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Internacional Nº 9
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Juan Vega
ANTES de conocerse los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, Jamil Mahuad viajó a los EEUU para elaborar su propuesta de gobierno. Junto con otros “Harvad Boys” como Jeffrey Sachs y economistas nacionales cercanos al FMI y el BM, diseñaron el plan macroeconómico para el nuevo gobierno que con cuatro ejes fundamentales:
Este supuesto plan “modernizador”, según el presidente, permitiría entrar al nuevo milenio en mejores condiciones económicas. Mas, si lo comparamos con los planes propuestos por los anteriores gobiernos nos damos cuenta que no sólo son una continuación de la política macroeconómica seguida, en los últimos años, sino que además constituyen un salto violento en la sobrexplotación de la mayoría de los ecuatorianos con la eliminación de los subsidios y el aumento del desempleo, y el saqueo del Estado con las privatizaciones. Si bien estos elementos ya se vienen planteando desde administraciones anteriores, en lo que va del gobierno de Jamil se ha avanzado a un ritmo tan violento que en menos de un año se ha conseguido más que en la última década.
Prácticamente todos los subsidios han sido eliminados, las tarifas de los servicios básicos registran reajustes mensuales y los servicios gratuitos como la salud y la educación ya se están cobrando.
Se creó un nuevo impuesto sobre las transacciones bancarias, para suprimir el impuesto a la renta, pero éste ya fue restituido; se eliminaron las exenciones al IVA (impuesto al valor agregado) y se habla de su elevación al 15%.
En materia laboral en la nueva constitución se ha legalizado la restricción del derecho a la huelga en los sectores públicos y se avanza en la liquidación de sus organizaciones sindicales y gremiales.
El pasado mes de marzo el gobierno respondió a la tercera huelga nacional en su administración, con el envío de 10 proyectos urgentes al parlamento en donde se agilizan las leyes que hacen falta para comenzar la privatizaciones.
En los primeros meses de gobierno, el procesos de paz con el Perú dejó planteada la posibilidad de la llegada de créditos para impulsar el comercio de los dos países en la zona del conflicto. Inicialmente se habló de unos 1.500 millones de dólares y aunque estos no han llegado, la deuda externa ya ha crecido en unos 2.000 millones durante el gobierno de Mahuad ubicándola cerca de los 17.000 millones de dólares.
Así como el gobierno viene avanzando violentamente en la aplicación de los planes de sobrexplotación, los efectos de estás políticas se han multiplicado sobre la inmensa mayoría de los ecuatorianos.
Más del 60% de la población vive en la miseria, la masa de desocupados y subempleados supera los 2'000.000 (más del 60% de la población económicamente activa), la base del salario mínimo vital se ha congelado desde 1995 en 95.000 sucres (aprox. 10 dólares), las cuentas bancarias fueron congeladas en un 50% para evitar la caída de más entidades financieras (8 bancos hasta mayo del 99), la gasolina ha sido incrementada en 125%, los salarios de los empleados públicos están impagos por varios meses y se proyecta que la inflación cerrará el año en un 60%. Más de 500 empresas grandes y pequeñas han cerrado en los últimos dos años.
En conclusión, con la aplicación de esos planes de sobrexplotación no se ha logrado superar la crisis de la economía burguesa nacional, por el contrario, se ha profundizado hasta convertirse en la peor de este siglo. La única respuesta a esta situación está en que el máximo beneficiario de la inmensa masa de dinero que se recoge, y que Jamil quiere ampliar, es el imperialismo que con el cobro de la deuda externa cada año se lleva cerca del 50% del presupuesto, y por esta razón, mediante de sus organismos mundiales como el FMI, BM, etc. el imperialismo obliga a aplicar sus planes económicos, los cuales tienen como eje central profundizar la dependencia y semicolonización.
Ante los atrasos de los pagos de la deuda, Jamil ha impulsado la búsqueda de un acuerdo con el FMI; este acuerdo consiste en la recolección de una gran masa de dinero para el pago de lo atrasado y a cambio recibir nuevos créditos, es decir pagar para deber más.
Otro punto del acuerdo es el saneamiento de la banca nacional. Los capitales financieros que entren al país por la apertura económica, necesitan manejar directamente el sector financiero especulativo a su favor, para así evitar que sus ganancias corran peligro y de presentarse problemas puedan salir rápidamente. Por esto se llevará a cabo una auditoria internacional para determinar que bancos son “confiables”.
Las razones por las que este gobierno ha logrado un salto en la sobrexplotación de la inmensa mayoría de los ecuatorianos, las encontramos en dos elementos: Un aumento de la injerencia imperialista sobre el país, la cual ha alineado a toda la burguesía nacional para acelerar su plan y, por el otro lado, la traición sistemática de las direcciones de los explotados que han impedido que se genere una verdadera lucha en contra de esta barbarie capitalista.
Durante los anteriores gobiernos, los distintos sectores de la burguesía nacional, trataban de regatear a la administración de turno su parte del saqueo, producto de la aplicación del plan. Dicho regateo se evidenciaba en el juego político que se daba en el parlamento para la aprobación de las leyes: si bien ningún sector odia decir que no estaba de acuerdo con el plan general, las discrepancias radicaban en los ritmos de su aplicación; así, de acuerdo con el sector estructural al que representaban, se inclinaban por las políticas que más les convenían. Estas disputas tenían su mayor confrontación en época de elecciones presidenciales, pues es allí donde se define quién es el beneficiario mayor de las migajas que el imperialismo deja caer de su mesa.
Es este juego político de oposición- gobierno, el que, en la mayoría de los casos, ha retardado el avance del plan, volviéndolo cada vez más complejo, profundizando las medidas de shock y acrecentando la posibilidad de un estallido social como respuesta a la sobrexplotación.
En el discurso en que Jamil Mahuad decretó la eliminación de los subsidios y una devaluación del 13%, (primer paquete de medidas/ sep. 98) planteaba que la crisis económica mundial era la causa fundamental que le obligaba a tomar estas decisiones. Esta era una verdad a medias ya que en administraciones pasadas se habían intentado aplicar dichas políticas con escasos resultados, por lo que su llegada era inminente. Lo que sí es cierto es que a partir de la nueva crisis económica, el imperialismo tiene la política de presionar más a países pequeños como el nuestro para que avancen a pasos acelerados en la aplicación de los planes de “ajuste” y así obtener más ganancias en menor tiempo.
Ante esta nueva imposición imperialista, que Jamil Mahuad reconoció se evidencia un nuevo salto en la injerencia imperialista sobre el país camino a la imposición en los acuerdos de paz con el Perú.
