Los Acuerdos de Paz en Guatemala

¿Se acabó la guerrilla en Centroamérica ?

Por Rubén Arreola Azmitia

DURANTE dos largas décadas, en los años 70 y 80, las organizaciones guerrilleras centroamericanas libraron intensos combates contras las dictaduras militares del área, y también terminaron dirigiendo las principales luchas obreras y populares de la época. En 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó el poder en Nicaragua, y con ello las organizaciones nacionalistas pequeñoburguesas entraron en su mayor apogeo.

El triunfo popular en Nicaragua generalizó la situación revolucionaria a todo el área centroamericana. Durante la década de los años 80 se vivieron intensas guerras civiles en El Salvador y Guatemala. Honduras y Costa Rica fueron las excepciones. En Honduras, por el mismo hecho de haberse instalado las bases militares norteamericanas y por constituirse en la punta de lanza de la agresión militar contra la revolución centroamericana en curso, se desarrollo una política de asesinatos y desapariciones selectivas, que impidió el surgimiento de grupos guerrilleros. Costa Rica, por su larga tradición democrática burguesa, constituyó la otra parte de la política de agresión imperialista

Actualmente, no queda una sola organización guerrillera que se plantee la lucha armada y la toma del poder político en Centroamérica. A partir de la derrota electoral del FSLN en Nicaragua se aceleró el proceso de negociación que condujo a la firma de los Acuerdos de paz en El Salvador en 1992, y la reciente firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala a finales de 1996.

Los únicos grupos armados que existen actualmente en el área, son los dispersos y atomizados “recontras” nicaragüenses, que no tienen un programa político claro ni ununa estrategia definida, cayendo en la mayoría de los casos en el bandolerismo.

Incluso, si analizamos el panorama latinoamericano observaremos que solamente existen grupos guerrilleros el sur de México, en Perú y Colombia. En el caso mexicano la guerrilla zapatista mas que constituir un movimiento armado que lucha contra el Estado burgués, se ha transformado en fuerza de presión en las negociaciones con el gobierno del PRI. En Perú las diversas organizaciones guerrillas han sido duramente golpeadas por el gobierno de Fujimori. El secuestro de altos funcionarios en la embajada de Japón, no ha cambiado para nada esa situación. Quizás la única guerrilla que conserva su capacidad militar y el control de amplias zonas geográficas, sigue siendo la guerrilla colombiana. Pero esta es una excepción en el panorama general de Latinoamérica.

La guerrilla guatemalteca

El derrocamiento del gobierno populista de Jacobo Arbenz Guzmán, en Guatemala, durante el año 1954, por medio de un golpe de Estado promovido por la CIA, y apoyado por las dictaduras centroamericanas, dio origen a diferentes grupos armados que se opusieron a tal medida.

La primera rebelión se gesto el 2 de agosto de 1954, un mes después que el coronel Carlos Castillo Armas, derrocara al gobierno de Arbenz y pusiera fin al proceso revolucionario iniciado diez años antes. El 5 de diciembre de 1955 se produjo una nueva rebelión militar, en la que terminaron siendo fusilados varios oficiales. También, el 25 de junio de 1957, por la época en que fue asesinado Carlos Castillo Armas, algunos oficiales intentaron tomar la base militar de San José, pero el plan fue revelado y fracasó.

El más importante de estos movimientos armados se produjo el 13 de noviembre de 1960, cuando un grupo de 44 oficiales y dos mil soldados se alzó en armas en contra del gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes, protestando por el involucramiento de Guatemala en los preparativos de agresión a Cuba, lo que mas tarde sería la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

El movimiento armado fracaso, pero sirvió para dar origen al movimiento guerrillero que se desarrolló en los años posteriores, inicialmente bajo una inspiración nacionalista, aunque posteriormente cayo bajo la influencia de Fidel Castro. Este movimiento fue fundado y dirigido por los teniente Marco Antonio

Yon Sosa y Luis Turcios Lima, especialistas en la lucha antiguerrilla y que fueron entrenados por oficiales norteamericanos en Fort Gulick, Fort Bragg y Escuela de las Américas, en la zona del canal de Panamá.

El Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR- 13), bajo la influencia de Fidel Castro, estableció una alianza con el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), prosoviético, y fue así que se fundaron, en diciembre de 1962, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), estableciéndose una división entre el trabajo político y la lucha militar.

Es importante aclarar que esta unidad no fue producto de un natural proceso de acercamiento político, sino por la necesidad de la guerrilla de obtener apoyo militar y material de Moscú y La Habana. Las divergencias no se hicieron esperar. Yon Sosa, avanzando hacia la búsqueda de un programa obrero y socialista buscó el apoyo del Partido Obrero Revolucionario (POR), sección mexicana del Buró Latinoamericano de la IV Internacional, es decir, de la corriente encabezada por Leonel Posadas.

El apoyo material y militar de uno de los grupos que se reclamaban del trotskismo, el hecho que Yon Sosa y sus seguidores intentaran avanzar hacia un programa socialista, provoco una airada repuesta de Fidel castro, quien en un discurso en la Tricontinental, organismo de coordinación de las luchas guerrilleras controlado por el gobierno cubano, acuso a los trotskistas de ser “agentes de la CIA”. En esa época, los militares asesinaron a todos los trotskistas guatemaltecos afiliados al Posadismo y a los trotskistas mexicanos que colaboraban con la guerrilla, entre los que podemos mencionar a David Aguilar Mora, Eunice Campirán y Felipe Galván. A partir del ataque público de Fidel Castro, se produjo la ruptura entre el MR-13 y las FAR.

