Las lecciones del paro estatal

Por: Rosa Cecilia Lemus

ESTA política impulsada por el imperialismo para recuperar la tasa de ganancia, una vez iniciada la crisis crónica de la economía capitalista mundial a comienzos de los 70, ha tomado un impulso enorme con la caída de los regímenes estalinistas en los países del "socialismo real" y la restauración del capitalismo en todos ellos. A comienzos del 90, en los paises semicoloniales se han venido efectuando verdaderas contrarreformas que están arrasando con las conquistas históricas que los trabajadores habían logrado en el período de ascenso anterior. El gobierno liberal de César Gaviria, hoy Secretario de la OEA, inauguró en Colombia con la reforma a la Constitución en 1991, el desmantelamiento de los servicios públicos prestados y subsidiados por el Estado, y su privatización. Eliminó mediante una serie de leyes las conquistas prestacionales de los trabajadores e impuso la flexibilidad laboral mediante la contratación temporal.

El gobierno que lo sucedió, del también liberal, Ernesto Samper, continuó profundizando estas contrarreformas e impuso en el terreno salarial, aumentos por debajo de la inflación.

El nivel de vida de los trabajadores no ha parado de descender. El desempleo llega hoy al 17% , los campesinos desplazados de sus parcelas a más de 1 millón y la cifra de dirigentes y activistas políticos y sindicales asesinados por las bandas paramilitares en los últimos diez años a 3 mil.

Las elecciones de julio de este año las ganó el conservador Andrés Pastrana, quien se posesionó como presidente el 7 de agosto, anunciando un plan para profundizar la aplicación de las políticas neoliberales.

Los trabajadores del Estado, cerca de 800.000, lo recibieron con un paro nacional indefinido. A su desarrollo y lecciones dedicamos este artículo.

Veintiún días duro el paro nacional indefinido de los trabajadores al servicio del Estado. Abierto el 7 de octubre finalizó el 27 del mismo mes con un corto acuerdo firmado por los Ministros del Interior, de Trabajo y por el Viceministro de Hacienda por parte del gobierno y por los presidentes de las tres centrales obreras, CUT, CGTD y CTC y el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Tarcisio Mora, por parte de los huelguistas.

Un lacónico acuerdo de tres puntos puso fin al paro más fuerte de los últimos años. En él, las partes acuerdan trasladar el punto salarial a la Comisión Nacional de Concertación "en un ambiente de normalidad laboral". Se consigna que el gobierno no descontará los días no laborados a cambio de la recuperación del tiempo no trabajado. Y, finalmente, los sindicatos se comprometen a levantar el paro de inmediato y "a recomenzar una relación de paz laboral que buscarán conservar sin escatimar esfuerzos, en pro de la construcción de convivencia ciudadana para la recuperación de la economía, la generación de empleo y el avance del proceso por medio del cual la nación busca la paz".

Paralelamente el gobierno de Andrés Pastrana saca una declaración de 15 páginas en la que ratifica su política y se compromete a impulsar "foros", "comisiones de alto nivel" y discusiones con los sindicatos sobre los temas que dieron origen al paro nacional estatal, aclarando al final que nada de lo expuesto implica "...la renuncia del gobierno a presentar iniciativas de ley sobre los mismos asuntos, como resultado de la revisión de las materias sobre las que ellas versan, para que gobiernen hacia futuro nuevas situaciones jurídicas de la misma naturaleza...".

Por fuera de estos dos documentos existen, según algunos miembros de la Comisión Negociadora, unos "acuerdos secretos" respaldados por el episcopado en los que se estipularía el compromiso de elevar al 15% ponderado el reajuste salarial y el reintegro de los trabajadores de la Caja Agraria despedidos durante el paro.

Después de cualquier movimiento huelguístico, con la firma del acuerdo entre las partes, los discursos se acaban y queda al desnudo la realidad. ¿Quién ganó?, ¿quién logró en medio de la disputa imponer sus intereses?, ¿cuáles de las peticiones se conquistaron y cuáles no?, son las preguntas cuyas respuestas determinan el balance del movimiento.

Para los obreros y los trabajadores que pactan convenciones colectivas esto es muy claro. Para ellos vale lo que queda plasmado en la convención y esto es lo concreto.

A la luz de este sano método obrero lo que queda claro es que el gobierno y la comisión de los estatales pactaron como acuerdo los tres puntos antes mencionados. Todo lo demás: la no privatización de Telecom, de Adpostal y el ISS, así como el respeto al régimen especial de los maestros y la destinación de algunos recursos para salud quedan en el marco de las "buenas intenciones" del gobierno, pues no fueron firmadas conjuntamente como parte del acuerdo.

El Comando Nacional de Paro y la Comisión Negociadora tienen un gran problema para explicar a los trabajadores -que pusieron todo su empeño en esta lucha- qué fue lo que se logró, como para justificar el balance triunfalista que ya han comenzado a hacer algunos directivos.

Si reivindican como logros la no privatización de algunas entidades y el respeto del régimen prestacional de los maestros, o los recursos para salud y para las universidades públicas, tendrán que hacerlo sobre la base de "confiar" en la palabra del gobierno. De ese mismo gobierno que demostró no solo arrogancia y autoritarismo frente a los trabajadores y sus reclamos, sino decisión de represión de la peor especie. Ocho trabajadores asesinados, la militarización de los sitios de trabajo y el ataque a las movilizaciones durante los días de paro, son la demostración de esa actitud frente a los explotados.

Si lo intentan explicar por el lado de lo pactado en el acuerdo, lo único que pueden mostrar como real es la promesa de no represalias y eso, sobre la base de reponer el tiempo no laborado, tal como lo declaró Pastrana horas antes de viajar a Washington.

Lo cierto es que dos días después de levantado el paro los trabajadores de Telecom tuvieron que declararse en asamblea permanente porque el presidente de la empresa, Eduardo Pizano, se negaba a cancelar los salarios por los días del paro; que los maestros municipales en varios departamentos continuaban en paro por el pago de sus salarios que registraban retrasos de varios meses; que la Universidad del Valle fue declarada en parálisis indefinida por su rector, pues las deudas y la falta de presupuesto no le permiten funcionar; y que en Nariño el paro cívico continuaba.

El nuevo gobierno, elegido con más de 6 millones de votos, que cuenta con el apoyo irrestricto del imperialismo norteamericano y europeo y con el de casi todos los gremios económicos más poderosos del país, se posesionó como un gobierno fuerte y de absoluta confianza no solo de la banca mundial y las multinacionales sino de una capa amplia de la clase media alta.

Pastrana comenzó a gobernar antes de posesionarse. Todo parecía indicar que el suyo sería un gobierno sin contratiempos. La burguesía opositora encabezada por un sector del Partido Liberal, expresó su intención de apoyar en el Congreso de la República la reforma tributaria y se comprometió a discutir y respaldar, lo mismo que todas las demás alas burguesas, la reforma política propuesta por el gobierno conservador.

Las organizaciones guerrilleras por su parte, entraron de lleno en las conversaciones de paz, lo que dejaba en la población cansada de asesinatos, desplazamiento de campesinos y masacres, la sensación de que estas irían por muy buen camino.

