ANIL - Perú

La violencia política vivida en Perú desde mayo de 1980 por el accionar de grupos subversivos ha dejado huellas que difícilmente se podrán borrar de la mente de los peruanos; sobre todo de aquellos que se vieron afectados directamente no sólo por haber sido víctimas de los grupos levantados en armas sino también por la acción de las fuerzas del gobierno que en su afán de preservar el orden cometieron grandes atropellos a la población.

La presencia activa de los grupos subversivos desestabilizó seriamente la vida política, económica y social del Perú. Habían tomado presencia en muchos departamentos del país, sembrando el terror, la desconfianza total y un caos generalizado en todos los sectores de la población, lo cual ponía en peligro inminente al Estado Peruano.

Pero es en 1990 cuando se inicia una lucha frontal y total contra la subversión. El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional instituido por el Presidente Alberto Fujimori, constituyó el inicio de esta lucha que tuvo como consecuencia no sólo el rompimiento del orden constitucional y la democracia, que empezó con el cierre del Congreso de la República en 1992, sino que vastos sectores de la población se vieron afectados por la violación de sus derechos. El régimen dictatorial que a partir de allí se implantó quedó graficado en leyes y decretos de emergencia que violaban las reglas más elementales del derecho y que promovieron el abuso y la arbitrariedad. Se dictaron leyes que daban poderes casi ilimitados a los militares, quienes lograron ejercer el control de los poderes del estado, de los principales medios de comunicación y utilizaron al Servicio de Inteligencia Nacional no sólo para perseguir a elementos subversivos sino a sus adversarios políticos.

Todo lo cual trajo consigo ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y el encarcelamiento de un grupo significativo de personas que no tuvieron relación con grupos ni actividades terroristas. De manera que personas inocentes fueron encarceladas no sólo por que los detuvieron por error, calumnias o por la condenable acción de las fuerzas del orden de buscaba justificar una acción policial con cualquiera que se cruzaba en su camino. Así fueron detenidos campesinos, obreros, estudiantes, profesionales de todo tipo y familias enteras sin distingo de edades, sexo ni oficio.

Frente a esta situación comenzaron a denunciarse y poner cuestión las medidas de emergencia tomadas por el gobierno. Pues instituciones nacionales y extranjeras, entre las que se encontraban organizaciones de derechos humanos, la iglesia católica y la evangélica, empezaron a denunciar las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en Perú, destacando entre ellos el encarcelamiento de personas inocentes acusadas de terrorismo.

La presiones de las instituciones antes mencionadas empezaron a dar sus frutos ya que lograron sensibilizar a la sociedad en su conjunto y hasta el mismo Presidente de la República reconoció públicamente que habían personas inocentes que purgaban condenas en las cárceles del país. Así el problema de los inocentes presos llegó a ser una preocupación en el Congreso de la República a partir del 1994 ya, que en el transcurso de los dos años siguientes, se presentaron 8 proyectos de ley en torno al tema.

Sin embargo, con la creación de la Defensoría del Pueblo y la elección del primer Defensor, en mayo de 1996, se inicia un verdadero trabajo por la liberación de los inocentes presos ya que este problema fue asumido con carácter prioritario. Así se estudiaron todas las propuestas y los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República llegándose finalmente a proponer la creación de una comisión que recomendara el indulto y derecho de gracia al Presidente de la República.

El 17 de agosto de 1996 el Presidente de la República promulgó la Ley N° 26655, que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, que creaba la Comisión Ad-hoc para evaluar, calificar y proponer, en forma excepcional, la concesión del indulto o el derecho de gracia presidencial para las personas procesadas o condenadas por terrorismo y traición a la Patria. La cual en sus artículos 1° y 2° estableció que dichos beneficios serían recomendados por la Comisión cuando, a su criterio, se hubiese condenado o procesado con pruebas insuficientes a una persona y, además, se pudiese presumir, razonablemente, la no vinculación de estas personas con elementos, actividades u organizaciones terroristas.

De manera que el motivo principal de esta ley del indulto a inocentes expresaba la preocupación de que: "fueron condenadas o se encuentran procesadas por delitos de terrorismo o traición a la patria, un significativo número de personas presumiblemente inocentes, es decir personas que no tuvieron ningún tipo de vinculación con elementos, actividades u organizaciones terroristas. Situación que fue reconocida y corroborada por el propio Presidente de la República quien intercedió por la liberación de Miguel Ruiz Cornejo, Danilo Quijano y Alvaro Villavicencio, que estuvieron presos injustamente.

Estos fueron los argumentos que dieron origen a la Ley 26655. Desde entonces han sido liberadas más de 700 personas inocentes que estuvieron en cárceles de máxima seguridad en Lima y el interior del país.

Recobrada la libertad, y conscientes de los muchos e irreparables daños causados por la injusta prisión, los inocentes liberados nos unimos no sólo para enfrentar los problemas de supervivencia, buscar reinsertarnos en la sociedad a través de la consecución de un trabajo digno, la recuperación de algunas de nuestras pérdidas y procurarnos los más elementales medios de vida, sino también para reclamar al gobierno peruano una indemnización que por hecho y derecho nos corresponde.

Así surgió la necesidad de agruparnos y constituirnos en una asociación que, gracias al apoyo de la Congresista Ana Elena Townsend, vio la luz en octubre de 1999, fecha en que logramos inscribirnos en los Registros Públicos y obtener nuestra personería jurídica. Desde entonces somos reconocidos como Asociación Nacional de Inocentes Liberados, cuyas siglas son ANIL y contamos con una Junta directiva elegida democráticamente por los miembros asociados que hasta ahora ya estamos sobrepasando los cien miembros.