En la década de los años 60, la guerrilla guatemalteca, apoyada y controlada por el castrismo, llego a ser muy poderosa. Ante el auge de la guerrilla, los asesores militares norteamericanos recomendaron el uso de las bandas paramilitares y su combinación con programas de asistencia social en los zonas campesinas donde la guerrilla había logrado cierta implantación social.

Una guerra de exterminio para...

A partir del 3 de junio de 1966, surge el Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (MANO), cuyo distintivo era una “mano blanca”, posteriormente fueron creados el Comité Anticomunista del Ejército de Guatemala (CADEG), la Nueva Organización Anticomunista (NOA), El “Ojo por Ojo”, la “Rosa Púrpura”, el Frente de la Resistencia Nacional, la Reivindicación Anticomunista y del Orden (RAYO) y otros grupos con denominaciones similares.

La labor sangrienta de las bandas paramilitares llegó a ser conocida mundialmente, y equiparada a los grupos homólogos colombianos. En esa época el terror contrarrevolucionario estuvo dirigido a destruir las bases sociales de la guerrilla, tanto en el campo como en la ciudad. En el campo la matanza fue indiscriminada. En la ciudad, estuvo centrada contra los intelectuales y los dirigentes obreros. Hubo una ocasión en que la prestigiosa Universidad de San Carlos se quedo sin profesores por que casi todos habían sido asesinados o debieron salir al exilio.

El 2 de octubre de 1966, el legendario guerrillero Luis Turcios Lima murió en circunstancias extrañas cuando explotó el auto en que viajaba. La violenta y masiva represión surtió efectos. El 26 de septiembre de 1972, fueron capturados y asesinados la mayor parte de dirigentes fundadores del PGT.

En 1975, como un desprendimiento de las FAR surgió el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), bajo una nueva estrategia de lucha armada que trataba de superar la vieja e inútil concepción del foco guerrillero por la “guerra popular revolucionaria” en todo el territorio nacional. Posteriormente, en 1979, en pleno auge de la revolución centroamericana, del EGP se escindió la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), planteando que el sector indígena debe ser la principal base social de la lucha guerrillera.

A partir de 1979, el panorama cambio radicalmente en Centroamérica. En Enero de 1982, bajo la influencia de Fidel castro y los comandantes sandinistas, las diferentes organizaciones guerrilleras se reúnen en Managua para conformar la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

A partir del peligro que representaba el apoyo burocrático del FSLN a los grupos guerrilleros del área, los militares endurecieron su posición y promovieron el golpe de Estado que llevó al General Efraín Ríos Montt al poder, el 23 de Marzo de 1982, con un claro programa anti insurgente.

Esta estrategia combinaba el programa llamado “frijoles y fusiles”, por medio del cual se entregaba algunas raciones alimenticias a las comunidades mas aisladas, con el reclutamiento, entrenamiento y aprovisionamiento de armas a la población civil, para crear las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Con ello, Ríos Montt pretendió generalizar la guerra civil, tratando de reclutar el mayor numero de soldados posibles para su ejército. El encuadramiento de los civiles en las PAC, sin que llegarse a constituir una parte del ejército, los involucraba en un bando de la guerra y evitaba el reclutamiento a favor de los del otro bando. Además, las PAC debían encargarse de controlar ellas mismas las poblaciones donde incursionaba la guerrilla.

Solo Ríos Montt podía llevar a cabo esa tarea, debido a que era además un político con éxito. En 1974 ganó abrumadoramente las elecciones, pero los militares en esa ocasión no le entregaron el poder. Desde la junta militar, Ríos Montt desarrollo una campaña misticista religiosa, como eje ideológico aglutinador de las PAC.

Por su parte, los “santuarios de la guerrilla” estaban ubicados en varias aldeas de los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz, en la zona selvática del Petén, colindante con la frontera mexicana. La guerra civil se intensificó en el campo.

Una vez que Ríos Montt aplicó exitosamente la táctica de “tierra quemada”, lo sustituyó el general Oscar Humberto Mejía Víctores, quien se encargó de preparar las condiciones para una transición hacia la democracia burguesa. En esa época, la estrategia del imperialismo yanqui, a pesar del discurso agresivo de Reagan, se alistaba a ensayar un nueva y mortífera arma política : la “reacción democrática”, es decir, implementar los mecanismos de la democracia burguesa para liquidar la guerrilla centroamericana de una vez por todas.

... Preparar la “reacción democrática”

Mejía Víctores convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Fue el mismo año en que el grupo de Contadora presentó el primer borrador de la llamada “Acta de Paz”, aceptada por todos los presidentes centroamericanos, incluido Daniel Ortega. Después asumió en 1985 la presidencia de Guatemala, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, en medio de gran expectación, por tratarse del primer presidente civil en casi 20 años...

En 1986 se realizó la primera reunión de presidentes centroamericanos en Esquipulas. En agosto de 1987 se firmó el acuerdo conocido como Esquipulas II; cuyas repercusiones se harían sentir en Centroamérica. En octubre de ese mismo año el gobierno de Cerezo y la comandancia de la URNG sostuvieron la primera reunión en Madrid, España. Cerezo creo la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) presidida por monseñor Rodolfo Quezada Toruño, y otros ciudadanos “notables”.

En el periodo 1987-1990 el avance o retroceso de las negociaciones en Guatemala y en todo el área estuvo determinado por los resultados de las negociaciones en Nicaragua. La derrota electoral del FSLN el 25 de febrero de 1990, aceleró la dinámica negociadora. En abril de ese mismo año, el Gobierno de Guatemala y la URNG suscribieron el “Acuerdo para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos”.

