CUARTO SEMINARIO |
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Mtro. José Woldenberg K. Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Culiacán, Sinaloa (5 de octubre de 2000). Si lo desea, puede descargar esta conferencia en formato PDF.
Muy buenos días a todos ustedes:
Es para mi un verdadero motivo de honor y de satisfacción el haber sido invitado a este IV Seminario Internacional México Este cuarto seminario representa un esfuerzo ya consolidado para profundizar en la comprensión de las realidades de México y los Estados Unidos, permite un mejor conocimiento de y entre ambos países, y es síntoma de una receptividad mutua que vale la pena cultivar en un escenario de relaciones económicas, políticas y sociales cada vez más estrechas que nos exige actualizar y modificar nuestras anteojeras de análisis. La presencia en este Seminario de notables especialistas en temas clave de la democracia, estudiosos del sistema presidencial y del equilibrio entre poderes, de la contienda política y, en suma, de la convivencia civilizada en sociedades complejas, como son la mexicana y la estadounidense, sin duda contribuirá a enriquecer la deliberación académica e intelectual, pero también política, en ambos lados de la frontera. Por este esfuerzo y por su amable invitación, nuevamente muchas gracias. Quisiera dividir mi exposición en tres apartados básicos: el primero, mi balance sobre lo que ocurrió el 2 de julio y lo que significa para la vida política de nuestro país, situando esa jornada en un intenso trayecto de cambio político que, gestado durante años, hizo posible la expresión ejemplar de democracia que los mexicanos nos pudimos y quisimos dar. En segundo término, me propongo explicar cuál es la mecánica real sobre la que se construyó y se organizó la elección, esto es, cuáles son los pasos, los eslabones que hicieron confiable, transparente y eficiente la elección. Y, por último, me permitiré un recuento de los resultados de las elecciones federales planteando cuáles son las novedades, las oportunidades y las exigencias que los ciudadanos, con el sentido de sus votos, han planteado a los partidos, al Poder Legislativo y al próximo Presidente. Sin más preámbulo, voy al grano. El 2 de julio vivimos una jornada electoral muy intensa, ampliamente participativa y sin incidentes. Casi de inmediato, esos comicios fueron reconocidos, en México y en el mundo, como un evento político histórico, seguramente el más importante en mucho tiempo. No hay que ser historiador para darse cuenta de la magnitud del acontecimiento y de los elementos que lo componen: votantes libres que se cuentan por millones, partidos políticos auténticamente nacionales y competitivos, opinión pública independiente, leyes e instituciones que garantizan la limpieza electoral. Todos esos elementos existen por primera vez, juntos, en nuestro país. Son los factores reales de la democratización. México llevaba al menos dos décadas construyendo esos elementos, y el dos de julio se expresaron como lo que son: realidades vivas, extendidas y extraordinariamente poderosas. Es muy probable que las elecciones de este año, culminen una época de cambio político en México. Creo que nuestro país ha saldado una de las grandes asignaturas de toda instauración democrática: la transmisión del gobierno y de los cargos legislativos mediante elecciones libres y transparentes. Las elecciones del dos de julio validaron la calidad de las instituciones electorales, construidas durante años por partidos, funcionarios profesionales, militantes y ciudadanos. Validaron en particular la reforma electoral de 1996, y el trabajo que el IFE hizo durante meses de preparación electoral. El proceso resultó ejemplar. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, fue una elección con una votación masiva, que se cuenta en casi cuatro decenas de millones. En segundo lugar, fue una elección que presentó alternativas políticas muy fuertes y claramente definidas, atractivas, conocidas y expuestas durante meses a los ojos de los ciudadanos. En tercer lugar, fue una elección técnicamente bien hecha, cuyas metas y cuya logística se cumplió y desplegó con eficacia y con holgura. Y en cuarto lugar, vimos y vivimos una elección sin incidentes mayores, en paz y con plena libertad. Sobre esa base, la confianza en la organización electoral y el respeto al voto, vimos aparecer, como en cascada, una sucesión de escenas fundadoras, en un país de tradición autoritaria. Vivimos una competencia inédita, incierta pero con reglas claras. Hubo alternancia en el gobierno. El triunfador fue reconocido por sus adversarios. A la contienda reñida, fuerte, ríspida a veces, siguió la naturalidad cívica, la normalidad de la vida social y política después de una larga campaña electoral. Vivimos una competencia sin cuartel en todos los órdenes. Los candidatos ganaron o perdieron en condiciones