Si bien Estados Unidos ha jugado siempre a establecer las normas a seguir en un sistema internacional anárquico, el establecimiento de un orden en el ámbito hemisférico no ha sido para nada exitoso, al menos los temas primordiales como lo son el narcotráfico, la promoción de democracias ¨ institucionalizadas, ¨ y la defensa de los derechos humanos. La guerra contra el tráfico, producción y consumo de drogas ha tenido un carácter prioritario en este sentido, pues se declaró por primera vez como asunto de seguridad nacional para Estados Unidos durante el gobierno de Richard Nixon en la década de los 70´s (Bulmer-Thomas, y Durkenley, 1999: 160). Desde este momento distintas agencias del Departamento de Estado han surgido para darle ejecución a la lucha anti-drogas, a traves de ayuda financiera a los países productores, tránsito, y comerciantes de drogas en Latinoamérica; entre ellos los mas importantes son Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, y México y Venezuela como importantes vías de tránsito.
La Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) sirve como enlace entre la situación de los paises involucrados en el tema de drogas, y la acción a tomar por Estados Unidos, generando un reporte que permite evaluar el estado de las políticas anti-drogas en la región, y el avance en materia de prevención y erradicación. El Mecanismo de Evaluación Multilateral también es un mecanismo usado para evaluar las condiciones bajo las cuales se certifica o desertifica un país en base a su actuación en contra del tráfico de drogas. Manejado por la Organización de Estados Americanos, esta agencia avalúa el desempeño nacional y hemisférico en esta materia, e identifica formas para mejorar este desempeño. Sin embargo el consumo, producción, y tráfico de drogas no ha disminuido, por el contrario se ha incrementado. En Bolivia la producción bajó en un 41%, en Perú la reducción alcanzó un 70%, pero en Colombia la producción aumentó casi en un 100%, lo cual indica que la producción de coca fue virtualmente mudada a Colombia, y con un significativo aumento (Dep. Est., 2-19).
Después de los ataques del 11 de Septiembre del 2002, la campaña Estadounidense contra el terrorismo global subrayó la importancia de los programas internacionales de control de drogas. Reconocido como la primera fuente de recursos, el narcotráfico es visto por el gobierno Americano como la base económica de insurgencias políticas violentas, organizaciones criminales internacionales, y terroristas de todo tipo (Dep. Stad.2003, 3). De esta forma el enfoque de los programas gubernamentales fueron en la zona andina, por ser los mayores productores de coca en el mundo, especialmente Colombia. Todavía hoy 80% de la coca mundial es procesada en Colombia, a pesar de los innumerables programas de erradicación, interdicción, y prevención (pp. 3). Este resultado representa un reto para Estados Unidos, y para la zona Andina en general, pues es evidente que atacar los cultivos, y las organizaciones criminales no es suficiente para disminuir el problema de la droga. Es necesario replantear un estrategia anti-drogas que implique mas que erradicar cultivos, o hacer interdicción aérea. Es necesario atacar el consumo en su mas mínima expresión, así como ofrecer de manera mas eficiente una alternativa económica para aquellos campesinos que siembran coca. La producción de drogas aumentó en el último año en casi todos los países productores: En Perú la coca aumentó en 100 toneladas métricas, y en México 400 ton. Métricas (Dep. Est., 2003: 18).
En Bolivia, a pesar de las subsecuentes certificaciones de Estados Unidos, la producción de coca en el Chapare aumentó en un 23% para el año 2002 (Dep. Est., 2003: 7). Aún y cuando el nuevo gobierno de Sánchez de Lozada ha puesto en marcha los mecanismos de control del mercado de coca lícita para prevenir la diversificación a coca ilícita por medio de la mejora en el proceso interdicción, los resultados no han sido exitosos. El mayor avance de este gobierno ha sido el establecimiento de un diálogo con el líder cocalero Evo Morales, sin embargo un acuerdo no ha sido posible entre las partes (Dep. Est., 2003:8). La fuerza especial para las drogas, FELCN, ha sido ampliada en cantidad de oficiales y en infraestructura, pero resulta inútil si un verdadero adiestramiento, e incentivo no es ofrecido para evitar la corrupción de estos cuerpos policiales. La cultivación neta de coca incrementó en este país de 19,900 hectáreas en el 2002, a 24, 400 hectáreas en el 2002 (pp. 11).
El Plan Colombia no ha logrado desplazar a Colombia del primer lugar como productor y exportador de cocaína en el mundo. El gobierno de Alvaro Uribe continúa extraditando narcotraficantes a Estados Unidos, pero la actividad no cesa, por el contrario se intensifica. El Directorio Antinarcóticos de la Policia Nacional Colombiana (DIRAN), con el apoyo del gobierno Estadounidense aumentó la erradicación de cultivos de coca en un 45% para el año 2002, pero aún el negocio de la coca permanece operativo (Dep. Est., 2003: 19). Entre los planes del Presidente Uribe esta el referendo para una ley que criminalizará el uso personal de drogas este año.
