"El País" es el diario de mayor difusión de España, según la Oficina de Justificación de la Difusión. Es el portavoz oficioso del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, casi el equivalente del partido de Hitler, o partido "nazi", cuyo nombre traducido es "Partido Nacional Socialista Obrero Alemán". El "nacional" era -o "es" si todavía quedan nazis- para acentuar su carácter nacional, a diferencia del internacional propio de otros partidos socialistas. Pero no hay que asustarse: El PSOE no tiene nada de socialista, y en su organización es más difícil encontrar algún obrero que en un partido derechista no vergonzante como el PP, o Partido Popular. Por consiguiente, el PSOE debería perder la S y la O, y quedarse en PE, Partido Español, lo que no permite la normativa por ser demasiado genérico. El PSOE actual carece de nombre auténtico.

"El País" se esfuerza por ser objetivo, pero sin escandalizar a su clientela. Frecuentemente aparecen en sus "Cartas al Director" lectores que le reprochan haber publicado noticias o colaboraciones poco ortodoxas.

La primera noticia -según mis noticias, que pueden estar equivocadas- sobre la propuesta chilena de arbitraje la dio "El Mundo" el 25-7-99, como veremos a su debido tiempo. Tres días después, "El País" dio su versión. Hela aquí:

28-7-99. Chile solicita a España que acepte un arbitraje sobre el 'caso Pinochet'

EL PAÍS, Madrid
El Gobierno chileno, a través de una carta oficial de su ministro de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Valdés, a su homólogo español Abel Matutes, ha pedido a España que acepte un arbitraje internacional para determinar quién tiene competencia jurisdiccional en el caso Pinochet . España está dispuesta a estudiar la petición, aunque ve importantes problemas para responder a la solicitud chilena. Pero la mayor preocupación del Gobierno español, según las fuentes consultadas, se centra en la situación interna de Chile, en vísperas electorales. En las últimas semanas, el Ejecutivo chileno ha redoblado sus presiones sobre Madrid para que intente anular la demanda de extradición interpuesta por el juez Garzón ante las autoridades judiciales británicas.

En su larga carta fechada el 23 de julio, Valdés pide "negociar a la mayor brevedad un compromiso a fin de someter al arbitraje la cuestión" que les divide y llega a decir que "si las acciones judiciales contravienen principios de derecho internacional y constituyen agravios para otros Estados, ningún Estado puede escudarse en la independencia de su poder judicial (...)". La carta muestra que el Gobierno español no logra convencer al chileno de que no dispone de margen de maniobra para influir en el procedimiento de extradición de Pinochet, y que no pudo en su día oponerse a tramitar esa demanda que tuvo que pasar por el Consejo de Ministros. El Gobierno español entiende que ha actuado en pleno respeto del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial y así lo ha expuesto Matutes en diversos pronunciamientos en la prensa chilena.

Obstáculos
Con anterioridad, el Gobierno chileno había considerado la posibilidad de un arbitraje internacional, de acuerdo con un convenio entre España y Chile de 1927. En el último mes ha optado por pedir que se abra la vía prevista en el artículo 30 del Convenio Internacional sobre la Tortura de 1984 para, pese a las reservas chilenas sobre este texto -que se comprometen a salvar en unos días-, constituir un tribunal de arbitraje. Sin embargo, aunque el Gobierno español está dispuesto a examinar esta petición, cree que hay importantes obstáculos. Por parte de España, el desarrollo de ese artículo requeriría la aprobación de una ley o un acto parlamentario. El Gobierno está dispuesto a elevar consultas a un órgano como el Consejo de Estado. Ahora bien, incluso si se salvaran estos procedimientos y un arbitraje diera la razón a Chile, tal posición no tendría que afectar al juez Garzón ni a los magistrados británicos que están examinando el caso, según las fuentes consultadas.

Valdés recoge lo que ya apuntara en una anterior misiva de octubre de 1998, respecto del "grave daño" que la detención del ex dictador y la demanda de extradición causan "al proceso de transición democrática y de reconciliación nacional". De hecho, Chile, según se aprecia desde la diplomacia española, se ha convertido en un hervidero de rumores sobre posibles desafíos militares al poder civil.

"El País" no se luce. Los tres días transcurridos permitirían dar una información más bien hilvanada.

¿Cómo informaría a sus lectores un buen informador, como Vd., probablemente, o como yo?. Explicaríamos el caso así:

Chile requiere a España para celebrar el arbitraje previsto por sus compromisos internacionales.

Fin de la explicación.

Sigamos viendo la información de "El País".