Sin embargo, exactamente a dos meses de posesionado, los trabajadores estatales salen a un paro indefinido que estuvo antecedido de otro paro, también estatal, de 48 horas el 23 y 24 de septiembre.

Este es un gobierno distinto al de su antecesor el liberal Samper. Pastrana no arrastra la oposición del gobierno de Clinton y la burguesía norteamericana, como si lo tuvo que hacer Samper por su relación estrecha con el narcotráfico. Es un gobierno que no necesita del apoyo político de las burocracias sindicales para aplicar sus planes. Es un gobierno que abiertamente y sin tapujos expresa los intereses directos de la gran burguesía, y al que por lo tanto no le temblará el pulso para enfrentar al movimiento obrero y para imponer los planes económicos dictados por el Fondo Monetario Internacional, como efectivamente lo hizo con los estatales. Es un gobierno de clarísimo corte neoliberal y que como tal se ha comprometido a aplicar un plan económico para recuperar la economía burguesa en el marco de la creciente crisis económica mundial que coloca como dilema de hierro la subida de la tasa de ganancia a costa por supuesto de la rebaja del nivel de vida de las masas.

A este gobierno, con estas características, se enfrentó el paro estatal. Pero la dirigencia no sacó las conclusiones políticas de esta caracterización y por tanto no preparó el paro dotándolo de las medidas necesarias para, desde el comienzo, salir con fuerza. Tampoco se tomaron en el transcurso del mismo y ya sobre la experiencia directa, las acciones que hubieran podido quebrar la intransigencia de Pastrana.

Algunas direcciones políticas de las que tuvieron mayor responsabilidad en el Comando Nacional de Paro como el Partido Comunista y el Moir (partido maoista), han expresado que este paro estatal superó todas las luchas de los últimos 25 o 30 años, que es histórico y se convirtió en un triunfo político frente al gobierno de Pastrana. Veamos si son ciertas estas afirmaciones.

El 14 de septiembre de 1977, las centrales obreras de aquel entonces convocaron a un Paro Cívico Nacional. Este paro se convirtió en el primer ensayo de huelga general en el país. Por la participación de la clase obrera industrial, por la respuesta del conjunto de la población marginada, por las acciones y enfrentamientos con el gobierno, por el freno que se puso a los planes del entonces presidente López, éste paro ha sido el punto de referencia de los trabajadores durante muchos años.

El reciente paro estatal es la lucha más fuerte y masiva librada por los trabajadores desde entonces, pero no logró superarlo. Y no lo logró porque hace 20 años la correlación de fuerzas a nivel nacional y mundial era muy distinta. El paro cívico del 77 fue la expresión nacional del ascenso de las luchas ofensivas de la clase obrera mundial, que logró triunfos significativos. Hoy la situación es de ofensiva del capitalismo y de retroceso de las luchas obreras y de sus conquistas. Desde finales de la década de los 80 y comienzos del 90 se ha configurado una situación mundial reaccionaria cuyo punto culminante es el proceso de restauración del capitalismo en los países en donde la clase obrera había accedido al poder mediante revoluciones. Por eso éste paro de los estatales como las huelgas generales que se han dado en América Latina, en Asia, Europa e incluso en Estados Unidos, por más fuertes que hayan sido, son la expresión de un proceso de resistencia frente a los avances económicos políticos y militares del imperialismo mundial.

Encabezada por los trabajadores estatales, esta lucha día a día se iba fortaleciendo. Contó con el apoyo de los padres de familia que se movilizaron en contra de la privatización de la educación pública, con la participación solidaria de los trabajadores bancarios que comenzaron con paros escalonados y habían anunciado entrar en paro indefinido si no se resolvía el pliego estatal. Contó con el respaldo y la opinión favorable de sectores del movimiento obrero industrial que por su debilidad y la derrota propinada en el período anterior, no se pudo vincular de lleno. Contó con la simpatía de los sectores que más se han empobrecido en la clase media.

Pero a pesar de su fuerza tuvo grandes debilidades. En primer lugar el movimiento no paró la producción. Los servicios públicos que están en manos del sector estatal como la producción de hidrocarburos, el bombeo de gasolina y la mayor parte de las telecomunicaciones, controlados por Ecopetrol, Telecom y la Empresa de Teléfonos de Bogotá, no interrumpieron la prestación de los servicios.

El sector eléctrico, casi totalmente privatizado, ni siquiera participó activamente en el movimiento; los sindicatos de los servicios públicos de las ciudades más importantes como Bogotá, Medellín y Pereira, que aún no están privatizadas, participaron muy débilmente, y no todos los sindicatos de la administración central entraron en cese permanente de actividades. Por ejemplo el Sindicato de Aerocivil, que en la primera semana anunció la realización de paros escalonados, los hizo un día antes de ser levantado el movimiento.

Todos estos hechos debilitaron el paro y le permitieron al gobierno responder con la militarización de Ecopetrol y Telecom y Caja Agraria para garantizar la normalidad en los servicios.

Realmente la columna vertebral del paro estatal fueron los 250 mil maestros, los trabajadores del SENA, Caja Agraria, Telecom, salud, Contraloría y Ecopetrol. Los demás sectores apenas si participaron.

El gobierno de Pastrana mostró de manera nítida a favor de qué intereses de clase gobierna y cual va a ser su política y actitud frente a los trabajadores. En los primeros días de paro argumentó que el movimiento era inoportuno e injusto, pues hacía apenas dos meses que se había posesionado y arrastraba del gobierno anterior un enorme déficit fiscal y una grave recesión económica. Con tales razones intentaba ablandar a los posibles aliados de los trabajadores, objetivo que no consiguió. Declaró entonces, a través de su Ministro de Trabajo, la ilegalidad del movimiento, acompañado de la amenaza de descuento de salarios por los días no laborados y destituciones para quienes persistieran en el paro. Las medidas no acorralaron a los trabajadores que respondieron con más fuerza y vinculando a nuevos sectores al paro. La semana siguiente Pastrana intervino por la televisión tildando de minoría a los huelguistas y diciendo que no negociaría nada con ellos porque no iba a permitir que fuera cuestionado el "principio de autoridad". Los trabajadores le respondieron con movilizaciones multitudinarias que llenaron la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas centrales de las principales ciudades, con el apoyo de sectores populares de los barrios marginados. Las marchas y movilizaciones fueron prohibidas y desde el segundo día los lugares de trabajo militarizados. La respuesta de los huelguistas se endureció. Hubo choques con la fuerza pública y los trabajadores intentaron, burlando los cordones policiales, llegar a los sitios de concentración. En Bogotá el centro de la ciudad se paralizó, el comercio cerró y los trabajadores se tomaron las calles haciendo decenas de mítines en las esquinas. La represión no pudo quebrar el movimiento. Los trabajadores se endurecieron más.

