Por Rubén Castro

México 10 de enero de 2003. AUNAM. Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideran urgente la revisión, por parte del gobierno mexicano, del capítulo relacionado con el sector agropecuario nacional contemplado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que entrará en el 2003.

En el marco de la conferencia El TLCAN y el sector agropecuario: antecedentes y perspectivas, organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, Alejandro Nadal, José Luis Calva, Jorge Witker, Laura Hernández y Rosario Pérez Espejo sostuvieron que se cuenta con elementos jurídicos para solicitar ésta revisión.

Consideraron que si bien es complicado modificar de tajo las cláusulas del TLCAN, entre las cuales se contempla liberar de impuestos a las importaciones de productos de los países socios a partir de enero, el gobierno del presidente Vicente Fox debería incrementar el apoyo al campo.

Según lo expuesto en la mesa por Alejandro Nadal, investigador del Colegio de México, “en la actualidad el campo mexicano está compitiendo en condiciones de gran miseria, con una presión extraordinaria desde todos los frentes económico.

Afirmó que el blindaje agroalimentario anunciado en el país para proteger al campo y que contempla alrededor de 102 mil millones de pesos, es insuficiente en comparación con los 138 mil millones de dólares que Estados Unidos dedica en subsidios a sus productores.

Por su parte José Luis Calva, investigador de la IIE, quién vaticinó desde hace diez años las consecuencias de este acuerdo comercial, presentó un documento del Banco Mundial (BM) que establece que México y su sector agropecuario no están preparados para la competencia que se avecina.

Basado en este documento, José Luis Calva explicó que “las reformas hechas al agro no han terminado con décadas de limitaciones en cuanto a la capacidad de los agricultores para obtener acceso a activos, participar en mercados de mejor funcionamiento y agregar valor a la cadena de comercialización”.

“Esto plantea un importante problema de política, debido a que a partir del 2008 el TLCAN pondrá al sector en competencia abierta con Canadá y Estados Unidos; la clave será entonces rediseñar los programas oficiales de apoyo para que promuevan la diversificación hacia cultivos de mayor valor” agregó.

En su oportunidad, Jorge Witker, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió en que existen los instrumentos para favorecer una posición de renegociación, de sacar provecho y amortiguar los efectos negativos, por lo cual el gobierno debe solicitar a sus socios una revisión del tratado.

Laura Hernández, académica de la Facultad de Derecho, señaló que “para tomar una política bien definida de defensa al sector agropecuario es muy importante que el gobierno permanezca atento sobre qué le permite la norma suprema y qué no, y en todo caso privilegiar en ese orden los tratados internacionales que le beneficien”.

Finalmente Rosario Pérez Espejo, secretaria académica del IIE, terminó por redondear la propuesta de los ponentes en el sentido de revisar el capítulo del TLCAN al expresar que “existen márgenes de maniobra en ese acuerdo y, de ser necesario, podría recurrirse a la norma internacional”.