Exprésate - Express Yourself
Dado que mi examen de la información que han venido dando los tres diarios españoles con más circulación va notablemente retrasado, lo complemento con esta selección de las noticias dadas en dichos tres diarios en la fecha indicada. Mis comentarios van en redondas
"El País" 1
Ya hemos visto que aunque fuera española la víctima tampoco España tendría jurisdicción.
El escrito de alegaciones, tres folios y medio, fue presentado por la defensa en el tribunal penal de Bow Street -donde se celebrará el juicio- el pasado 13 de septiembre. Según afirma el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, "la argumentación ha sido preparada sin tener a la vista los argumentos de España en relación con las cuestiones planteadas en la solicitud de extradición. La defensa, se reserva el derecho de enmendar y /o complementar este esquema de alegaciones cuando las planteamientos jurídicos sean presentados por España".
El escrito señala que el tribunal "sólo puede tener en cuenta los hechos a los que se refiere la autorización para proceder a la extradición", dictada el 14 de abril por el ministro del Interior, Jack Straw. Según dice, "los cargos, excepto en los hechos uno y 12 [conspiración y un caso de tortura], no tienen presente aquella intención y van en contra de lo dispuesto en la ley de 1989 al añadir nuevos hechos en base a conductas que no han sido objeto de una solicitud formal de extradición".
Asimismo, recuerda que "la jurisdicción del tribunal está limitada a los delitos [conductas] por los cuales fue concedida la autorización para proceder. El ministro del Interior expresamente rechazó considerar cualquier material aportado por España que no fuera la solicitud formal de extradición del 3 de noviembre de 1998". La defensa de Pinochet invoca una carta al respecto de una funcionaria del Ministerio del Interior, Clare Chacksfield, del 15 de abril de 1999.
La defensa entiende, pues, que "los únicos cargos que el tribunal puede considerar es el número 12 y aquella parte del cargo número 1 que se encuentra dentro de la solicitud formal". La defensa se refiere, así, a un presunto delito de tortura de un ciudadano chileno, Marcos Quesada, y al delito de conspiración para tortura. Según alega "en orden a vencer sobre la inmunidad, el Estado requirente debe probar con evidencias que Pinochet es responsable de los hechos". Por otra parte, agrega que "la tortura debe ser generalizada y sistemática para que se pierda la inmunidad. Un único caso de tortura alegada no equivale a una tortura generalizada y sistemática".
En sus alegaciones, la defensa niega que los detenidos- desaparecidos (1.198) ha sido considerada por la Cámara de los lores como un delito perseguible extraterritorialmente, en este caso por España. Según la defensa, el único presunto hecho pendiente, el de Marcos Quesada, "no es punible en España porque España no tiene jurisdicción para enjuiciar presuntas torturas contra ciudadanos no españoles. Este no es un delito de extradición porque no se acusa al senador de ser responsable".
Por último, "dado que la inmunidad afecta a todos los hechos acaecidos antes del 8 de diciembre de 1988, estos deben ser descartados. De ahí que se derive que no existen pruebas de una conspiración para tortura después del 8 de diciembre de 1988".
"El País" 2
El debate entre José María Aznar y Luis Martínez Noval en la sesión de control del Gobierno fue a cara de perro, sin ningún asomo de fina ironía. El portavoz socialista preguntó al presidente del Gobierno cómo era posible que las relaciones entre Chile y España se hubieran "envenenado" por el asunto Pinochet y no hubiera sucedido lo mismo con Chile y el Reino Unido, cuando ambos países europeos se han atrincherado en la "razón judicial" para "resistirse a la impunidad de Pinochet".
Martínez Noval adelantó una explicación a la diferente actitud de Chile hacia España y el Reino Unido: una promesa de arbitraje incumplida por parte del Gobierno español. "¿Falta a la verdad la cancillería chilena y el presidente Frei cuando dicen que sus propuestas sobre el arbitraje estaban inducidas por usted mismo y, además, el señor Martín Villa las materializó como mediador, asociando una vez más, como nos tiene acostumbrados su Gobierno, la política con los negocios?", preguntó el portavoz socialista.