Como vemos, España tiene la obligación de someterse a tal arbitraje. Y, por ende, gran parte de lo que se dice en la información precedente de "El País" es erróneo cuando no disparatado. Por ejemplo, cuando dice: "España está dispuesta a estudiar la petición". ¡No faltaría más!. Tiene la obligación de atenderla. O cuando dice: "En las últimas semanas, el Ejecutivo chileno ha redoblado sus presiones sobre Madrid para que intente anular la demanda de extradición interpuesta por el juez Garzón ante las autoridades judiciales británicas.". ¿"Intente anular"?. Querrá decir "anular" la tramitación de dicha demanda. Más absurdos: "Sin embargo, aunque el Gobierno español está dispuesto a examinar esta petición, cree que hay importantes obstáculos. Por parte de España, el desarrollo de ese artículo requeriría la aprobación de una ley o un acto parlamentario.". ¿De dónde se ha sacado "El País" tal peregrina idea?. Lo único que necesita el Gobierno español es el valor necesario para retirar la petición de extradición. Ahí el Parlamento lo único que podría hacer es debatir el tema. Y finalmente: "Ahora bien, incluso si se salvaran estos procedimientos y un arbitraje diera la razón a Chile, tal posición no tendría que afectar al juez Garzón ni a los magistrados británicos que están examinando el caso, según las fuentes consultadas.". Delirante. En realidad, Garzón se quedaría oficialmente sin jurisdicción (jurídicamente ya se ha quedado sin tal jurisdicción), y los magistrados británicos archivarían el caso

"El País" no volvió sobre el tema hasta el 1-8-99:

(Cortado el inicio, no recuerdo por qué, probablemente por ser irrelevante.).
Hasta el pasado 16 de julio, y durante largos meses, Matutes también había mantenido esa posición, al señalar al Gobierno de Chile que, en todo caso, el mejor camino era llevar la discrepancia ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, órgano arbitral previsto por la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para dirimir las controversias. El ministro se oponía, pues, al arbitraje bilateral.

La posición de Matutes reflejaba los dictámenes de la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores español, bajo responsabilidad de Aurelio Pérez Giralda. Éste es de la opinión de que, habiendo ya resoluciones judiciales sobre el caso Pinochet (como la solicitud de extradición del juez Baltasar Garzón, el auto del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el procesamiento, la autorización del Reino Unido, y otras), la aceptación de un arbitraje bilateral al margen del ámbito judicial en el que ya se ha adentrado el caso debería ser sometida previamente al Parlamento para ser tramitada como ley.

Matutes advirtió, además, a sus colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno de que era necesario tener en cuenta que la tramitación eventual de esa ley podría ser requerir más tiempo que un recurso directo, sin pasos previos, al tribunal de La Haya. ¿Por qué razón? Es sencillo: porque en España la citada ley tardaría en salir, caso de ser aprobada, alrededor de un año y está previsto que se convoquen elecciones generales antes de ocho meses.

Pero fuentes diplomáticas consultadas en los últimos días señalaron que en el Ministerio de Asuntos Exteriores se vivía un ambiente que presagiaba una inminente respuesta positiva a la propuesta chilena de arbitraje amistoso. Esas mismas fuentes dijeron que había trascendido el deseo del ministro Matutes de "bordar" la nueva orientación con el logro del apoyo del PSOE.

"El Gobierno de Aznar solicitó la extradición de Pinochet como vehículo de la petición del juez Baltasar Garzón. Para esto no tenía que obtener apoyos. En cambio, la situación ha variado, ya que se trata de un conflicto que ha afectado a las relaciones tradicionales de España y Chile. El PSOE es especialmente sensible a este conflicto", dijo una fuente diplomática que pidió mantener su nombre en reserva.

Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática dijo a este periódico que el tema se encuentra en estudio, ya que la carta del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés, urgiendo en términos muy duros y perentorios el arbitraje amistoso, no entró en el Ministerio de Asuntos Exteriores español hasta el pasado lunes. "No podemos comentar este asunto, la carta es valorada como jurídicamente compleja", dijo la misma fuente.

Las alforjas para un viaje al centro
E. E, Madrid
La oportunidad de solicitar un dictamen al Consejo de Estado español acerca del arbitraje bilateral propuesto por el Gobierno de Chile no es un asunto jurídico menor. El Gobierno español ha dejado ir muy lejos el procedimiento de extradición del general Pinochet, con su gran cantidad de resoluciones, tanto españolas como británicas -que han supuesto en cada caso un acontecimiento jurídico de alcance internacional- como para aceptar ahora, a un mes y medio del juicio de extradición del ex dictador en Londres, algo que, en todo caso, podía haber pensado mucho antes.

