Cuatro años después
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Ciudad de Piura -- ¿Quién dijo que el caso de Godofredo
García Baca está cerrado? El hecho de que el Poder Judicial haya confirmado que
Meléndez Zapata sea el autor material del asesinato no resuelve la incógnita
que, para muchos de quienes lo conocieron, aún ronda en el aire.
Por supuesto que la pregunta se la hacen quienes junto a él
decidieron advertir que el ingreso de
Manhattan (hoy Meditarranean) Minerals
ponía en peligro al valle de San Lorenzo
Hoy, cuatro años después, ciertas reacciones de sectores
que apoyaron el proyecto resultan ser muy sospechosas. Mientras varios
promotores mineros en Piura tienen carta blanca para lanzar acusaciones sin
presentar pruebas sobre la participación de sus opositores en actos violentos,
se escandalizan cuando son puestos al descubierto.
Entonces, regresando al inicio, la pregunta es: si Meléndez
disparó el gatillo, ¿quién ordenó el crimen?
Ni siquiera la parte defensora ha podido sustentar por qué
ese fatídico 31 de marzo de 2001, el ex comando de la Fuerza Aérea Peruana
asesinó a quien en algún momento le dio la mano.
El código de honor campesino, no escrito obviamente, dice
que quien te hace un favor ahora, merece una retribución en la misma proporción
en el futuro – solidaridad, se dice en el mundo ‘civilizado’.
Fue un asesinato muy bien planificado. La Corte, de hecho,
no consideró el desfile previo de dos hermanos de Meléndez, minutos antes del
momento del crimen; tampoco tomó en cuenta la presencia de vehículos de doble
tracción verificando la zona hasta una semana antes, mucho menos la conexión con
Buenaventura, a cuyos ingenieros, Godofredo expulsó de su propiedad,
violentamente, un par de semanas antes.
Tampoco se ha profundizado en cuántas personas sabían que
Godofredo iba a ser asesinado ese día, y en el hecho que otros vecinos del
líder, con mayor influencia, le tenían mucha tirria debido a que su modelo
agroecológico era la mejor demostración de la convivencia con la minería era
sólo una fábula. ¿Hubo amenazas?
No se ha investigado mucho en Las Lomas, donde se ubica el
centro de operaciones locales de
Buenaventura; pero, este pueblo acaba de saltar
a las noticias con algo relacionado.
Resulta que aquí se concentra un grupo importante de
mineros artesanales promovidos por la empresa Chan Chan, que han pedido
que les dejen trabajar en un yacimiento en Pampa Larga, en el distrito de Suyo,
provincia de Ayavaca, en la misma frontera con Ecuador.
Según el
Ministerio de Energía y Minas, estas operaciones
resultaron ser ilegales. Según el diario Correo de Piura, el apoderado de
la empresa es su articulista Jorge Arévalo Acha.
Obviamente estos señalamientos son parte de una maniobra
para acallar las afirmaciones de factortierra de
que
hay colusión entre el gobierno y Monterrico Metals para iniciar una campaña de
represión policial en los Andes piuranos, contra quienes se oponen a operaciones
mineras.
La justicia no es justa aún. Actúa muy rápido con los
pobres, pero aletarga procesos con los poderosos y los ricos. El caso Godofredo
es una comprobación de ello, casi cuatro años después, y luego de una gran
campaña de presión internacional.
Dicho sea de paso, a Meléndez no se le ocurrió mejor idea
que callar y negar, perdiendo una gran oportunidad de ser un colaborador eficaz
para resolver el crimen, lo que también causó mucha incomodidad entre los
pro-mineros quienes quisieron poner en entredicho los testimonios de Ulises
García, el principal testigo en factortierra.
El problema fue que Ulises se reafirmó en lo que dijo, y el
aspaviento se vino al suelo.
En casi todo el mundo es delito saber y decir de más, por
eso se debe reprimir o asesinar para ocultar. La estrategia no ha cambiado en
absoluto, lo que asegura impunidad.
El crimen de Godofredo García Baca sigue impune, no se ha
resuelto del todo. Demandamos saber quién está detrás…
©2005 NPC
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