SITUACION NACIONAL

Primera parte

El 2006 es el inicio de un gobierno que surge producto de la crisis del sistema capitalista burgués y del viejo Estado terrateniente burocrático; crisis económica porque el modelo "neoliberal" implantado por la burguesía compradora no puede responder a las necesidades de las clases dominantes y oprime duramente al pueblo; y crisis política que se expresa en el levantamiento popular de 2000, 2001, 2003 y 2005, que puso contra la pared a gobiernos sin credibilidad, tuvo objetivos antiestatales, aunque sin afectar al sistema en su conjunto, y devino en la expulsión de dos presidentes.

Esta situación desencadenó la pugna de facciones de la gran burguesía, la burguesía compradora y la burguesía burocrática, ambas conscientes de la necesidad de reestructurar el viejo Estado y salvarlo de su crisis; contradicción que se definió a través de las elecciones y que tuvo al Movimiento Al Socialismo, del hoy presidente Evo Morales, como ganador y que, aun salido de las filas populares, levantó las banderas de la burguesía burocrática para llevar adelante sus tareas de reforma del Estado, todo esto con la más atosigante demagogia, reformismo y revisionismo.

Ahora el llamado "gobierno de los movimientos sociales" desarrolla un programa de conciliación de intereses con el imperialismo a través de su reforma de hidrocarburos, pomposamente llamada "nacionalización", conciliación de intereses con los terratenientes a través de la rimbombante "revolución agraria" y otras medidas reformistas que pretenden engañar al pueblo con el lema de "revolución democrática cultural"(sic).

Esta política de vender gato por liebre ha "merecido", en algún momento, el calificativo de evismo por los tirasacos(2) del gobierno, como si se tratara de un "elaborado sistema de ideas" producto de la "gran inteligencia" de Evo Morales. Pero lo que aplica el gobierno del MAS, con Morales y su corte de dirigentillos "izquierdistas"(3), intelectuales indígenas, oenegeistas y politicastros revisionistas, es una reedición de las viejas banderas de la burguesía burocrática de nacionalización, reforma agraria, bancos de fomento, inclusión, democracia, etcétera, programa fracasado en nuestra historia y que sólo sirvió para salvar al Estado de su crisis y continuar con la explotación del imperialismo, del capitalismo burocrático y de los terratenientes.

1. LAS REFORMAS DEL MAS

La reforma en hidrocarburos o "nacionalización" y la "reconducción" de la política agraria son la base de los ajustes que hizo el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Gobierno, cuyo propósito es legalizar la presencia del imperialismo a través de las empresas transnacionales y sanear (legalizar) la propiedad terrateniente. Las reformas de este Gobierno, que aplica el programa de la burguesía burocrática, no pretenden sacar al país de su condición de nación oprimida, no pueden eliminar la explotación contra la clase obrera y campesina ni eliminar las relaciones semifeudales en el campo.

El objetivo reformista del MAS (por ahora en el discurso) es contraponerse al "modelo neoliberal" (que reduce la administración estatal a su mínima expresión), impulsando el fortalecimiento del Estado y ampliar su marco de acción, buscando que éste intervenga en las actividades productivas y en políticas paternalistas y asistencialistas para el pueblo dentro de los campos de la salud y educación. Las reformas no cambian el hecho de que la economía continúe sustentada en la inversión extranjera, alma del imperialismo, y en el saqueo de materias primas para satisfacer la demanda de los estados imperialistas, principalmente el yanqui.