En su descargo, el Ministerio de Exteriores español podría decir que hasta mediados del pasado mes de abril Chile no planteó con fuerza la propuesta de arbitraje bilateral, en el contexto de la Convención contra la Tortura, y que, por tanto, lo sucedido ha sido responsabilidad de las autoridades chilenas.

El arresto del general Pinochet, a iniciativa del juez Garzón y, por tanto, sin responsabilidad del Gobierno de José María Aznar, fue practicado el 16 de octubre de 1998 por Scotland Yard tras la orden de un magistrado de Londres, y tras ser confirmado por el Foreign Office que el ex dictador no se hallaba amparado por una misión diplomática.

La defensa de Pinochet consiguió en el Alto Tribunal de Justicia tumbar la orden de arresto con el argumento de que, como ex jefe de Estado, el ex dictador gozaba de inmunidad soberana. Sin embargo, el Alto Tribunal permitió que su resolución fuera apelada ante la Cámara de los Lores. A primeros de noviembre de 1998, el Gobierno español enviaba la solicitud de extradición de Pinochet a Londres y el 25 de noviembre la Cámara de los Lores anulaba la inmunidad del ex dictador. Una impugnación del fallo permitió un segundo juicio en la citada cámara que concluyó con una sentencia de inmunidad parcial. Este veredicto dejó a Pinochet en condiciones de ser juzgado en España por los delitos de conspiración para tortura y tortura posteriores al 8 de diciembre de 1988.

Si el Gobierno español decide ahora someter la cuestión del arbitraje bilateral al Consejo de Estado, opinan diversos juristas, para el largo viaje jurídico y diplomático internacional realizado en torno a este asunto no se necesitaban tantas alforjas. Por otra parte, tanto si el Consejo de Estado dictamina que no se necesita una ley para aceptar el arbitraje como si aconseja acudir al Parlamento, la posición del Gobierno de Aznar es muy comprometida.

En el primer caso, si el arbitraje -esto es, lo que decidan los juristas seleccionados por ambas partes- es favorable a Chile, el Gobierno español debería anular la solicitud de extradición. Muerto el perro, se acabó la rabia: Pinochet podría ser devuelto a Chile. Sería una dura asignatura para el Gobierno, que en medio de su campaña del "viaje al centro" político, en octubre de 1998, se vanaglorió de tramitar la extradición de Pinochet con gran celeridad. Este dato fue destacado públicamente en la reciente campaña de las municipales y autonómicas, con orgullo, por el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos. Ello reforzó la impresión recogida en Madrid por el ex canciller chileno, José Miguel Insulza, de que la conducta de Aznar en el caso Pinochet está guiada por cálculos electorales.

Si el Consejo de Estado aconsejase llevar el asunto al Parlamento español, el Gobierno sabe desde el pasado viernes que el PSOE se opondrá al arbitraje. Y no será el único partido que se oponga.

Una carta del ministro chileno de Exteriores indujo cambios en la posición española

El nuevo canciller, Gabriel Valdés, modificó los criterios de su predecesor, José Miguel Insulza

E. E, Madrid
El aldabonazo que ha suscitado una posición del Gobierno español más abierta hacia la aceptación de una intermediación amistosa en el caso Pinochet lo dio, según fuentes diplomáticas y jurídicas, la carta enviada con fecha 23 de julio pasado por el nuevo ministro de Exteriores chileno, el democristiano Gabriel Valdés, a su colega español, Abel Matutes. Valdés lleva adelante en este tema una orientación diferente a la de su antecesor, el socialista José Miguel Insulza. La diferencia estriba en que, mientras Insulza buscaba un arbitraje amistoso basado en el tratado bilateral firmado por España y Chile en 1927, Valdés presiona para que el arreglo tenga lugar en el marco del Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas.

El Gobierno español, según fuentes diplomáticas, había mantenido internamente, en sus múltiples contactos con Chile, una actitud ambigua sobre la posibilidad de una salida no judicial para el caso Pinochet. No obstante, las negociaciones diplomáticas con Chile continuaron.

Matutes, tras anticipárselo a Valdés, escribió un artículo en forma de carta que publicó el periódico El Mercurio el pasado 11 de julio. El ministro español explicaba que los hechos relativos a Pinochet "están fuera del control del Gobierno y le vienen impuestos por una decisión del Poder Judicial". Con todo, Matutes ensayaba una justificación de la acción judicial española: "En relación a la norma en que se basa la acción de los tribunales españoles, me parece necesario disipar un malentendido que dificulta el tratamiento de este problema de una manera sosegada y racional. Me refiero a la existencia de ciertas excepciones al principio de territorialidad de la jurisdicción, que están previstas y amparadas por el derecho internacional vigente. Las diferentes convenciones, asumidas casi unánimemente por la comunidad internacional, sobre la prevención y represión de ciertos crímenes contra la humanidad no sólo permiten, sino que obligan a los Estados partes a introducir la represión de dichos crímenes en sus legislaciones internas y a asumir directamente jurisdicción sobre ellos. No es ésta la extraterritorialidad que hemos condenado y condenamos en el ámbito de las cumbres iberoamericanas".