El 20 de octubre, empezando la noche, un grupo de sicarios asesinó al vicepresidente de la CUT, Jorge Ortega. Las conversaciones con el gobierno se rompieron y la dirección del movimiento llamó a paro nacional de 24 horas. El gobierno esperaba que este acto de terror hiciera retroceder a los huelguistas. Se produjo el efecto contrario. Más trabajadores se sumaron al paro y al día siguiente las principales ciudades se paralizaron de nuevo. El gobierno retrocedió y se reiniciaron las negociaciones. La represión siguió actuando y asesinaron siete dirigentes más en distintas regiones. Se desató una nueva ola de amenazas a las direcciones de las centrales y de los sindicatos más fuertes que sostenían el paro. La base no retrocedió, se mantuvo firme y fuerte.

El paro estaba empezando a mellar al gobierno. Había comenzado cuestionando y enfrentando el ajuste fiscal, pieza clave del plan económico. Los trabajadores en éste enfrentamiento comenzaron a elevar su conciencia de clase. Entendieron que en el fondo había más que una simple medida de recorte salarial, que es un plan para que los trabajadores y los sectores más pobres de la población paguen la crisis del sistema capitalista. Las consignas se hicieron cada vez más políticas: "No somos responsables del déficit fiscal, que ajusten a los ricos dueños del capital", "Deuda externa no pagar, que nos dejen de robar", "Abajo el gobierno fascista de Pastrana", "Fuera gringos de Colombia". Se empezó a cuestionar la segunda pieza clave del plan del gobierno: las negociaciones de paz. Los trabajadores comenzaron a preguntarse por qué a ellos estando desarmados les daban garrote mientras que a los comandantes de la guerrilla les entregaban salvoconductos para salir de la cárcel, se despejaban militarmente zonas enteras del país para las negociaciones y los invitaban al Congreso de la República. En las cabezas de los huelguistas comenzaron a rondar preguntas como: ¿Cuál paz se va a conseguir con los planes de ajuste fiscal, las privatizaciones y los nuevos impuestos?, ¿cuál paz se puede construir sin presupuesto para salud y educación y con un desempleo del 17%?.

Indudablemente que fue el paro el que con todos estos hechos le bajó la popularidad al gobierno del 70% con el que subió a apenas el 42% al final de la lucha. Las grietas entre las fracciones de la burguesía se profundizaron. Un sector de parlamentarios, para reacomodarse, propuso cambios en la reforma tributaria. El ex-candidato liberal Horacio Serpa aprovechó para decir que el gobierno no era capaz de controlar la situación y recalcar que "no hay gobernabilidad".

Como una salida al conflicto, el Partido Socialista de los Trabajadores hizo tres propuestas para que el paro se ganara. Realizar un Encuentro Nacional Obrero y Popular, en él convocar a un Paro Cívico Nacional y llamar a las organizaciones insurgentes a suspender de manera inmediata las negociaciones de paz hasta tanto no se resolviera de manera favorable el pliego de los estatales.

Había condiciones de sobra para hacer el encuentro nacional. Bastaba con ver la solidaridad y el grado de movilización de los sectores populares que simultáneamente estaban adelantando paros cívicos en Nariño, Barranca y Cúcuta y marchas de campesinos desplazados en esta última ciudad.

El Comando Nacional de Paro no acogió las propuestas pese a que varias asambleas de maestros las votaron por unanimidad. Argumentaron que no había condiciones para llamar a paro cívico y que la clase obrera industrial estaba muy golpeada, lo que es efectivamente cierto. Lo que no dijo la dirección del paro es que, precisamente, la vía mas adecuada para que el proletariado industrial participara en la lucha era la del paro cívico, que les brindaba un canal a través de las organizaciones barriales. El otro argumento era que si se convocaba al paro cívico se le cambiaba el carácter al paro y al pliego estatales. Este argumento carecía de todo peso pues, como lo sustentamos en la Junta Nacional de la CUT realizada en medio del paro, se trataba simplemente de retomar los objetivos iniciales del paro a los que en el transcurso de los acontecimientos, la dirección les fue quitando peso. Bastaba con levantar de nuevo y con fuerza el rechazo a la reforma tributaria del gobierno que implicaba más impuestos al consumo con la extensión del IVA a casi todos los artículos de la canasta familiar, exigir un aumento general de salarios, rechazar la eliminación de los subsidios a los servicios públicos en los estratos más bajos y resaltar de manera clara la lucha contra la privatización de la salud y la educación.

Aunque de manera propagandística todos los sectores políticos que hacen parte de la dirección propusieron el Encuentro Nacional, lo cierto es que se fue aplazando de semana en semana y nunca se organizó. Incluso la primera toma de Bogotá del 14 de octubre, que estaba anunciada como una toma de varios días, fue desmontada inexplicablemente por el comando de paro. La mayoría de las delegaciones fueron devueltas a sus sitios de origen el mismo día y las otras al día siguiente.

También quedó clara la posición de las organizaciones insurgentes frente a la lucha de masas. Las direcciones sindicales mayoritarias durante años han propuesto con insistencia una "salida política al conflicto armado", sin embargo, cuando llaman a las bases a actuar con sus métodos y acciones propias, la guerrilla se comporta como si nada estuviera pasando, mostrando su desprecio por la lucha de los trabajadores. ¿Qué acuerdos de paz van a realizar y qué modificaciones de fondo a la situación del país van a conseguir negociando con un gobierno que respondió con la represión más violenta y descarada al ejercicio de un derecho "legal" como es el de la movilización?. Desafortunadamente esto no le pareció a las direcciones de las organizaciones guerrilleras suficiente motivo como para romper las negociaciones con Pastrana.

Los dirigentes sindicales y políticos del paro, empezando por el Partido Comunista y el MOIR han presentado un balance triunfalista. "El paro fue todo un éxito", han dicho. Con esto le están ocultando a la base, o mejor, manipulándole, los resultados de la negociación. Efectivamente el paro ha sido el más fuerte de los últimos años. Hay que destacar que después de décadas de luchas aisladas en que cada sector luchaba por lo suyo, se conquista la unidad de los trabajadores como clase para enfrentar a uno de los gobiernos más reaccionarios de la historia reciente. Es cierto también que el gobierno se jugó a aplastar al movimiento por la vía de la represión y que la base respondió con decisión recuperando los métodos de la lucha directa. El engaño radica en que, como sucedió en paros anteriores, se utilizan el sentimiento y la lucha justos de la base para esconder la capitulación de la dirección en una negociación que no consigue nada. Las luchas no se pueden medir solo por las enseñanzas y el aprendizaje que los trabajadores obtuvieron de ellas. Hay que medirlas también y fundamentalmente, por los resultados concretos. La primera responsabilidad de una dirección medianamente seria es la de decir la verdad y no engañar a las bases para mantener su prestigio. La verdad es que a pesar de que el paro como lucha fue extraordinario, no se derrotó la política salarial de Pastrana que sigue siendo la de reajustar los salarios por debajo de la inflación causada. Por si fuera poco el 15% de aumento ponderado queda para ser decidido en la Comisión de Concertación y en una negociación global con el salario mínimo.