El 1 de mayo de 2006, Evo Morales promulgó la "nacionalización" de los hidrocarburos con el Decreto Supremo 28701 y ordenó la ocupación militar de los campos petroleros en los que el Estado ya tenía, para entonces, participación accionaria (denominadas empresas capitalizadas). Este decreto es solamente la reglamentación de la Ley de Hidrocarburos 3058, emitida por Carlos Mesa el 2005. El estilo masista de "nacionalizar en el siglo XXI" vaciló entre expropiar a las transnacionales o comprarles sus acciones para tener, como Estado, participación mayoritaria en el directorio. Evo y sus colaboradores eligieron la segunda opción, aunque hasta ahora esa compra no se ha ejecutado y la población comienza a exigir esa propiedad mayoritaria (sigue con 34% de acciones en la petrolera Transredes y 48% en Chaco y Andina). Bolivia firmó 44 nuevos contratos con empresas petroleras en octubre de 2006, legalizando su presencia a cambio de percibir más tributación. El gobierno boliviano no ha expropiado nada en su "nacionalización" más allá de la renegociación de contratos, pero incluso teniendo la dirección del proceso productivo no implicaría una ruptura con la dominación imperialista pues no cambia la condición de nación oprimida dependiente; el motor de la economía y el patrón de acumulación capitalista se mantiene en base a la participación del capital extranjero y la exportación de gas y minerales. Las reformas no han cambiando ni cambiarán tal condición.

La inversión extranjera le garantiza a Evo Morales, según sus ministros, un ingreso de 1.300 millones de dólares desde 2007 y 4 mil millones de dólares desde 2010, mientras que el Poder Ejecutivo admitió que hacer del Estado un protagonista de la actividad productiva fue imposible en 2006 por la falta de financiamiento de la comunidad internacional. Formalmente se cambiaron las reglas de la recaudación y tributación para el capital extranjero, pero en la esencia misma no ha cambiado el sometimiento para con éste.

Los reaccionarios, reformistas y revisionistas aseguran que la única salida de progreso para el país es la inversión extranjera, y la demagogia de Evo Morales intenta hacer creer al pueblo que el imperialismo, denominado por él "comunidad internacional", apoya el "proceso de cambio" dirigido por su Gobierno.

Como palanca demagógica, el Gobierno ha creado el bono "Juancito Pinto" que se aplica bajo el mismo método reaccionario de Gonzalo Sánchez de Lozada de lanzar una medida populista para ganarse el apoyo de la población sobre el supuesto de redistribuir la riqueza; a la vez que comparte la misma concepción asistencialista y caritativa de entregar bonos en lugar de crear fuentes de trabajo con un salario digno para que el pueblo no se vea obligado a estirar la mano por 200 bolivianos (25 dólares) por año.

Los revisionistas y reaccionarios coinciden en que el problema de la economía radica en la "distribución de la riqueza", y no en el régimen de propiedad sobre los medios de producción; con sus programas reformistas pretenden suavizar y "humanizar" las relaciones de explotación, soñando con un "capitalismo democrático" que no expropie sino que respete la propiedad privada (de las transnacionales) con la esperanza de que genere empleo para los "sectores desfavorecidos". Con sus políticas de reforma al seguro de salud y educación y bonos caritativos (con dinero recaudado de tributos por el saqueo de los recursos naturales), Evo Morales quiere hacer creer que las riquezas ahora son del pueblo, que existe un Estado sin explotación de clases, que las FFAA y la Policía cuidan del pueblo y que cuando los sectores populares se levantan en lucha "ya no le hacen daño al capital extranjero" sino que perjudican al país.

Esa posición ideológica del revisionismo apunta a desviar el objetivo principal del proletariado que es destruir la explotación capitalista, la propiedad privada y sus relaciones de clase, también tiene el propósito de conducir al pueblo a creer que el viejo Estado burgués se puede renovar, adquirir independencia, "dignificar", democratizar y desarrollar una conciliación de clases. En suma, buscan mantener el viejo Estado y cambiar de bastón de mando, hacia un "desarrollo ordenado y planificado" del capitalismo.

Política agraria respeta el latifundio

Otra reforma del MAS fue la promulgación de la Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria. Aunque el Gobierno dice que está en marcha la "revolución agraria" y anuncia que "terminó el latifundio en Bolivia", la legislación recién aprobada establece que solamente los terrenos que incumplan la función económica social (FES) serán revertidos al Estado, por tanto se protege el latifundio y sólo se penaliza la propiedad de los llamados "improductivos". El criterio de "improductivo" ha sido redefinido por ley tanto así que puede considerarse que se cumple con la FES a simple posesión de una propiedad sin producir con el argumento de que son áreas de descanso, sirve a la ecología o son superficies de proyección de crecimiento, entre otros argumentos.