El derrumbe de la burocracia stalinista en la ex URSS, la derrota electoral del FSLN en Nicaragua, y el cambio de actitud de Cuba hacia la guerrilla centroamericana, fueron uno de los tantos factores externos que contribuyeron a que los antiguos guerrilleros se decidieran finalmente por abrazar la democracia burguesa.

En ese mismo año 1990 en El Escorial, España, la dirigencia de la URNG se reunió con Mario Sandoval Alarcón, el mas representativo líder anticomunista de Guatemala. Después continuaron un serie de innumerables reuniones: en Ottawa, Canadá, con el sector empresarial; En Quito, Ecuador, con los religiosos; en Metepec y Atlixco, México, con representantes de organizaciones sindicales y populares, académicos, profesionales y de la pequeña empresa.

En enero de 1991, Cerezo entrega el mando a otro civil, el ingeniero Jorge Serrano Elías, quien se reunió con la dirigencia de la URNG en Oslo, Noruega.

Serrano presento su plan de “Paz Total”, en Ginebra, Suiza.

Después las negociaciones se trasladaron a México, el país que tenía cerca de medio millón de indígenas guatemaltecos como refugiados políticos. En esa oportunidad, se suscribió la “Agenda y Procedimiento para el Desarrollo de las Negociaciones”. Un par de meses después, se logra consenso para el “Acuerdo Marco Para la Búsqueda de una Paz Total”, en Querétaro, México. En esas negociaciones participó Francesco Vendrell como observador de la ONU.

El 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano Elías intento un auto golpe de estado que fue derrotado por la oposición de las masas, pero ello no impidió que las negociaciones con la URNG continuaran su curso. El nuevo Presidente, elegido por el Congreso, Ramiro de León Carpio, quien se había destacado notablemente en el cargo de Procurador de los Derechos Humanos, continuó con la política de incorporar a la URNG a la vida civil. El 29 de abril de 1993 la URNG y el gobierno de Guatemala suscribieron el “Acuerdo Global sobre Derechos Humanos”, con la particularidad de su vigencia inmediata. Después se firmaron los “Acuerdos para Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado” y de “Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos”, los de “ Hechos de Violencia que han causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca” y el de “Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Con la elección de Alvaro Arzú, como Presidente de la República, al contrario de lo que muchos pensaban, -por representar a los sectores mas conservadores, el proceso de paz avanzó en forma sorprendente. Ello se debió a que antes de concluir la campaña electoral, la URNG y el partido de Arzu, el Partido de Avanzada Nacional (PAN). establecieron vínculos de relación muy estrechos, fundamentalmente por medio de Gustavo Porras Castejón y Eduardo Stein, miembros antiguos de la guerrilla.

En mayo de 1996 se suscribe el “Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria” y unos meses después, se aprueban los acuerdos sustantivos, de “Fortalecimiento del Poder Civil” y “Función del Ejército en una Sociedad Democrática”.

Desde 1987 hasta 1996, en caso nueve años de negociaciones, la URNG y el gobierno de Guatemala suscribieron mas de quince acuerdos políticos de todo tipo, de manera que para finales de 1996 la firma del “Acuerdo de Paz” fue solo el corolario de ese proceso de negociaciones.

URNG: Maquillando al Estado burgués

Con la firma del Acuerdo de Paz, finalizaron 36 años de una prolongada guerra de guerrillas que cobró, según las organizaciones protectoras de los Derechos Humanos, más de 150 mil vidas, 1 millón y medio de desplazados, 440 aldeas indígenas arrasadas, y un legado de 70 mil viudas y huérfanos.

A diferencia de los procesos de pacificación en Nicaragua y El Salvador, en Guatemala quedo estipulado en los Acuerdos de Paz que “se creará una Fundación para la incorporación” de los miembros de la URNG, los que participaran de los beneficiarios en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos y programas que les conciernen. La Junta Directiva de ésta Fundación esta integrada por cuatro miembros de cada una de la organizaciones que conformaban la URNG.

Lo anterior permite que los comandantes de la URNG manejen una parte de los 1900 millones de dólares que los Estados Unidos y los países europeos han donado para financiar el proceso de pacificación.

Héctor Rosada Granados, ex presidente de la gubernamental Comisión de Paz, criticó el hecho que “ mientras los excombatientes de la URNG cuentan con todas las facilidades socioeconómicas y legales para su reinserción, el Gobierno no tiene posibilidades reales para garantizar la desmovilización de los miembros del aparato de seguridad, lo que podría dar a entender que la paz resulta en un reparto de privilegios ”.

¡Esa guerrilla no va más!

La guerrilla guatemalteca tuvo su origen en la lucha de los oficiales nacionalistas. Sin embargo, nunca supero esta limitación: siempre levantó un programa democrático de lucha contra las dictaduras militares, utilizando y privilegiando un solo método de lucha revolucionaria como es la lucha armada. Durante muchos años los activistas de izquierda creyeron que los métodos revolucionarios por si solos resolvían de una vez por todas el problema central de que clase debe dirigir la revolución. Este espejismo resultaba engañoso en la medida que la política central del imperialismo fue, desde los años cincuenta hasta mediados de los años ochenta, el apoyo incondicional a las dictaduras del área centroamericana en su lucha contra el “comunismo internacional”.

