EN TRES MESES ENTRARÁ EN VIGOR EL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE LA SEGURIDAD EN BIOTECNOLOGÍA

§         El convenio firmado por 50 países comenzará a correr sin que México cuente con una legislación propia en la materia

 Por Viridiana García Martignon

México, 20 de junio (AUNAM).- A una semana de que Ghana ratificara su adhesión al Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad en Biotecnología, y que con ello comenzaran a correr los tres meses necesarios para que éste entre en vigor; México, país miembro, todavía no cuenta con una ley de Bioseguridad.

Debido a que en los últimos años los organismos genéticamente modificados han sido objeto de un controversial debate, los gobiernos de distintas partes del mundo negociaron una serie de acuerdos para abordar los posibles riesgos del comercio transfronterizo y las emisiones accidentales de dichos organismos.

El Protocolo de Cartagena, firmado por 50 países, surgió como parte de estas preocupaciones y consiste en exigir a los exportadores una descripción detallada del contenido y los transgénicos exportados para  garantizar que los países receptores puedan evaluar los riesgos asociados a los productos antes de aceptarlos.

Con la firma del Protocolo por parte de Ghana, última nación que confirmó su participación el pasado 13 de junio, se completaron las certificaciones de la totalidad de los miembros del convenio, el cual entrará en vigor en septiembre próximo.

Para México, que garantizó su cooperación desde el 2002, el hecho de que el Protocolo inicie en noventa días y que  no exista una ley de Bioseguridad en el país, tendrá fuertes implicaciones. Ante esto, el presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias (ACM), José Antonio de la Peña explicó que, en el caso antes citado, el Protocolo se aplicará directamente estableciendo mecanismos de evaluación y aprobación sobre organismos genéticamente modificados que no serán lo suficientemente claros para nuestro país.

La ley de Bioseguridad, propuesta por la Academia Mexicana de las Ciencias y que integra observaciones hechas por 40 miembros destacados de ésta, Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) y empresas de biotecnología,  actualmente se encuentra detenida, pues a pesar de haber sido aprobada por el Senado el 24 de abril pasado, hasta la fecha no ha sido ratificada por la Cámara de Diputados.

En referencia a la propuesta de ley en bioseguridad para México, José Antonio de la Peña explicó que ésta se propone: “proteger el medio ambiente y la salud de la población, pero sin inhibir las investigaciones de la biotecnología que se realizan en el país, para lo cual cuenta con diferentes apartados a fin de controlar el tema de la bioseguridad desde el punto de vista sanitario, ecológico, fiscal, aduanal y de etiquetados informativos para el consumidor.”

La doctora Amanda Gálvez Mariscal, académica de la Facultad de Química de la UNAM y miembro de la delegación mexicana ante el Protocolo Internacional de Bioseguridad, coincidió en  afirmar que con la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena se vienen encima, para nuestro país, una serie de obligaciones que serían mejor llevadas a cabo si las legislaciones nacionales estuvieran completas.

Asimismo, señaló la necesidad de un instrumento legal que permita evaluar y ejercer la cotidianidad en la importación, la exportación y el manejo de los organismos genéticamente modificados.