INICIAR EL SIGLO XXI CON MAS DEMOCRACIA Y MAS DERECHOS.
BASES PROGRAMATICAS DE LA CONCERTACION
Junio de 1999
Propuestas programáticas de Regionalización y Descentralización.
1.3 Revalorización de los espacios rurales.
Una política de ordenamiento del territorio requiere dar una mayor atención al desarrollo de los espacios rurales y una revalorización de la cultura campesina. En este contexto la actividad agrícola ocupa un lugar central.
La producción agrícola y la economía rural son altamente sensibles al comportamiento del resto de la economía nacional e internacional. Deberá seguir siendo la transformación productiva de la agricultura el eje central para adecuar el sector a la estrategia de crecimiento y desarrollo nacional
Para lograr esta transformación productiva hay que seguir avanzando en la resolución de tres problemas fundamentales que afectan a la agricultura y, en especial, a la agricultura familiar campesina: el acceso a recursos financieros, el desarrollo de capacidades de gestión y el fortalecimiento de las organizaciones, tanto de carácter económico como de representación.
En este contexto el desarrollo de una política agrícola debe reconocer la heterogeneidad del sector. Por un lado, hay un sector de agricultores que han logrado mayores niveles de productividad y un alto nivel de capitalización, que compiten con gran fuerza en los mercados internos y externos.
También nos encontramos con un sector de pequeños productores agrícolas y campesinos con menores recursos productivos, los cuales han realizado esfuerzos significativos en los últimos años, muchos de ellos superando las condiciones de pobreza en que se encontraban, pero aún quedan importantes sectores campesinos rezagados, cuyas potencialidades productivas no ha sido posible desarrollar.
Mientras mayor sea el ritmo de crecimiento económico, mayores serán los espacios de encuentro y oportunidades de progreso que se abren hacia el sector rural. Pero el crecimiento económico no basta para eliminar la pobreza. El compromiso del Estado y la sociedad con los más pobres es lo que hace la diferencia, por lo cual se debe seguir combinando necesariamente medidas orientadas a la integración productiva y económica con políticas sociales.
Por tanto, los subsidios y/o bonificaciones deberán seguir siendo otorgados preferentemente a pequeños y medianos productores, teniendo siempre presente la necesidad de desarrollar su propia capacidad de ahorro y la formación de capital productivo.
Los ejes estratégicos necesarios de profundizar en el tercer Gobierno de la Concertación son:
- Desarrollar nuevos mercados, cada vez más diversificados, para nuestros productos agrícolas, pecuarios y forestales, perfeccionando los mercados agrícolas internos y procurando la estabilización de los precios de productos sensibles, de acuerdo con las variaciones tendenciales de los precios internacionales.
- Mejorar y perfeccionar la vinculación entre el sistema financiero y la agricultura, ya que esto es imprescindible para estimular el cambio tecnológico, el desarrollo de nuevas opciones productivas, el mejoramiento de la gestión empresarial y la intensificación de las exportaciones.
- La aplicación de transferencias directas focalizadas, como estímulos para acelerar la transformación productiva del sector.
- La inversión del Estado en riego, que constituye uno de los mayores estímulos para la transformación y el desarrollo productivos de la agricultura.
- La preocupación por el patrimonio de recursos naturales del país, que valore la amplia biodiversidad como fuente de crecimiento y de desarrollo de nuevas oportunidades productivas.
1.3.1 La agricultura familiar campesina.
La agricultura familiar campesina está constituida por entre 225.000 y 250 000 familias, que representan una población de 1.200.000 personas, equivalente a casi la mitad de la población rural.
La heterogeneidad de la agricultura campesina y la fuerte relación que se da entre la unidad de gestión económica y la unidad de vida de la familia, son dos elementos necesarios de tener presentes al abordar su fomento y desarrollo. Los campesinos, considerados individualmente o asociados, son sujetos activos y protagonistas de su desarrollo. En su esfuerzo de emprender e innovar, el pequeño productor requiere desarrollar vínculos asociativos, tanto en función de economías de escala como con la finalidad de establecer y ampliar las relaciones económicas para sus metas productivo-comerciales.
El hábitat rural está constituido a lo largo y ancho del país por cerca de 2.000 pueblos y caseríos, que bien pueden ser asentamientos históricos o tradicionales, o asentamientos establecidos en los últimos 30 años y que están afincados en condiciones muy precarias. Nuestra sociedad debe ejercer una territorialidad responsable. Ello no es fácil y tiene un alto costo por la tendencia hacia la concentración urbana industrial y de servicios, heredada de la era industrial.