No se derrotó la reforma tributaria pues se está aprobando en el Congreso con algunas modificaciones secundarias en lo que tiene que ver con el IVA que es lo que más afecta a los trabajadores. La reestructuración de la Caja Agraria sigue su curso, y como fue anunciado un día después de levantado el paro se van a cerrar cerca de un centenar de oficinas y el gobierno sólo se compromete a "mantener informado al sindicato cuyos puntos de vista serán tenidos en cuenta".

Frente a la Ley 200 (Régimen disciplinario) "se creará un grupo de estudio interinstitucional con participación de los sindicatos con el fin de estudiar las conclusiones". Sobre el régimen prestacional especial de los trabajadores de Ecopetrol no hay una palabra ni en la declaración del gobierno ni en el acuerdo, lo que significa que no hay garantía de que lo respeten. En este aspecto Stella Olaya, fiscal de la Asociación Distrital de Educadores y militante del MOIR, en una asamblea llegó al extremo de decir, para salvar el prestigio de la dirección, que "los representantes de la USO (Unión Sindical Obrera) habían hecho un sacrificio en aras de la unidad, renunciando al régimen especial". !Esto ya es el colmo! !Presentar la entrega del régimen prestacional de los trabajadores petroleros como un gesto de unidad!

En el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) la situación es peor. Los trabajadores habían conquistado con paros anteriores el derecho al escalafón, con decreto incluido, y de acuerdo a la declaración del gobierno los recursos para tal fin quedan atados a la situación financiera de la entidad.

En el magisterio queda establecido de acuerdo a la declaración del gobierno que la deuda con el Fondo de Prestaciones se pagará en 8 años. Otro plazo casi igual para pagar la deuda por el cruce de cuentas que ya en la ley 91 del 90 estaba establecido en 10 años. Se respetará según la misma declaración, el régimen especial de los docentes. Pero la modificación de la Ley 60 sigue amenazando a los docentes pues en su texto borrador, artículo 6, parágrafo 3, queda establecida la incompatibilidad entre pensión y salario.

La discusión sobre salario profesional queda atada al establecimiento de la jornada única, lo que significa una trampa.

El plan de supresión, fusión o liquidación de las entidades del Estado queda en manos del gobierno y este reconoce "con beneplácito la preocupación de los sindicatos y su ofrecimiento de participar en los procesos de reestructuración", mediante la integración de grupos de trabajo.

Si seguimos una lectura cuidadosa de toda la declaración del gobierno encontraremos que éste ratifica su política y que con la negociación no se derrota. Para corroborarlo, al final, dice que "el gobierno no renuncia a presentar iniciativas de ley sobre los mismos asuntos", como de hecho lo está haciendo con el proyecto de ley sobre el aumento de la edad de las pensiones a 57 y 62 años para mujeres y hombres respectivamente.

El día 26 de octubre los informes de la negociación entregados por el Comando de Paro eran los mismos que finalmente llevaron a su levantamiento el día siguiente; sólo que el 26 no eran aceptables y el paro debía continuar y el 27 sin modificaciones sustanciales el paro es levantado por el Comando Nacional. ¿Qué pasó?. ¿Acaso de un día para otro las fuerzas del paro se debilitaron?. Si era así el paso siguiente no era el desmonte del paro sino la realización del Encuentro Nacional y de los Encuentros Regionales Obreros , Populares y Campesinos que estaban programados y el llamado al paro Cívico Nacional. La dirección nacional desde un principio se había negado a organizar esta salida.

El levantamiento del paro, acordado el mismo día que Pastrana viajaba a los Estados Unidos, fue el mejor regalo que la dirección del movimiento le hizo al Presidente, pues lo fortaleció ante los ojos del imperialismo norteamericano con quien iba a sellar los pactos de entrega del país. Pastrana en sus declaraciones, camino al aeropuerto, no ocultó su satisfacción y en tono fuerte declaró que el acuerdo salarial estaba en el marco de la política económica del gobierno y que las no represalias se pactaban sobre la base de reponer el tiempo no laborado.

En síntesis, el paro se levanta con una capitulación a cambio de unos espacios de "concertación" en donde la actividad de las direcciones sindicales va a ser la de regatear algunas migajas.

Si el paro se levantó por los asesinatos y las amenazas contra los dirigentes de la CUT, tendrían que decirlo sin ninguna ambigüedad. Lo más grave no sería eso, lo más grave es engañar a las bases presentando como un triunfo lo que no lo es. Cuando se miente conscientemente, la mentira se convierte en traición.

Esto nos recuerda negociaciones anteriores encabezadas por Educación Trabajo y Cambio Social y compartidas por el Partido Comunista y el MOIR, quienes presentaron la Ley General de Educación, la ley 60, la Constitución Política de 1991 y la ley 91 como las conquistas de la década. Y para rematar, el paro se levanta mediante una rueda de prensa, bendecida por la Iglesia, en vez de levantarse como debe ser: con asambleas de consulta a las bases que fueron quienes pusieron el pecho durante la acción.

Los socialistas no creemos en absoluto en las "declaraciones de buenas intenciones" del gobierno y la Iglesia. No saludamos ni compartimos como positiva la intermediación del Episcopado. Su intervención tenía como objetivo salvar al gobierno burgués de Pastrana y su plan de paz.

Confiamos en la fuerza de la lucha, en la unidad de los trabajadores y en el avance en su conciencia de clase. Creemos en la lucha directa como forma de presión para lograr el respeto a las conquistas de los trabajadores y no en las Comisiones de Concertación en un clima de "paz laboral".

Sabemos que no tenemos otra alternativa que seguir luchando contra los planes que el gobierno, el imperialismo y los capitalistas nacionales, van a seguir descargando sobre los trabajadores y el pueblo. Vienen más ajustes fiscales, más impuestos, más rebajas salariales y más privatizaciones, como parte de los compromisos que Pastrana hizo con Clinton, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la burguesía yanqui. Las medidas tomadas al amparo de la Emergencia Económica son la mejor prueba de cómo van a recuperar la economía capitalista.

Más temprano que tarde tendremos que volver a salir a luchas más duras, fuertes, organizadas y contundentes que la que acabamos de dar.

Está planteada y sigue vigente la realización del Encuentro Nacional Obrero Campesino y Popular, que haga un balance del paro estatal y organice y prepare el Paro Cívico Nacional para derrotar los planes de ajuste.

Es necesario que en todas las empresas y sitios de trabajo se hagan las asambleas para discutir el balance del paro. Que se estudie cuidadosa y objetivamente tanto el acuerdo como la declaración del gobierno y que se exija que se dé a conocer el famoso "acuerdo secreto".

Los trabajadores tenemos que sacar todas las conclusiones y no desmoralizarnos. Tenemos que seguir luchando y al calor de la lucha construir una dirección honesta, revolucionaria y clasista y un partido revolucionario de los trabajadores, capaces de conducir las luchas hasta el final.

Nuestra estrategia es la conquista de una nueva sociedad en donde el móvil económico no sea la ganancia para los capitalistas y la explotación para los trabajadores. Una sociedad fundada sobre la base de exigir a cada quien según sus capacidades y dar a cada cual según sus necesidades, una sociedad socialista en Colombia y en el mundo.

