Textos & Contextos. Año 1 N. 5 Desde el Eje Cafetero de Colombia            Volver a Portada N. 5

Sociedad Colombiana de Arquitectos
Regional Caldas
E-mail: scacald@emtelsa.multi.net.co
 
En la anterior edición se publicó la primera parte de este comunicado: DEMOLICION DE LAS GALERIAS DE ARMENIA
Atentado contra el Patrimonio Arquitectónico nacional
 

El Alcalde de Armenia viola la ley en materia gravísima
 
"La Plaza de Mercado de Armenia, Monumento Nacional, es un constituyente del Patrimonio Histórico de la ciudad que amerita todo esfuerzo conducente a su preservación física y funcional manteniendo su uso actual. De los estudios recomendados se deducirán las directrices que permitan corregir y subsanar los factores de degradación física y urbana que actualmente comprometen su cabal inserción urbana. (…) Los daños estructurales causados por el terremoto son reparables mediante el uso de materiales y tecnologías disponibles actualmente en Colombia (…) ninguno de los pabellones presenta síntomas de colapso inminente." - Apartes del Concepto de Recuperabilidad Positiva de la Plaza de Mercado de Armenia, incluido en el "Informe del Estado Actual (del edificio patrimonial) y los Efectos del terremoto de enero 25/99", Presentado el 20 de febrero por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) ante el Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio -. Frente a los hechos expuestos en la primera parte de este artículo publicada anteriormente, que ilustran los antecedentes de la demolición arbitraria, ocurrida el pasado 18 de abril, del edificio de la Plaza de Mercado de Armenia, consagrado Patrimonio Nacional desde 1995; nos vemos en la obligación ética de plantear los siguientes interrogantes, para que sus respuestas sean buscadas por las autoridades pertinentes, con el ánimo de que se esclarezcan las responsabilidades y se tomen las medidas sancionatorias y punitivas del caso:

¿Qué intereses motivaron el apresuramiento en la toma de esta decisión que no era urgente para la ciudad y que ameritaba esperar otros criterios?, ¿Por qué no se tuvieron en cuenta, y fuera de eso se niega la existencia de otros conceptos calificados como los que ya habían sido dados a conocer ante las instituciones y la opinión pública por la SCA y la AIS?, ¿Por qué no se esperó el concepto unificado que saldría de la reunión del 19 de abril, citada por el Ministerio de la Cultura?, ¿Por qué se actuó en contra del criterio del Consejo de Monumentos Nacionales consignado en comunicado del día 12 de abril? , ¿Por qué se pretende usar como argumento que justifica la demolición del patrimonio, los cambios de usos del suelo determinados por el PORTE (Plan de Ordenamiento Territorial) para la zona centro de la ciudad, cuando ya se ha demostrado en nuestras ciudades, que pese a dichos cambios y procesos de renovación urbana, los patrimonios arquitectónicos pueden ser recuperados y adaptados a nuevos usos sin detrimento de su integridad y conservación, y pueden jugar también, un papel trascendente y dinámico en los proceso de renovación?

Estos interrogantes y la denuncia pública que aquí se hace, buscan evitar que éste precedente grave y a todas luces violatorio de la ley quede impune, pues de ser así, la Nación estaría permitiendo que se instaurara como práctica y que se pusiera en peligro no sólo la subsistencia y preservación de los inmuebles patrimoniales y monumentales, sino también que se echara por tierra toda la labor, que se ha desarrollado especialmente durante la última década, respecto a la consagración de los mismos y a la educación ciudadana para la valoración, cuidado y defensa del patrimonio cultural y arquitectónico. Esto sería como admitir que los modelos de desarrollo y los estilos de administración pública que rigen nuestro país, son de un todo premodernos, pues no parten de la valoración y el respeto a nuestra memoria colectiva y a los hitos históricos por los cuales se explica nuestra existencia actual. Por todo lo expuesto, consideramos que ésta no puede ser otra de las violaciones a nuestras normas constitucionales que, por no aparecer como evidentes, pueda quedar sin sanción, pues si se revisa debidamente y con la salvaguarda del sentido común y el buen juicio, se verá cómo tiene y tendrá implicaciones de suma gravedad para nuestro país, para la preservación de nuestros valores fundamentales y para nuestra presentación ante la comunidad internacional como país en búsqueda de desarrollos verdaderamente sostenibles.