Aznar insistió, en su respuesta, en que el Gobierno "ha actuado siempre con el criterio de respeto a la independencia de la Justicia". Pero admitió que "se había estudiado la posibilidad de arbitraje", ante la petición de "un Gobierno amigo". Finalmente, Aznar, irritado por momentos, reconoció: "Se contestó al Gobierno chileno que no había tal posibilidad".
También argumentó que "es evidente que nadie puede pensar que el encausamiento de un jefe de Estado no puede producir deterioro en las relaciones entre países, salvo que alguien diga que es por estar unos u otros en el Gobierno y no por un hecho determinado".
El presidente del Gobierno pasó a continuación a la ofensiva contra el PSOE: "En este caso hay dos posiciones, que son trabajar para que afecte lo menos negativamente posible a las relaciones entre España y Chile, que es lo que hace este Gobierno, o empeñarse en encizañar para que afecte lo más posible a las relaciones entre los dos países, que es lo que hacen algunos".
Aún atornilló más a los socialistas y trató de deslegitimar su posición al referirse a la actitud del ex presidente Felipe González, crítico con la injerencia judicial exterior en la transición democrática chilena. "Por parte de algunos se intenta dañar a este Gobierno. Pero para eso hay que tener una posición, y no la marca de un partido, el PSOE, que tiene posiciones diferentes según quien opine sobre el tema", dijo.
Sólo en un momento de su bronca intervención, Aznar esgrimió la ironía cuando señaló que no sabía que al portavoz parlamentario del PSOE "le habían nombrado portavoz de algunas opiniones del Gobierno de Chile esa tarde en el Congreso".
Martínez Noval recordó, a su vez, que Aznar ha tenido en un breve lapso de tiempo "dos tropiezos serios en política exterior"; uno, "su pintoresco viaje a Rusia", y el caso Pinochet, "en el que el propio Frei ha declarado que su política era totalmente errática".
Los "socialistas", con su típica irresponsabilidad.
"El País" 3
La entrevista oficial entre ambos, solicitada por Chile y prevista para ayer miércoles, no se celebró, ya que, en opinión de Matutes, en el encuentro del martes se abordaron todos los temas. "Pudimos constatar que hay una controversia entre los dos países, pero al mismo tiempo existe la voluntad de mantener el diálogo y mantener las relaciones".
Frialdad
Pese a este esfuerzo para reconducir la situación, la versión chilena de la entrevista
entre Valdés y Matutes sigue demostrando que la frialdad domina las relaciones.
Según fuentes diplomáticas chilenas, la reunión fue apenas un encuentro en los
pasillos de la sede de Naciones Unidas y en él se constató que no tienen mucho
de que hablar, ya que las posiciones de ambos Gobiernos en el caso Pinochet
han quedado claras. Una vez fracasada la vía de la negociación directa y el
arbitraje internacional, al Gobierno de Santiago no le queda otra vía que acudir al
Tribunal de La Haya para reclamar para Chile la jurisdicción sobre los delitos
cometidos por chilenos en su propio país. Con voluntad de reflejar el
distanciamiento entre los dos Gobiernos, la portavoz chilena dijo que la entrevista
apenas duró 15 minutos, mientras que la versión española afirmaba que duró el
doble.
En declaraciones a la prensa española, Matutes sí quiso dejar claro que "en ningún momento la futura Cumbre Iberoamericana [de La Habana] ha estado en peligro" por el caso Pinochet. No quiso precisar, sin embargo, cuál será el rango de la delegación chilena en la capital caribeña, aunque todo apunta a que estará encabezada por el canciller Valdés. En la entrevista del martes entre Valdés y Matutes no se abordó este tema, ya que la conversación se limitó al "conflicto bilateral".
A preguntas de los periodistas sobre el papel de la oposición en el caso Pinochet, Matutes dijo que él siempre busca el consenso con el resto de las fuerzas políticas, pero que, en este caso, "en algún momento, alguna expresión y alguna reacción de algún miembro de la oposición no ha contribuido a facilitar el diálogo con Chile y a que se entienda la posición del Gobierno". El ministro no quiso precisar si se refería al líder del partido socialista, Joaquín Almunia, al que Matutes consultó la posibilidad de someter al Consejo de Estado la propuesta chilena de arbitraje. El ministro se escudó en que el presidente del Gobierno, José María Aznar, ya había hablado ayer en el Congreso.
