Cargada la oferta popular para el ambientemartes, 1 de agosto de 2000 Por Mildred Rivera Marrero COMO PARTE de sus propuestas para proteger el ambiente, el Partido Popular propone reformular la política pública en esa área, compilar las leyes ambientales en un Código de Protección Ambiental y hacer un plan maestro de uso de terrenos, anunciaron ayer los candidatos al Senado, Roberto Prats y Jorge Colberg. Utilizando el lema "siembra ambiente, cosecha vida" y desde el lago Las Curias de Cupey, los líderes populares presentaron 30 propuestas en el área ambiental. Once de éstas son de política pública, y 19 son propuestas legislativas. El propósito, sostuvieron, es establecer una política pública definida hacia la protección del ambiente, ampliar la cantidad de terrenos declarados reserva natural y planificar el desarrollo, de forma que sea compatible con la naturaleza. Entre las medidas que implican política pública, mencionaron la redacción de un plan maestro de uso de terreno el cual se utilizaría como inventario y guía para declarar las reservas naturales. Esta iniciativa requeriría enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos, que le transfiere el poder de declarar las reservas naturales a los municipios que son autónomos. Para el plan maestro, el gobierno central consultaría a los municipios. Prats señaló que en el día número 99 en la cuenta regresiva hacia las elecciones pusieron a un lado "el fuego cruzado y partidista" para presentar soluciones a la "crisis ambiental" del país. Prats mencionó la deforestación indiscriminada, el aumento en la demanda del agua y la gene ración de desperdicios sólidos como ejemplos de los problemas ambientales que necesitan atención. PRATS PUNTUALIZO en que uno de los mayores problemas es "una desorganización jurídica en donde existen sobre 100 leyes ambientales dispersas en 32 tomos de leyes", que genera un desconocimiento general de esos estatutos compartido "por el que viene obligado a cumplir la ley, como el que viene obligado a hacerla cumplir". De ahí la necesidad de crear el Código de Protección Ambiental, indicó. Mientras, Colberg explicó otras iniciativas de la propuesta del PPD, como la de tipificar como delito el ofrecer información falsa en una Declaración de Impacto Ambiental, buscar una solución para otorgar autonomía fiscal al Fideicomiso de Conservación, cuyos fondos provenían principalmente de las industrias acogidas a la desaparecida Sección 936. © 2000 El Nuevo Día - Derechos Reservados |