En su respuesta, publicada en el mismo citado periódico el pasado domingo 25 de julio, esto es, antes de que Matutes la hubiera recibido, el canciller Valdés ataca duramente la defensa realizada por Matutes, al tiempo que ironiza en el sentido de que el ministro habla de un caso que está, teóricamente, según él mismo había sostenido, sub judice, esto es, en la esfera judicial.

Pero he aquí una información importante que revela la carta: "Después de conversaciones que agotaban la etapa política y de las seguridades recibidas de que nos encaminábamos a un arbitraje concluido amistosamente y con relativa rapidez, fue grande nuestra sorpresa al recibir la información oficial, ratificada en nuestra última conversación en la Cumbre de Río de Janeiro, de que España ahora únicamente aceptaba llevar esta cuestión al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, toda vez que un arbitraje obligaría a ese Gobierno a tramitar una suerte de ley habilitante en las Cortes españolas".

La citada Convención contra la Tortura prevé en el artículo 30, párrafo 1, que "las controversias que surjan entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o aplicación, que no puedan solucionarse mediante negociaciones se someterán a arbitraje a petición de uno de ellos". Agrega que "si en el plazo de seis meses no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia al Tribunal Internacional de Justicia".

La actitud ambigua del Gobierno español, según fuentes jurídicas consultadas, se basaba hasta ahora en un hecho: Pinochet, entonces presidente de Chile, firmó en 1988 la Convención haciendo, entre otras, una reserva al artículo 30, párrafo 1, considerándose no obligado por lo dispuesto en él. La Convención contra la Tortura, precisamente, establece en el artículo 30, punto 2, que "todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados partes no estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado que haya formulado dicha reserva".

No era alternativa firme
Por tanto, el Gobierno español no contemplaba como una alternativa firme el arbitraje, habida cuenta de la reserva planteada por Chile y de lo avanzado que se encuentra el procedimiento judicial de extradición. Las cosas han cambiado. El canciller Valdés dice en su carta que acudir a La Haya supondría una larga espera e insiste en que el asunto debería ser rápidamente discutido, probablemente porque el juicio de extradición de Pinochet se avecina en Londres. Debido a todo ello, si España accede al arbitraje bilateral amistoso, "el Gobierno de Chile procederá a retirar la reserva que formuló a dicho artículo 30, párrafo 1, en el momento de su ratificación".

Este gambito coloca la pelota en el tejado del Gobierno español.

A la luz de la explicación dada, son de ver los errores de esta información. España no puede negarse al arbitraje. La remisión a la Corte Internacional de Justicia se produce cuando no hay acuerdo sobre la forma del arbitraje. El arbitraje en sí es obligado, irrenunciable. La asesoría jurídica citada no tiene razón. El Gobierno español tiene las competencias en estos asuntos políticos y debe aceptar el arbitraje. Sus discrepancias con Chile respecto a la forma de tal arbitraje no son más que excusas para salvar las próximas elecciones legislativas.

. El 2-8-99 "El País" volvía a tratar del tema:

El Gobierno no descarta someter al Consejo de Estado un posible arbitraje sobre Pinochet

El Ejecutivo chileno espera esta misma semana la respuesta española a su petición

EL PAÍS, Madrid
El director general de la Oficina de Información Diplomática (OID), Joaquín Pérez Villanueva, aseguró ayer que el Gobierno español no ha cambiado su postura respecto a la petición de extradición del general Augusto Pinochet, pero que no descarta someter al Consejo de Estado la petición del Ejecutivo chileno de que el asunto se resuelva mediante un arbitraje bilateral. A su vez, el ministro chileno de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Valdés, declaró ayer al periódico de su país El Mercurio que espera la contestación española esta misma semana.

Tras su detención el pasado 28 de octubre, el general Augusto Pinochet, de 83 años de edad, permanece en Londres en la situación de arresto domiciliario a la espera de su juicio de extradición a España -previsto para dentro de mes y medio-, donde sería juzgado por los presuntos delitos de conspiración para la tortura y torturas posteriores al 8 de diciembre de 1988.

Mientras tanto, el Gobierno español tiene el propósito de someter al Consejo de Estado la petición que, en términos imperativos, ha recibido del de Chile para solucionar el asunto del ex dictador de forma amistosa mediante un arbitraje bilateral. Las autoridades de ese país suramericano, con Eduardo Frei, su presidente, a la cabeza, pretenden la anulación de la demanda española y que su ex dirigente pueda regresar cuanto antes a Santiago.