En los meses siguientes, misiones diplomáticas del FMI y el BM y decenas de asesores visitaron el país para monitorear la situación económica y estudiar la aplicación de nuevas medidas. Esta ofensiva imperialista, se encontró con un gobierno arrodillado, y dispuesto a aplicar todos los correctivos necesarios.
Para finales de 1998 se lanzó el segundo paquete de medidas: la creación de un impuesto a las transacciones bancarias, que sería el inicio de la reforma tributaria.
La aceleración de los planes fue tan agresiva que de un solo golpe empujó a grandes sectores de la clase media hacia la proletarización, e incluso varios burgueses, al ver comprometidas sus ganancias, se declararon en quiebra; muchos bancos cerraron sus puertas y fueron intervenidos por el Estado con un monto de apoyo mayor a los 1.000 millones de dólares.
La mayoría de estos banqueros utilizó los recursos de los ahorristas para poner a funcionar empresas fantasmas y con la intervención del Estado quedó abierta la posibilidad de que puedan recuperar sus bancos.
Más tarde, para evitar la contaminación del proceso, se decretó la congelación del 50% de todas las cuentas bancarias y un aumento del 350% en los combustibles (tercer paquete/ marz.99).
Los asesores económicos plantearon realizar un rápido recorte de la banca, lo que generó que sectores burgueses de la Costa, en especial de Guayaquil, acusaran al gobierno de regionalista por favorecer a la banca serrana, y tras el cierre del Banco del Progreso (el mayor de la Costa, segundo del país), organizaron multitudinarias movilizaciones; aprovechándose del descontento popular contra el gobierno, apelaron al sentimiento nacionalista, proclamando incluso la independencia de la provincia si no se apoyaba al banco.
Las marchas se concentraron en el palacio municipal y se exigía el pronunciamiento del Alcalde, el ex presidente León Febres Cordero, (figura más representativa del partido socialcristiano, segunda fuerza en el congreso) quién,
al final del día, luego de conversaciones con el Presidente, anunció un nuevo plazo al banco para capitalizarse. Igualmente, reconoció el orden constitucional en la persona del presidente Mahuad y llamó a los guayaquileños a retirarse a sus casas.
Superado el punto más alto de la disputa interburguesa, el presidente viajó nuevamente a los EEUU en donde se reunió con las máximas autoridades para hacer un balance de los avances e impulsar una nueva fase del plan. Con el FMI acordó nuevos créditos por un monto aproximado de 500 millones de dólares los cuales le servirán para reactivar al sistema financiero. Junto con esto se estableció la reestructuración de la deuda externa , es decir, regular en los pagos para recibir más créditos.
Ya en casa, el gobierno se las arregló para garantizar una mayoría en el congreso. En primera instancia, puso a funcionar, junto con los socialcristianos (segunda fuerza parlamentaria, después del partido de gobierno), la llamada “aplanadora”, y ante las discrepancias, luego, éstos, por a la creación de un impuesto al patrimonio de las empresas para financiar el presupuesto, recurre a otros partidos entre ellos algunos de izquierda para su aprobación conformando una nueva mayoría llamada la “trituradora”.
Una vez en marcha los tres primeros objetivos del plan del gobierno, el presidente envió al congreso un proyecto urgente conocido como Ley Marco, cuyo objetivo central es entregar poderes especiales al Presidente para que pueda agilizar las privatizaciones. Esto le permitiría abolir leyes sin necesidad de la aprobación del parlamento, además significaría un nuevo salto en la aplicación del plan y un fortalecimiento del sistema presidencialista vigente, cerrando espacio al parlamentarismo burgués.
Por otro lado, para los empleados de las empresas estatales a privatizar, la aprobación de esta Ley representará la apertura a los despidos masivos sin indemnizaciones, la flexibillización laboral y la abolición de los contratos colectivos y de las organizaciones sindicales.
Para el resto de los ecuatorianos toda esta situación se refleja en el aumento descomunal de las tarifas de los servicios básicos.
Si bien todos estos procesos ya se viene dando, su concreción rápida es vital para la burguesía en el proceso privatizador. Para que las empresas puedan ser vendidas necesitan mostrar leyes laborales “flexibles” que sean rentables.
Con la nueva Ley el presidente también podría fijar el precio de las empresas a venderse, por lo que no cabe duda de que todo esto busca crear las mejores condiciones posibles para el saqueo del Estado ecuatoriano por parte de las transnacionales imperialistas.
Aunque los partidos políticos con presencia en el parlamento tienen mucho cuidado en no aparecer con tintes gobiernistas, el funcionamiento de la “aplanadora” y la “trituradora” dejan una vez más en claro que todos están con el FMI, el BM y las transnacionales imperialistas, por lo que es de esperar que ante la imposición de éstas todos se vuelvan a alinear detrás del poder ejecutivo para el reparto correspondiente.
El terreno plantado con las medidas de choque de los anteriores gobiernos, ha germinado rápidamente en los últimos años. Con Bucarram, el imperialismo intentó avanzar violentamente en la sobrexplotación al descargar la factura de su crisis económica sobre las espaldas de la inmensa mayoría de los trabajadores; la desilusión empezó a transformase en luchas y su discurso populista de tarima y sus continuos arrebatos le valieron la antipatía de la clase media.
Todos los sectores se sumaron a la propuesta de Huelga Nacional para el 5 de febrero, impuesta a las direcciones de los trabajadores por sus bases. La paralización total de la producción y la movilización de más de dos millones de personas en varias ciudades del país hicieron que el levantamiento sobrepasara a las direcciones convocantes y, ante el vacío de dirección revolucionaria , se abrió espacio para que otros sectores de la burguesía vieran llegado su momento, llamaran a la concentración las movilizaciones y las direcciones burocráticas entregarán la conducción del proceso en manos de la burguesía.
La fuerza del levantamiento hizo caer al gobierno, pero jamás planteó una salida que estuviera por fuera del sistema democrático burgués.
Los socialcristianos, que habían perdido las elecciones contra Abdalá Bucaram, cobraron su venganza política, colocando en el interinazgo a un Alarcón manejable, en tránsito hacia las nuevas elecciones que pensaban ganar ampliamente.
Al final del proceso, los miles de trabajadores que participaron en el levantamiento de febrero del 97, presenciaron cómo las demandas de la lucha se diluyeron. La desmoralización, el escepticismo, y la confusión signaron las siguientes luchas, haciendo más fácil su derrota en manos de un gobierno de concertación burguesa nacional.
