Exprésate - Express Yourself
Dado que mi examen de la información que han venido dando los tres diarios españoles con más circulación va notablemente retrasado, lo complemento con esta selección de las noticias dadas en dichos tres diarios en la fecha indicada. Mis comentarios van en redondas
"El País" 1
En los últimos meses, el general, que lleva marcapasos, se sometió a diversos reconocimientos médicos, pues tiene problemas de diabetes, asma, artrosis y presenta síntomas de fatiga. Un examen neurológico que se le practicó el 13 de septiembre ha revelado que ya ha sufrido "pequeños derrames cerebrales", según sus allegados. La diplomacia chilena quiere demostrar que el deterioro físico y psíquico de Pinochet aconseja el regreso a su país.
El conservador británico Norman Lamont, ex ministro de Economía y actual miembro de la Cámara de los Lores, vio al general hace tres semanas en la residencia de Wentworth. "No soy un experto, pero todo el mundo dice que su salud se está deteriorando", dijo Lamont, que apoya una campaña para pedir su liberación.
Pinochet fue detenido el 16 de octubre de 1998 después de que el juez español Baltasar Garzón solicitase su captura para juzgarle por violación de los derechos humanos durante la dictadura chilena (1973-90).
El próximo lunes 27 empieza en un tribunal de Londres el juicio sobre su extradición a España, que puede durar unos cinco días. El Comité Judicial de la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial británica, decidió en marzo que Pinochet sólo puede ser entregado por delitos cometidos después del 8 de diciembre de 1988, fecha en que el Reino Unido ratificó la Convención Internacional contra la Tortura. El juez Garzón ha reunido hasta 60 casos ocurridos después de aquella fecha. Los más destacados (unos 36) serán presentados en la vista por la Fiscalía de la Corona.
"El País" 2
El juez español cargó contra los secuestros: "El secuestro como arma política es inviable en cualquier Estado de derecho". Su posición sobre la ayuda estadounidense al Ejército para la lucha antinarcóticos generó la reacción inmediata del ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez . "No se puede juzgar por anticipado al Batallón Antinarcóticos del Ejército que aún no ha empezado a operar", dijo. Pero Garzón insistió: "No podemos permitir que fondos de otro país se puedan destinar a contribuir a un aumento del conflicto: el desarrollo de actividades militares para erradicar esta lacra acarrearía el riesgo, más que evidente, de violaciones de derechos humanos". En las conclusiones, la misión señala a paramilitares y guerrilla como los mayores violadores de derechos humanos.
Garzón es comunista -pero más garzonista-, lo que explica su prejuicio antiUSA. Es como si preconizara que en España no se luchase contra ETA porque ello pueda "contribuir a un aumento del conflicto: el desarrollo de actividades militares para erradicar esta lacra acarrearía el riesgo, más que evidente, de violaciones de derechos humanos". Ergo, en la "lógica" garzoniana, no hay que luchar contra la lacra, hay que dejar que continúe. Si un país tiene pocos medios económicos para luchar contra la lacra, por lo que no puede acabar con ella, no debe aceptar ayuda económica ajena, porque eso aumentaría la lucha (con el riesgo evidente de acabar con la lacra). Además, obsérvese su concepto de la "presunción de inocencia" de las acciones militares.
"El País" 3
Cuando la petición de extradición del juez se tramita "en una tarde o en una mañana", en vez de tardar tres o cuatro semanas como es habitual, "se está indicando un tipo de voluntad política muy especial", afirmó Juan Gabriel Valdés, quien rechazó que el Gobierno español se hubiera limitado al cumplimiento escrupuloso de la ley. "Nos hubiera gustado", subrayó el canciller chileno, "que [las autoridades españolas] hubieran tenido la deferencia de informarnos lo que pensaban hacer".
El canciller chileno, que pronunció una conferencia en la America's Society, criticó la actitud de España durante todo el proceso desatado tras la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, hace ya un año. A su juicio, la posición española implica "una indiferencia absoluta hacia el derecho de Chile a conducir su transición."