Por: Ana Piarina

EN Paraguay, la clase obrera sigue luchando por la libertad sindical, por la libertad de organizarse. Existen varias decenas de activistas sindicales que fueron despedidos de su fuente de trabajo, por el pecado de organizar un sindicato. Esta fue la libertad plena de Wasmosy.

Un caso que parece tan simple e inocente retrata la libertad y la democracia de Wasmosy, cuando mandó arrestar a varios jóvenes que, a su paso, en señal de repudio, le mostraron el dedo del medio.

Incluso en las peleas interburguesas se ha podido ver cuán democrático ha sido Wasmosy. Por ejemplo, en el caso Oviedo, armó un tribunal militar extraordinario, que ordenó la detención, utilizando como argumento el intento de golpe militar que este general realizó dos años atrás. Mientras, todo el país sabía que la causa real de la persecución fue el triunfo de Oviedo en las internas del partido oficialista, la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR).

Más que "gobierno en democracia" fue un "gobierno en miseria, desempleo, crisis económica y política" y terminó siendo: "gobierno Wasmosy, en bancarrota".

El gobierno del Ing. Juan Carlos Wasmosy, desde sus inicios, ha gozado de la antipatía popular. Surgió de unas internas, en las cuales quien había obtenido el mayor caudal electoral -dentro de la ANR- fue Luis María Argaña. Sin embargo, mediante fraudes y robos de votos, gestionados directamente por el entonces Comandante del Ejército, Gral. Lino Oviedo, Wasmosy salió proclamado como candidato -de su partido- a Presidente de la República.

Este empresario, que se hizo multimillonario bajo el régimen de Stroessner -como socio comercial del hijo del dictador en las empresas que se dedicaron a la construcción de las grandes represas de Itaipú y Yacyretá- llegó a la presidencia del Paraguay el 15 de agosto de 1993 y desde esa fecha empezó a enfrentar a las masas populares, tratando de implementar los planes económicos del imperialismo.

Si bien Wasmosy no aplicó todo el plan del Fondo Monetario Internacional, su gran mérito, para la burguesía, no ha sido la privatización ni la "flexibilización" laboral, sino la cooptación de la dirigencia sindical y campesina, después que ellas, entre mayo del 94 y mayo del 96, han dirigido 4 huelgas generales y 2 marchas campesinas, habiendo sido la del 2 de mayo de 1994 la primera huelga general después de casi 36 años de represión stronista.

La actitud de Wasmosy ante la primera huelga general y la primera marcha campesina fue tratar de demostrar que las ignoraba, preparando incluso viajes en las fechas previstas para estas movilizaciones. Insultaba tanto a la dirigencia campesina como sindical, acusándolas de querer desestabilizar el régimen, de tratar de buscar rédito político, etc.

Esta actitud, en lugar de desvanecer las protestas, las fortalecía. Hasta que, producto de las recomendaciones del ex presidente chileno Patricio Alwyn y del que fuera asesor económico del gobierno de Pinochet, Hernán Bucchi, Wasmosy cambió radicalmente de actitud. Llamó a la dirigencia sindical y campesina a negociar. Esto resultó, inmediatamente, a favor de la burguesía y el gobierno. Hubo acuerdos públicos y clandestinos. El primero que firmaron fue el del 19 de abril del 95, por el cual se levantó la huelga general programada para el 2 de mayo de ese año.

A partir de esa fecha se estrecharon los vínculos de acercamiento, aunque también se produjeron coyunturales alejamientos entre la dirigencia de las centrales obreras y el presidente Wasmosy. Sin embargo, las razones para acercarse iban consolidándose cada vez más, hasta llegar a ser socios comerciales, ya que la empresa de construcción de Wasmosy fue la "adjudicada" para la construcción de un complejo habitacional auspiciado por las 4 centrales obreras del país, con préstamos sociales del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).

Hoy la dirigencia sindical, además de haber desmovilizado a la clase trabajadora, no habiéndose organizado ninguna huelga general más, después del 2 y 3 mayo del 96, se constituyó en una verdadera mafia sindical, que está empotrada en el poder de las centrales para beneficio exclusivo de sus negocios personales. Este fue el gran aporte de Wasmosy a la burguesía. Lograr neutralizar a la fuerza sindical , comprando a la dirigencia a través de grandes negociados.

Otros dos aspectos que caracterizaron a este gobierno fue la situación económica que ha venido empeorando desde el 93 en adelante, llegando hoy a un aumento de la miseria en los sectores más pobres y la caída de la pequeña burguesía, cuyos niveles de endeudamiento crecen, hasta el punto de haberse producido el cierre de decenas de empresas comerciales e industriales.

La gran crisis financiera , producto del cierre de 10 bancos, 20 empresas financieras, 3 casas de cambio y 4 empresas del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, entre el 95 y 97, trajo una gran inestabilidad en el mercado de capitales, una disminución del circulante y, en definitiva, en el poder de compra.

Supuestamente existe un control de la inflación, lo cual ha sido utilizado por el gobierno para no dar aumentos salariales como en otros años. Sin embargo, la clase trabajadora viene sufriendo golpes en la economía familiar, ya que el poder adquisitivo de nuestro salario viene cayendo drásticamente.

Otro punto que ha golpeado bastante la economía es la disminución del comercio por la frontera de Ciudad del Este , como consecuencia de la implementación del Acuerdo del Mercosur. Esta zona fue un punto clave de triangulación comercial, es decir, el paso de millones de dólares en mercaderías con destino a otros países principalmente de la región. Ha sido uno de los principales centros del contrabando. Al caer este comercio, por un lado, Ciudad del Este deja de absorber el mismo caudal monetario, y tampoco puede emplear a la misma cantidad de mano de obra que antes.

Hoy, producto de este problema y de la crisis financiera, existe una paralización de la economía. Un sector del empresariado comercial e industrial no logra responder a sus deudas, por lo cual se está produciendo el cierre de empresas, con el consecuente aumento del desempleo.

Esta crisis económica se manifestó igualmente en los presupuestos que manejó el gobierno, en el que se han reducido sustancialmente los ingresos fiscales y, a raíz de eso, los rubros para inversiones (construcción de rutas, escuelas y hospitales). Esta reducción trajo, como una consecuencia concreta, la disminución de los negocios para las grandes contratistas de la construcción ligadas al gobierno. Se achicó la torta y con ello aumentaron las peleas entre los sectores que se benefician de negociados como éstos.

Durante el gobierno de Wasmosy, la miseria afectó de manera especial al campesinado, debido principalmente a la crisis del comercio del algodón. Las principales empresas agroexportadoras, dentro de la peor crisis en la producción del algodón, llegaron a trabajar apenas un promedio de cuatro meses durante los años 96 y 97. Sin embargo, ahora se avizora un cambio en este ramo.

Dentro de la agroexportación, otro hecho que golpeó a un sector del empresariado fue la concreción de los objetivos reales del Mercosur: empresas multinacionales como la Cargill (una de las siete multinacionales más grandes en el rubro de los granos) compraron empresas nacionales y terminaron superando ampliamente a las de menor cuantía dentro del sector que exigían al gobierno mejores condiciones para seguir operando. Otro ejemplo es la multinacional Parmalat, que también ha comprado una industria de capital nacional del ramo lácteo.