La revalorización de la agricultura campesina
y del desarrollo rural debe orientarse hacia una mayor inversión
en las personas y al mejoramiento de los servicios básicos y la
infraestructura.
1.3.2 Infraestructura para el desarrollo rural.
Desarrollaremos, en primer lugar, un programa de obras orientado al desarrollo sustentable de las cuencas hidrográficas del país. Dicho plan pone especial énfasis en el manejo óptimo multipropósito de los recursos hidráulicos, privilegiando el desarrollo de las áreas de mayor atraso económico y social. Prestará gran atención a aquellas áreas en las cuales el desarrollo de las obras de riego aporta soluciones al problema de las etnias con menor grado de desarrollo.
Si bien es cierto que “el agua es un bien nacional de uso público”, no lo es menos que los procedimientos establecidos en el actual Código de Aguas, que aún no se ha podido modificar, han permitido privatizar gratuitamente prácticamente la totalidad de los derechos sobre ella. Dicha situación, de no ser resuelta, será una dificultad y un posible factor de encarecimiento artificial de los planes de obras hidráulicas.
Las obras de aprovechamiento de los recursos hidráulicos históricamente han debido ser subsidiadas, dado que el sector agrícola no puede financiar obras de dicha magnitud.
El compromiso de la Concertación de Partidos por la Democracia en la distribución de los beneficios del crecimiento económico se debe traducir en una cuidadosa y estudiada asignación de los subsidios, evitando fugas hacia sectores no planificados.
La recuperación del costo de las obras hidráulicas ejecutadas con fondos o garantía del Estado se hará mediante el pago del valor del agua consumida y los subsidios deberán ser otorgados, caso a caso, según los antecedentes de cada asignatario, en forma similar a como se hace actualmente con el consumo de agua potable.
La incorporación del sector privado al financiamiento de la infraestructura de riego, mediante el sistema de concesiones, será reforzada creando las condiciones de garantías financieras e institucionales que permitan el desarrollo sustentable de los proyectos.
Nuestro plan incorporará 250.000 hectáreas al riego. Se beneficiarán con ello más de 40.000 familias campesinas, de un total de 60.000 empresarios agrícolas. Se crearán más de 125.000 empleos permanentes y se aumentará el valor de la producción agrícola en US$ 600 millones de dólares anualmente.
Se iniciará un programa de manejo de cauces y de defensa de riberas de los ríos. Históricamente la divagación de los ríos ha producido pérdidas económicas de tierras productivas, que es necesario evitar. Se realizará un inventario nacional de las zonas más afectadas por problemas de inundaciones y se realizarán los estudios de los perfiles de proyectos para evaluar sus soluciones. Se iniciará un programa de obras de infraestructura para la recuperación de riberas.
Toda obra de embalses de regulación hidráulica contemplará el aprovechamiento múltiple del agua, teniendo especial consideración por el desarrollo hidroeléctrico, el riego y el turismo.
Se buscará la integración productiva entre los productores de energía hidroeléctrica y los regantes mediante la formulación de convenios de mejoramiento tecnológico en los sistemas de riego, con el objeto de mejorar la eficiencia de las tasas de riego y disminuir las pérdidas por infiltración en los canales.
El desarrollo recreacional en las riberas de inundación de los embalses se incorporará a un plan general de turismo popular, especialmente en aquellos sitios de presa ubicados a distancias razonables de los centros urbanos.
Se iniciará un plan sistemático de desarrollo integrado de cuencas con la participación activa de todas las fuerzas vivas de la región respectiva. Para ello se reforzarán los cuadros profesionales públicos y privados, con asentamiento en las regiones, que se dediquen a la formulación de planes de desarrollo y manejo integral de los recursos hidráulicos, acordes con las necesidades regionales.
Dado el enorme déficit de inversiones en infraestructura en los puntos anteriormente señalados, se hace especialmente relevante la participación conjunta pública y privada mediante el sistema de concesiones. Para ello el Estado deberá perfeccionar el marco regulatorio a fin de que su operación resulte confiable en términos económica, social y ambientalmente deseables.
En este sistema se priorizarán las concesiones que incorporen a los beneficiarios como socios de las empresas concesionarias.
La política de saneamiento del sector rural permitirá alcanzar una cobertura de 100% de agua potable en el sector rural concentrado y de 50%, a lo menos, en el rural disperso. Se establecerán normas precisas para incorporar aquellos servicios rurales con características urbanas a la calidad de servicios públicos, dejándolos sujetos de esta forma a la supervigilancia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.