Medios

                                Jaque maTV

La nueva Ley de Telecomunicaciones neutraliza cualquier intento populista de futuros mandatarios en su contra. Se trata de una jugada en la que aun los diputados enemigos de la televisión comercial cooperaron para su aprobación

ABRIL, 2006. Como en casi toda la legislación mundial, en México el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado. Asimismo, el conseguir una autorización por parte de los particulares no es fácil, y de hecho hasta hace poco era terreno "estratégico" en países como España y Gran Bretaña, donde la BBC y TVE mantenían un virtual monopolio de las comunicaciones, situación que fue midificada hasta que ambos entraron a la Comunidad Económica Europea. Pero de cualquier modo no deja de acarrear trámites largos y que, claro, requieren dinero, mucho dinero. Pero tiene su recompensa: una frecuencia comercial es un negocio absolutamente redituable.

En Estados Unidos, por ejemplo, las frecuencias se otorgan a través de permisos otorgados por la Federal Communication Committee (Comité Federal de Comunicaciones, o FCC) luego que los solicitantes entregan la información referente a la ciudad, aspectos demográficos, alcances de onda y demás. Dentro de tales parámetros, es la densidad poblacional la que determina el número de frecuencias radicales y televisivas disponibles. 

Sin embargo, en 1996 hubo una enmienda constitucional la cual, hasta entonces, limitaba a tres la cantidad de frecuencias de un solo permisionario en una comunidad. Tras modificarse la Ley, y dejar la cantidad sin límites, grupos relativamente pequeños, como Clear Channel, con sede en San Antonio, Texas, se convirtió en un monstruo radiofónico: hoy posee más de 1,300 difusoras en Estados Unidos así como frecuencias en Canadá y Puerto Rico así como participación accionaria en México, donde la Ley prohíbe otorgar concesiones a extranjeros.

En el caso de este país, los permisos se aprueban únicamente cuando se trata de frecuencias públicas, comunitarias o universitarias sin fines de lucro. Tal es el caso de Canal 11 del Politécnico, TV UNAM, el Canal de Congreso y otras más. Pero si se busca la explotación comercial entonces el Estado otorga una concesión la cual suele cubrir un periodo determinado, o al menos eso es lo que dice la Ley pues, como se sabe, la discrecionalidad ha abundado en el asunto desde que se dieron las primeras concesiones radiofónicas a fines de los años 20.

Y como se ve, el mismo término concesión indica un lenguaje de implicaciones virreinales. Esta situación se utilizó como arma por el Estado como forma de intimidación a los medios que asumieran una posición crítica o discordante con lasn versiones oficiales. Para evitar disgustos con el Señor Presidente, estos medios optaron por la autocensura como ocurrió con lo del Tlatelolco en 1968 y en 1971 durante el "halconazo"; no hubo amenazas directas, cierto, pero era un acuerdo tácito el no "mover las aguas" entre el Estado y concesionarios (desde el sexenio de Zedillo el Estado mexicano ha dejado de blandir las amenazas implícitas y con el presidente Fox el asunto prácticamente no se ha tocado).

Adquirir una concesión no es fácil: se necesita un respaldo de miles de dólares, los contactos adecuados dentro del gobierno, los "compadres" y, sobre todo, un aval por parte de los demás concesionarios, factor importante al momento de la licitación. Dicho de otro modo, el que un ciudadano común se haga de una concesión es una posibilidad bastante remota; ha habido casos, debido más que nada a la "ayuda" de un político poderoso, un empresario con recursos, etcétera.

¿Cuál es, pues, el alboroto a la nueva Ley de Radio y Televisión, más conocida como "Ley Televisa"? En principio, otorga la facultad a los concesionarios mayores --Televisa y TV Azteca-- ser parte de la "consulta" para otorgar futuras concesiones, lo que coloquialmente llamaríamos "tener baraja alta" y algo que irritó sobremanera a las ONGs y demás grupos sociales, obtener prioridad al momento de ponerse a licitación las nuevas formas de transmitir a través del espectro radioeléctrico (algo que, en la práctica, ya sucede). Ello significa que, al momento de poner más concesiones al postor, tanto TV Azteca como Televisa obtendrían una frecuencia, y como esta última televisora también maneja varias señales radiales, sus posibilidades se incrementan notablemente.

Por supuesto que la gente de Emilio Azcárraga Jean opina diferente. Para ellos, la nueva Ley "elimina la discrecionalidad en torno a la adjuidicación de frecuencias por parte del Estado", según informaba un spot que sus canales transmitieron al día siguiente que la iniciativa fuera aprobada por el Senado. pero si bien el Estado se reserva su derecho a otorgar permisos de licitación pública --como ocurre con la planeada expansión de XHIPN, el canal del Politécnico que planea distribuir abiertamente su señal en todo el país-- el uso de concesiones comunitarias o en poblados pequeños se vería amenazada pues requerirían de publicidad para anunciarse (el canal del Politécnico transmite comerciales sólo en horarios específicos)

                                        Ingenuos o cómplices

Un aspecto bastante curioso en torno a la Ley es que tanto los diputados del PRD como del PRI coincidieron en que "no la habían leído en su totalidad" y por ello la aprobaron. Semejante ingenuidad no puede tomarse como argumento cuando las palabras "concesión", "explotación comercial" y "privadas" levantarían las cejas incluso a sus legisladores menos radicales. La explicación más obvia es que hubo "línea" hacia ambos partidos para que la iniciativa fuera aprobada "prácticamente sin comas", algo que convierte la justificación en algo imposible de creer.

La "línea" también tiene lógica. Si la Ley hubiera sido detenida o alterada sustancialmente, los responsables habrían perdido muchísimo terreno político ante la respuesta de las televisoras, ya sea en noticieros o meras campañas en contra. Quien haya ordenado a los diputados que aprobaran la "Ley Televisa" cuenta con enormes aspiraciones políticas, sin duda. Y ese alguien aún no ha abierto la boca pese a lo que en apariencia es un error garrafal por parte de los diputados de su partido. Es un tema que, hasta ahora, no ha tocado.

Los tiempos en que entró la iniciativa para su análisis en el Congreso (apenas unos días después de quedar designados los tres principales candidatos) es otra jugada magistral en respuesta, seguramente, a que en el 2001 varios diputados perredistas enviaron una iniciativa que sugería "reasumir" las concesiones y "repartirlas" entre prístinos miembros de la sociedad civil, comunidades, instituciones educativas y aun ONGs. La idea, al parecer, le ha parecido viable al candidato López; no fue aprobada entonces pero ahí continúa, en espera de tiempos que le sean más favorables.

Pero ahora, y con la aprobación de esta Ley tal pretensión se complica pues los concesionarios existentes tendrían derecho a participar directamente en las consultas.

Así pues, esta ley fue llevada al Congreso en tiempos convenientes, se orilló tácitamente a los legisladores de todas las facciones para que la apoyaran y deja de herencia un "candado" en caso que un presidente en el futuro quiera requisar las concesiones con la consabida frase de "ser un bien público".

Una jugada magistralmente maquiavélica de Televisa. Hay que reconocerlo.