de equidad, por méritos propios. Fueron seguidos, difundidos o criticados por la prensa, la radio y la televisión. Los medios de comunicación hicieron un sistemático escrutinio de su comportamiento, propuestas y actos. Los votantes dirimieron el resultado de manera soberana, y produjeron una geografía y una aritmética política plural, llena de pesos y contrapesos. Los perdedores reconocieron pública e inmediatamente su derrota, empezando por el Presidente de la República, que asumió la perdida del candidato de su partido y ofreció su inmediata colaboración al ganador. La noche del dos de julio los ciudadanos celebraron tranquilos, los partidos de condujeron con civilidad, no hubo un solo incidente y el presidente electo se mostró respetuoso de sus contrincantes. Todas estas cosas juntas, que son rutinas propiamente democráticas, ocurrieron en México, el dos de julio, por primera vez. Por eso fue una jornada no sólo ejemplar, sino de fundación. Habían quedado clausuradas las sospechas, las interminables impugnaciones y México entraba de lleno a una nueva época política. Esa gran transformación, ha sido posible, porque el voto se respeta y porque las condiciones de la competencia son cada vez más equilibradas. Las elecciones limpias, fueron la condición más elemental de todo el proceso democratizador. Sobre el respeto al sufragio, con sus múltiples requisitos técnicos, se ha levantado el cambio democrático de mi país. Quizás deba ser más enfático: desde varios años atrás, México estaba viviendo un enorme cambio político. Gobierno, partidos, sociedad organizada, opinión pública, llevaban décadas inmersos en ese proceso de transición democrática; es un tiempo lo suficientemente largo E1 tema de fondo es la profunda transformación de una sociedad que se modificó bajo el molde de un sistema político que no cambiaba con la misma rapidez: una vasta modernización económica, social y cultural que no tuvo en el inicio y como contraparte, una modernización política. De modo que la tarea mexicana, sobre todo la de los años noventa, fue la de ajustar las instituciones, las leyes y las prácticas políticas a la verdadera modernidad social. Permítanme resumir ese trayecto tal y como yo lo veo:
- Así, porque era una realidad material innegable, se empezaron a ejercer, de modo cada vez más firme y sin cortapisas, las libertades esenciales: de expresión, manifestación, organización. - El país vivió entonces una expansión y un fortalecimiento verdaderamente nacional de los partidos políticos. - Estos partidos se presentaron una y otra vez a las elecciones. Ocuparon cada vez más posiciones legislativas y de gobierno. Adquirieron una influencia y una visibilidad pública que antes no tenían. - Se vivió un periodo de intensas negociaciones que produjeron al menos seis reformas electorales y otras tantas reformas constitucionales. El litigio político central se trasladó a la disputa por un régimen legal y electoral equitativo, transparente, creíble. Así, las elecciones se convirtieron en la llave del cambio político de México. - Los partidos atrajeron grandes contingentes de ciudadanos, grupos y organizaciones. Exigieron para sí un esquema jurídico cada vez más preciso y desarrollado; mayores derechos y mayores prerrogativas. De esa forma los partidos, en plural, se volvieron cada vez más competitivos, más poderosos; acudieron a las elecciones con mayores recursos y con mayores posibilidades de ganar. Su presencia y sus exigencias crecieron: mayores recursos y más equitativos para poder expandirse, mejores instrumentos que regulasen la contienda electoral, mejores fórmulas para conformar al Congreso. A mayor fuerza política mayor presencia en el Estado, mayores exigencias institucionales, legales y mayor extensión del derecho electoral. - Alcanzaron cada vez más posiciones legislativas federales, cada vez más posiciones en ayuntamientos, en Congresos Locales y conquistaron gubernaturas. Así los partidos políticos se instalaron en la sala de máquinas del Estado mexicano. - Los códigos de entendimiento cambiaron. Ninguna fuerza pudo ya abrogarse la representación de la nación entera. La pluralidad se convirtió en la palabra clave de la lucha y la convivencia política. - La presencia y competencia de partidos ha cambiado casi todas las relaciones y las prácticas políticas: ha propiciado la alternancia en todos los niveles del Estado, ha erosionado el poder del presidencialismo, ha planteado nuevas relaciones entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, ha invertido la dinámica de trabajo político del Congreso de la Unión, y los partidos de diferente signo se encuentran todos los días, procesando, negociando, definiendo las políticas estatales en todos los órdenes. - De tal suerte que ya no es un solo partido sino que son los partidos políticos en plural, la columna vertebral de la vida estatal. - El cambio es