidense, Amnesty International, la Cámara Americana de Comercio, la Cámara Dominicana de la Construcción, la Asociación Dominicana de Empresas Inmobiliarias, entre otras, a denunciar la falta de seguridad jurídica en nuestro país. Situación inexplicable por el aumento de facilidades y recursos con que cuenta la actual gestión.

Pero si lo anterior coloca los logros cuantitativos alcanzados en este cuatrienio en entredicho, analizar el desempeño cualitativo de la jurisprudencia actual es más penoso aún; Todo ello sumado a la cantidad de quejas sobre la pobre capacidad de una cantidad de magistrados improvisados que desconocen las más elementales reglas de procedimiento, sumado a la actitud de soberbia con la que manejan los asuntos más insignificantes.

Pero otras facetas son más graves todavía: la falta de independencia interna dentro del Poder Judicial denunciada por doquier y la centralización y autoritarismo ejercido por la cabeza del Poder Judicial. La falta de independencia no sólo viene dada por la forma en que se han producido las designaciones de muchos jueces, sobre la base de criterios de vinculación personal o familiar de éstos con las cabezas del Poder Judicial o de los grupos políticos y empresariales vinculados a ellos, sino por el celo con que son supervisados, al punto que ha provocado una verdadera parálisis de procesos de gran trascendencia, en cuyas decisiones, cuando las hay, casi sin excepción se aprecia el alto nivel de gravitación y mediatización que ha intervenido en ellas.

A cuatro años de balance judicial, en el orden penal no se ha producido en nuestro país una sola sentencia importante en materia de lucha contra la impunidad por hechos en donde se vinculen personajes de alta jerarquía política o militar con malversación de fondos públicos o crímenes de Estado. Las pocas que se han producido más bien parecen el producto de estrategias transaccionales de dejar sin castigo los responsables de alta jerarquía o la descalificación política de los sectores con menor incidencia en la conformación del actual Poder Judicial.

En el orden civil, comercial, inmobiliario y laboral, los litigios empresariales de gran envergadura en los que una parte enfrenta los intereses de sectores vinculados estrechamente a las cabezas del Poder Judicial o sus grupos satélites, sólo producen resultados cuando van en beneficio de estos últimos, llegándose al extremo de fallarse expedientes por la vía de disposición general y reglamentaria, estableciendo procedimientos especiales ad hoc en una labor de jurisprudencia de muy dudosa legalidad, pero que casi siempre va dirigida a dar ganancia de causa a esos mismos intereses.

La centralización y el autoritarismo, finalmente, revisten distintas formas. Desde el diseño de una judicatura con claras características de una dependencia vertical que llega a los extremos de dar indicaciones públicas a los jueces para fallar o agilizar tal o cual expediente; la verborrea incontenible de opiniones y declaraciones públicas sobre los más variados asuntos contenciosos o no de parte de la cabeza del Poder Judicial; el impulso del corporativismo judicial, a fin de que contra toda crítica se ejerzan las más variadas formas de la advertencia, retaliación o negación de justicia desde los estrados; y el impulso de iniciativas legislativas dirigidas a concentrar funciones en pocas manos, a fin de controlar los apoderamientos en los departamentos judiciales de mayor importancia.

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