El proceso más alto de la lucha de clases nacional en los últimos años, fue desmontado con mayor velocidad incluso que la del estallido, convirtiéndolo en su contrario. La caída del “Loco Bucaram”, al no tener una respuesta política organizada de los sectores obreros y populares levantados, sólo consiguió paralizar momentáneamente la arremetida imperialista.
Este triunfo-derrota marcó el retorno hacia una correlación de fuerzas más favorable todavía para la burguesía y el imperialismo, que pasado el intinerazgo vieron llegado el momento de contraatacar.
Contrariamente a lo que los socialcristianos pensaban, la figura del “honesto” alcalde de la capital, Jamil, Mahud empezó a cobrar fuerza como candidato, la posibilidad de una tercera derrota los hizo renunciar a la candidatura de Nebot, y ante la posibilidad de que el candidato del partido de Bucaram ganara, terminaron apoyando directamente a Mahuad, quien se hizo al poder con apenas 100.000 votos de ventaja.
Ahora el fantasma del “gran alcalde Jamil que sabe cómo hacerlo” va cayendo tan rápido como va avanzando en la aplicación de los planes de “ajuste”. Su popularidad ha caído a menos del 10%. Así, el descontento represado volvió a expresarse en las calles y con mayor fuerza; pero signado por la derrota y la traición, tendió hacia la desesperación.
Los grupos estudiantiles que dicen tener armas, y que habían hecho su aparición pública en la caída del “loco”, empiezan a crecer. Ante esta posibilidad el gobierno se dio la política de endurecerse. Con el pretexto de combatir el aumento delincuencial, declaró, a finales de año el estado de emergencia en la provincia del Guayas, planteó la necesidad de que una vez firmada la paz con el Perú el ejército debe resguardar la seguridad interna. Varios dirigentes y algunos miembros de grupos radicales de izquierda y de invasiones de tierra fueron apresados, otros desaparecen.
Esta ofensiva se ha extendido, hacia el control de las manifestaciones que en la mayoría de los casos han sufrido violenta represión por parte de la policía y los militares.
La sola posibilidad de acciones terroristas individuales, ha dado espacio para que el gobierno endurezca el régimen, preparándose de antemano ante la posibilidad del estallido social que se pueda generar por la aceleración de la sobrexplotación.
Estas políticas antidemocráticas estaban previstas de antemano por el imperialismo quien no dudó en ayudar a la fuerza pública con sendas donaciones de armamento y dinero a través de la embajada norteamericana. Incluso planteó la posibilidad de construir una base militar yanqui en Manta con el supuesto objetivo de utilizarla como centro de operaciones para combatir al narcotráfico y a la guerrilla colombiana.
En el mes de febrero se produjo el asesinato, frente al parlamento, del diputado Jaime Hurtado, del movimiento popular democrático –MPD– (partido electoral de izquierda proveniente del maoísmo). Las investigaciones lo han relacionado con actividades guerrilleras y han atribuido el hecho a los paramilitares colombianos, reconociendo el funcionamiento de estos grupos de extrema derecha en el país.
Frente al primer paquete de medidas –la eliminación de los subsidios– se convocó la primera huelga nacional en contra de Jamil; la lucha se transformó en desfile, aunque dio paso a algunos enfrentamientos, entre grupos radicales y la policía la movilización no logró modificar ninguna de las medidas.
A finales de enero, los empleados públicos ante la falta del pago de sus salarios se declararon en paro. En febrero los maestros emprendieron una huelga de hambre a estos les siguen los empleados de la salud.
Por su parte eléctricos exigen la firma del contrato colectivo y junto con los petroleros amenazaron con la suspensión de los servicios.
En el segundo aniversario de la caída de Bucaram, fue convocada como la segunda huelga nacional en contra de Mahuad. Esta jornada no sólo mostró el descontento en aumento, también evidenció la falta de organización e independencia de clase de las direcciones, que la convirtieron en un desfile. Esta paralización tampoco logró revertir el segundo paquete de medidas, los servidores públicos continuaron sin el pago de su salario. Entonces, el gobierno decretó la libre flotación del dólar provocando aumento de 7.500 hasta los 11.000 sucres.
Para la segunda semana de marzo de 1999 se convocó la tercera huelga nacional. El gobierno decretó feriado bancario para los días previos y la burocracia se negó a coordinar y organizarla huega Aunque el descontento se era generalizado, la participación fue mínima y el gobierno arremetió contra los manifestantes violentamente. Al cabo del segundo día de paro se proclamó el tercer paquete de medidas: el aumento del 350% en los precios de los combustibles y el congelamiento del 50% de las cuentas bancarias. El dólar cerró la semana a 18.000 sucres.
Los trabajadores eléctricos firmaron la prórroga del contrato colectivo y con ello terminó la huelga.
La tercera semana de marzo, comenzó con el bloqueo de las ciudades por parte de los taxistas. Sus peticiones eran la eliminación del alza de los combustibles y la sucretización de sus deudas contraídas a un precio de menos de 5.000 sucres por dólar. A éstos se sumaron las otras 6 federaciones de transportadores, paralizando por completo todas las actividades laborales y el comercio.
El FUT y otros sectores de trabajadores manifestaron su apoyo a los transportadores, pero no coordinaron acciones combativas: plantearon unirse al bloqueo. De igual manera los maestros y los trabajadores de la salud continuaron con la huelga de hambre.
Al tercer día de bloqueo, el imperialismo por medio del presidente del FMI y del propio Clinton manifestaron su apoyo al presidente. Su homólogo norteamericano ofreció la entrega de dinero para resolver los conflictos y los dirigentes de los transportadores pactaron con el gobierno una salida al bloqueo, negociando el aumento en el precio de los combustibles hasta el 150%, y del 350%
El paro de los taxistas fue levantado antes de que pudiera unirse a las movilizaciones de las organizaciones indígenas que marchaban hacia la capital y que eran parte de un nuevo levantamiento indígena campesino.
Estas traiciones sistemáticas de los dirigentes, muestran con claridad a los trabajadores el problema central: es la falta de una verdadera dirección revolucionaria que responda a los intereses de los explotados. Esta crisis de dirección se hizo más evidente en la última semana de marzo. Ante la quiebra del Banco del Progreso, por malos manejos de sus directivos, las masas guayaquileñas salieron a las calles a apoyar a los banqueros ladrones que los habían robado; el descontento contra el gobierno generalizado fue aprovechado hasta por los más audaces oportunistas que plantearon la necesidad de la independencia de la provincia.