Cuando el imperialismo modificó su política, producto del ascenso revolucionario a nivel mundial y centroamericano, y privilegió la aplicación de planes de “reacción democrática” en todo el orbe, comenzó a operarse, desde diferentes puntos de vista, una coincidencia programática entre los objetivos democráticos de la guerrilla y los planes contrarrevolucionarios del imperialismo. La diferencia entre ambos, seguían sino los métodos y objetivos finales.

En la medida en que las dictaduras comenzaron a ser reformadas desde arriba, como es el caso de Guatemala, a pesar de las pilas de cadáveres, la esencia del programa democrático de la guerrilla perdió su razón de ser. Sobre todo por que los comandantes guerrilleros, al igual que la burguesía, manejaban la misma concepción formal de la democracia, es decir, limitan la democracia al plano formal de las libertades políticas individuales y nada mas. Por esta razón, el sostenimiento de métodos revolucionarios, como la lucha armada, se volvieron cada vez mas “obsoletos” para los jefes de la guerrilla.

Yon Sosa fue el único de los líderes guerrilleros que trato de ascender hasta el programa de la revolución socialista. Esta evolución hubiera cambiado el panorama de la guerrilla del MR-13, hubiera llevado a sus dirigentes a trabajar intensivamente sobre la clase obrera más fuerte y numerosa de toda Centroamérica, ya que solo la clase obrera pueda sostenerlo. Lamentablemente, la dirigencia del MR-13 se vinculó al Posadismo, una falsa corriente autollamada “trotskista”, que en el fondo le claudicó a los gobiernos nacionalistas burgueses en Latinoamérica, durante la década de los 60.

En cambio, nuestra concepción de la democracia es distinta. La concebimos siempre como un paso mas hacia el objetivo final de la revolución socialista. Nuestra democracia es la de los trabajadores, en donde todos tenga derecho al trabajo, a la comida y las reivindicaciones mínimas de todo ser humano.

Este tipo de guerrilla, como el FSLN, el FMLN y la URNG, ya no serán punto de atracción de la nueva vanguardia revolucionaria que inevitablemente emergerá de la lucha contra los planes neoliberales y de semicolonizacion de Centroamérica.

Toda una generación de revolucionarios cayó inmolada en la heroica lucha de la guerrilla contra las dictaduras militares. Unos cayeron en combate y otros fueron masacrados por las bandas para militares. Esa situación quedo atrás. Sobre la derrota de la esa generación, los capitalistas y banqueros están expoliando a los pueblos centroamericanos. Por eso, para formar una nueva dirección revolucionaria, debemos aprender de estas duras lecciones.

PERU
La bancarrota del guerrillerismo

Pipatón

EL gobierno de Fujimori y los militares, asesorados por expertos ingleses, israelitas y estadounidenses, después de 120 días de aparentes negociaciones con el Comando del MRTA, se tomaron la sede de la embajada japonesa, liberaron los rehenes y eliminaron a todos los miembros del comando guerrillero del MRTA. Para lograr este objetivo aplicaron de manera magistral una adecuada combinación entre la zanahoria y el garrote, pero la zanahoria puesta al servio, por entero, del garrote.

A quedado demostrado, una vez más, el carácter profundamente reaccionario, arbitrario y dictatorial del gobierno peruano y como funciona en estrecha coordinación con el imperialismo. Este ha sido un golpe muy duro a la guerrilla, a los centenares de presos políticos y, de manera indirecta, al movimiento de masas por las posibles expectativas depositadas vanamente en la acción guerrillerista. Al mismo tiempo el gobierno de Fujimori ha salido  relativamente fortalecido.

Sobre los hechos no hay mucho que decir. Estos han sido ampliamente analizados en la prensa de todo el mundo. Lo que es útil políticamente para el movimiento obrero y los sectores populares es analizar la política y el método con los que se realizó el acto de toma por parte del comando guerrillero, la política aplicada por el gobierno de Fujimori y sus asesores imperialistas y las enseñanzas que deben quedar del rotundo fracaso de la política guerrillerista.

El garrotazo de Fujimori y el imperialismo

No está en discusión que el gobierno de Fujimori es antidemocrático y que utiliza métodos fascistas contra el movimiento de masas, la guerrilla y el terrorismo. Tampoco está en discusión que las condiciones sociales, que son caldo de cultivo para la existencia de los movimientos guerrilleristas y terroristas, son engendradas por el propio capitalismo. Que el régimen de Fujimori tiene en la cárcel en condiciones infrahumanas a miles de presos políticos, que es justo y necesario tener una política para exigir sus libertad. En el marco de las anteriores condiciones fue que el MRTA se tomó la embajada japonesa.

La operación de toma fue un acto totalmente aislado del movimiento de masas. Desde un principio el propio comando guerrillerista quedo como rehén de las fuerzas militares y políticas del régimen al no tener respaldo de las masas ni una dirección nacional e internacional externa que asumiera la conducción de las acciones. Esto fue complementado por la  confianza política  depositada  por el MRTA en la negociación y en los negociadores del régimen, confianza lindante con la irresponsabilidad política .

