Pacto Democrático por la Unidad y Reconstrucción Nacional

 

1º.     El presente Pacto recoge el sentir de la inmensa mayoría de los venezolanos, reflejado en todos los estudios de opinión, manifestado en la masiva participación de la población en marchas y concentraciones realizadas en todo el territorio nacional. Es una clara expresión del consenso que hemos alcanzado los integrantes de la Coordinadora Democrática conformada por representantes de los Partidos Políticos, organizaciones de la Sociedad Civil, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), en el marco de los propósitos del “Acuerdo para la reconstrucción de la democracia en Venezuela” de la Coordinadora Democrática y de las “Bases para un acuerdo democrático” presentadas por la CTV y FEDECAMARAS, los cuales fueron firmados el 5 de julio y el 3 de marzo del presente año, respectivamente, así como de otras  propuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Partidos Políticos.

2º.     Firmamos este Pacto que recoge las acciones de emergencia a emprender, en la convicción de que al fin de su gestión,  el gobierno actual nos dejará un panorama de urgencias, de agravamiento de la pobreza, de problemas institucionales, de carencias y crisis de todo orden, cuya superación efectiva sólo será posible con la unión de todos los sectores en un esfuerzo solidario para la recuperación de Venezuela. 

 

3º.     Inspirados en los acuerdos previos, ratificamos nuestro compromiso con los siguientes  propósitos principales:

 

a) Emprender el combate a la pobreza y todas las formas de exclusión social, como objetivo fundamental de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, para garantizar la paz y el desarrollo sustentable, con justicia social,

 

b) Recuperar la cohesión de la Nación venezolana que nos integra como ciudadanos de una misma República y restablecer la convivencia pacífica y la tolerancia, con respeto a nuestras diferencias, y

 

c) Reinstitucionalizar el Estado Civil y Democrático de Derecho, para que nos garantice la igualdad real en el ejercicio de todas las libertades y derechos ciudadanos; el acceso equitativo a la justicia, la legitimidad de reglas de juego para la expresión democrática del disenso o el consenso, y la eficiencia y transparencia de la función pública.

 

4º.     Creemos firmemente que la recuperación de Venezuela necesita el compromiso de todos los sectores democráticos y representa un desafío enorme para el liderazgo del país. Estamos en presencia de una situación de ingobernabilidad política, social, económica e institucional por la ineficiencia, corrupción y populismo del régimen autoritario del Presidente Hugo Chávez y por su acción devastadora sobre las condiciones de vida de la población, crecientemente empobrecida hasta límites insoportables, sobre el marco institucional y los recursos del Estado, sobre la institucionalidad de la Fuerza Armada, sobre la política exterior y sobre las bases unitarias del tejido social y afectivo que ha desfazado  la tolerancia y convivencia pacífica que vivimos desde hace varias décadas.

 

5º.          Ante tal panorama reiteramos lo dicho el pasado 5 de julio: “la superación de esta calamidad trasciende lo estrictamente económico para incluir dimensiones sociales, políticas e institucionales”. Los problemas que heredaremos son múltiples, profundos y de grandes alcances. El trabajo que nos aguarda será duro y requiere el concurso de todos. Nos comprometemos a impulsar un acuerdo unitario de largo plazo, independientemente de los resultados electorales, para lograr el país que todos queremos.

 

6º.     La salida del actual Presidente inicia un cambio que exige un acuerdo de todos los sectores para la creación y sostenibilidad de un Gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional, donde todos nos sintamos representados, integrado por todas las fuerzas comprometidas con la democracia y que esté abierto al diálogo con todos los sectores. Un gobierno que ponga en marcha el desmontaje de aquellas estructuras jurídicas y políticas del actual gobierno autoritario que atentan contra nuestros derechos y libertades. Un gobierno que ejecute las acciones prioritarias que exigen las graves circunstancias institucionales, políticas, sociales y económicas que vivimos y que restituya los principios de un verdadero régimen democrático, que no repita las acciones de división social, de cultura de violencia, de sectarismo e incapacidad del actual régimen.