Con la posibilidad de una nueva apertura del banco, y con el reconocimiento de Jamil como presidente de todo el país, se cerró el mes más conflictivo de la actual administración del cual el gobierno salió victorioso y fortalecido para continuar avanzando en la aplicación del antiobrero plan imperialista.
El bloqueo total del país, trajo para los trabajadores tres grandes lecciones: la necesidad de adoptar métodos de lucha para enfrentar la brutal ofensiva imperialista, la posibilidad real de unificar las luchas en una verdadera huelga nacional en contra del gobierno de Jamil y la urgencia de dotarnos de una verdadera dirección clasista que garantice ir hasta el final para impedir la barbarie capitalista.
Mientras que en tres días el bloqueo de los taxistas hizo retroceder momentáneamente al gobierno en la elevación del precio de los combustibles, los maestros y trabajadores de la salud con más de treinta días de huelga de hambre, consiguieron que les pagara el mes de enero (los demás meses continúan sin pago) y en los hospitales ya se están cobrando los servicios supuestamente gratuitos.
Por otra parte, en la tercera semana de marzo prácticamente todos los sectores de los explotados estuvieron representados en las luchas, porque las direcciones se negaron a coordinar una huelga general. Los trabajadores estatales, los indígenas, los transportadores, los estudiantes, los ahorristas y los pequeños comerciantes tenían una política común contra el gobierno: exigían el cambio de las políticas económicas, algunos incluso pedían la salida del presidente. Sus direcciones en lugar de utilizar el ejemplo de los taxistas para llamar a tomar acciones combativas que llevaran a la paralización total de la producción, decidieron por “el bien del país” no desestabilizar más al gobierno y como complemento, los diputados del MPD, Pachakutik, los socialistas, etc., en el congreso, apoyaron la aprobación del presupuesto con la creación de nuevos impuestos y el recorte de los fondos de las empresas del Estado.
¿Será acaso que estos dirigentes piensan que dentro de este sistema capitalista que ha dado muestras suficientes de para quién está estructurado, hay salida para la miseria y el hambre imperantes? o ¿será tal vez que están esperando recibir parte de las migajas del saqueo y por eso no quieren desestabilizar más al gobierno y luchan por mantenerse en los altos cargos de sus organizaciones y ser candidatos a alguna “dignidad” pública?
Las negociaciones que dieron fin al bloqueo de los taxistas, nos muestran que no debemos tener confianza en líderes únicos que toman las decisiones, sólo la máxima democracia para la toma de decisiones puede garantizar que las soluciones que se planteen sean satisfactorias. Sólo la continua discusión en organismos de base puede evitar que caigamos en manos de la negociación, la concertación y los demás engaños burgueses.
Es necesario coordinar las luchas en una nueva pero verdadera huelga nacional que paralice toda la producción, contra el gobierno proimperialista de Jamil y cuyo objetivo central sea derrotar su plan de hambre, desempleo y miseria para la gran mayoría del país.
Los trabajadores de la salud, maestros, estudiantes, indígenas, transportadores, obreros industriales, a todos los explotados, deben saber que la única salida para la miseria y la barbarie está en que salgamos unificados a luchar porque todos tenemos un enemigo común: ningún burgués va a devolver lo robado.
La salida a la crisis que nos propone el gobierno de Mahuad, no es otra cosa que acelerar el paso hacia el abismo, lo único que pretende es garantizar su futuro y el de su clase.
Por eso debemos organizarnos desde la base para tomar las decisiones, y empezar a preparar un plan económico clasista para darle una solución a nuesrtros problemas: la única salida está en que cambiemos de raíz este sistema en donde lo único que importa es la ganancia; sólo sobre la base de un sistema planificado de la producción: el socialismo podemos encontrar soluciones.
La huelga general es posible, pero está en manos de los trabajadores, dotarla de una verdadera política clasista que se concrete en la conformación de un gobierno Obrero, Indio y de Campesinos pobres que será el único que pueda aplicar un plan económico que tenga como base la satisfacción de las necesidades de la mayoría de los ecuatorianos.
Para superar el problema fundamental, la falta de políticas clasistas, hoy más que nunca es necesaria la construcción del partido mundial de los trabajadores. La Organización Socialista de los Trabajadores –OST– hace un llamado a sumar esfuerzos para conseguir este objetivo. El imponer el gobierno de los explotados en el Ecuador hace parte de la lucha mundial en contra del imperialismo, de cuyo triunfo internacional depende la concreción del socialismo.
Proponemos, los siguientes puntos para ser discutidos en cada sector para empezar a elaborar nuestro programa económico y político:
Junio de 1999
Sebastián Marlés
EL gobierno del conservador Andrés Pastrana, presidente de Colombia, presentó ante el parlamento su Plan de Desarrollo «Cambio para Construir la Paz» y se desencadenó un movimiento de protesta, a cuya vanguardia estuvo la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que lanzó a los 300.000 docentes de enseñanza básica y media al paro indefinido desde el 19 de abril del presente año, y lo suspendió el 7 de Mayo sin haber impedido la aprobación del Plan.
Alrededor de este movimiento de protesta convergieron otros sectores estatales, como los empleados de los servicios de salud y los estudiantes de las universidades públicas, pero el movimiento, que políticamente se planteó un objetivo más ambicioso que el paro estatal de octubre de 1998 (ver Panorama Internacional No. 8 . Diciembre de 1998), no logró centralizar las luchas de otros sectores sociales que también enfrentaban al gobierno. La dirección política y sindical del paro impidió que se concretara un Encuentro Nacional Obrero y Popular que hubiera vinculado a los trabajadores del sector privado amenazados con una nueva contrarreforma laboral y amedrentados por el desempleo creciente, a los campesinos desplazados por la violencia y la crisis del agro, a los sectores populares de las grandes urbes acosados por las tarifas de los servicios públicos y el hambre y a la clase media asfixiada por los impuestos y el endeudamiento con los bancos.
El impacto del plan contra el nivel de vida de los trabajadores colombianos será tan profundo como la contrarreforma laboral impuesta bajo el gobierno del liberal César Gaviria y desarrollada después por el liberal Ernesto Samper. La mencionada contrarreforma desmanteló casi todos los derechos conquistados por el movimiento sindical a lo largo de cincuenta años de lucha, en particular las condiciones del contrato de trabajo, las jubilaciones y los servicios de salud.