Por otra parte, los titulares de Interior de España y el Reino Unido, Jaime Mayor Oreja y Jack Straw, mantendrán hoy un encuentro en Madrid en el que, según el propio Mayor, no está previsto hablar del caso Pinochet.
"El País" 4
Ya hemos visto que "unanimidad prevaricadora".
El fiscal Ignacio Peláez introdujo la cuestión de la competencia -ya resuelta- en la vista del recurso contra el auto de prisión del general Augusto Pinochet. Así, sostuvo que la Audiencia Nacional ya no es competente debido a que la Cámara de los Lores británica delimitó el objeto del proceso de extradición a determinados delitos de torturas y no al genocidio, que es por lo que la Audiencia declaró en su día su competencia para enjuiciar el caso.
Ese argumento fue contestado por las acusaciones en el sentido de que es una cuestión ya resuelta por la Audiencia, que no se puede extrapolar a España la ley interna del Reino Unido, que todavía se desconoce si se va a producir la entrega de Pinochet y que éste no es el único acusado en el proceso que se sigue por genocidio, terrorismo y torturas.
El fiscal señaló también que Pinochet es un senador de un país amigo, Chile, y que, como tal, por razones de cortesía, se le debe aplicar el fuero previsto para los senadores españoles, es decir, que el caso pase al Tribunal Supremo.
El Fiscal sabe perfectamente que la prevaricadora Sala de lo Pemal de la Audiencia Nacional no le dará la razón, y sueña con que el asunto pase al Supremo, que se espera sea más serio.
Las acusaciones replicaron entonces que el fuero regulado en la ley española no es exportable y que no se puede aplicar a senadores de otros países y menos aún si éstos, como Pinochet, tienen carácter vitalicio.
Peláez invocó también la inmunidad soberana, puesto que Pinochet era el jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas chilenas cuando ocurrieron los hechos. Las acusaciones desmontaron esa argumentación recordando que el ex dictador ya no es jefe de Estado y que hay numerosos precedentes, como el del kaiser Guillermo II, en 1918, cuando se refugió en Holanda, o los dirigentes nazis y japoneses en la II Guerra Mundial.
O sea que las acusaciones no se han enterado de las últimas siete decisiones de los Lores.
El fiscal también recurrió a la teoría del árbol envenenado, según la cual si el primer auto es nulo también lo serán los posteriores, extremo que rechazaron las acusaciones.
La Fiscalía de la Audiencia fue acusada de utilizar párrafos literales de los escritos presentados por la defensa de Pinochet en Londres. La representante de IU manifestó que su actuación es un obstáculo desde que comenzó el caso y sólo lanza cortinas de humo y pone trabas al procedimiento. Parece que se le olvida que la décima parte de la población chilena fue víctima de la dictadura militar.
La vista se celebró a puerta cerrada y el fallo se conocerá previsiblemente mañana, viernes.
"El País" 5
ERNESTO EKAIZER, Madrid
Hubo matices de interés en el debate de ayer. El primero: la mención a una
sentencia sobre tortura del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY). El segundo, las acusaciones se refirieron a argumentos de la defensa del
ex dictador ante el juicio de extradición del próximo lunes 27, en Londres.
Según la sentencia de 10 de diciembre de 1998 citada, "por la importancia de los bienes que protege, el principio de prohibición de la tortura ha evolucionado como una norma de cumplimiento obligatorio (ius cogens) una norma que goza del rango más alto que un tratado en la jerarquía internacional e incluso de las normas consuetudinarias comunes". Perseguir la tortura, dice, está por encima de las convenciones.
En lo que se refiere a las alegaciones de la defensa de Pinochet en Londres, allí se sostiene que todo el proceso de extradición se reduce a un solo caso, y que no se trata de una víctima española por lo que no habría, dice, jurisdicción. La defensa sostiene que esto no es tortura generalizada ni sistemática. Los otros casos enviados por España, arguye, están fuera de la demanda de extradición.
Con todo, la sala tercera quizá se limite a resolver, simplemente, que para garantizar el procedimiento de extradición en curso no hay razón para anular el auto de prisión de Pinochet.