radical: la decisión crucial de la política, la decisión de quien gobierna, durante décadas había estado encapsulada, reservada al interior de una coalición, de un solo partido; pero hoy en México, la decisión de quien gobierna la tienen los ciudadanos con su voto, eligiendo entre opciones fuertes y competitivas. - Ese cambio crucial en las relaciones políticas es difícilmente reversible. México es una sociedad compleja, conectada con el mundo, denodadamente plural. Su transición a la democracia no era el ideal de un grupo, de un líder, o de un partido; por el contrario: la transición democrática era una necesidad de la nación. Todo este proceso democratizador tiene una premisa: el respeto al voto, la limpieza de las elecciones; sin ello habría sido imposible todo lo demás, las energías políticas se habrían desarrollado y quizás, desbordado por otros cauces, algunos violentos y ominosos. La democratización mexicana descansa sobre esa condición: solucionarla, asegurarla, era absolutamente indispensable para que pudiéramos seguir celebrando elecciones y por tanto para que la transición tuviera lugar. Por eso lo electoral fue el tema número uno de la agenda política a lo largo de casi veinte años y para eso el país se embarcó en seis reformas electorales: 1977, 1986, 1989 Una reforma legal tras otra, una invención técnica e instrumental tras otra, fueron dando confianza a las elecciones, no sólo en lo que hace a las tareas organizativas del IFE sino en aquello que rodea y tiene que ver con las campañas. Las elecciones se volvieron materialmente inexpugnables, vigiladas en todos sus detalles y en su desarrollo por cientos de personas, organizaciones y partidos. Pero el hecho objetivo estaba ahí, desde tiempo atrás: la organización electoral hacía que los intentos de defraudar la elección quedaran acotados, los hacía detectables, denunciables y sobre todo corregibles. Sin esta condición preexistente es imposible entender la tranquilidad y el desenlace del día dos de julio. Volver a ello es indispensable además, por otra razón política que debe hacerse explícita: si el PRI, con Francisco Labastida, o Cuauhtémoc Cárdenas del PRD y la Alianza por México, o cualquier otro candidato, hubiesen obtenido el triunfo en los comicios presidenciales, las elecciones serían igualmente limpias y legales. El edificio electoral mexicano podía encauzar y asimilar cualquier veredicto de las urnas, independiente de quien resultara ganador. El secreto de las elecciones limpias en México, es que son un edificio construido por etapas. Es decir, la organización electoral no empieza ni termina el día de la elección, sino que es resultado de una larga sucesión de medidas, decididas y ejecutadas unas detrás de las otras. Pero lo esencial es esto: los partidos políticos tienen acceso a cada una de ellas sin excepción. El propósito político más importantes del IFE es lograr que todos los partidos brinden su aval a cada paso y para cada instrumento; a cambio, el IFE ha dispuesto someterse al más amplio y riguroso escrutinio por parte de los propios partidos. De esta manera, al abrir cada detalle a examen, se ha vuelto imposible una impugnación generalizada. Cada asunto se discute por sus méritos y al aprobarse, un eslabón queda resuelto para poder evaluar y discutir el siguiente. Pero además, los partidos cuentan con una variedad muy amplia de recursos para poder denunciar alteraciones, manipulaciones, o para defender sus intereses legítimos, en todo momento pueden solicitar que se revise la legalidad de las acciones de la autoridad electoral. Es esta mecánica operativa Un ejemplo: en 1996 la decisión de arranque, la decisión de quienes son los árbitros centrales (el Presidente del IFE y los ocho Consejeros Electorales) fue tomada por un acuerdo de los cuatro partidos que entonces tenían asientos en la Cámara de Diputados (PRI, PAN, PRD y PT). Otro ejemplo: el padrón electoral está supervisado por una Comisión Nacional de Vigilancia conformada por todos los partidos políticos. Esa comisión decide los métodos de actualización, de depuración y los exámenes a la calidad del padrón. Por si fuera poco, reciben, en el momento que lo solicitan, a través de medios magnéticos, el avance en la inscripción día tras día. Pero no es todo: existen 32 Comisiones locales de vigilancia dedicadas a verificar el estado del padrón en cada entidad federativa, y existen 300 comisiones distritales de vigilancia, conformadas por los partidos, que hacen el seguimiento distrito por distrito; así pues, los partidos están en capacidad de seguir, día a día, calle por calle, si así lo desean, la veracidad y calidad del padrón electoral. Otro ejemplo: el IFE debe contratar a varios miles de personas que realizan el entrenamiento a cientos de miles de ciudadanos que se harán cargo de las casillas, las boletas y del conteo de votos el día de los comicios. Esos