Cuestión de tonos
Respecto al reciente acuerdo -alcanzado en la sede de la ONU en Nueva York
entre Matutes y Valdés- de bajar el diapasón de las declaraciones respectivas
para no amplificar aún más un conflicto que está tensando mucho las relaciones de
los dos países, el canciller chileno puntualizó: "A mí me parece que decir eso no es
subir el tono del conflicto, sino mantener lo dicho". "Vamos a seguir manteniendo
las opiniones que tenemos", advirtió Valdés.
Un portavoz del Ministerio español de Exteriores señaló, por su parte, que la actuación del Gobierno español en el proceso de extradición de Augusto Pinochet se limitó al cumplimiento riguroso de la ley y recordó las fechas: "La orden de detención formulada por el juez Baltasar Garzón a través de Interpol se efectuó el 16 de octubre. El Gobierno desconocía dicha iniciativa judicial y, desde el primer momento, se puso en contacto con la diplomacia chilena. El Gobierno tramitó, el 6 de noviembre de 1998, la petición de extradición, una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 5 de noviembre, convirtió en firme la petición del juez Garzón contra la que había presentado recurso el ministerio fiscal".
Es obvio que el Gobierno español no está obligado a tramitar toda petición de extradición que le hagan los jueces. Es de su exclusiva competencia tramitarla o no.
Dicho portavoz agregó que no hay ningún precedente de retraso en la tramitación de extradiciones y recordó que, en el caso de un etarra residente en Venezuela por acuerdo entre los dos gobiernos, cuya extradición solicitó el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren en noviembre de 1991, se dio le dio trámite en una semana, tras debatirse por el Consejo de Ministros.
El canciller chileno no ahorró tampoco críticas al magistrado que desató el caso Pinochet con su orden de detención para el ex dictador. Valdés calificó al juez Baltasar Garzón de "justiciero internacional" y de "combinar las tareas políticas con las judiciales".
Transición
Además, Valdés cargó también contra los sectores de la opinión pública española
que ven en la actitud del Gobierno de Chile una defensa de la impunidad de
Pinochet. "Los que nos recomendaron un proceso de transición pacífica se erigen
ahora en jueces de nuestra transición", se quejó.
Respecto a si el futuro de los empresarios españoles en el país andino podría verse afectado por la frialdad que preside en estos momentos las relaciones entre España y Chile, Juan Gabriel Valdés dijo que los propios interesados querrían que los dos países tuvieran "unas relaciones excelentes, lo que no es posible en este caso". Sin embargo agregó, para tranquilizarlos, que "Chile no va a desconocer los acuerdos que existan con los empresarios españoles".
Por su parte, Abel Matutes no quiso contestar a las declaraciones de su homólogo chileno. "No es mi intención alimentar una polémica que debe concluir", dijo el titular español de Exteriores.
Además, ¿qué podría contestar?.
"El País" 4
Justamente por eso, el ordenamiento faculta al Gobierno para que no dé curso a una solicitud de extradición si no lo estima oportuno. No es verdad que el Gobierno ante una solicitud de extradición no pueda hacer nada. Puede darle curso o no dársela. La decisión judicial es condición necesaria, pero no suficiente. Si el Gobierno no hace suya dicha decisión, la solicitud de extradición no se tramita.
Exacto.
Pero si la tramita tiene que hacerla suya. Lo que no se puede aceptar es que un Gobierno haga suya la decisión judicial y no la haga simultáneamente. No se puede aceptar que se dé curso a una solicitud de extradición y se actúe después subrepticiamente para que la extradicción no se produzca. Una vez que se ha dado curso a la solicitud de extradición, el Gobierno tiene que aceptar las consecuencias que de la misma se derivan. Lo contrario es un fraude de ley.
Por desgracia, ésa ha sido la actitud del Gobierno español en el caso Pinochet. Y esa actitud es la que está envenenando el contencioso tanto con Chile como en el interior del país. No se puede tolerar que el fiscal general del Estado y toda la fiscalía de la Audiencia Nacional estén actuando de la manera que lo están haciendo. No se puede tolerar que se le hagan llegar a las autoridades chilenas mensajes que son incompatibles con la decisión que se adoptó en su día de dar curso a la solicitud de extradición.