Los tres últimos gobiernos, al amparo de la Constitución de 1991, han atacado sin piedad los derechos de los trabajadores, tratando de adecuar la economía colombiana a las exigencias neoliberales del imperialismo mundial, con el objetivo central de garantizar el pago de la deuda externa, acrecentar la rentabilidad de las inversiones imperialistas y reorientar la producción industrial hacia el mercado externo. Si bien el gobierno de Samper se vio obligado a moderar el ataque a los trabajadores —producto de la crisis política inducida por el propio gobierno yanqui a propósito del financiamiento de su campaña electoral por parte de la burguesía narcotraficante—, el de Pastrana tiene el compromiso de recuperar el terreno perdido, apretando el acelerador neoliberal.
A fines del año '97 la crisis económica mundial sacudió como un terremoto al sudeste asiático. La onda expansiva puso a temblar los mercados de valores en todo el mundo amenazando los propios centros del capital imperialista mundial. Durante el '98 los economistas burgueses y sus gobiernos sólo pudieron asistir como espectadores impotentes a la evolución del sismo económico, rogando al dios del dinero que preservara la estabilidad de la economía norteamericana. Al iniciarse 1999 una nueva réplica puso de presente que las edificaciones agrietadas de las economías nacionales siguen siendo sacudidas por el terremoto económico mundial: Brasil tembló bajo el efecto «samba», su moneda se desplomó de un día para otro y los mercados financieros del propio Nueva York sintieron la sacudida. Más tarde fue Ecuador el afectado, con la devaluación masiva de su moneda.
Esta crisis mundial se está manifestando crudamente en Colombia. A los diferentes sectores de la burguesía y el imperialismo les preocupa porque son concientes de que la economía colombiana seguirá en estado de coma durante todo el año '99. A fines de 1998, el expresidente liberal Alfonso López Michelsen sintetizó este pronóstico en un artículo titulado «Volver a ser pobres», afirmando que no habría recuperación económica porque Colombia siempre había dependido de las bonanzas en el precio de las materias primas como las esmeraldas, el café, el petróleo o la coca, y que hoy el precio de todos esos productos está en baja en el mercado mundial, o prohibida su producción, como es el caso de los narcóticos. En el mismo sentido se pronunció Rudolf Hommes, exministro de economía de Gaviria, quien agregó algo clave: que la única posibilidad de recuperación económica sería una negociación de paz exitosa con las principales organizaciones guerrilleras. Según los cálculos de la burguesía, el cese de hostilidades permitiría una recuperación de 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Después de aprobado el plan los indicadores económicos han seguido en rojo: el director del Departamento Nacional de Planeación informó que la recesión era la peor de los últimos 60 años. La especulación en el mercado de divisas dinamitó el techo de la banda cambiaria, a pesar de las medidas tomadas por el Banco de la República, responsable constitucional de la estabilidad monetaria. El gobierno había anunciado que la devaluación proyectada del peso frente al dólar sería del 25% en 1999 para beneficiar a los exportadores y a las multinacionales —a pesar de que dicha medida aumentaría aún más el peso de la deuda externa sobre el deficitario presupuesto estatal— pero sus propios cálculos fallaron, pues en la primera quincena de julio la devaluación superaba el 20% y seguía carcomiendo aceleradamente la moneda. Fuera de eso, voceros de los empresarios en el parlamento estaban exigiendo que el estado se hiciera cargo del 50% de la deuda externa privada, pues dos de los principales grupos empresariales (Santodomingo y Ardila Lulle) estaban fuertemente endeudados en dólares. Si esto se llevara a cabo el servicio de la deuda absorbería casi el 70% de las finanzas estatales en el '99.
La situación de las entidades financieras siguió agravándose. El año pasado el gobierno estatizó Granahorrar, una de las principales corporaciones de ahorro, destinando para su salvamento US$ 150 millones. Después debió dar respaldo a varias entidades cooperativas que entraron en bancarrota, y recientemente tuvo que intervenir dos bancos de capital ecuatoriano que fueron afectados por el agravamiento de la crisis en el vecino país. Se vivió incluso un conato de pánico financiero pues los cuentahabientes de Davivienda, otra de las principales corporaciones de ahorro y vivienda, en un solo día retiraron $34.000 millones por un rumor difundido a través de Internet. Poco después el gobierno decretó que los deudores de créditos para vivienda en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) podrían cancelar sus deudas con las corporaciones entregando sus casas y apartamentos. Esta expropiación masiva de viviendas, una verdadera contrarreforma urbana, está dejando sin techo a miles de familias que ya habían pagado con creces el valor real de sus propiedades. Desde el año pasado multitudinarias manifestaciones de deudores exigen al gobierno la abolición del UPAC como mecanismo de financiación de vivienda familiar.
La crisis del sector financiero es tan grave, y la parálisis económica de tal magnitud que el gobierno decidió asumir el respaldo a la totalidad de los bancos para que concedieran crédito al sector productivo, asignando para ello $1 billón 200.000 millones. Asumió además la capitalización del Banco del Estado y Uconal, entidades financieras estatales, inyectándoles $ 600.000 millones y un monto similar se destinó al Banco Central Hipotecario, también estatal. El objetivo declarado es poner todas estas entidades en venta. Estas medidas han sido parte de un proceso acelerado de concentración de la propiedad en el sector financiero, y fueron tomadas como consecuencia de una visita del Fondo Monetario Internacional, junto con la liquidación fulminante de la Caja Agraria –el principal banco estatal de fomento agropecuario— y la aceleración de la devaluación de la moneda nacional.
Es esta crisis económica —manifestación doméstica de la crisis mundial—, y sus pavorosas consecuencias sociales, la que quiere sobreaguar la burguesía con las medidas contenidas en el plan.
El Plan de Pastrana no es un plan de desarrollo en el sentido de estimular el crecimiento de la industria nacional y orientar la producción a satisfacer las necesidades del mercado interno, como fue el modelo introducido por la Cepal (Comisión Económica para América Latina) en la décadas anteriores, con la estrategia de sustitución de importaciones y la protección arancelaria de las economías nacionales. Si su objetivo fuera el desarrollo tendría que prever altos niveles de inversión en sectores estratégicos con los cuales se preparara Colombia a competir en un mercado mundial en crisis. En ese aspecto la burguesía colombiana nunca hizo inversiones importantes en ramas de punta como maquinaria pesada, automotores, siderurgia, informática, petroquímica, biotecnología, como lo hizo en su momento el Brasil, que a pesar de ello, y por ello, está siendo sacudido por la crisis mundial.