capacitadores, son avalados por los partidos en los Consejos de los 300 distritos del país. En temporada electoral el IFE se activa como órgano ramificado: 32 Consejos Locales y 300 Consejos Distritales vigilan el curso legal del proceso desde antes del arranque de las campañas. Son Consejos que se integran por seis ciudadanos prestigiados de cada localidad, nombrados como en cascada, del Consejo General a los Consejos Locales y de cada Consejo Local a los Consejos Distritales. Es un trabajo que busca el consenso y el aval de todos los partidos políticos en torno a esas personas. Así pues, el IFE no es una institución ciega ante lo que ocurre en el proceso sino todo lo contrario: dispone de 332 instancias capacitadas y dispuestas a detectar problemas e irregularidades en todo el país. Los resultados electorales fueron conocidos con certeza y rapidez. Tan pronto como se cerraron las casillas, se inició la difusión del flujo continuo de información, casilla por casilla, distrito por distrito, estado por estado, circunscripción por circunscripción y a nivel nacional sobre de la votación de Senadores, Diputados y Presidente de la República. Todo el público, en el mundo, observó en tiempo real, vía Internet como llegó la información de cada casilla. No hubo posibilidad para la manipulación de la información ni para su administración conveniente. Tal y como arribaron los datos a sus distritos, una por una, el IFE fue capaz de difundir los resultados electorales que provenían directamente de las actas de escrutinio. Esto es: los datos que aparecían en el sistema del IFE coincidían rigurosamente con las copias del mismo documento que tenían en su poder los representantes de los partidos políticos en todas las casillas. Por todo eso resultaban inalterables. Adicionalmente, el IFE dispuso la realización de tres conteos rápidos por tres empresas diferentes, como una fórmula de acompañar los resultados, para dar mayor seguridad e información a los ciudadanos tres horas después del cierre de casillas. Los partidos políticos tuvieron derecho de enviar hasta dos representantes a cada una de las casillas instaladas. Su presencia fue una salvaguarda adicional, no sólo porque constataron al proceso sino porque asentaron en actas las anomalías que ocurrieron; por supuesto, tuvieron el derecho a poseer una copia de cada acta electoral, incluyendo la de resultados. La Alianza por el Cambio cubrió el 95.2 por ciento de las casillas en todo el país, el PRI el 98.6 y la Alianza por México el 91.1. En total, los seis partidos y coaliciones movilizaron a 346 mil 958 ciudadanos para la vigilancia de la elección: tres representante de cada partido por cada casilla. En esas condiciones, lo que resultaba realmente difícil era que un fraude electoral pudiera pasar por alto. Pero además, hubo decenas de miles de observadores electorales para vigilar todo el proceso; el IFE gestionó ante el Gobierno Federal la constitución de una bolsa de 40 millones de pesos para apoyar esas tareas. La presencia de los observadores sirvió no sólo para detectar irregularidades, sino precisamente, para inhibirlas, sobre todo en las regiones más apartadas del país. En total la elección estuvo vigilada por 38 mil 433 observadores electorales. Los visitantes extranjeros pudieron también examinar todo el proceso: en el año 2000 asistieron a dar fe de la limpieza de la elección, 860 visitantes de 58 países. Y un último ejemplo: cada decisión que toma el Consejo General, es consultada y discutida con los partidos. Todas las organizaciones políticas forman parte de ese Consejo, deliberan cada asunto antes de las sesiones y en ellas tienen oportunidad de exponer sus puntos de vista. Pero si aún quedara duda, si un partido sintiera lesionado su derecho por una decisión del Consejo General, puede apelarla ante el Tribunal Electoral. Es decir, los partidos tienen el poder de defender su interés a lo largo de todo el proceso. Esos son algunos ejemplos de la organización electoral en México, de su construcción meticulosa, de sus múltiples y redundantes candados, habitado por legiones de vigilantes e inspectores. Por todo eso logró lo que se propuso: cancelar cualquier operación fraudulenta que pusiera en duda la votación y la voluntad mayoritaria. El proceso electoral transcurrió en paz y sin incidentes; no habló sólo del día de los comicios sino de todo el trayecto previo, de los 164 días que duró la campaña presidencial. El país cursó el proceso electoral del año 2000 sin violencia, con moderación, respeto a la diversidad, votando y buscando salidas legales para sus energías y diferencias políticas. Los millones de ciudadanos siguieron a las campañas electorales con ánimo propio, al margen del mal humor y salieron a votar tranquila, masiva y democráticamente. 37 millones 603 mil 484 ciudadanos constituyeron la votación total a nivel nacional . Veamos los números.