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, planteó al secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, el pasado lunes, aprovechando la coincidencia de ambos en Rabat (Marruecos) con ocasión de los funerales del rey Hassan II, su deseo de reunirse con él para tratar del tema de Pinochet, en el que los socialistas han tenido un papel destacado. Ese encuentro se produjo cuatro días después, el viernes.

El ministro informó entonces al candidato a La Moncloa de la intención del Gobierno de someter la propuesta chilena al Consejo de Estado para que este órgano dictamine. El objetivo de la consulta es conocer si sería preciso que el Congreso y el Senado aprobasen una ley al respecto, ante lo cual deseaba saber el criterio que adoptarían los socialistas.

Almunia le respondió que el PSOE se mantendría a la expectativa de lo que el Consejo dictaminase, pero también le advirtió de que la idea de su partido es que sea la jurisdicción española la que finalmente resuelva sobre Pinochet o, lo que es lo mismo, que se opondrían a ese particular arbitraje.

A su vez, el director general de la Oficina de Información Diplomática (OID), Joaquín Pérez Villanueva, aseguró ayer que el Gobierno popular no ha cambiado su postura en relación con la solicitud de que Pinochet sea extraditado a España. Así, en declaraciones a la Cadena SER, afirmó que el Ejecutivo "sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre, es decir, prácticamente nada". Continúa creyendo, insistió, que se trata de una cuestión judicial.

"Lo que sí ha ocurrido", puntualizó, "es que el Gobierno chileno ha pedido formalmente que se recurra al arbitraje". Y el español, agregó, "en virtud de lo mucho que valora las relaciones con Chile, va a analizar las razones" que expone para reclamarlo. Para ello, concluyó Pérez Villanueva, "no se descarta" enviar esa solicitud al Consejo de Estado, un paso, dijo, que todavía no se ha dado.

Sin embargo, el ministro chileno de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Valdés, en una entrevista publicada ayer por el rotativo de su país El Mercurio, aseguró que espera una inmediata respuesta por parte del Ejecutivo español. "Lo que significa", agregó, "que estamos hablando de la próxima semana [por ésta]".

"Tenemos señales evidentes", explicó Valdés, "de que el Gobierno español, de muy buena fe, está estudiando con seriedad (...), desde el punto de vista jurídico, el arbitraje".

De aquí sobresale la esperada tontería del PSOE de oponerse a un arbitraje obligado, contra el que no cabe oposición. Cabe preguntarse por qué Matutes no habló con Felipe González, en lugar de con Almunia. El primero sería mucho más sensato y no se "opondría". Otra tontería es la afirmación del Sr. Pérez Villanueva de que se analizarían las razones de Chile como una deferencia a este país, y no simplemente por ser obligación de España el analizarlas.

Como podemos observar, la información de "El País" es abundante pero deslavazada, desorganizada. No aclara al lector medio cuál es el verdadero problema, si tiene razón Chile o España, si es posible o no que España desista de la petición de extradición, y en su caso si para ello es precisa una ley, etc..

El 3-8-99 "El País" podría aclarar este asunto. Veamos:

Las asociaciones de jueces y fiscales rechazan el arbitraje en el 'caso Pinochet'

La acusación se queja a Aznar de que Matutes haya entregado a Chile documentos del sumario

EL PAÍS, Madrid
Las asociaciones españolas de jueces y fiscales de todas las tendencias rechazaron ayer unánimemente que el futuro del ex dictador Augusto Pinochet pueda dirimirse al margen del ámbito judicial, mediante un arbitraje bilateral amistoso entre España y Chile, y exigieron que "se deje actuar a los tribunales".

Sorprendente -por decir algo, ya que, en realidad, no me sorprende- rechazo, rechazo imposible. Esas cuestiones internacionales son de exclusiva competencia del ejecutivo, que puede acordar lo que considere conveniente. Y, evidentemente, al margen del ámbito judicial, el cual puede seguir entreteniéndose -como si no tuviera nada más que hacer- instruyendo los procedimientos judiciales que crea oportuno, como hace ahora Garzón con algunos asuntos argentinos, y mientras algún Tribunal superior serio no lo pare.

Los abogados de las acusaciones contra el ex dictador clamaron contra una decisión que, dijeron, "haría a España perder su credibilidad democrática" y enviaron una carta de protesta al presidente del Gobierno,José María Aznar, por la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes.

Los abogados son partidistas, claro, y arriman el ascua a su sardina. Sus tonterías quedan así explicadas.

