Contenta Calderón con decisión del supremo caso Trío

miércoles, 6 de octubre de 1999

Por Melissa Correa Velázquez

San Juan (EFE) - La alcaldesa de San Juan, Sila Calderón, no descartó someter nuevamente su propuesta para que su Municipio desarrolle el área del complejo hotelero Condado Trío, tras conocer que el Tribunal Supremo ratificó la paralización de la demolición del inmueble.

"Esa propuesta ha estado siempre sobre la mesa nunca se ha retirado. Nuestros socios siguen dispuestos a volver sobre el asunto y yo lo impulsaría", declaró Calderón en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de San Juan.

Calderón dijo que la determinación del Supremo la llena de satisfacción "al igual que a todos los comerciantes y residentes de San Juan".

La también presidenta y candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) consideró que el proyecto del Gobierno es uno de dimensiones muy grande y que perjudicaría los recursos naturales de la zona.

"Espero que se le dé paso a un proyecto adecuado con los recursos naturales. Confío en que el desarrollo se dé de acuerdo a las circunstancias", dijo Calderón.

El Tribunal Supremo emitió una sentencia que ratifica la paralización de la demolición del complejo hotelero Condado Trío en San Juan, decisión que es el segundo revés que sufre el gobierno en días seguidos.

En la opinión mayoritaria, la jueza asociada Miriam Naveira argumentó que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) debió emitir una resolución detallada con "determinaciones de hecho y conclusiones de derecho" sobre la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) que aprobó para el proyecto propuesto por el desarrollador Development Management Group (DMG).

El Municipio de San Juan sometió al Supremo una moción de revisión (certiorari) sobre la decisión del Tribunal del Circuito de Apelaciones, que en su momento descartó paralizar los trabajos en el Trío.

Mientras, el juez asociado Antonio Negrón García dijo en su opinión disidente que "el formato clásico sobre determinaciones de hecho y conclusiones de derecho separados -amén de no serle exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU)- (nunca antes se había requerido a la Junta de Calidad Ambiental), es inaplicable a la gestión encomendádale por la Ley Sobre Política Ambiental".

Los jueces asociados Baltasar Corrada del Río y Francisco Rebollo López también emitieron opiniones disidentes.

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