En un país con pocas empresas grandes, con un mercado laboral informal muy grande, la coyuntura económica actual golpea con mayor fuerza que lo que pudiera suceder en países más industrializados.

Hoy, con el cierre de empresas, la pérdida de fuentes de trabajo, el paso de miles de trabajadores a la informalidad laboral y la consecuente pérdida de los beneficios sociales de los que goza la clase (seguro social, bonificaciones, aguinaldo, vacaciones), resulta en un empobrecimiento generalizado de los sectores populares.

La existencia de un sector importante del campesinado que conforman los llamados "sin tierra" (se habla de 300 campesinos sin tierra) ha resultado en tomas masivas de terreno, que se dieron con mayor fuerza en el período de Rodríguez. Muchas de ellas -al haberse dado en momentos de ascenso de la lucha popular- lograron legalizarse de hecho. Sin embargo, con posterioridad al "ablandamiento" de la dirigencia campesina -durante el período de Wasmosy- las tomas disminuyeron, pero no cesaron. Se dieron varias ocupaciones de tierra, muchas veces, incluso armadas. Estas acciones sumadas, algunas denominadas por los campesinos de "recuperación" y por los latifundistas como simple abigeato, han contado con una permanente represión al campesinado pobre.

Del sector de campesinos sin tierra, históricamente ha habido un importante porcentaje que ha migrado a las ciudades, principalmente al área metropolitana y a dos o tres capitales departamentales, en búsqueda de empleos. Sin embargo, en la actualidad, con la disminución de las fuentes de trabajo, la presión social en estas ciudades aumenta. Creció el grado de marginalidad social, la cantidad de niños que mendigan por las calles, la prostitución de adolescentes e incluso de niños y la delincuencia ha aumentado a niveles desconocidos hasta hace poco tiempo en el país.

Ese aumento considerable de la delincuencia sacó a flote -en un gran sector de la población- las nostalgias hacia la dictadura stronista. Ante cada hecho delictivo se escucha la expresión: "en tiempos de Stroessner esto no ocurría" .

La visión de que resulta necesaria una mano dura, para resolver los problemas nacionales, fue ganando a sectores de la población y con ello iba aumentando el caudal electoral de candidatos del Partido Colorado, como Argaña y Oviedo que representan a la línea política más dura de la burguesía. Pero el que definitivamente "atrapó" al electorado fue el Gral. Lino Oviedo. Incluso estando aún en servicio activo realizaba -de manera alevosa- su campaña presidencial, utilizando términos represivos, que a los nostálgicos de los "tiempos de paz con Stroessner", les agradaba. Prometía "silla eléctrica" para combatir la delincuencia y, a la oposición amenazaba alinearles "como vela".

Precisamente, por orden del entonces Gral. Oviedo, comandante del Primer Cuerpo del Ejército, salieron los tanques -haciendo demostración de fuerza- durante la primera huelga general del 2 de mayo de 1994. Mientras, el presidente Wasmosy había decidido ignorar la medida, viajando al exterior.

La coyuntura política está marcada por una de las más importantes crisis del régimen y del gobierno que se ha dado en los últimos años. Esta crisis viene desde la asunción misma de Wasmosy como Presidente de la República.

Ya en aquel período, se daba una fuerte pugna dentro de la burguesía por lograr la hegemonía para la aplicación de las recetas del FMI, iniciar el achicamiento estatal como salida a la crisis económica y, sobre todo, participar en el negocio de las privatizaciones. Se trataba del primer gobierno civil desde la caída de la dictadura y la burguesía se había preparado para hacer su "festín" con las empresas del Estado.

La pelea fue agudizándose en la medida en que existían candidatos políticos que representaban a los intereses concretos de distintos países imperialistas (sobre todo EE.UU. y Alemania). La pelea era por acceder al poder y así dirigir la privatización de las principales "joyas" de propiedad estatal, tarea que se le impone al gobierno que se ha iniciado el pasado 15 de agosto.

Es en este contexto en que empieza a cobrar fuerza la figura del Gral. Lino Oviedo, militar que había estudiado en la escuela de comando de Alemania Federal. Fue una de las principales figuras en el golpe contra Stroessner y, desde el 89, controlaba todo el comercio con el Brasil, a través de su jurisdicción militar en la frontera.

Su poder era tanto, que por su gestión personal -a través de fraudes electorales en la internas coloradas del 92- llega Wasmosy al gobierno en el 93. Co-gobiernan por poco más de dos años, hasta que se dieron entre ambos grandes diferencias, que terminaron con el intento de golpe militar de 22 de abril del 96. Tras ésto, profundizándose aún más las divergencias, Wasmosy le pasó a retiro, con lo cual quedó habilitado a realizar legalmente la campaña política, que ya había iniciado tiempo antes, en abierta violación de la Constitución.

Una muestra más del poder con que contaba Oviedo se dio ante el llamado a licitación hecho por la empresa estatal de telecomunicaciones, Antelco, para la provisión de un millonario lote de equipos, que "gracias" al entonces poderoso general, le fue concedida a la multinacional alemana Siemens . Lo mismo sucedió para la provisión de equipos de radio para la Policía Nacional.

Wasmosy por su parte, siendo un empresario de la construcción más ligado al imperialismo yanqui, participaba en ejecución de las principales obras viales financiadas por el BID y el Banco Mundial. Y, según se señala uno de los momentos culminantes de la pelea Oviedo-Wasmosy fue cuando debió votarse en el Parlamento la concesión para la construcción del puente que unirá la localidad de Presidente Franco (del Dpto. de Alto Paraná) con Foz de Yguazu (Brasil). Los legisladores de la corriente oviedista votaron en contra de la empresa de Wasmosy, hecho que marcó en el calendario, el rompimiento que ya venía dándose entre el presidente de la República y el hombre más fuerte de las fuerzas armadas.

Otro punto de vital importancia en la pelea interburguesa, que rodeó al gobierno de Wasmosy, fue en relación con la política que debía utilizarse contra el ascenso de las masas , tratando de garantizar la aplicación de los planes del FMI. Esta pelea se vio -con toda claridad- ante la primera huelga general, en que Wasmosy usó la táctica de minimizar la movilización, incluso ausentándose del país. Mientras que Oviedo sacó tanques a las calles.

La burguesía se había diferenciado en dos sectores: una, liderada por Oviedo y el empresariado agropecuario golpeado por las innumerables ocupaciones de tierras, plantean mano dura, defender con civiles armados a los ocupantes de tierra y barrer violentamente los piquetes obreros en las huelgas. Esta política fue aplicada en parte contra los campesinos, a través de los violentos desalojos (con o sin orden judicial), lo cual fue respondido con más ocupaciones y hasta incluso reivindicando el armamento de los campesinos.