En realidad, en el terreno económico, el plan Pastrana sólo busca ayudarle a sobrellevar la crisis a los sectores más parasitarios de la economía, como el financiero, con la esperanza de que las negociaciones de paz restablezcan la confianza de la burguesía imperialista en la inversión productiva. Mientras tanto la única estrategia será seguir endeudando al país, continuar vendiendo las entidades productivas del estado, reducir los gastos en el sector social, aumentar los impuestos y flexibilizar el mercado laboral. Anticipos de esta estrategia han sido un brutal ajuste fiscal, la modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la liberación de las tarifas de los servicios públicos y los precios de la gasolina, la reducción de salarios del sector estatal y el 2 por 1.000 de impuesto a las transacciones financieras. Este último impuesto pone en evidencia a quién quiere beneficiar Pastrana, al entregar dos billones de pesos (US$ 1.300 millones aproximadamente) al sector financiero, sacándolos directamente de los bolsillos de los ahorradores.
La estrategia de Pastrana quedó condensada en la ley del Plan cuyos ejes son: garantizar el pago de la deuda externa, descentralización de las finanzas públicas para descargar en los municipios el déficit fiscal, terminar de privatizar telecomunicaciones e hidrocarburos y una contrarreforma que privatiza la educación pública, desmonta definitivamente el régimen laboral del magisterio y culmina la privatización de los servicios de salud.
La venta directa de las entidades productivas del estado continuará, facilitando a los compradores el acceso a los paquetes accionarios al no fijar con anticipación valores mínimos de las mismas. Se asistirá así a un verdadero «remate» de empresas públicas, más descarado que en los últimos años. El sector energía ya casi está totalmente privatizado, y en telecomunicaciones la competencia sin reglas terminará debilitando a la empresa estatal Telecom —encargada de las comunicaciones de larga distancia nacional e internacional— y a las telefónicas municipales que aún no estén privatizadas. En el caso de los hidrocarburos, la Ley del Plan brinda mayores garantías al capital extranjero asociado haciendo más rentables sus inversiones. Una medida inmediata fue aumentar la participación extranjera en las utilidades de los nuevos yacimientos petrolíferos de un 50% a un 70%. Por otro lado se ataca el régimen laboral especial de los trabajadores de la estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), el núcleo más importante del proletariado industrial.
El Régimen Especial del magisterio (Estatuto Docente y Régimen Prestacional y Pensional) así como la educación a cargo del Estado, serán arrasados por el Plan de Desarrollo, la reforma al Sistema de Seguridad Social (Ley 100) y la política de descentralización educativa.
La ley del Plan liquida definitivamente el régimen pensional de los docentes, eliminando la compatibilidad entre pensión y salario –que permitía a los docentes continuar laborando depués de haber llenado los requisitos para jubilarse— y reliquidando las pensiones reconocidas actualmente. La modificación de la ley 100 por su parte extiende su aplicación a todos los trabajadores del sector público eliminando los regímenes especiales de los obreros petroleros y el magisterio. De esta manera todos quedarán cobijados por la ampliación de la edad para pensión a 60 y 65 años para mujeres y hombres respectivamente, y la liquidación de la misma por el promedio salarial de los últimos diez años, rebajando de golpe las pensiones en un 30%.
Como si fuera poco, y para garantizar la aplicación total del plan en el magisterio, pretende eliminar la estabilidad laboral mediante los traslados arbitrarios, apoyándose en el argumento de la «racionalización» de la planta de personal, definiendo que a quien no acepte el traslado se le retirará del servicio con «indemnización»; y finalmente echando a la calle a los educadores que no aprueben la evaluación impuesta por el gobierno. En el mismo sentido, quiere impedir el ascenso en el escalafón imponiendo nuevos requisitos.
Se profundiza la descentralización de la educación pública dejando en manos de las “madres comunitarias” la educación preescolar. Las “madres” son amas de casa de los sectores más pobres que se hacen cargo del cuidado de los niños de la comunidad, a cambio de un salario inferior al mínimo y con recursos ínfimos para la alimentación y cuidado de los infantes. Se adjudica a los municipios y departamentos la responsabilidad de la educación media (grados 10 y 11). Con la destinación de recursos por estudiante matriculado entrega a los Consejos Directivos de cada institución una miseria para que éstas respondan por todos los gastos educativos, que serán trasladados inevitablemente a los padres de familia.
También el gobierno prepara la reestruccturación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad estatal que se nutre de impuestos con destinación directa, aplicados a la nómina de las empresas privadas y públicas, con el objetivo de brindar formación profesional a nivel técnico. Es conocido por sus beneficiarios como “la universidad de los pobres”. A pesar de haber sido funcional al modelo de desarrollo anterior, que exigía mano de obra capacitada por el estado, la reorientación del aparato productivo y la necesidad de eliminar impuestos al capital, se concreta en un proyecto de privatización del Sena y la eliminación de las conquistas laborales de sus funcionarios.
Para las universidades públicas la aplicación del plan se realizará modificando la Ley 30, que regula la educación superior, imponiendo una disminución de su presupuesto equivalente al 70%, obligándolas a acelerar el aumento del costo de las matrículas, expulsando así a todos los estudiantes de escasos recursos. Las medidas anunciadas por el gobierno estan orientadas a subsidiar la demanda, haciendo préstamos directos a los estudiantes, como una manera de desviar recursos estatales para favorecer a los empresarios de las universidades privadas afectadas por la crisis de la clase media, y reducir el subsidio a la oferta, del cual depende el presupuesto de las universidades estatales.
Ante la catástrofe que sus propios planes han provocado la burguesía no modificó el plan; al contrario, lo va a profundizar. Esta segunda contrarreforma laboral, gestionada a través de proyectos de ley paralelos a la Ley del Plan, busca liquidar definitivamente los últimos obstáculos legales para la sobreexplotación de los trabajadores. Como plan de choque para incentivar el empleo, pretende eliminar el salario mínimo. Ya dió un paso adelante en ese sentido, con la complicidad de la cúpula sindical, al reducir, por primera vez en muchos años, el valor nominal de este, al decretar sólo un 16% de aumento para el año 1999, frente a una inflación del 20% en 1998. Además quiere introducir fórmulas como la contratación con el 80% de ese salario a los menores de edad y la autorización a que las Cajas de Compensación Familiar y la Red de Solidaridad Social, puedan contratar a cualquier trabajador por ese monto. En el mismo sentido plantea un plan de obras públicas, como construcción de vías, que se realizarían en esas condiciones laborales.