 

7º.     Quienes suscribimos este Pacto estamos comprometidos con el cumplimiento de las medidas de emergencia que aquí se señalan y con la definición de las bases de un proyecto de largo plazo, producto de un diálogo nacional, auténticamente democrático, que creará el consenso sobre el país que queremos construir y permitirá establecer el acuerdo de gobernabilidad necesario para lograrlo, con el esfuerzo de todas y todos los venezolanos.

 

8º.     Los objetivos contenidos en el presente Pacto son realizables en el marco de la actual Constitución venezolana, que a pesar de sus conocidas desviaciones, imprecisiones y omisiones,   nos ofrece posibilidades que podemos emplear en su logro, aún cuando podrían ser necesarias algunas modificaciones que, al perfeccionarla, facilitarían la consecución del tipo de país, profundamente respetuoso del ordenamiento jurídico, en el cual queremos vivir.

 

Por todo lo expuesto nos comprometemos a dar nuestro firme y responsable apoyo a la siguiente agenda de acuerdos mínimos para asegurar el éxito de la gestión del nuevo gobierno:

 

 

Decisiones  para la restitución de la legitimidad del sistema político:

 

 

El próximo Gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional

 

1                    Establecer la sucesión en el gobierno, en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia, con arreglo a las vías y recursos jurídicos consagrados en la Constitución Nacional. 

 

2                    El próximo gobierno, en cuya conformación la Asamblea Nacional habrá de jugar un rol fundamental, será un Gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional, de carácter   civil, donde tendrán cabida todas las expresiones del quehacer democrático del país, sin exclusiones de tipo alguno, para lo cual se creará un Consejo de Gobierno, con función asesora, en el cual tendrán representación todos los sectores.

 

3                    Habida  cuenta de los obstáculos que ha puesto el gobierno para encontrar una salida institucional o electoral a la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país, la aplicación del articulo 350 de la Constitución Nacional es una posibilidad siempre presente, mediante la cual el pueblo venezolano puede desconocer al actual régimen autoritario y antidemocrático. Bajo esa circunstancia, las organizaciones que suscriben este Pacto comprometen todo su esfuerzo para que se produzca una consulta perentoria a la fuente de la soberanía nacional, que es el pueblo. Esto permitiría el pleno restablecimiento de la legitimidad democrática a través de elecciones generales o, si así fuera el caso, de la convocatoria al más corto plazo posible a una Asamblea Nacional Constituyente.

 

Estado de Derecho

3        Garantizar la restitución efectiva del régimen democrático y su profundización, el ejercicio pleno de las libertades y los derechos, y la apertura a la participación ciudadana por las vías establecidas en la Constitución.

4        Garantizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional, Gobernaciones, Consejos Legislativos Regionales, Alcaldías, Concejos Municipales, Juntas Parroquiales y de las representaciones electas ante los Parlamentos Regionales: Andino  y Latinoamericano.

5        Instar a la Asamblea Nacional a que proceda a la legitimación constitucional del Poder Ciudadano,  del Poder Electoral y de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la designación de sus nuevos representantes, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1999.

6        Activar el Consejo Federal de Gobierno, de conformidad con lo previsto en la Constitución y auspiciar en la Asamblea Nacional la sanción de la Ley del Consejo Federal de Gobierno.

Elecciones constitucionales de nuevos poderes

7                    Promover la elección del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en los términos establecidos en la Constitución vigente, bajo  las necesarias modificaciones constitucionales, para que se asegure la profundización de la democracia y la descentralización. Dichas elecciones de Presidente de la República y Poder Legislativo Nacional deberán ser celebradas en términos perentorios.