El gobierno de Fujimori aceptó las negociaciones con la presencia de la iglesia y la Cruz Roja, como un mecanismo de distracción para preparar el garrotazo final. No hay mucho de qué escandalizarse. La política que aplicaron, el gobierno peruano y sus asesores internacionales, fue, en esencia, la misma que se aplicó en Vietnam, en Irak, en el Medio Oriente y la que se ha venido aplicando en el Salvador, Guatemala, Colombia y el mismo Perú. La política y el método del diálogo, la concertación, los derechos humanos y la paz, pero al servicio de la más brutal represión, del exterminio de las fuerzas revolucionarias y el debilitamiento progresivo del movimiento obrero y de masas. Lo grave es que las direcciones de los movimientos guerrilleristas y las burocracias sindicales reformistas crean en los procesos de concertación, conciliación, y lleven a los trabajadores y masas populares a esos terrenos, que son los de la burguesía y el imperialismo.  Aquí radica parte de la torpeza política del MRTA. Primero , dejó en libertad un gran número de rehenes, segundo ,  a los que mantuvo retenidos les dio todas las garantías  y libertades democráticas  dentro de la embajada y en sus relaciones con el gobierno, los negociadores y sus familias, y, en tercer lugar ,  confió ciegamente en las negociaciones y en el rol “neutral” de aparatos contrarrevolucionarios como la Iglesia, la Cruz Roja y los organismos de derechos humanos controlados por los países imperialistas.

Alta tecnología, movimiento de masas y guerrillerismo

Desde la Segunda Guerra Mundial la burguesía y el imperialismo no insisten, por la profunda crisis capitalista, en utilizar las masas movilizadas en la luchas y en las guerras. Este cambio de orientación se consolidó de manera mucho mas clara después de Vietnam. El imperialismo se dedicó a incorporar de una manera mucho más sistemática todos los avances de la ciencia en el terreno de la tecnología del espacio, la energía atómica, de las computadoras y las comunicaciones al campo militar y a la represión cotidiana, plenamente consciente que ese es su fuerte y no el apoyo de las masas.   Hoy privilegia los ejércitos profesionales, los cuerpos de élite, los grupos de mercenarios, las acciones de inteligencia y las bandas paramilitares.

Los movimientos guerrilleros que triunfaron en la posguerra lo lograron, en lo fundamental, debido a que, en determinadas circunstancias, las luchas de las masas se transformaron en levantamientos insurreccionales y esos movimientos guerrilleros aprovecharon para quedarse con los gobiernos. Lo determinante de esos triunfos  fueron las masas movilizadas y no la tecnología  militar, las acciones terroristas o el guerrillerismo foquista. Los intelectuales de clase media que dirigen los movimientos guerrilleristas se niegan a estudiar seriamente los procesos revolucionarios y a sacar las conclusiones para poner estas al servicio d e la lucha. Por el contrario, cada vez más, el guerrillerismo privilegia el terrorismo individual y las acciones aisladas del movimiento de masas y sus organizaciones, pretendiendo competir con el imperialismo y los gobiernos burgueses en el campo de los recursos económicos, la tecnología militar y la inteligencia. Entonces se da una lucha de aparatos militares, campo en el que evidentemente el imperialismo y los gobiernos burgueses tienen todas las ventajas. Las direcciones guerrilleristas, de las acciones terroristas pasan con mucha facilidad a la concertación  y conciliación. Los elementos comunes de estas dos políticas son la desesperación de la pequeñaburguesía, su concepción mesiánica de la lucha y su desconfianza absoluta en el movimiento de masas y sus organizaciones. El fracaso del MRTA es el fracaso del M-19 en Colombia y en general del guerrillerismo en toda América latina. La desesperación de la pequeñaburguesía, la creencia de que es ella y su aparato armado los llamados a realizar las revoluciones, su desprecio olímpico por el movimiento obrero y de masas, por un trabajo largo y paciente de politización y organización, se han vuelto ha expresar en toda su desnudez y brutalidad en el Perú.

Sin la participación directa de las masas no hay revolución

Felicitas Cartolini, madre de Néstor Cerpa, es quien mejor ha expresado aunque parcialmente, el problema, cuando dijo: “Yo responsabilizo  al presidente Fujimori de lo acontecido. Es un dictador, a él no lo presiona nadie, ni los militares. Se burla y engaña a la opinión pública. La negociación fue sólo una farsa. El movimiento Revolucionario nunca morirá  y va a vengar la muerte de mi hijo. Eso sí” ( El Mundo de España , 24/4/97). Sólo que para sacar esta conclusión tuvo que ver muerto a su hijo. Pero la madre de Cerpa, como muchos intelectuales y militantes del guerrillerismo se niegan a sacar las conclusiones políticas; por el contrario llaman a la venganza individual y a persistir en las equivocaciones.

Aunque la prensa y los politólogos digan que estos movimientos son marxistas, la realidad es que no tienen nada que ver con el marxismo, su programa, su política y sus métodos. Carlos Marx y Federico Engel  desde que fundaron el marxismo y el socialismo científico afirmaron, de manera enfática, que la liberación de los trabajadores debe ser obra de los mismos trabajadores. Una de las condiciones para el primer gran triunfo de la clase obrera y el socialismo en Rusia en octubre de 1917 fue la derrota política al interior del movimiento obrero y campesino de los populistas y socialistas revolucionarios, equivalentes en sus métodos a los actuales guerrilleristas  y terroristas.

El peligroso papel de las masas movilizadas fue la lección que sacó el imperialismo de las grandes luchas libradas en los primeros cuarenta años de este siglo (1905-1945), de los triunfos revolucionarios de la posguerra y de su derrota en Vietnam.

El guerrillerismo y el terrorismo individual sobrevaloran su rol como grupos y como individuos, y subestiman de manera absoluta el papel del movimiento obrero y las masas. Lo único que el imperialismo y los gobiernos no podrán vencer es a millones de trabajadores, campesinos y pobladores urbanos movilizados y levantados contra ellos, así no estén tan bien armados como ellos. Esto ha quedado demostrado, una vez más, en las movilizaciones del Ecuador en febrero de 1997 y también en Albania. La única arma invencible contra el imperialismo, los gobiernos burgueses y sus arsenales, son las masas obreras y populares organizadas, movilizadas e insurreccionadas. A llevar a cabo esta tarea auténticamente revolucionaria debiera dedicar la juventud inconforme y rebelde todas sus energías.