El torrente electoral que dio el triunfo a Vicente Fox es impresionante: la votación del PAN tres años antes Fox gozó y supo aprovechar un ambiente de libertad real; dispuso de recursos para ello; existieron medios de comunicación sensibles a su mensaje y a difundir sus tesis; había un padrón que permitió la entrada de millones de nuevos votantes sin exclusiones arbitrarias; y finalmente, cada uno de sus votos fue escrupulosamente respetado. Su indiscutible victoria fue posible, en paz y con estabilidad, porque ya estaban dadas las condiciones democráticas para la alternancia. Por otro lado, la diversa y diferenciada votación produjo un Congreso sin mayoría absoluta: un millón 784 mil 956 votantes foxistas sufragaron por un partido distinto a la Coalición Alianza por el Cambio en la Cámara de Senadores y un millón 776 mil 68 ciudadanos variaron su voto en la Cámara de Diputados. Si los votantes por el presidente electo lo hubieran hecho en bloque, entonces Fox y su coalición (PAN
Si algo define la votación del año 2000 es la diferenciación : las zonas urbanas votan de una manera, las zonas rurales, de otra. Veinte estados le dieron la victoria a Fox (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), pero otros once le dieron mayoría a Labastida (Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas); en uno más, Michoacán, ganó el ingeniero Cárdenas. Democracia Social, tuvo su votación más alta en la boleta para diputados (1.88 por ciento) y se quedó a una centésima de refrendar el registro legal. Los otros dos partidos recién estrenados, PARM y PCD, obtuvieron 0.73 y 1.15 respectivamente en la misma elección, por tal motivo, tampoco alcanzaron el dos por ciento necesario. Por el contrario, gracias a los convenios de coalición que forjaron meses atrás con el PRD, los partidos de nuevo registro, PSN, CD y PAS alcanzaron varias posiciones en el Congreso de la Unión y por lo tanto, mantuvieron su presencia en el escenario electoral. La tasa de participación asciende a 64 por ciento de la lista nominal. El voto diferenciado aparece bajo otras modalidades, sobre todo en el caso del votante perredista: 689 mil ciudadanos votaron por el PRD para la Cámara de Diputados pero no por el ingeniero Cárdenas. Eso mismo ocurrió también en casa del PRI: más de 144 mil priistas votaron por otro candidato (casi siempre Fox) para presidente. Rincón Gallardo tuvo también 106 mil seiscientos votos menos que sus compañeros candidatos a diputados. Este es el hecho que le dio su contorno final a la elección del año 2000: una holgada victoria al candidato de la Alianza por el Cambio pero sin que poseyera la mayoría absoluta en ninguna de las Cámaras; una victoria de Andrés Manuel López Obrador del PRD en el D.F. pero al costo de una Asamblea donde no cuenta con la mayoría, en suma: un poder ejecutivo que emerge de una contienda claramente democrática y que se verá acotado, durante toda su gestión por contrapesos democráticos. Veamos la conformación del nuevo Congreso de la Unión:
La Cámara de Senadores es escenario de dos novedades importantes. Por primera vez en nueve años se normalizó su situación legal. En el año 2000 se integro en su totalidad (128 senadores) en una sola elección. Los constantes transitorios constitucionales y legales que impidieron su composición estable ya no tuvieron vigencia en la elección del dos de julio y la formula de integración entro en vigor de manera simultánea: dos senadores de mayoría por cada entidad, uno de primera minoría en el mismo ámbito geográfico y 32 senadores plurinominales a partir de una lista nacional; todos ocuparán sus posiciones durante los próximos seis años. La segunda novedad se desprende de la primera: nunca en la historia de nuestro país había existido una Cámara de Senadores compuesta con tanta pluralidad. Basta pensar que fue sólo hasta 1988 cuando, por primera vez, la oposición ocupó unas cuantas curules en esa cámara legislativa y a partir de entonces, poco a poco, fue entrando y se instaló la pluralidad política real.