"ABC" 1
: Editorial
"ABC" 2
:
En eso coincide con lo que yo decía en Pinochet y los Periodistas Españoles
E L diputado socialista Luis Martínez Noval preguntó a Aznar si eran ciertas las acusaciones del Gobierno chileno respecto a la actuación del Ejecutivo en el caso Pinochet, y obtuvo una primera respuesta: «No sé de qué acusaciones se quiere hacer portavoz». «La preocupación del Gobierno —añadió— es tener la mejor relación con Chile, país que respetamos y cuya transición hemos apoyado».
De nuevo, Martínez Noval tomó la palabra para manifestar que su grupo parlamentario tiene «serias dudas» de que Aznar sea partidario de resistirse a la impunidad de Pinochet. y para acusar al Gobierno de echar a rodar la idea del arbitraje, tal y como habrían afirmado las autoridades chilenas. «El resultado es el envenenamiento de las relaciones con un país amigo con el que tenemos muchos intereses», manifestó, al tiempo que recordó que el presidente Frei calificó la política del Gobierno español de «errática».
Aznar volvió a tomar la palabra para ironizar: «No sabía que a su señoría le habían nombrado también portavoz de las opiniones del Gobierno de Chile». Y agregó: «Este Gobierno ha actuado siempre con respeto a la independencia de la Justicia y del Estado de Derecho. Eso le puede parecer raro. Y habría que saber si estando en el Gobierno hubiesen ustedes tramitado o no la extradición», palabras que fueron acogidas con murmullos de protesta en los escaños socialistas.
NO AL ARBITRAJE
Después señaló que cuando un Gobierno de un país amigo pide
que se estudie la posibilidad de arbitraje, se estudia y se contesta.
«Eso es lo que se ha hecho y se ha respondido que no había
posibilidad de arbitraje».
Insistió en que el encausamiento de un jefe de Estado produce deterioro de relaciones entre países «salvo que alguien diga —precisó— que el deterioro se produce por estar unos u otros en el Gobierno y no por un hecho determinado, con independencia del juicio que merezca la actuación de ese jefe de Estado». Indicó que, en este caso, hay dos posiciones: «Trabajar por que ese asunto afecte negativamente lo menos posible a las relaciones entre España y Chile, que es lo que hace este Gobierno, o empeñarse en encizañar para que afecte lo más posible a esas relaciones, que es lo que hacen algunos».
Aznar expresaba así, de forma clara, el malestar de su Gobierno por la poca colaboración que está encontrando en los dirigentes socialistas para abordar el delicado asunto de Pinochet. Además, agregó que, por parte de algunos, «se hace con especial interés, con tal de intentar buscar un daño a este Gobierno».
Por otra parte, según manifestó a ABC el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, tras haberse reunido en la noche del martes en Nueva York con su colega chileno, Juan Gabriel Valdés, hay una coincidencia entre ambos en que «es necesario bajar el diapasón, desdramatizar la situación y seguir abiertos a futuros contactos». Las palabras del ministro apuntaron en la dirección de que España y Chile quieren evitar que las relaciones deterioradas por este caso sigan empeorando por cruces de manifestaciones que en algunos casos han sido de carácter personal.
Además, Matutes puntualizó que, tras la reunión conjunta que mantuvo el lunes con cancilleres iberoamericanos y los contactos bilaterales que ha tenido estos días en Nueva York con sus colegas de Colombia, Ecuador, México, El Salvador o Brasil, entre otros, está convencido de que la Cumbre de La Habana no está en peligro. «Todos están de acuerdo —señaló— en que es preciso mantener ese instrumento de integración que tan útil resulta a todos y consideran que sería ridículo utilizarlo como arma arrojadiza contra un país».
"ABC" 3:
Ninguno de los argumentos expuestos ayer varió respecto a posiciones anteriores: de un lado, la Fiscalía insistió en que la Justicia española no es competente para juzgar a Pinochet, por lo que se opuso a la orden formulada por Garzón; de otro, las acusaciones coincidieron en que el general chileno debe continuar detenido para ser puesto a disposición de las autoridades españolas y ser juzgado como responsable de torturas.
Fuentes jurídicas indicaron que el fiscal Ignacio Peláez sostuvo que Pinochet es un senador vitalicio de su país que goza de inmunidad y que, en todo caso, el órgano competente para enjuiciarle sería el Tribunal Supremo, pero en ningún supuesto la Audiencia Nacional.