La FES tiene la intención de introducir el capitalismo en el campo, explotando la tierra como un medio de producción. Sin embargo esa intención teórica choca con el hecho concreto de la existencia de relaciones semifeudales en el área rural. El negocio de la agroindustria convive y se sostiene sobre las relaciones de producción esclavistas y de servidumbre. La ley del MAS sólo profundizará esta concepción y legitimará la presencia de los terratenientes, además de (en teoría) culminar el proceso de saneamiento interno.

Pero esta situación ni ellos mismos la creen, ya que según la Unidad de Análisis y Políticas Económicas del viejo Estado, señala en su documento Economía y Política Económica 2006, que "Entre octubre de 1996 y junio de 2004, se llegaron a sanear 12.5 millones de has. de un total de 107.2 millones de has sujetas a saneamiento (98% del territorio nacional), con un ritmo de saneamiento de 1.5 millones de has por año. Posteriormente, entre junio de 2004 y julio de 2005 se aceleró el proceso lográndose sanear 5.5 millones de has. en un año. Sin embargo, a pesar de la agilización del proceso el último año, a la fecha sólo se tiene saneado el 16.7% del total de tierras sujetas a este proceso; se encuentran en curso de saneamiento 31.6 millones de has. (29.4%), y quedan por sanear 57.6 millones de has. (53.7%)".

En la "revolución agraria" de Evo Morales que ha prometido maquinaria a crédito a los campesinos, éstos continúan con la incapacidad de producir aún sea para el mercado interno, siguen sufriendo por la falta de medios de transporte, tampoco pueden dejar de estar sujetos a la naturaleza, continúan subsidiando a los hogares de las ciudades y siguen sometidos a los precios del mercado. Debido al atraso de la producción agraria, el campesino no tiene otra alternativa que sembrar coca, en concordancia con la racionalidad capitalista porque el producto le ofrece un buen precio y poca inversión en su cultivo. En un país agrario como Bolivia y con una mayoritaria población campesina, los mercados populares de las ciudades están llenos de fruta, verduras, conservas y cereales de países vecinos y lejanos; este hecho verificable a simple vista demuestra que los campesinos pobres están imposibilitados de superar los problemas de producción porque su propia economía es de subsistencia y además están impedidos de competir con las mercancías que vienen de afuera. En ese marco la coca se produce, aunque les pese a los "intelectuales indigenistas", porque es una mercancía con alta demanda en el mercado a pesar de tener un precio prohibitivo para el pueblo, pues una libra de hoja cuesta 25 bolivianos frente a una arroba (25 libras) de papa (el alimento nacional) a un precio de 23 bolivianos. Es decir, por 1 libra de coca pagan lo que pagarían por 25 libras de papa, además de que la coca crece prácticamente sin mayor cuidado, sin fertilizantes, casi en forma silvestre.

El gobierno entregó unos cuantos miles de hectáreas a comunidades campesinas, otros han recibido tractores y maquinaria a crédito, promesas de 2,2 millones de hectáreas y el anuncio de que habrá 1.064 asentamientos humanos en tierras fiscales, debido a su incapacidad de expropiar las tierras de los terratenientes. Pero más allá de la tierra distribuida y maquinaria entregada a crédito, una verdadera revolución agraria implica la liberación de los campesinos del poder de los terratenientes a través de las armas, la expropiación de la propiedad latifundista, destruir las relaciones semifeudales en el campo y crear otras nuevas en la base económica y en la superestructura (aplastar el patriarcado, eliminar la división campo-ciudad, eliminar la división del trabajo manual e intelectual y organizar la producción).

Otras políticas gubernamentales

Para generar empleos, el Gobierno lanzó la madrugada del 1 de enero de 2007 la Banca de Desarrollo que tiene previsto llegar a 800 mil micro y pequeños empresarios del país para rubros como textiles, cueros, turismo y otros. Una vez más, este proyecto dependerá del financiamiento externo, es decir de la presencia del imperialismo, pues funcionará como un banco de segundo piso: canalizador de dinero del exterior que, a su vez, entregará a otras entidades financieras para que éstas den créditos a los productores. A la vez los exportadores tienen un subsidio de 12 millones de dólares para los exportadores que proveen al mercado de EEUU.