Falso: La Fiscalía es autónoma. No está a las órdenes del Gobierno.
Si, por el motivo o por la conjunción de motivos que fuera, se consideraba que no se debía juzgar a Pinochet en España, el Gobierno tenía que haber dado la cara y negarse a dar curso a la solicitud de extradición. Ése era el momento en que tenía que haber decidido de acuerdo con lo que realmente pensaba que era mejor para España.
Ya hemos visto las razones -políticas, electoralistas- que han llevado al Gobierno español a hacer este ridículo.
De esta manera, el Gobierno habría forzado un debate nacional que habría sido, además, muy interesante. Es absurdo que ese debate se haya producido en Inglaterra y no se haya producido en España. En Inglaterra el partido conservador no ha tenido ninguna vergüenza en defender una posición contraria a la extradición de Pinochet y en intentar crear un estado de opinión favorable a una decisión en ese sentido por parte del ministro del Interior, independientemente de que lo consiguiera o no. Ha sido la posición de un partido democrático sin complejos.
El debate sería prácticamente imposible.La opinión pública española está desinformada por los periodistas españoles, como vamos viendo. Ya hemos visto que, paradójicamente, la ideología triunfante, la derechista, no se atreve a manifestarse como tal.
No es razonable pensar que en España no hay tanta gente en contra de la extradición de Pinochet como la que hay en Inglaterra. Y no es ningún buen síntoma de salud democrática que no se tenga el coraje de defender la posición propia y que se decida actuar a escondidas. ¿No tenían la derecha española y el Gobierno argumentos para justificar la decisión de no dar curso a la extradición de Pinochet? Y si los tenía, ¿por qué no los ha hecho públicos? ¿Por qué ese empecinamiento en afirmar que el Gobierno no tenía margen de maniobra, cuando sí lo tenía?
El Gobierno tenía margen de maniobra. Lo que ocurre es que tenía que gobernar, es decir, adoptar decisiones y soportar el coste correspondiente. No dar curso a la extradición tenía un coste. Darle curso, también. Darle curso y no dársela simultáneamente tiene más costes que ninguna otra decisión. Para el Gobierno y para el país.
Es cierto que, objetivamente, el encausamiento de un ex jefe de Estado crea problemas. Pero si además se actúa fraudulentamente, no se adopta una actitud clara y se le dice al Gobierno chileno una cosa y se hace después otra distinta por miedo a la reacción de la opinión pública española, los costes son todavía mayores. ¿Cuál puede ser en este momento para el Gobierno chileno el valor de la palabra del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores de España?
Valor nulo, claro.
La cobardía es mala consejera en política. Más todavía cuando se ocupa el Gobierno de la nación. Cuando no se tiene el valor de defender la posición propia, al Gobierno se le acaba perdiendo el respeto. Fuera y dentro.
Exacto.
"ABC" 1
Después de que el ministro de Exteriores español, Abel Matutes, afirmara tras reunirse con su homólogo chileno el martes por la noche que ambos coincidían en que «es necesario bajar el diapasón, desdramatizar la situación y seguir abiertos a futuros contactos», Valdés manifestó ayer que «no hay razones, y no tiene ya sentido mantener consultas diplomáticas con España».
El ministro chileno hizo estas declaraciones tras un desayuno con inversores y diplomáticos en el Consejo de las Américas, un organismo privado que promueve las relaciones de EE.UU. con Iberoamérica. El tono crispado, por no decir muy duro, del canciller era evidente.
Consideró también que la controversia con España acerca de Pinochet —detenido en Londres desde hace once meses y a la espera de un fallo de la Justicia británica sobre su extradición a España— «ya pasó a terreno judicial, por lo que no amerita más consultas diplomáticas».
Al insistir en que el «camino diplomático ya fue cerrado», el canciller confirmó que Chile está «preparando su demanda contra España ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya». El «caso está ya sólo en manos de abogados», subrayó.