De otro lado, el fiscal instó la nulidad del auto de prisión decretado por Garzón —y de las actuaciones posteriores— al considerar que adoptó tal decisión sin recabar el criterio del Ministerio Público y añadió que el antiguo Código Penal sólo contemplaba el delito de torturas cometido por una autoridad y funcionario público. calidad que puso en duda en el caso de Pinochet.
A ello respondió uno de los acusadores, Manuel Murillo, diciendo que «si alguien es autoridad en un país, ese es el jefe del Estado y responsable de los Ejércitos».
Las acusaciones, alguna de las cuales mantuvo un encendido discurso en contra de las tesis del fiscal, aludieron a la gravedad de las acusaciones para el mantenimiento en prisión del general e, incluso, acusaron de mala fe procesal a la Fiscalía por recurrir al asunto de la falta de competencia de los Tribunales españoles pese a que la Sala de lo Penal ya se pronunció en su contra.
Además, alegaron que si Pinochet queda en libertad, existe un «evidente» riesgo de fuga ya que, aseguró Murillo, Pinochet no sólo no está a disposición del juez Garzón, sino que además pudo haber sacado de Chile unos mil millones de dólares, tal como relató al instructor una diputada chilena. Para las acusaciones, la intención de la Fiscalía es obstaculizar el proceso con «cortinas de humo», algo que el Ministerio Público niega en redondo.
La abogada Virginia Díez, que representa a Izquierda Unida, manifestó asimismo que en la argumentación hecha por el fiscal se citan párrafos textuales empleados por los abogados defensores de Pinochet. Algo que la Fiscalía también niega: «Los argumentos del fiscal sólo coinciden con el sentido común», aseguraron las fuentes consultadas.
Exacto: con el sentido común.
"El Mundo" 1
:
EDITORIAL
En mayo pasado, el socialista Ricardo Lagos arrolló al cristianodemócrata Andrés Zaldívar en las primarias de la coalición de centro-izquierda que gobierna el país desde 1990. Se aseguraba así ser el candidato único de ambos grandes partidos democráticos en las presidenciales de diciembre. El heredero de Salvador Allende se presentaba con buenas posibilidades de recuperar la primera magistratura para su partido, 26 años después del golpe de Estado pinochetista. Pero últimamente se observa cómo sube como la espuma en los sondeos Joaquín Lavín, el candidato de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente. Y no hay duda de que el discurso ultranacionalista, victimista y reivindicativo frente al renacido imperialismo español supone un argumento electoral de primer orden, y bien fácil de esgrimir, para las opciones más conservadoras. A este lado del Atlántico se suele olvidar con qué rapidez se erizan las epidermis americanas frente a todo lo que suene a neocolonialismo. Y no hay duda de que la extrema derecha ha logrado convertir al juez Garzón en una suerte de siniestro virrey en la distancia.
.. El Gobierno chileno, inicialmente más ecuánime, se ha visto forzado a ponerse a la cabeza de la manifestación antiespañola para frenar la huida de apoyos. No es una situación deseable, pero ahí está, y refleja un problema real: la democracia es aún endeble, y el peso del Ejército sigue siendo formidable.
¡Hombre, qué sorpresa!. ¡Quién nos tenía que decir que los chilenos se iban a sentir vejados por la intromisión extranjera en sus asuntos!.
"El Mundo" 2
:
AGUSTIN YANEL
MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional insistió
ayer en que las órdenes de prisión que dictó Baltasar
Garzón contra el ex dictador Augusto Pinochet son
nulas, lo que acarrea la nulidad de todas las actuaciones
posteriores y debería traducirse en su puesta en
libertad. Por el contrario, los abogados de las distintas
acusaciones pidieron a la Audiencia Nacional que
confirme las resoluciones del citado juez, y acusaron al
fiscal de actuar «con mala fe procesal».
Ayer, durante la vista oral del recurso de la Fiscalía contra las órdenes de prisión que dictó el juez el 16 y 18 de octubre, el fiscal Ignacio Peláez insistió en que la Justicia española no tiene competencia para juzgar al dictador chileno. Los abogados de las acusaciones acusaron a la Fiscalía de «mala fe procesal», por sacar a relucir en cada recurso o incidente procesal el asunto de la competencia, cuando la Audiencia Nacional ya decidió que la Justicia española sí puede enjuiciar este caso.