una diputada perredista decidió pasar a formar parte de la fracción parlamentaria del PT. La votación del dos de julio se tradujo pues, en un complicado juego parlamentario. Veamos la aritmética del próximo Congreso: con el 38.2 por ciento de los votos para la Alianza, Acción Nacional se lleva 206 diputados, y el Verde Ecologista 17. Supongamos que los partidos de nuevo registro (CD, PSN y PAS) se suman al partido del Presidente y al PVEM: tendríamos entonces 232 diputados, cifra que no alcanza para hacer mayoría. Supongamos ahora que el PT decide sumarse: la coalición llega a 240, ni aún así Fox conquistaría la condición mayoritaria. La conclusión es obvia: para aprobar cualquier iniciativa, de manera obligatoria, Fox debe ir en busca del PRD ó del PRI, ó al menos sobre un sector amplio de sus diputados que estén dispuesto a pactar con él. En los últimos seis años, el Presidente Zedillo tuvo un senado compuesto por mayoría del PRI; en varias ocasiones, funcionaba como válvula de seguridad en última instancia, ante la alianza de la oposición. Fox no tendrá esa suerte: PAN y PVEM, juntos, ganaron 51 senadores. El PRI obtuvo más senadores que esa Alianza: 60 escaños. El PRD 15, y PT y CD obtuvieron uno respectivamente. Así que el poder ejecutivo tiene enfrente a 77 senadores de oposición. Al inicio de su mandato deberá resolver con ellos un asunto crucial: el nombramiento del Procurador General de la República. Esto quiere decir que el nuevo presidente tendrá que negociar en dos pistas separadas. Tendremos ocho partidos en la Cámara de Diputados y seis en la de Senadores. Todos ellos tendrán un espacio que defender, un papel y reclamos propios que negociar en el manto multicolor del Congreso. El resultado de esta aritmética política se resume en cinco condiciones del juego parlamentario:
b) pero incluso, ninguna de las coaliciones electorales tiene mayoría; c) los partidos pequeños no alcanzan a ser bisagra, ni siquiera todos juntos; d) cualquier iniciativa que deba ser aprobada por la Cámara de Diputados debe ser producto de un acuerdo parlamentario, y e) lo que es más: si el PAN y el presidente quieren o deben cambiar a la Constitución de la República, sólo lo lograran con el concurso del PRI. En el caso de que se unieran todas las demás bancadas, ni aún así alcanzarían los votos para cambiarla. En el PAN como gobierno y en el PRI como oposición quedó la llave del cambio constitucional. ¿Resultado? un Presidente democráticamente acotado, expuesto por necesidad a la negociación y el acuerdo con un Congreso de oposición. El país que gobernará Fox no es el de un tronco mayoritario, sino el de mayorías que se construyen. La suma de los votos y de los legisladores de la oposición es una mayoría absoluta sobre el gobierno triunfante. Las elecciones de 1997 lo habían anunciado con toda claridad: México entra de lleno a una etapa política cuyo objetivo y marco esencial es el de la construcción de alianzas legislativas, los pactos interpartidistas ya no sólo para hacer leyes electorales sino para gobernar al país. Pero, como decíamos más arriba, el dos de julio no estuvo en juego sólo la presidencia del país y el poder legislativo completo. Los resultados muestran, otra vez, la cara de un país denodadamente plural:
** Chiapas eligió gobernador el 20 de agosto del 2000. |
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Última Actualización : Octubre de 2000.