SIN RUPTURA
Valdés no ocultó, durante su intervención en el Consejo, su cólera
contra España y contra el juez Baltasar Garzón en especial, por la
demanda de extradición contra el ex dictador chileno, de 83 años.
Aunque Valdés denunció «la pretensión» y «la arrogancia» de
«países europeos en erigirse en jueces de procesos de transición
política en América Latina», su indignación apuntó en particular al
Gobierno de Madrid, aunque dejó claro que no está en el orden del
día una ruptura de relaciones entre ambos países.
Precisó, en cambio, que «con Gran Bretaña, Chile sigue conversando, y le hemos dicho al Gobierno (británico) que no le conviene que Pinochet, aquejado de toda suerte de dolencias, se les muera allí».
La bronca de Valdés estuvo en particular dirigida contra el juez Garzón, de quien dijo que «combina pretensiones y actividades políticas con actividades judiciales». El canciller chileno rechazó «la pretensión de Garzón de erigirse en justiciero internacional».
Los reporteros le interrogaron sobre el supuesto acuerdo de «bajar el tono» de la polémica al que había llegado el martes con Matutes, y Valdés rechazó que en sus declaraciones hubiese alzando el tono hacia España. Abel Matutes, por su parte,se negó a hacer comentarios a las crispadas declaraciones de Juan Gabriel Valdés, e insistió en «que no quería alimentar la polémica».
Augusto Pinochet, mientras tanto, regresó ayer al hospital Princesa Margarita, cerca de Windsor para continuar con la serie de reconocimientos médicos que se le vienen realizando en los últimos meses, informa desde Londres José Manuel Costa. El ex dictador, que acudió al centro vestido con traje y corbata, y utilizaba una silla de ruedas, permaneció allí algo menos de una hora.
Las pruebas médicas tienen relación con los mareos ocasionales que padece el general retirado chileno. A continuación y siempre bajo vigilancia policial, regresó a la mansión que ha alquilado en el Wentworth.
"El Mundo" 1
TRIBUNA LIBRE
ENRIQUE GIMBERNAT ORDEIG
En virtud de la Parte I los estados signatarios se obligan a adoptar toda clase de medidas destinadas a combatir la tortura (por ejemplo: a adecuar su legislación para sancionarla eficazmente y para impedir que cualquier declaración obtenida bajo malos tratos pueda ser invocada como prueba en un procedimiento), entendiéndose por «tortura», en el sentido de la Convención, «infligir intencionadamente a una persona dolores o sufrimiento graves, ya sean físicos o mentales», siempre que «dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia» (artículo 1).
En la Parte II de la Convención se prevé la creación de un «Comité contra la Tortura», compuesto por 10 expertos, y encargado de vigilar -ante cualquier denuncia que se le haga llegar- que en ninguno de los Estados Parte «se practica sistemáticamente la tortura», contemplándose incluso la posibilidad de que los miembros del Comité puedan investigar in situ, en el territorio del Estado denunciado, si tales acusaciones están o no fundadas (artículo 20), y legitimándose a cada uno de los Estados Parte -cuando entienda que en otro de los estados signatarios se está violando la Convención- para promover la actuación fiscalizadora del Comité (artículo 21).
Finalmente, en la Parte III de la Convención se contienen normas de carácter procedimental, disponiendo el artículo 30 que, si dos o más Estados Parte no consiguen ponerse de acuerdo sobre el alcance de lo dispuesto en la Convención, cualquiera de ellos puede someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Según se ha sabido en los últimos días, Chile tiene el propósito de someter al Tribunal de La Haya sus discrepancias con España en el caso Pinochet, mediante una solicitud que, si llegara a presentarse, constituiría una burla de la letra y del espíritu de la Convención, y un fraude de ley.
!?. Leí recientemente que el Sr. Gimbernat es tenido por un gran penalista, y hasta se le ha hecho un homenaje en Alemania reconociendo esta gran categoría. Vamos a ver si, en este caso, está esto justificado.