No hay tarea más importante para los auténticos marxistas revolucionarios que trabajar incansablemente por la movilización independiente de las masas trabajadoras y populares, por alimentar en su conciencia la desconfianza y el odio de clase  hacia los burgueses y los imperialistas, al mismo tiempo que convencerlas que esa desconfianza y odio se deben traducir y materializar en su propio partido político, obrero y socialista, que los guíe en su lucha intransigente contra el capitalismo, el imperialismo y por el socialismo con democracia obrera.

COLOMBIA
Del paro estatal a la trampa electoral

O.A.

EL Paro Nacional Estatal de febrero pasado es la lucha de resistencia más importante librada por los trabajadores urbanos del país contra los planes de sobreexplotación en los últimos veinte años. Desde el Paro Cívico Nacional de 1977 las direcciones de las centrales obreras no se ponían de acuerdo para convocar y llevar adelante una movilización unificada de un sector importante de los trabajadores. Esta lucha, fue entregada por las direcciones de la Federación Nacional de Educadores, Fecode, y de las centrales obreras CUT, CGTD y CTC, que la levantaron en el momento en que las bases se preparaban para volcarse a Bogotá a materializar la toma votada por esa misma dirección. Con esa maniobra sacaron al gobierno de Samper del atolladero en que lo estaba metiendo la movilización.

Desembarazadas de la incómoda presencia de los trabajadores en las calles, las direcciones de la CUT, CGTD, la CTC y la Fecode, preparan una nueva trampa contra los trabajadores, esta vez en el terreno político. Por intermedio de sus voceros en las organizaciones sindicales, la burocracia samperista dirigida por Jaime Dussán y el exministro de trabajo Orlando Obregón, el Partido Comunista, el MOIR y todos los demás movimientos políticos que les hacen coro, intentan llevar a los trabajadores a dar su apoyo a la política de paz que ha diseñado el gobierno y están buscando el camino para construir un movimiento de conciliación de clases en las próximas elecciones.

El paro estatal

Desde antes de finalizar 1966, el gobierno de Samper anunció como una de las medidas para reducir el déficit fiscal, la de aumentar los salarios de los trabajadores estatales en un 13% en promedio, cuando ya se proyectaba la inflación por encima del 205. Esta medida colmó la paciencia de los estatales que, a pesar de ser el sector organizado de los trabajadores que mayor resistencia ha opuesto, es también el sector más golpeado por los planes de sobreexplotación impuestos por el imperialismo y servilmente aplicados por el gobierno. Además del recorte salarial y prestacional a que han sido sometidos todos los trabajadores del país, los estatales han tenido que soportar todas las consecuencias de los planes de privatización y de achicamiento del Estado. En los últimos cinco años cerca de 100.000 de estos trabajadores han sido desplazados de sus puestos de trabajo en aplicación de los decretos de reestructuración del aparato central.

Los estatales que al principio se mostraron incrédulos ante el anuncio de aumento del 13%, tuvieron que reaccionar ante la realidad del decreto expedido por el gobierno a comienzos de 1997 confirmando la medida. Decenas de reuniones en todo el país presionaron a las direcciones de las federaciones y centrales obreras, obligándolas a decretar el paro. A pesar de la presión de las bases que estaban dispuestas a salir al paro desde finales de enero, la burocracia sindical se las arregló para demorar la iniciación del paro hasta el lunes 11 de febrero. Con esto le permitieron al gobierno ganar un tiempo precioso, y debilitaron el movimiento al dejar solos en el enfrentamiento a los trabajadores de la rama judicial que habían salido a paro dos semanas atrás.

Desatendiendo las amenazas del gobierno de declarar ilegal el movimiento y superando las maniobras y obstáculos puestos por la burocracia, sectores decisivos de los estatales se aglutinaron alrededor de un Comando Nacional de Paro y aprobaron un pliego de cuatro puntos: aumento de salarios por encima del 21.5% de inflación, suspensión de los procesos de privatización de las empresas del Estado, derecho a la negociación colectiva y cese al encarcelamiento de los dirigentes sindicales y populares que se atreven a impulsar movilizaciones de protesta.

El paro se inició el lunes 11 con movilizaciones en las cinco principales ciudades del país: en Bogotá la capital, en Medellín al noroccidente, en Barranquilla sobre la costa Caribe, en Cali al occidente y en Bucaramanga al oriente. Las movilizaciones, aunque relativamente débiles, superaban a todas las realizadas en los años anteriores, no solo por el número de participantes, sino por el alcance nacional que tuvieron y por ser las primeras convocadas de manera unificada por todas las vertientes sindicales.

El día 14 se repitieron las marchas y el número de participantes creció de manera significativa, al igual que la combatividad. Para ese momento los trabajadores ecuatorianos habían derribado a Bucaram lo que estimuló la aparición, al menos en Bogotá, de consignas espontáneas llamando a seguir su ejemplo. Estas primeras manifestaciones de radicalización en la lucha no pasaron de ser esporádicas y aisladas pero fueron suficientes para alertar a la burocracia y al gobierno sobre la posibilidad de que la movilización se les saliera de las manos. A partir de ese momento las negociaciones entre los representantes del gobierno y la máxima dirección del paro, se intensificaron, como se intensificaron las maniobras para desmontarlo. En el Comando Nacional se dividieron las tareas para levantar el paro antes de la toma de Bogotá, en la que deberían confluir delegaciones de trabajadores de todo el país el martes 19.