El plan para abaratar y flexibilizar aún más la contratación de mano de obra ya está en marcha con las reformas a la Ley 100, eliminación de la retroactividad de las cesantías (que conservaban su valor aplicando intereses sobre el ahorro y eran una de las principales fuentes de crédito para la vivienda de los trabajadores), y la reforma a la Ley 50 que establece el régimen laboral, introduciendo el salario mínimo integral (sin prestaciones sociales como cesantías, pensión, subsidio de transporte, etc.) que es un sueño largamente acariciado por la burguesía colombiana. Otro ingrediente del ataque al salario es la disminución del costo del trabajo extra por fuera de la jornada laboral, incluidos los dominicales y festivos, que ya viene siendo aplicado en numerosas empresas, al margen de la ley. Además de esto, se quiere aumentar la edad para jubilarse, y aumentar el número de semanas que el trabajador debe hacer sus aportes para hacerse acreedor a la pensión, dando más ganancias a los fondos privados.
Las medidas son tan crudas que la burguesía del Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados por la recesión, se atrevió a proponer que era necesario ir más a fondo, «suspendiendo» durante un año toda la legislación laboral. Colombia sería así una gran «maquila»: aquellas zonas francas establecidas en otros países para que las multinacionales puedan explotar trabajo asalariado sin restricciones legales.
En este mismo sentido se pronunció Santodomingo, cabeza del grupo cervecero Bavaria, proponiendo que se redujeran las rentas parafiscales, impuestos a la nómina, destinados al sostenimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje y el Bienestar Familiar, además de dejar flotar libremente el cambio del dólar, en lugar de seguir controlando la inflación con medidas monetarias. Muchos analistas están de acuerdo que la disminución de la inflación tiene más que ver con la recesión —el desempleo, el crédito caro y la disminución de la capacidad de compra de los consumidores— que con eficiencia productiva o productos baratos.
Casi medio centenar de parlamentarios, en su mayoría liberales adeptos a Horacio Serpa –-Ministro del Interior durante el gobierno de Samper y candidato a la presidencia derrotado por Pastrana— y sus aliados, se retiraron de las sesiones y en la plaza anunciaron que se oponían a la aprobación del Plan; finalmente la mayor parte de ellos retornaron al recinto y votaron a favor al ser amenazados con retirar del proyecto de ley franjas del presupuesto que beneficiaban a sus regiones, les permiten jugosos negociados y la conservación de su electorado. Después de haber sacado a los medios de comunicación del recinto y suspendido la transmisión de las sesiones por la cadena de televisión estatal, aprobaron el Plan de Pastrana sin modificaciones sustanciales; una «superley», con rango cuasiconstitucional, pues modifica 112 leyes de diferente rango que le anteceden y condiciona las leyes posteriores que la contradigan. Hoy todo el pueblo colombiano está bajo la dictadura del plan. Dictadura no en sentido figurado: si el plan no hubiera sido aprobado por el Parlamento, Pastrana estaba facultado para expedirlo por decreto, lo que evidencia el carácter autoritario del régimen.
Por su contenido el Plan de Desarrollo de Pastrana, denominado cínicamente «Cambio para construir la Paz», es una declaración de guerra contra los trabajadores y el pueblo colombiano. La primera batalla para enfrentarlo se perdió, no por falta de arrojo de los miles de combatientes, a cuya vanguardia estaban los maestros, sino porque los «comandantes» —el Comité Ejecutivo de la Fecode, la dirección de las centrales obreras y el flamante «Comando» Nacional Unitario, donde tienen asiento los principales sindicatos del país— solo sirvieron para encabezar una vergonzosa retirada. Los partidos políticos de izquierda que controlan dichos organismos, el Partido Comunista, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (Moir), socialdemócratas, serpistas y Comuneros, son los responsables políticos de esta nueva derrota, que se suma a la del Paro Nacional Estatal de octubre de 1998, y ha desmoralizado aún más a los trabajadores, desarticulando la resistencia a la ofensiva gubernamental.
El gobierno envalentonado, y presionado por el propio imperialismo, acentuó su ataque y acudiendo a facultades extraordinarias, expidió a fines de junio una andanada de decretos de reestructuración de entidades del estado, que implicaban el despido de unos 10.000 trabajadores más. La burocracia sindical, acorralada, convocó un encuentro nacional de trabajadores para los días 23 y 24 de julio en el que se definiría la hora cero de un Paro Cívico Nacional. Aunque la medida era tardía, expresaba la desesperación de la burocracia ante los desplantes gubernamentales y la presión de las bases sindicales por dar una respuesta unificada a la aplicación del Plan. Como aderezo la alta dirección sindical anunció su marginamiento de la Comisión Temática de las negociaciones de paz.
La aplicación del Plan no servirá de nada a la burguesía sino se profundizan las posibilidades de sobrexplotación de los trabajadores y se controla el «conflicto interno» con las dos más poderosas organizaciones guerrilleras —las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Su enfrentamiento militar al régimen podría coincidir con el creciente malestar obrero, campesino, estudiantil y popular provocado por la grave crisis económica y social y los efectos de choque del propio plan. A la guerrilla por su parte no le conviene salir a la vida pública en medio de una situación socialmente explosiva que la coloque en el ojo del huracán.
La aprobación de la agenda de negociación con las FARC —cuya discusión se iniciaba el 7 de julio, pero fue aplazada unilateralmente por la organización insurgente para el 20— hace pensar a algunos voceros de la burguesía que el proceso es irreversible, aunque se seguirán presentando importantes contradicciones entre alas de la burguesía y del propio imperialismo.
En parte estas fueron las que provocaron la renuncia del Ministro de Defensa —el ultraderechista Rodrigo Lloreda, miembro de los sectores tradicionales de la burguesía del Valle del Cauca— y provocó un conato de crisis en la cúpula militar, superada rápidamente por Pastrana, quien recibió el respaldo inmediato de Clinton.
Todos los involucrados en la negociación saben que el dinero que está en juego es mucho. Si tenemos en cuenta que algunos analistas económicos llegaron a pronosticar un crecimiento 0 para el año '99, es comprensible que alas importantes de la burguesía y el imperialismo vean que la «paz» es un buen negocio, pues les permitiría recuperar los 4 puntos del PIB que mencionamos antes. Cada punto se calcula en mil millones de dólares.