Las asociaciones de jueces y fiscales rechazaron la posibilidad de que el Gobierno acepte, previa consulta al Consejo de Estado, un arbitraje amistoso con el Ejecutivo de Chile para dirimir fuera del ámbito judicial la solicitud de extradición de Augusto Pinochet. Portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Francisco de Vitoria, de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) coincidieron en que la fórmula de un eventual arbitraje que soslaye el proceso de extradición sería "una decisión política", pero que será difícil arbitrar medidas que impliquen "la dejación de la competencia jurisdiccional española".

De acuerdo. Decisión política, competencia del ejecutivo, y maldita la falta que hace arbitrar medidas para que los jueces dejen de entretenerse.

El presidente de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Martínez Vares, señaló que el Gobierno "no puede influir sobre los tribunales" y si el Ejecutivo decide escuchar al Consejo de Estado no estaría vinculado por su informe. "Si está tramitándose la vía judicial, sólo los tribunales pueden concluir esa vía y ninguna recomendación del Gobierno puede influir sobre eso", comentó Martínez Vares.

Otra vez lo mismo. Titular engañoso. "El País" no lo entiende (o hace ver que no lo entiende para no molestar a su clientela).

Sin embargo, el portavoz oficial de esta misma asociación, José Luis Requero, consideró "razonable" que el Gobierno pida un dictamen al Consejo de Estado, ya que este organismo está para elaborar aquellos dictámenes que se le reclamen "cuando las necesidades lo aconsejen". En su opinión, los gobiernos español y chileno están intentado llegar a una solución "desde el punto de vista político", para salir "del embrollo jurídico" en el que está el asunto. "Esto tiene todas las trazas de buscar una solución política a un asunto que, desde el punto de vista jurídico, tiene una base dudosa", insistió Requero.

¿A qué viene ese "Sin embargo", como si los Sres. Martínez y Requero se contradijeran?. Respecto a lo que dice el Sr. Requero, por ende, nada de "rechazo". Titulares de "El País" engañosos. Solución política, perfectamente lícita. Es de reconocer el extraordinario comedimiento del Sr. Requero al hablar del "embrollo juríidico" y de la "base dudosa", en lugar de hablar del "churro" y del "disparate jurídico".

Otra vez lo mismo: "El País" no lo entiende (o hace ver que no lo entiende para no molestar a su clientela).

Para la portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, no cabe ningún arbitraje entre el Gobierno español y el chileno porque "vulneraría la Constitución española", cuyo artículo 118 obliga a "cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos". Además, advirtió que en este caso no es posible un arbitraje que sólo "está previsto cuando se produce un conflicto político entre los países, y no cuando se derive del cumplimiento de resoluciones judiciales". Comas significó que el Gobierno "no puede ir contra sus actos, al haber solicitado ya la extradición de Pinochet a Inglaterra".

Ni una, Doña Montserrat:
1. El bodrio llamado "Constitución Española" es una ley interna, y por ende, según el Convenio de Viena relativo a la validez de los tratados internacionales, no tiene la menor virtualidad para impedir el cumplimiento de un Tratado Internacional como el de Arbitraje con Chile, de 1927 o el de la Tortura de 1984 . Además, dicho bodrio así lo declara en su artículo ¿96?.

2. El Tratado con Chile de 1927 dice bien claramente: "Artículo I. Las Altas Partes contratantes se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surgieran entre ellas, siempre que no puedan ser resueltas por negociación directa." (las negritas son mías). Y el Convenio sobre la Tortura, según explicaba "El País" más arriba, dice: "Artículo 30, párrafo 1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan solucionarse mediante negociaciones se someterán a arbitraje a petición de uno de ellos". Agrega que "si en el plazo de seis meses no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia al Tribunal Internacional de Justicia".

Ergo, el conflicto puede ser político, judicial, comercial, relativo a una partida de mus, jurisdiccional (como en este caso), etc..

3. El Gobierno puede, cuando lo considere conveniente (y, sobre todo, cuando se atreva), retirar su petición de extradición.

El representante de la asociación centrista Francisco de Vitoria, Lorenzo Pérez, dijo que el arbitraje "no sería una solución correcta", ya que "se debe respetar el principio jurisdiccional de cada país y la jurisdicción española está conociendo de unos delitos para los que se considera competente".

"Premio" para el Sr. Pérez. Como la Sra. Comas, no da ni una: Dos tratados internacionales, como si uno solo no bastara, lo consideran la solución correcta. Si respetamos el principio jurisdiccional de cada país, bien podemos respetar el principio jurisdiccional chileno. No basta con que la jurisdicción española se considere competente: Debe serlo (y no lo es). Y es muy sospechoso que España no acepte el arbitraje al que está obligada. Muy probablemente sabe que el arbitraje daría la razón a Chile

El portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, Miguel Colmenero, se opuso a cualquier medida que suponga una impunidad expresa o encubierta de Pinochet.