Entretanto llegue el empleo, el gobierno ha emitido decretos para hacer "respetar" el fuero sindical y eliminar la libre contratación (derogar el artículo 55 de Decreto 21060), sin embargo el propio Ministerio de Trabajo no ha hecho nada para cambiar la libre oferta y demanda de la fuerza de trabajo, tampoco se ha movido para proteger a los dirigentes sindicales despedidos. Más bien ha comenzado a echar personal de las entidades públicas bajo el argumento de que "conspiran" contra "el proceso de cambios" y así tener puestos de trabajo para su larga lista de adeptos que le están pasando la factura por su apoyo brindado en las elecciones, en este sentido ha anunciado que el Estado los va a contratar bajo la modalidad de contratos temporales, así el mismo Estado promueve la liberalización del trabajo. Por el lado privado, las escasas empresas en el país emplean trabajadores por tres meses, con contratos civiles (no laborales) y casi no existen empleados de planta con beneficios sociales. La gran mayoría del personal es temporal o subcontratado y el plan del gobierno también es crear ese tipo de empleo.

Otro "logro" fue el incremento de 60 bolivianos en el salario mínimo nacional de 440 bolivianos, eso significa un aumento de 2 bolivianos diarios (el valor de 5 panes) para los asalariados que llegan a alcanzar el mínimo. Hoy el Ministerio de Hacienda plantea dos salarios mínimos, uno de 500 bolivianos para el sector público y otro de 1.000 bolivianos para la empresa privada, en un afán de dividir a los asalariados en las categorías de primera y segunda. A pesar de esto, Evo Morales dijo en enero, con total cinismo, que ya ha cumplido con la clase obrera.

Por otro lado está el seguro de salud gratuito que se amplió, en el papel, a mujeres embarazadas y niños, a jóvenes hasta 21 años de edad y a ancianos, esta política se realiza en función de levantar la imagen del Estado como "benefactor" y no garantiza la inversión en infraestructura, equipo especializado ni en medicinas ni en personal médico; este seguro todavía no se ejecuta y tampoco está garantizado porque Evo Morales pidió de antemano perdón a las prefecturas y municipios que tienen la responsabilidad de sostenerlo.

La sui géneris "revolución cultural" se quiere ejecutar a través de una ley de reforma educativa, pero está postergada en el parlamento sin que sea prioridad de los oficialistas, y su mentor el ex ministro Félix Patzi está metido en escándalos de corrupción por la compra irregular de computadoras.

Mientras el gobierno desarrolla una demagógica campaña para aprobar el proyecto de ley de lucha contra la corrupción (llamado "tijera"), sus militantes están involucrados en hechos de corrupción y nepotismo, escándalo que ha llegado a las más altas esferas del gobierno, todo profesional sabe que no puede trabajar en entidades públicas si no tiene aval político del MAS (Leonilda Zurita, actual presidenta de la Asamblea Constituyente, es una de las que pone el sello) y existe una compraventa de cargos en el Estado que se expresa en peleas internas entre sus militantes, el dirigente nacional Román Loayza, presidente de la bancada del MAS en la Asamblea Constituyente, ha llamado a ese clientelismo "descolonización" del Estado.

Sobre la anunciada reforma policial y las FFAA, los "cambios" realizados en estos aparatos estatales corruptos sólo apunta a hacerlos más eficientes contra el pueblo, como la represión a los "sin techo" que derivó en la muerte de Santiago Orocondo y la fuerza ejercida contra los cocaleros de Yungas de Vandiola, donde murieron dos campesinos; Evo Morales continúa con un programa de "inclusión de indígenas" en las FFAA y la Policía, iniciado por Carlos Mesa, con el propósito de que estos jóvenes salidos de comunidades pobres sean a la larga miembros del Estado Mayor de esas fuerzas represivas y no sólo miembros de su tropa, como lo fueron desde la fundación de Bolivia.

NOTAS

(2) Termino que expresa adulación, en otras latitudes se conoce también esto como "felpudo", "ayayero" o "lamebotas"
(3) En referencia a los individuos "progresistas" que trafican con un discurso de izquierda