La Federación de Educadores, presidida por Boris Montes, un burócrata sindical ligado al gobierno, era la responsable de la movilización de la mayoría de los estatales en paro. Por lo menos el 70% de los huelguistas eran educadores. El 30% restante se repartía entre trabajadores de la salud, las telecomunicaciones, una parte de la administración central y trabajadores de algunos institutos menores como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto de Mercadeo Agrícola, IDEMA.

Semejante peso dentro del Comando de Paro, le permitió a la Fecode plantear una negociación por separado con el gobierno y el resto de la dirección lo autorizó sin objeción. Dividido ante los ojos de los trabajadores, el Comando Nacional despejó el camino para intensificar el levantamiento del paro.

El levantamiento del paro: una nueva traición

El primer movimiento que hizo la dirección para levantar el paro fue postergar la toma de Bogotá del 19 para el miércoles 20, dando tiempo a que la Junta Nacional de Fecode se reuniera a ratificar el acuerdo logrado durante el fin de semana con el gobierno.

Sin la presión de la movilización, con la capitulación consumada en el acuerdo parcial del magisterio como argumento y con las migajas que les arrojó el Ministro de Gobierno, que había asumido personalmente la negociación, la dirección del movimiento completó el cuadro para justificar ante los trabajadores la decisión de levantar el paro.

El levantamiento del paro sin consultar a los trabajadores se constituyó en una nueva traición de la dirección, no sólo porque se hizo sin haber conseguido los objetivos por los cuales se había lanzado, sino porque se abortó la más importante posibilidad de recuperación de la capacidad de lucha de los trabajadores colombianos, que ha sido disminuida por las constantes entregas de las direcciones y por la aplicación de los planes de sobreexplotación económica y de exterminio físico de los mejores activistas. La orden de levantar el movimiento se dio cuando apenas empezaba a fortalecerse.

Para los maestros, que eran el tronco que estructuraba la movilización, el acuerdo sobre salarios no les significó nada nuevo, pues el gobierno sólo se comprometió a pagarles un aumento del 8% adicional que había sido pactado desde el año anterior por cuenta de la nivelación del llamado salario profesional. Con este porcentaje y el 13% decretado apenas compensaron la disminución del salario consumida por la inflación.

Para el resto de los trabajadores estatales de más bajos ingresos, la semana de movilización les representó un incremento adicional del 2%, hasta alcanzar el índice de inflación. En materia salarial los únicos realmente beneficiados fueron los sectores de más altos ingresos que pasaron del 8% inicialmente decretado al 18% finalmente acordado. Sobre los demás puntos del pliego presentado al gobierno sólo se obtuvieron promesas.

El gobierno y la burguesía devuelven el golpe

El gobierno de Samper una vez superado el escollo del paro estatal con la ayuda de las direcciones sindicales, retomó la aplicación de los planes antiobreros. Al día siguiente privatizó Cerromatoso, un importante complejo de producción de ferroníquel. Decretó una nueva alza en la gasolina y en el transporte. Presentó un proyecto de ley para extender la aplicación del IVA a los alimentos, los arriendos y los servicios públicos. Inició una ofensiva para resucitar la política del Pacto Social por medio de la cual había obtenido la colaboración de la burocracia sindical para la aplicación de los planes económicos en los dos primeros años de su mandato y que había entrado en crisis con el paro estatal. Y le dio la bendición a las cooperativas de seguridad Convivir que no son más que la institucionalización de los grupos paramilitares.

La burguesía ha respondido desde el gobierno y desde las organizaciones fascitas paralelas con que ha contado desde hace años. Las medidas de Samper han sido acompañadas por el recrudecimiento de la violencia paramilitar.

Las masacres masivas que de alguna manera lograban conmover a sectores de la población, dieron paso a los asesinatos de pequeños grupos, pero que por su frecuencia cada vez mayor, aumentan el número de asesinados dentro de los sectores campesinos y de dirigentes obreros de las provincias. Prácticamente todos los dirigentes de la movilización campesina que se dio el año pasado en el Caquetá, una zona al sur del país donde se han extendido los cultivos de hoja de coca, fueron asesinados por la mano negra del los paramilitares que los persiguió hasta Bogotá y otras ciudades del país, bajo la mirada complaciente del gobierno y las fuerzas armadas.

La dirección de los bananeros de Urabá, en el extremo noroccidental, ha corrido con la misma suerte. En el Valle del Cauca, el Cesar, el Magdalena y la Guajira, la situación de los dirigentes obreros y populares es desesperada. Esto ha obligado a miles de habitantes de las zonas más azotadas por la violencia a emigrar a otras partes del país, donde se deben asentar sin ningún tipo de garantías ni posibilidades de trabajo y donde son acosados por las autoridades locales que tratan de cerrarles todo intento de radicación. El problema de los desplazados, que las propias autoridades estiman en 500.000, se ha convertido en una de las expresiones más dramáticas de la miseria social y de la represión política a que tradicionalmente han sido sometidos los sectores campesinos más pobres de Colombia.

La descertificación: como perros y gatos

Los golpes no son exclusividad de la burguesía y el imperialismo contra los trabajadores, entre ellos también se dan golpes bajos. El lanzado por el imperialismo al descertificar por segundo año consecutivo al gobierno de Samper en materia de lucha contra la producción y tráfico de drogas, es un buen ejemplo.