8        Previas las modificaciones constitucionales indispensables:

a) Establecer la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos presidenciales más votados, cuando ninguno de ellos haya alcanzado la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos.

b) Establecer que el mandato constitucional del Presidente de la República  y de los representantes del Poder Legislativo Nacional tendrá una duración de 4 años.

c) En el caso del Presidente de la República, establecer que al vencerse los cuatro años se permitirá la reelección inmediata por una sola vez, para un nuevo período.

9        Compromiso de los partidos políticos, del Poder Electoral y de los participantes civiles no vinculados a organizaciones con fines políticos, para formular consensualmente y cumplir un Pacto Electoral que norme el desempeño ético y confiable de todos los actores del proceso electoral y la transmisión  del poder a quienes resulten electos.

10      Convocar a un diálogo abierto que permita definir el rumbo que deberá darse al país para su total recuperación y para establecer los acuerdos que requiera la sustentación de la gobernabilidad democrática, política, económica y social.

La Seguridad y estabilidad durante el nuevo Gobierno

11      Restablecer la integridad e institucionalidad de la Fuerza Armada y devolverle su rol institucional y apresto operacional.

12      Restituir el monopolio del uso de las armas a la Fuerza Armada Nacional, a los cuerpos policiales y a los organismos de seguridad del Estado, quienes tendrán a su cargo el desarme de los grupos irregulares.

13                Ejecutar un programa de emergencia dirigido a garantizar la seguridad ciudadana y a neutralizar cualquier foco de terrorismo y subversión, con estricto apego a los derechos humanos.

 

14                Crear, mediante Ley, una Comisión Permanente de Derechos Humanos, de alto nivel, autónoma y  con participación de la Sociedad Civil de reconocida trayectoria en la materia, para investigar los hechos que violen los derechos humanos y sucesos como los ocurridos el  11 de abril  2002. Esa Ley también contemplará la creación de la Comisión de la Verdad para que investigue los sucesos señalados  y se instará a los órganos jurisdiccionales para que sancionen a quienes resulten culpables de los crímenes ocurridos.

 

15                Activar la aplicación del marco legal existente para sancionar la impunidad en los hechos de corrupción y otros delitos contra la Nación.

 

16                Derogar los Decretos del actual gobierno sobre zonas de seguridad. 

Fortalecimiento del Sistema Político

17      Revisar el marco legal que rige la actividad y las autoridades electorales para garantizar su autonomía, representatividad democrática, transparencia y eficiencia.

18      Reordenar las disposiciones que regulan la actividad de los partidos políticos y demás organizaciones ciudadanas dedicadas a la labores políticas, respetando la autonomía derivada de su propia naturaleza y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado venezolano, en el ánimo de orientar y procurar que se aplique la democracia interna y se garantice la transparencia de sus actuaciones ante los poderes públicos y la sociedad en su conjunto.

 

Acuerdos sobre la Reconciliación Nacional

 

1                    Crear en forma inmediata un equipo de trabajo de alto nivel, plural, con presencia principal del Poder Ejecutivo y con participación de  la sociedad civil, las organizaciones laborales, políticas y empresariales y la comunidad internacional cooperante, para que coordine la formulación, ejecución y evaluación de la política del Estado que se requiere para el combate frontal a la exclusión y a la pobreza.

 

2        El gobierno instrumentará, en forma inmediata y con carácter de urgencia, un conjunto de políticas para superar la pobreza y la exclusión, en materia económica, política y social y, simultáneamente, el equipo de trabajo realizará en el menor plazo posible, el diseño y concertación de una estrategia concreta de mayor alcance, acorde sectorial y territorialmente, en una perspectiva que convoque en forma negociada la corresponsabilidad solidaria de todos los sectores.

 

3                    Se solicitarán fondos de rápido desembolso y asistencia técnica a organismos con trabajos en el área de reducción de la pobreza con el propósito principal de: a) iniciar de inmediato una encuesta social que permita al nuevo gobierno disponer de información precisa acerca de las necesidades insatisfechas. b) Preparar un proyecto integral de red de protección social con eje central en subsidios a la familia en extrema pobreza.