Lo que ha obligado a Andrés Pastrana —hijo del expresidente Misael Pastrana, bajo cuyo mandato se reprimió sangrientamente la movilización campesina de inicios de la década del '70— a convertirse en un apóstol de la paz es la intervención directa del Departamento de Estado yanqui. Fue el gobierno de Clinton quien inició en secreto las conversaciones con las FARC, con objetivos muy precisos: lograr el control total sobre una de las ramas de producción más importante de la economía mundial, la producción y distribución de narcóticos, —EE.UU. es un importante productor de precursores químicos y el más ávido consumidor de estupefacientes— y pacificar un territorio estratégico respecto de América Latina, y también promisorio económicamente como el «secreto mejor guardado del mundo», según palabras de Pastrana, por sus riquezas en materias primas y biodiversidad. No es casual que en las conversaciones con las FARC la discusión sobre sustitución de cultivos incluya como alternativa la reforestación y la protección de la diversidad biológica.
Esta es una de las razones por las cuales se da un tratamiento diferenciado a las dos organizaciones guerrilleras. Las FARC cuentan con influencia incuestionable en amplios territorios donde la principal fuente de ingresos ha sido la siembra de coca y amapola, su recolección, procesamiento y exportación de cocaína y heroína. Su origen campesino, y el actuar como «Estado» en estos territorios de colonización le ha permitido conservar una importante base social que nutre permanentemente sus filas a pesar de haber perdido influencia política e ideológica en las grandes ciudades, donde se concentra hoy el 70% de la población del país, en particular el proletariado industrial. No obstante eso, la burguesía ha tenido que reconocer que es prácticamente imposible derrotarla militarmente sin arriesgar la estabilidad del régimen político. La dirección de las FARC es consciente de este poder y lo utiliza como herramienta de negociación, imponiendo condiciones como el despeje militar de una amplia zona de distensión (44.000 km2) y exigiendo el desmantelamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que agrupa al ejército paramilitar “contra” organizado por el ala más reaccionaria de la burguesía y el imperialismo.
El tratamiento casi displicente hacia el ELN, respondido con acciones desesperadas como el secuestro de un avión civil de pasajeros y la toma masiva de rehenes en una iglesia de Cali, tiene que ver con la propia división de las organizaciones guerrilleras. Mientras las FARC buscaron como interlocutor directo al gobierno yanqui, el ELN estableció negociaciones a través de la iglesia y el gobierno alemán. Los imperialismos yanqui y europeo, en disputa por áreas de influencia política, económica y militar, utilizan su relación con las organizaciones insurgentes para ponerse mutuamente zancadillas. Si al final del gobierno de Samper se dio gran despliegue al proceso de negociación con el ELN iniciado en la Puerta del Cielo (monasterio en Maguncia, Alemania), Pastrana le ganó las elecciones apoyándose en la promesa de paz con las FARC. De allí en adelante, a pesar del supuesto exceso de concesiones de parte del gobierno para con los insurgentes, las negociaciones han avanzado por buen camino para la burguesía que, después de definida la agenda de discusión, sabe que no se pretende el establecimiento de un estado socialista sino unas reformas parciales al régimen político y algunas medidas económico-sociales que no afectarían sustancialmente la aplicación del Plan. Tanto es así que los negociadores de las FARC han sido visitados por una grupo de congresistas del Partido Demócrata yanqui, quienes se comprometieron a impulsar en el Parlamento el respaldo al proceso de paz. Poco después vino Richard Grasso, presidente de la Bolsa de Nueva York, a conversar con los comandantes guerrilleros y explicarles las ventajas del capitalismo contemporáneo (ver recuadro “La amenaza fantasma” ).
Si se examinan detenidamente estos planteamientos, el objetivo de las FARC no es eliminar las causas reales de la grave crisis social que afecta a los trabajadores y a los pobres del país —la propiedad de los capitalistas nacionales y extranjeros sobre los medios de producción y cambio, las fábricas, las tierras, los bancos y un estado burgués garante de esta propiedad y sometido a los planes impuestos por el imperialismo— sino sólo paliar sus efectos. La limitación de este programa se puso en evidencia en la actitud política de las FARC frente a la movilización masiva de los trabajadores estatales contra el gobierno de Samper y después contra el gobierno de Pastrana: en la mesa de negociaciones nunca se ha puesto como condición la solución a las exigencias de los trabajadores en lucha, que han confrontado el plan de sobrexplotación de la burguesía y el imperialismo, todo lo contrario, durante el paro nacional del magisterio, el propio Manuel Marulanda (el legendario guerrillero apodado Tirofijo y máximo dirigente de las FARC) llamó a «rodear al gobierno» en su Plan de Paz.
La plataforma política del ELN no es sustancialmente diferente. La radicalidad coyuntural de sus acciones sólo tiene como objetivo exigir el mismo estatus que se ha reconocido a las FARC y reiniciar la negociación de una agenda que incluye puntos como la política petrolera, frente a la cual reivindican, no la expulsión de las multinacionales que saquean éste recurso natural y su expropiación sin indemnización, sino simplemente unas condiciones contractuales más favorables al país.
Esta política ha sido la expresión nacional del giro a la derecha de las direcciones del movimiento obrero a nivel mundial, en particular la deserción de la burocracia estalinista, su incorporación acelerada a las filas de la burguesía y la implementación de los planes de restauración capitalista en los antiguos estados obreros. La burocracia que antes resistía los ataques al movimiento obrero para conservar la fuente de sus privilegios —sindicatos o estados— es hoy agente directo de los planes burgueses. En estas condiciones la crisis de dirección del movimiento obrero se ha agudizado y es el elemento cualitativo de la actual situación mundial.
En Colombia es notorio el rol de freno que cumplen la direcciones políticas de izquierda en las organizaciones sindicales, impidiendo la convergencia de las luchas de resistencia, su centralización y la concresión de una acción nacional unificada como una Huelga General. Todas estas direcciones, en particular el Partido Comunista y los socialdemócratas, sacrifican ante el altar de la paz burguesa las aspiraciones de las masas con la esperanza de seguir disfrutando sus privilegios. Una expresión nítida de ello fue que su retiro de la Comisión Temática de las negociaciones de paz, producido en medio del despido de los 8.000 trabajadores de la Caja Agraria, se dio por que “el gobierno no había explicado sus medidas en la Mesa de Concertación” (sic). Esta cúpula sindical sólo representa al 5% de los trabajadores, que son los organizados sindicalmente, en particular a los sectores estatales, pues los del sector privado desde hace una década vienen perdiendo sus conquistas fundamentales. En las luchas de resistencia de este sector mayoritario frente a la crudeza del Plan están cifradas las esperanzas de los revolucionarios que luchan por contruir un Partido Socialista de los Trabajadores.
Notas
[*] Texto del Proyecto de Ley 173
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