Una burla, porque lo que la Convención contra -y no, como parece entender el Gobierno chileno, a favor de- la tortura pretende es erradicarla y perseguir a quienes la practican, mientras que la demanda ante el Tribunal de La Haya se presentaría con la finalidad de que el presunto torturador Pinochet regresara a Chile y, con ello, a posiblemente el único espacio territorial del mundo donde goza de inmunidad, ya que ahí está acorazado por leyes de autoamnistía, sin que exista, en consecuencia, ningún procedimiento penal abierto contra él, sustrayéndole así a la jurisdicción de España, que, entre otros delitos, le ha procesado por el de tortura, y, en su caso, a la del Reino Unido -que ha ratificado también la Convención-, puesto que si éste denegara la extradición a nuestro país, viene obligado por ese Tratado multilateral -que no quiere dejar abierta ninguna posibilidad de impunidad para torturadores- a abrir un proceso criminal contra el ex dictador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención: «El Estado Parte [en este caso: el Reino Unido] en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona [en este caso: Pinochet] de la cual se supone que ha cometido los delitos [de tortura]..., si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento».
Desacuerdo: Creo que hay procedimientos penales abiertos contra Pinochet en Chile. Y si no los hay, basta interponerlos; y si la justicia chilena no funciona, cabe el recurso -supongo- a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. España no tiene jurisdicción para perseguir tales supuestas torturas, y eso el insigne jurista debería saberlo.
Y la eventual solicitud de Chile ante el Tribunal de La Haya constituiría, además, un fraude de ley, porque la intervención de la Corte Internacional sólo está prevista para cuando surjan «controversias entre dos Estados Parte... que no puedan solucionarse mediante negociaciones», ni mediante «arbitraje» (artículo 30), y el único supuesto contemplado por la Convención en que pueden originarse tales «controversias», es cuando un Estado Parte denuncia a otro por la práctica de torturas en su territorio o por la no adopción de medidas legales para evitarla, en cuyo caso «el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Parte interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto» (artículo 21), y si no se llega -y sólo entonces- es cuando la Convención prevé el recurso a La Haya para que dirima el conflicto. Que la intervención del Tribunal de La Haya está limitada, exclusiva y excluyentemente, a este concreto conflicto entre los Poderes Ejecutivos de dos estados signatarios -denunciante el uno ante el Comité, denunciado el otro porque fomenta o permite que se torture- lo ha admitido implícitamente la República de Chile, que hasta hace poco, y en virtud de dos reservas a la Convención, no reconocía competencia ni al Comité ni al Tribunal de La Haya, reservas que el país latinoamericano, precisamente para poder acudir ahora a la Corte Internacional, dejó sin efecto, simultáneamente, el pasado 3 de septiembre; con ello Chile ponía de manifiesto la interconexión entre el Comité y la Corte Internacional de Justicia, y que el papel que la Convención atribuye a dicha Corte se reduce a servir de segunda instancia, por así decirlo, cuando no se ha alcanzado un acuerdo entre el Comité contra la Tortura y los ejecutivos de los estados denunciante y denunciado sobre la supuesta violación en este último de la Convención: porque si se reconoce la competencia del Comité -como acaba de hacer Chile-, entonces hay que reconocer también necesariamente la jurisdicción de la Corte Internacional para que alguien pueda pronunciarse definitivamente sobre el fondo «cuando las Partes no consiguen ponerse de acuerdo».
Nuevo desacuerdo: ¿De dónde se saca el insigne jurista que las controversias a las que se refiere el citado artículo 30 puedan únicamente provenir del citado artículo 21?. El lector ya conoce la redacción exacta del artículo 30 citado si ha leído lo que he escrito en estas páginas web sobre el caso, y por ende ya sabe que la interpretación del insigne jurista carece de base.