 

4        Avanzar en la elaboración acorde y con apoyo de las organizaciones políticas, empresariales, laborales, sociales, la iglesia, los medios de comunicación, de un Pacto de Reconciliación Nacional, dentro de un marco de amplitud, diálogo y valoración de la disidencia, que promueva la tolerancia entre todos los sectores y que establezca bases para la integración de gobiernos plurales conformados con  los mejores talentos.

 

5                    Instar en el período del Gobierno Provisional a la aprobación de una Ley que profundice en los delitos y sanciones contra el terrorismo, la guerrilla y el narcotráfico.

 

Acuerdos en materia Social

1        Rescatar los Programas Sociales compensatorios que han sido desmantelados por el gobierno de Chávez y dar prioridad a un programa masivo urgente de atención alimentaria  que ataque la grave desnutrición que acusa una parte significativa de la población.

 

     Declarar la emergencia nacional en Salud y desarrollar acciones de urgente atención a la infraestructura hospitalaria y a la dotación de insumos médicos de emergencia en las instalaciones que prestan servicios públicos de salud.

 

     Darle carácter de urgencia a los programas compensatorios nutricionales y de salud en las poblaciones escolares de educación básica de los sectores más deprimidos.

 

Acuerdos en materia Económica

1        Poner en marcha un plan masivo de empleos con acciones urgentes que comprenda:

·         La ampliación y aceleración de la reconstrucción del Estado Vargas, agenciando, inmediatamente el apoyo internacional y el de la inversión privada.

 

·          Normalizar las transferencias fiscales a las Gobernaciones y Alcaldías para agilizar las obras y servicios en curso, así como utilizar  proyectos de cogestión y autogestión comunitarias para culminarlos.

 

3        Sentar las bases  para adelantar una reforma tributaria integral orientada a la equidad, justicia y eficacia y a reducir las cargas tributarias de las clases populares

 

4        Reconsiderar, en consulta con todos los sectores, el paquete de las leyes aprobadas por la vía Habilitante.

 

5        Establecer un régimen de plenas garantías y respeto a la propiedad privada y a la libertad de empresa. Buscar soluciones inmediatas al problema de las invasiones.

 

5        En el contexto de la dinámica del mercado petrolero internacional y atendiendo a los intereses del país, hacer efectiva una política de aumento del volumen de producción de crudo,

 

 

6        Constituir una Comisión representativa de los trabajadores, los empresarios, los gremios y el Gobierno para concertar políticas de seguridad social, salarios, empleo y reactivación económica.

 

7        Establecer en el próximo gobierno, con fundamento en la Ley de Administración Financiera del Estado, las reglas de disciplina fiscal, administrativa y financiera que garanticen a corto plazo la sostenibilidad fiscal y la capacidad del Estado para ejecutar las políticas públicas económicas y sociales.

 

8        Dar fiel cumplimiento durante el nuevo Gobierno y subsecuentes a las disposiciones constitucionales y legales que prohíben el financiamiento del fisco venezolano por parte del Banco Central de Venezuela y afirmar la plena autonomía del instituto emisor

 

9                    Promover la aprobación de una reforma a la Ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica que garantice su automaticidad y no discrecionalidad en el retiro de los fondos públicos.

 

10      Promover rápidamente la desregulacion de la economía y la facilitación de toda inversión tendiente a crear riqueza y fomentar el empleo

 

Acuerdo  en materia de Política Exterior

 

Ratificar, durante el próximo Gobierno, el respeto a los Principios de Autodeterminación de los Pueblos, no intervención, respeto a los compromisos internacionales y solución pacifica de las controversias y el apego de Venezuela a la Carta Democrática Interamericana, a los Tratados y  Convenciones Internacionales sobre derechos humanos y otros Acuerdos y compromisos suscritos por el Estado venezolano.

 

 

 

Firmado en Caracas, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil dos.