También indicó el fiscal que el hecho de que Pinochet sea senador vitalicio en su país lo convierte en una persona aforada, por lo que este caso debería tramitarlo el Tribunal Supremo y no la Audiencia. Los acusadores se opusieron.
Los abogados acusadores afirmaron que las resoluciones de Garzón son válidas, porque un juez debe ordenar la detención «inmediata» de cualquier persona acusada de delitos tan graves como los de Pinochet.
Siempre que tenga jurisdicción y competencia, claro.
Uno de los abogados acusadores, Manuel Murillo, afirmó que existe un grave riesgo de fuga si es puesto en libertad, porque tiene medios económicos para ello. Recordó que una diputada chilena ha declarado ante Garzón que, en su día, Pinochet dictó una ley para poder sacar cerca de mil millones de dólares de su país. Esos abogados también dijeron que el actual arresto de Pinochet lo decidió un juez británico, por lo que su libertad tampoco depende de la Justicia española.
¿Es posible que dijeran esa tontería de que quien ha arrestado a Pinochet es un juez británico y la Justicia española no puede hacer nada al respecto?. ¡Ya lo creo que es posible!.
"El Mundo" 3
:
FERNANDO GAREA
MADRID.- El presidente del Gobierno, José María
Aznar, acusó ayer al PSOE de «encizañar» las
relaciones de España con Chile, y los socialistas le
expresaron sus dudas sobre si el Gobierno pretende la
«impunidad» del ex dictador Augusto Pinochet.
El vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, también se sumó a la batalla dialéctica, asegurando que el Grupo Parlamentario Socialista utiliza una «argumentación esperpéntica», y el principal partido de la oposición le acusó de «despreciar» al Parlamento» y de «faltar a la verdad».
Todo ello ocurrió durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, que volvió a servir como escenario de la larga, crispada y agria campaña electoral que se avecina.
El presidente del Gobierno respondió a una pregunta del PSOE sobre el caso Pinochet, para que aclare si la idea de someter el conflicto entre Chile y España a un arbitraje internacional partió de él mismo, como denuncia el Gobierno chileno. Y Aznar empezó por mostrar su respeto a la transición chilena.
A continuación, dirigiéndose al portavoz socialista, Luis Martínez Noval, Aznar aseguró: «Este Gobierno ha actuado siempre con respeto a la independencia de la Justicia y con respeto al Estado de Derecho. Le puede sonar a usted raro».
Tras la insinuación, se preguntó si el PSOE, cuando estaba en el Gobierno, hubiera tramitado también la petición de extradición del ex dictador, y añadió que, tras estudiar la petición de Chile, su Ejecutivo llegó a la conclusión de que no había posibilidad de arbitraje en el caso Pinochet.
Ya hemos visto que hay no sólo "posibilidad", sino "obligación".
Según Aznar, «el Gobierno trabaja para que este asunto afecte lo menos posible a las relaciones entre España y Chile», en contraposición a «otros», dijo, que «se empeñan en encizañar lo más posible las relaciones» entre ambos países, con tal de hacer daño al Ejecutivo.
Posición distinta
Antes de pedir a los socialistas «un comportamiento
mínimamente serio y responsable», Aznar hurgó en la
herida del PSOE hablando de «una posición distinta
según quien la diga». Es decir, la diferencia entre la
posición oficial del PSOE frente a la del ex presidente
del Gobierno Felipe González, contrario al proceso a
Pinochet en España.
Martínez Noval, por su parte, dijo tener serias dudas sobre si Aznar era partidario de resistirse a la impunidad de Pinochet.
Se preguntó el portavoz socialista cómo es posible que si Gran Bretaña «se ha atrincherado» como España en la «razón jurídica», sólo nuestro país tenga problemas en sus relaciones con Chile. Martínez Noval explicó que los españoles viven un dilema moral, porque desean la estabilidad democrática de Chile y repudian la impunidad de Pinochet, algo que, en su opinión, no preocupa demasiado al Gobierno de Aznar.
Criticó también al Gobierno por utilizar al presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, como intermediario, lo que, según dijo, «supone asociar una vez más la política y los negocios».
(...)