Muy poco explícito. Titular de "El País" engañoso.

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, también rechazó un posible arbitraje, "con independencia del apoyo legal que pueda tener en los tratados internacionales", ya que "los delitos son los suficientemente graves para que se deje funcionar a los tribunales". "Es una decisión política que, aunque tuviera algún tipo de soporte legal, no es de recibo", añadió.

El Sr. Salazar podría perfectamente formar parte del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El calibre de sus disparates lo hace completamente idóneo. El arbitraje no se puede rechazar, porque España está obligada a cumplir dichos tratados, quiera o no quiera. Los fiscales están especialmente dedicados a hacer cumplir la ley, y hete aquí uno que dice que le importa un rábano la ley que apoya el arbitraje. Suficiente para que lo expulsen del cuerpo. Ya hemos visto que los tribunales pueden seguir funcionando -es decir, perdiendo el tiempo- sea cual sea el resultado del arbitraje. Acaba insistiendo en que el soporte legal de una decisión le importa un comino. Catastrófico.

El portavoz de Amnistía Internacional, César Díaz, manifestó también su rechazo a la propuesta del Gobierno chileno que "impediría que siguiera adelante el proceso judicial".

El rechazo o no rechazo del Sr. Díaz a la propuesta del Gobierno chileno es irrelevante. Dicho gobierno tiene derecho a hacerla. Ya hemos visto hasta la saciedad que el proceso judicial podría seguir adelante ...hasta que un Tribunal serio lo parase.

Joan Garcés, abogado de la acusación popular en el sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra Pinochet, aseguró que someter este caso a un arbitraje entre dos gobiernos provocaría "una crisis dentro del Estado de Derecho español". "Me resulta asombroso que haya alguien en el Gobierno español que esté dispuesto a recibir lecciones de Derecho del país (Chile) que ha hecho gala de violación sistemática de los tratados internacionales suscritos por España", añadió Garcés.

El Sr. Garcés es partidista y no está obligado a la objetividad, la seriedad, el rigor. Por eso esa descomunal tontería de decir que someter este caso a un arbitraje -a lo que España está obligada, le guste o convenga o no- provocaría "una crisis dentro del Estado de Derecho español" no significa que el Sr. Garcés sea tonto. Lo mismo se aplica a "Me resulta asombroso que haya alguien en el Gobierno español que esté dispuesto a recibir lecciones de Derecho del país (Chile) (...)". No se trata de recibir o dar lecciones, sino de examinar cada caso según sus méritos.

Obsérvese la falta de neutralidad de "El País": Aparte de jueces y de fiscales, nos da la opinión de dos antipinochetistas, y ninguna de pinochetistas.

Obsérvese también cómo las tonterías empiezan a aparecer -a "progresar"- por la izquierda. Recuerdo, enternecido, aquel dogma izquierdista de pocas décadas atrás que decía "La inteligencia está en la izquierda.". Quien no se consuela es porque no quiere.

Sigue la información con:

Carta a Aznar
Los abogados de las acusaciones particular y popular por los crímenes cometidos en Chile durante la dictadura dirigieron ayer una carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, lamentando que el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, "pareciera ofrecer excusas por el hecho de que los tribunales de justicia estén investigando la responsabilidad personal de Pinochet".

No vale la pena reproducirla, ya que al ser partidista, tiene derecho a decir todas las tonterías que quiera.

El PSOE exige a Matutes que se explique en el Parlamento

Tampoco vale la pena. No se distinguen los partidos políticos españoles por su sentido de la responsabilidad. Lo principal para ellos es denostar al adversario.

Pasemos, pues, a la opinión de "El País" expresada en su editorial del 3-8-99:

Calma con Pinochet
El caso Pinochet debe abordarse con calma, dejando que hable la justicia, en pleno respeto de la independencia judicial en democracia. Corresponde ahora a los jueces británicos dar respuesta a la demanda de extradición a España del ex dictador chileno planteada por el juez Garzón. A estas alturas, a menos de dos meses de la apertura del proceso de extradición en Londres, no parece lo más adecuado intentar un procedimiento de arbitraje para sacar la cuestión del ámbito judicial, forzando las posiciones y los plazos. Pinochet no debe llevar a una transgresión de la independencia judicial ni a tener que aprobar leyes a todo correr para hacerlo posible.

Ya hemos visto que el obligado arbitraje en nada afecta a la independencia judicial. No corresponde a los jueces británicos dar tal respuesta si España, su Gobierno, retira su petición de extradición. No explica "El País" por qué no parece adecuado un arbitraje a estas alturas. Con el arbitraje no se transgrede la independencia judicial ni es precisa más legislación que la ya vigente.