Que en el caso Pinochet» no se dan los presupuestos previstos en la Convención para una intervención del Tribunal de La Haya debería estar fuera de discusión. Por una parte, porque aquí no estamos ante una denuncia ante el Comité contra la Tortura interpuesta por España o por Chile de que en el territorio del otro Estado signatario se está fomentando o practicando la tortura, por lo que no existe tampoco una resolución de dicho Comité en el sentido de que no se ha llegado a un acuerdo sobre el fondo, que es el requisito necesario para que se pueda acudir a La Haya. Y, por otra parte, porque -aunque no pueda o no quiera entenderlo Chile- tampoco concurre el presupuesto exigido por el artículo 30 de la Convención, con carácter previo a la intervención de la Corte Internacional, de que el caso Pinochet sea uno que «pueda solucionarse mediante negociaciones» entre ambos ejecutivos: nuestro Ejecutivo no tiene nada que negociar con Chile porque se trata de un asunto de competencia exclusiva del Poder Judicial español, y éste, que está sometido al «imperio de la ley», y si no quiere incurrir en una prevaricación, tampoco tiene competencia para negociar con el Gobierno chileno sobre si retira o no su petición de extradición, ya que, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, tiene que atenerse estrictamente a lo dispuesto por las normas penales españolas.
Tercer desacuerdo con el insigne jurista: El lector que haya leído estas páginas web o ya conozca el verdadero texto del artículo 30 citado sabrá que éste dice exactamente lo contrario de lo que afirma tan categóricamente el insigne jurista. Dice: "Las controversias (...) que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje (...).".
De todo lo expuesto se concluye que la anunciada demanda chilena contra España ante el Tribunal de La Haya constituye, en primer lugar, una desfachatez, porque, con la supuesta cobertura de la Convención contra la tortura, cuya finalidad es precisamente la de perseguir a los torturadores hasta los últimos confines de la Tierra, pretende, nada menos, que al presunto torturador Pinochet se le conceda refugio en el único país del mundo -Chile- donde ni se le persigue ni se le puede perseguir penalmente, ya que está protegido por una ley de autoamnistía. Y, en segundo lugar, un fraude de ley, en cuanto que la intervención del Tribunal de La Haya sólo está prevista en la Convención cuando el Ejecutivo de un Estado Parte denuncia al de otro Estado ante el Comité contra la Tortura, sin que, en primera instancia, se pueda llegar a un acuerdo sobre si dicha acusación tiene fundamento o no, mientras que en el caso Pinochet estamos ante un procedimiento de extradición puro y duro, en el que no tiene competencia alguna dicho Comité y en el que por parte española sólo interviene su Poder Judicial.
Ni una, Sr. Gimbernat: No diré que su artículo constituya una desfachatez, sino, simple y benévolamente, que lo escribió Vd. en un mal momento.
Enrique Gimbernat Ordeig es catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
"El Mundo" 2
De esta manera, replicó el dirigente socialista al jefe del Ejecutivo, José María Aznar, quien había criticado al PSOE por meter cizaña en este caso para afectar «lo más posible» las relaciones entre España y Chile.
Para Almunia, quien «encizaña» el caso Pinochet es el Gobierno de Aznar, que quiere estar a la vez con Pinochet y contra Pinochet.
«Quiere amparar a la vez los argumentos anticonstitucionales de Cardenal y Fungairiño, que están en el origen de la politización del caso en España, y quedar bien con la opinión pública española, que rechaza por razones éticas argumentos antidemocráticos», aseguró.
¿Por qué son "anticonstitucionales" los argumentos de Cardenal y de Fungairiño?. La opinión pública española no rechaza por razones éticas los "argumentos antidemocráticos", sino, como hemos visto, por razones de desinformación -involuntaria o, a veces, voluntaria, vulgo "engaño"- causados por los periodistas españoles, como estamos comprobando.
Añadió que tras la actitud del Ejecutivo, y de expresiones como las del presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, «diciendo más o menos que Pinochet era una institución benévola», hay una política «errática y unas declaraciones contradictorias en relación con las autoridades chilenas», que están, según Almunia, en el origen de las malas relaciones con Chile.
El "socialista" y "democrático" Almunia ya sabe por qué se han emponzoñado las relaciones hispanochilenas: Por oponerse, por razones exclusivamente electoralistas, al arbitraje pedido por Chile y al que el Gobierno español hubiese estado encantado de poder acceder.
La información que sigue es la de un diario exclusivamente electrónico, de poca circulación, pero que es de interés para conocer mejor a Garzón.