Por otra parte, detrás del imperialismo yanqui, se alineaban Wasmosy, un sector de la burguesía y la Iglesia, que temerosos del "estallido social", propugnan la política de la reacción democrática, la concertación y las elecciones como métodos para desmovilizar a las masas. Detrás de este sector, se alinea también la burocracia sindical y campesina, quienes tratando de desviar la movilización, promovieron -por ejemplo- una campaña por el referéndum (supuestamente como táctica para enfrentar la política de privatización). Plantearon, además, en reiteradas oportunidades, juicio político a tal o cual ministro, para que el enfrentamiento de las masas no sea contra el gobierno.

La diferencia de política para enfrentar a las masas y la lucha por la hegemonía para beneficiarse con el proceso de privatización, resumen la crisis que casi tumbó al gobierno de Wasmosy. Esta diferencia permanente sobre los ejes centrales de la conducción del país resultó en el intento de golpe militar por parte del Gral Lino Oviedo. La frustrada acción militar trajo como consecuencia su baja del servicio activo militar y una agudización de la crisis interna de la ANR, que pasó a dividirse entorno a la figura del militar.

Wasmosy había accedido al poder mediante una candidatura fraudulenta dentro de su Partido Colorado. Al no contar con el apoyo del electorado mayoritario de su partido (que respondía a Luis María Argaña) y, teniendo en cuenta que en el Parlamento la oposición contaba con mayoría, la gobernabilidad para Wasmosy iba a ser muy dificultosa.

Para aplicar a fondo las recetas del FMI, entre ellas el despido de 50 mil funcionarios estatales, como parte del achicamiento estatal, indiscutiblemente necesitaría el apoyo de su partido, teniendo en cuenta que un sector mayoritario de los trabajadores estatales son afiliados al partido oficialista. Sin embargo, Argaña -muy ligado al sector de la burguesía que se beneficia del aparato estatal- puso distancia de Wasmosy, lo cual le hizo capitalizar el apoyo de las masas coloradas. De esta manera se le volvió imposible, a Wasmosy, la concreción del achicazo del Estado.

Sin el apoyo de su partido y con la aguda inestabilidad que golpeaba al gobierno , peligrando en algunas coyunturas al mismo régimen, Wasmosy recurrió a los principales partidos de la oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Partido Encuentro Nacional (PEN), con quienes firmó un Pacto de Gobernabilidad , que fue uno de los sustentos principales del gobierno, que lo ayudaron a completar el mandato.

A cambio, la oposición logró cargos importantes en el gobierno como la Contraloría General de la República, cargos diplomáticos y el control del nuevo Poder Judicial cuyo máximo organismo, el Consejo de la Magistratura era dirigido por ellos y sobre todo por el PLRA.

Mediante este acuerdo, Wasmosy pudo gobernar sin el apoyo del partido oficialista y sortear, así, la permanente crisis en que se vio involucrado su gobierno.

Si bien la actual dirección de las centrales obreras ha dirigido 4 huelgas generales, es la directa responsable del actual estado de desmovilización de la clase obrera y de no enfrentar al gobierno de Wasmosy, colaborando con éste a sostenerlo y a que haya culminado su mandato.

Es esta misma burocracia la que el 19 de abril del 95 había levantado una huelga general, de manera inconsulta con las bases, aceptando un porcentaje mínimo de aumento salarial. Y que -en ese mismo año- se reunió con patrones y gobierno, en un seminario para llegar a supuestos acuerdos sobre la reactivación económica. Ante estos hechos, nuestro partido, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) alertaba sobre el intento de conciliación en un pacto social entre el gobierno, la dirigencia sindical y la burguesía.

Es esta misma burocracia la que nunca llamó a una movilización que valiera la pena para enfrentar los sucesivos aumentos del pasaje del transporte o de las tarifas de los servicios públicos.

Es esta misma burocracia la que una y otra vez ha entregado la lucha de los choferes, hasta el punto que hoy siguen trabajando 12 o 16 horas, no tienen salario mensualizado y un gran sector no cobra bonificación familiar ni tiene seguro social.

Es esta misma burocracia sindical la que públicamente ha declarado que "no le teme a la desmonopolización de IPS", lo cual significa que ni en los planes figura una lucha contra la privatización del seguro social.

Esta burocracia que dirigió 4 huelgas generales, con posterioridad a la del 2 y 3 mayo de 1996, ha logrado su conquista personal: ser socia de Wasmosy y un sector del empresariado en la construcción de viviendas y hasta un cementerio, con préstamos sociales del Banco Nacional de Trabajadores. A partir de lograr sus propios beneficios económicos, no sólo no convocan a huelga general sino que tratan de aislar las luchas sectoriales o por empresas existentes. Las centrales se han convertido en un cascarón. La CUT no logra reunir a su consejo directivo por falta de quorum. Y para las elecciones generales llamaron a votar por la "Alianza Democrática" (alianza de los dos partidos burgueses de oposición, el PLRA y el PEN).

También la dirigencia campesina viene jugando a favor de "la gobernabilidad". Un sector directamente traicionando, al acomodarse a los planes del gobierno, como es el caso de la Asociación de Productores del Alto Paraná (ASAGRAPA) cuyo máximo dirigente, Tomás Zayas (miembro de la dirección del Partido de los Trabajadores), en uno de sus discursos, ha dicho, que "ahora la policía es nuestra amiga". Así también, ante una de las marchas nacionales del campesinado, Zayas señaló que su organización no participaba porque "en el Alto Paraná ya hemos logrado estas reivindicaciones".

Otro sector de la dirigencia campesina, después de haber orientando grandes movilizaciones de masas hoy, de la mano de la Iglesia Católica y las Organizaciones No Gubernamentales, ha ido desviando hacia movilizaciones pacíficas y enmarcándolas en los canales de la reacción democrática. Con ello ha evitado que verdaderos focos insurreccionales que se manifestaron en algunas zonas, se desvanezcan. Evitaron el ascenso de las luchas e impidieron el logro de las reivindicaciones concretas.

El gran regalo de Wasmosy a la burguesía y a los latifundistas fue haber impedido que las movilizaciones siguieran un curso ascendente. Y haber logrado corromper a un sector de la dirigencia (como la de las centrales obreras o la de Asagrapa) que a cambio de proyectos económicos desmovilizan a sus bases.

En el caso de la burocracia sindical, el gobierno ha logrado que la dirigencia sindical se haya desprestigiado ante las masas, debido a la descarada corrupción en la que se involucraron, lo cual está siendo aprovechado por la prensa burguesa, con el claro objetivo de destruir a las centrales.

En el peor momento de la crisis, la mayor preocupación de la burocracia fue evitar que los trabajadores salgamos a las calles a manifestarnos porque -según ella- de esa forma "estaríamos colaborando para justificar un golpe militar", por momentos muy anunciado.

Ante la actual crisis económica existente, los trabajadores y el pueblo no hemos logrado movilizarnos en forma unitaria y combativa, aprovechando la gran crisis política de los de arriba. La causa de esto es el terrible problema de dirección obrera, campesina y popular existente. Los dirigentes no llaman a movilizaciones unitarias. Y cuando hacen un llamado, lo hacen sólo formalmente, de tal manera que las bases -que están desmovilizadas- no respondan y, de esta manera, el supuesto llamado tiene una consecuencia peor, porque tiene sabor a derrota.