Esto ha vuelto a poner tensas las relaciones entre la burguesía colombiana ligada al gobierno y el imperialismo. Samper ha hecho todo lo que le han exigido los yankies, pero entre más complaciente se muestra, más lo aprietan Clinton y los parlamentarios norteamericanos. La descertificación ha debilitado nuevamente al gobierno y ha profundizado la división entre las dos grandes fracciones de la burguesía colombiana: la acaudillada por el presidente Samper y la codirigida por el Secretario de la OEA, César Gaviria, el Fiscal Alfonso Valdivieso y el expresidente conservador Misael Pastrana. Esta nueva vuelta en la crisis ha alejado las ilusiones sobre una rápida recuperación de la economía y los negocios y ha agitado la discusión sobre quién ha de ser el sucesor de Samper.

Todos han tratado de sacar el mejor partido de la situación. Samper ha reeditado el discurso antiimperialista buscando aliados dentro de la burocracia sindical y dentro de los sectores parlamentarios que han estado a su alrededor. Y el ala más proyanky de Gaviria y compañía ha vuelto a arremeter contra el gobierno. La diferencia con los meses anteriores está en que todos parecen de acuerdo en llevar el enfrentamiento al terreno electoral, dado que hasta ahora no han podido tumbar a Samper por las vías institucionales y dado que no se atreven a tumbarlo por las vías de hecho, porque no pueden desestabilizar un país que es clave en la política regional y que tiene más factores de explosividad social y política que cualquiera de sus vecinos.

Elecciones y paz, la nueva trampa contra los trabajadores

Como no han podido tumbar a Samper, la política de los yankys y sus aliados nacionales más cercanos, es la de debilitarlo lo más posible para retomar el control del gobierno y del régimen en las próximas elecciones. Y efectivamente el gobierno se ha debilitado con la descertificación, pero la fracción burguesa que representa tiene aun mucho poder y representación en todos los sectores públicos, privados y de las fuerzas armadas con que cuenta la burguesía. Dado que esa fracción no ha sido derrotada, la lucha interburguesa que ha vivido Colombia en los últimos diez y ocho meses, se va a expresar en las próximas elecciones.

A la demagogia burguesa antimperialista, Samper le ha agregado un nuevo ingrediente para tratar de mantener el apoyo de la burocracia sindical y de recuperar parte del que ha perdido entre sectores de la clase media y los trabajadores: los llamamientos a la paz con la guerrilla. El nuevo Ministro de la Defensa, Echeverry Mejía, ha planteado una política de paz que él llama de "Estado" y que pretende que vaya más allá del gobierno de Samper.

La dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la organización guerrillera más antigua y grande del país, a pesar de que considera que no puede discutir de paz con un gobierno al que califica de "ilegítimo", ha manifestado su acuerdo con lo propuesto por el Ministro Echeverry. El guevarista Ejército de Liberación Nacional, ELN, la otra organización importante de la guerrilla colombiana, también se ha mostrado dispuesta a iniciar una nueva ronda de conversaciones que lleven a una "solución política al conflicto armado".

La política de Samper ha producido efectos sobre las direcciones políticas y sindicales de los trabajadores. El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, una organización de orientación maoísta, que hasta el paro nacional de estatales aparecía como un furibundo opositor al gobierno, ha empezado a proponer la constitución de un "frente antimperialista" para enfrentar la injerencia norteamericana. Y el Partido Comunista ya está hablando en voz baja de la necesidad de un "frente antifascista" para enfrentar a las alas más reaccionarias de la burguesía, a los paramilitares y a los yankys y para buscarle una salida al problema de la guerra interna.

Lo que en realidad se esconde detrás de tales "frentes" es una política de conciliación de clases, que busca justificar ante los ojos de los trabajadores el apoyo en las próximas elecciones a un candidato ajeno al movimiento obrero, extraído de las filas de la burguesía o de la poderosa clase media alta.

Las direcciones políticas y sindicales que dirigen mayoritariamente las centrales obreras se muestran dispuestas a poner al servicio de esta política conciliadora todos los eventos de los trabajadores. Por esa razón cambiaron el carácter de un Encuentro Nacional Unitario convocado para el 16 de abril, que había sido votado en medio del paro estatal como un mecanismo para darle continuidad a la lucha y el cual trataron de transformar en un evento de concertación con la burguesía, invitando a la iglesia, a los gremios y a los parlamentarios burgueses, al tiempo que reducían la participación obrera a un máximo de 500 delegados. Desafortunadamente para ellos la propia burguesía se encargó de patearlos, pues ninguno aceptó la invitación.

Una política de clase

Los trabajadores colombianos tendrán que enfrentar la nueva coyuntura política que se abrió con el paro estatal y las nuevas capitulaciones que preparan sus direcciones políticas y sindicales, con una política que les permita avanzar por el camino de la recuperación del método de la lucha directa como el mecanismo más eficaz para arrancarle conquistas a la patronal, y de la reconquista del principio político de la independencia de clase para oponer los intereses de los trabajadores a los de la burguesía.

Una vez más tendrán que insistir en todos los eventos y sitios de trabajo que el único camino posible es el de la lucha , y que es una necesidad imperiosa que se concrete el Paro Nacional de todos los trabajadores contra los planes del gobierno, contra los asesinatos, contra el accionar de los paramilitares y la represión oficial y contra la descarada injerencia del imperialismo en los asuntos internos del país. Y una vez más tendrán que levantar las banderas de la independencia de clase en las próximas elecciones , proclamando candidatos obreros y populares que impulsen y defiendan un programa que recoja sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas, en su lucha por alcanzar el socialismo.

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