"La Estrella Digital"
En su opinión, los principales violadores de tales derechos son los paramilitares y las guerrillas.
La misión, en la que participó el juez español Baltasar Garzón, entregó un informe en el que advierte de que la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, para combatir el narcotrafico, puede facilitar la violación de los derechos humanos.
Como hemos visto antes, según el peculiar concepto de "presunción de inocencia" que exhibe Garzón, una ayuda militar para combatir el narcotráfico "puede" facilitar la violación de los derechos humanos. ¿Por qué regla de tres?.
Según sus integrantes, que se entrevistaron con autoridades civiles y militares, grupos indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales en Bogotá, no se ha constatado "que exista una política gubernamental de protección" a los escuadrones paramilitares de extrema derecha.
Sin embargo, los delegados internacionales abogaron por la "erradicación de actividades ilícitas en el seno de la fuerza pública" y calificaron de "inadmisibles" las críticas hechas por militares colombianos a defensores de los derechos fundamentales.
¡Hombre, si los citados defensores de los derechos fundamentales son, además, narcotraficantes, por ejemplo, bien hecho que harían los militares colombianos al criticarlos!.
También participaron en la misión Kerry Kennedy, fundadora del Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy e hija del senador y ex fiscal general (ministro de Justicia) estadounidense asesinado en 1968; Marvin Frankel, ex juez de EEUU, y el sacerdote Luis Pérez Aguirre, director del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay.
Además, integraron el grupo el guatemalteco Frank La Rue y el peruano Francisco Soberón, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
La delegación tenía previsto entrevistarse con el presidente colombiano, Andrés Pastrana, pero la cita se canceló porque sus miembros llegaron a la Casa de Nariño, sede presidencial, con media hora de retraso.
Profunda preocupación
Minutos antes, en una conferencia de prensa, los observadores
señalaron que ven "con profunda preocupación la situacion grave de
ataques y amenazas en contra de defensores de derechos humanos en
Colombia" y subrayaron que "la población civil se ha convertido en
objetivo y víctima inerme del conflicto armado interno".
Denunciaron que este año se han registado en Colombia 269 matanzas y 1.299 muertes y señalaron que "los actores que producen la mayor violación a los derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario en la actual situación de conflicto son los paramilitares y las guerrillas".
Añadieron que "en los ultimos dos años, cerca de treinta defensores (de los derechos humanos) han sido asesinados, uno ha sido desaparecido, cuatro secuestrados y porteriormente liberados; cuatro más se hallan detenidos; aproximadamente setenta han sido objeto de amenazas y hostigamiento directos, y al menos 27 han sido forzados al exilio para proteger su vida".
"Hemos tenido la ocasión de comprobar la situación de extrema dificultad en la que se desarrolla la labor de las instituciones públicas. Algunos servidores públicos han sido muertos, secuestrados o amenazados por las fuerzas paramilitares y la guerrilla", agregaron.
La misión aseguró que había viajado a Colombia "con humildad y en afán de colaboracion, para mostrar el apoyo expreso" a quienes trabajan por los derechos humanos, y exigió que los archivos de información secreta sobre defensores de derechos humanos "sean comunicados a los interesados" para que se aclaren o eliminen.
Consejo de Garzón
Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, que logró la
detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet,
recomendó que las violaciones de los derechos humanos atribuidas a
miembros de las Fuerzas Armadas colombianas sean sancionadas por
la justicia común y no por tribunales militares.
¿Hay pruebas de que los tribunales militares colombianos sean injustos, o es otra muestra del sui géneris concepto "presunción de inocencia" de Garzón?.
Criticó también la reciente creación del primer batallón militar antinarcóticos, asesorado por EEUU, y pidió que esas funciones se limiten a la Policía.
¿Sabe Garzón -en una visita de tres días- mejor que los colombianos si tales funciones deben limitarse a la Policía o no?.
El juez español abogó por la reanudación de conversaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), e instó a esta organización rebelde a liberar a los secuestrados y prisioneros que retiene, por considerar que una negociación no se puede llevar a cabo bajo la intimidación.
Por fin algo con sentido común.