Ecuador ha visto una creciente reducción en la producción de drogas en los últimos años. Pero se ha convertido en el mas importante trásito de drogas en la región (Dep. Est., 2003: 31). Las fuerzas policiales no están equipadas adecuadamente para contrarestar la capacidad de acción de las organizaciones narcotraficantes, y además, la frontera con Perú y Colombia es un espacio prácticamente abierto para el libre tránsito de personas y narcóticos. La capacidad policial, y militar del Ecuador es extremadamente pobre comparada con la organización y eficiencia de los narcos (pp. 31).
Perú continúa como el segundo productor de coca del mundo. La producción subió para 2002 en 8% (Dep. Est., 2003: 40). En Perú como en Bolivia, los movimientos cocaleros son de vasta importancia, y beligerancia política, de modo que contrarrestar esta influencia en una sociedad mayoritariamente indígena, ha sido sumamente difícil para los gobiernos de turno. El problema de una frontera permeable también esta presente en Perú, donde narcotraficantes entran y salen sin mayor problema. Incluso las FARC ha tenido enfrentamientos con la Policía Peruana en esta zona fronteriza durante el año 2002 (Dep. Est., 2003: 40).
México continúa siendo el primer puente de entrada de drogas a Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos del Presidente Fox en fortalecer las fuerzas policiales, desmantelar pequeños organizaciones criminales, y extraditar constantemente estos criminales a Estados Unidos, todavía un estimado de 2,700 ton de coca atraviesan México en tránsito a territorio Estadounidense (Dep. Est., 2003: 40).
Aparte de los programas de instrucción de narcóticos ofrecidos por la Embajada Norteamericana en Venezuela, no hubo mayor cooperación entre los organismos anti-drogas Venezolanos y Estadounidenses. Sin embargo, un nuevo plan de control en los puertos del país permitió un progreso aceptable en la interdicción (Dep. Est., 2003: 49). Aunque Venezuela no extradita criminales a Estados Unidos, la pena por delitos de narcotráfico fue aumentada de 15 a 25 años de cárcel. Sin embargo, tomando en cuenta el estado del las cárceles en Venezuela, y la deficiencia del sistema Judicial del país, esta medida no ofrece un gran avance en la lucha anti-drogas. Venezuela es un importante vía de tránsito entre Colombia, el Caribe, y Europa; sin embargo el gobierno Venezolano se negó a otorgar el permiso a Estados Unidos para sobrevolar el espacio aéreo venezolano en reconocimiento de movimientos de narcotráfico.
RECOMENDACIONES
Para avanzar en la guerra contra la drogas Washington debe principalmente atacar el consumo de narcóticos dentro de Estados Unidos. Siendo este país el primer consumidor de drogas en el mundo, es preciso desarrollar programas ¨ coherentes y efectivos ¨ destinados a las poblaciones mas vulnerables al consumo de drogas. Estas poblaciones son en su mayoría pre-adolescentes y adolescentes, jóvenes de niveles escolares medios. El enfoque de prevención en estas poblaciones debe movilizar básicamente instituciones escolares con ayuda del Estado, participación directa de la comunidad de padres, y por supuesto las Organizaciones No Gubernamentales ONG´s dedicadas a la prevención del consumo de drogas. También es necesario profundizar en la información que se le proporciona a los jóvenes, y hacer conciencia de los efectos físicos y psicológicos del abuso de las drogas.
Con respecto a Latinoamérica, Washington debe evaluar su política de certificación y ayuda financiera a los países productores de narcóticos. Sin un seguimiento exhaustivo por parte del gobierno Norteamericano del uso de los recursos adjudicados a estos países, los riesgos de corrupción son altísimos. Debe tomarse en cuenta que en países como Bolivia, Perú, y Ecuador la eficiencia de las fuerzas policiales son inferiores a las de las organizaciones criminales, de modo que si los recursos no son correctamente adjudicados serán obviamente para enriquecer a políticos corruptos.
La Certificación como política internacional, lejos de prevenir o reducir el narcotráfico, estimula a los países a no acabar con este crimen, pues el solo hecho de ser reconocido como un país productor de drogas (y tener buenas relaciones con Estados Unidos) inmediatamente les da derecho a recibir una fuerte suma del programa de Certificación de Estados Unidos. Sin embargo esta política implica un gran gasto para el gobierno Estadounidense, por lo que la certificación debería ser eliminada, y en su lugar exigir a los países de la región un mayor compromiso con la lucha anti-drogas a cambio de incentivos, por ejemplo en el área comercial. Un mejor trato en calidad de socio comercial de Estados Unidos, o una sanción comercial en el intercambio entre estos países con Estados Unidos sería una fuente de incentivo para comprometer mas a los gobiernos Latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico.