La carta oficial mandada el pasado 23 de julio por el nuevo canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, a su homólogo español, Abel Matutes, es una misiva que delata desesperación por buscar una salida casi a cualquier precio para evitar la posibilidad de que el Reino Unido conceda la extradición de Pinochet a España. La carta supera lo que se espera razonablemente del canciller de una democracia, o de un país en transición a la democracia. En la misiva oficial, hecha pública en Santiago antes de que llegara a España, Valdés afirma que "si las acciones judiciales contravienen principios de derecho internacional y constituyen agravios para otros Estados, ningún Estado puede escudarse en la independencia de su Poder Judicial". Ningún juez hasta ahora ha sentenciado que se contraviniera el derecho internacional. Todo lo contrario. Aunque la instancia más lógica para dirimir estos contrastes de pareceres hubiera sido el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, como llegó a proponer el Gobierno español. Pero tal procedimiento toma mucho tiempo. Y el Gobierno chileno quiere rapidez.

Como "El País" no ha publicado tal carta, no podemos juzgar. Los argumentos que pueda dar Chile para probar las contravenciones al derecho internacional nos son desconocidas. Ningún juez ha sentenciado tal contravención ...ni la no contravención.

La prisa, que siempre es mala consejera, ha llevado a las autoridades chilenas a pedir ahora una salida mediante un arbitraje amistoso, con tres jueces -uno nombrado por Chile, otro por España y un tercero por ambos- que dictaminarían al respecto. Es una posibilidad que se contempla en el Convenio Internacional contra la Tortura de 1984 , y que probablemente requeriría de España la aprobación de una ley, o al menos un acto parlamentario. Todo ello, cuando Valdés, pese a que Madrid le ha entregado informes jurídicos internos que el canciller cita en su carta, cuestiona que el Gobierno de España no tuviera margen de maniobra para no cursar la demanda de extradición. Hoy por hoy, el único margen gubernamental disponible es el que tiene el ministro británico del Interior para decretar en cualquier momento la puesta en libertad de Pinochet por motivos humanitarios.

No "probablemente". Es obvio que el ejecutivo español puede tramitar la petición de extradición, o no tramitarla; y retirarla cuando ya la ha tramitado. Y hasta retirarla cuando los tribunales británicos hicieran el disparate de acceder a la extradición.

El Gobierno español no puede rehusar estudiar la demanda de arbitraje, aunque asegura que aún no ha pedido dictamen alguno al Consejo de Estado para dirimir fuera del ámbito judicial la suerte de Pinochet. El PSOE ya ha dejado claro, como diversas asociaciones de jueces y fiscales, que la justicia debe seguir su curso. En cualquier caso, un hipotético arbitraje no sería determinante, pues es un órgano de consulta que no puede reemplazar ni al poder legislativo ni al judicial. Su resultado, o así lo creen numerosos juristas, ni siquiera tendría que ser tenido en cuenta por las autoridades judiciales británicas o españolas.

Menos mal que admite que "no puede rehusar". Ya hemos visto que la justicia, más exactamente, los tribunales, puede seguir su curso aunque se renuncie a la extradición. El arbitraje no es "hipotético" sino obligado. No es un órgano de consulta sino de decisión, y su resultado debería ser tenido en cuenta por los tribunales en cuanto el ejecutivo dispusiera de la persona del justiciable para enviarla de vuelta a su país o no.

El caso Pinochet está afectando negativamente a las relaciones bilaterales entre España y Chile e incluso los vínculos de este país con el resto de América Latina. El presidente chileno ya ha anunciado que, en esta situación, no acudirá a la Cumbre Iberoamericana de La Habana, en noviembre, una cita fijada hace tres años en la que España tiene grandes esperanzas. Estamos ante una cuestión de Estado en la que sería bueno un acuerdo entre las fuerzas políticas españolas como el que Matutes ha pedido a Joaquín Almunia. Pero no se puede en nombre de la razón de Estado quebrar el principio de la independencia judicial en una demanda de extradición amparada por el Tribunal Supremo. Hasta ahora, el Gobierno español ha actuado correctamente, como corresponde a un Estado de derecho. Y Pinochet no debe ser causa para quebrar esta línea.

Y dale con la independencia judicial, que hemos visto hasta la saciedad que no es afectada por el arbitraje. El Tribunal Supremo no ha amparado tal demanda de extradición. ¡Albricias!. ¡"El País" reconoce que el abominable Gobierno derechista, no centrista, ha actuado correctamente hasta ahora!.

Fin del editorial.

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