Si bien el gobierno de Wasmosy sorteó numerosos períodos de crisis políticas durante su mandato, algunos fueron más fuertes, como por ejemplo ante el intento de golpe de Lino Oviedo, el 22 de abril del 96. LA última crisis, llevó a peligrar a uno de los emblemas del régimen burgués, las elecciones. Desde setiembre del 97 hasta mayo de este año, estuvo, en forma permanente, la amenaza de la no realización de las elecciones generales del 10 de mayo y la posibilidad de un autogolpe por parte de los militares fieles a Wasmosy, es decir todos los comandantes de armas.

Esta posibilidad estuvo presente desde las internas partidarias de la ANR-Partido Colorado. En este partido, principal organización política de la burguesía, existieron 3 candidatos: 1) Argaña, presidente de la ANR, que representa al sector más ligado al aparato estatal. 2) Facetti, promovido por el oficialismo wasmosysta y conocido como el candidato de los ingenieros, de los "barones de Itaipú", de los que se beneficiaron con la construcción de la mayor represa hidroeléctrica y que hoy están en las grandes obras viales de construcción y 3) el ex-General. Lino Oviedo, quien al momento de las internas se hallaba en la clandestinidad, huyendo de una orden de prisión dictada por Wasmosy (comandante en jefe de las FFAA) por el supuesto delito de sedición (es decir, el intento de golpe de abril del 96).

De dicha interna, salió triunfador el ex-General. Oviedo. Sin embargo, el tribunal electoral partidario no oficializó su candidatura hasta 3 meses después, estando ya preso Oviedo, después de que él mismo se entregara. En segundo lugar salió Argaña y el último lugar lo ocupó el candidato wasmosysta. Esta votación de alrededor de 80 % a favor de Oviedo y Argaña es, sin duda, una expresión -aunque distorsionada- de un voto contra Wasmosy o lo que es igual contra su candidato.

Sin ser reconocido por Argaña -el presidente del Partido Colorado en ejercicio- el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manejado con mayoría opositora liberal, reconoció oficialmente como candidato de la ANR a Lino Oviedo.

Estando preso en una unidad militar, Lino recibió la condena de 10 años de prisión y la baja deshonrosa, por parte de un tribunal militar constituido por Wasmosy. Esta fue la manera en que tanto el sector Argañista como el Wasmosysta lograron sacarse del medio a Oviedo, quien -por ese entonces- figuraba primero en algunas encuestas o con un empate técnico con la oposición, en otras.

¿Qué pasaría con las elecciones? ¿Qué hacía, el Partido Colorado con su candidato preso? ¿Qué pasaría si Lino saliera en libertad? El candidato que no gozaba de la simpatía de los yanquis, arrasaría electoralmente? ¿Qué maniobra podrían realizar Argaña y Wasmosy, para no renunciar a la pelea por el poder?

Todas estas preguntas no tenían respuesta. La burguesía estaba desesperada, la economía paralizada, aguardando el 10 de mayo. El Partido Colorado fraccionado y la alianza opositora (constituida por el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Encuentro Nacional) cantando victoria antes de tiempo, ya que pensaban que era fácil aprovechar la crisis del partido mayoritario.

Desde el 7 de setiembre (fecha de elección en las internas coloradas) hasta finales de abril, los rumores de golpe, autogolpe, posposición de elecciones, eran lo corriente. El argañismo y el wasmosysmo pretendían posponer las elecciones. La oposición burguesa y el imperialismo, por que se cumpla el calendario electoral. Hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, la poderosa Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) intervino como mediadora en un supuesto "diálogo nacional". Al principio, su eje fue apoyar al oficialismo colorado (por la posposición). Pero al ver que la oposición no cedería y al ver la posición del imperialismo, se inclinó también por que se cumpla el calendario electoral.

Un mes antes de la fecha marcada -10 de mayo- seguía creciendo el clima de inestabilidad política. Hasta que 15 días antes, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena del Tribunal Militar en contra de Lino Oviedo. Con esto quedaba claramente inhabilitado no sólo para las elecciones del 10 de mayo del 98 sino también para las del 2003.

Ante la tremenda crisis del mayor partido de la burguesía que significaba el hecho de tener a su candidato inhabilitado, sacan de la manga supuestas disposiciones estatutarias del Partido Colorado. Surge así la dupla Cubas-Argaña . Raúl Cubas Grau, que era el candidato a vice presidente de Oviedo, queda como candidato a presidente. Y el candidato a presidente de la segunda dupla más votada -en este caso Argaña- quedaba como vice presidente de Cubas.

Sin duda, aunque los componentes de la dupla no pegaban ni con el mejor de los pegamentos, resultó una salida para la burguesía, que estaba desesperada por no encontrar solución a la crisis política. Cada uno de los candidatos hizo la mayor parte de la campaña individualmente. El oviedismo siguió reivindicando la figura de su líder, con las consignas: "Cubas en el gobierno, Oviedo en el poder", "Votá lista 1, tu voto vale doble, por la libertad de Oviedo" .

A pesar de que el Partido Colorado encontró una salida relativa con la proclamación de la lista, su crisis siguió en curso. En los actos oviedistas no se permitió la presencia de Wasmosy.

Sin embargo, a pesar de la crisis, el resultado electoral fue una aplastante victoria del partido oficialista, que recuperó la mayoría parlamentaria y ganó en importantes distritos electorales que habían sido bastiones de la oposición (como, por ejemplo, Asunción y algunos departamentos).

Esta última coyuntura selló, de manera clara, cómo se había dividido la burguesía dentro de la transición, que a casi diez años de la caída de la dictadura no había encontrado la fórmula de unidad para aplicar el conjunto del plan del FMI.

En medio de la profunda crisis política, que afectaba principalmente a la ANR, esta nucleación partidaria obtuvo una victoria contundente sobre la oposición burguesa agrupada en la Alianza Democrática. Ni los colorados, ni los aliancistas esperaban este resultado.

El voto a Cubas, es decir al oviedismo, fue un voto de protesta contra Wasmosy, que fue el mismo fenómeno se dio en las internas coloradas, en donde perdió el candidato wasmosysta.

En el caso de Argaña, el momento en que contó con mayor caudal electoral fue en abril del 96, cuando ganó la presidencia del Partido Colorado, tras haber posado de "opositor intransigente" a Wasmosy. Y disminuyó su electorado -para las internas por las presidenciales- cuando inicia una política pactista, conciliadora con Wasmosy.

Mientras tanto, Oviedo -a partir de su baja del servicio activo- emprendió una campaña furibunda en contra del gobierno, de los "privilegiados de sangre azul", "de los barones de Itaipú", como llamaba a Wasmosy y su banda. Y se manifestó también en contra de la oposición burguesa, criticándola por el pacto de gobernabilidad, promovida para ayudar a sostener el gobierno de Wasmosy.

El liberalismo (PLRA), segunda fuerza política, se unió al PEN (partido amplio en el que conviven socialdemócratas y liberales), en la denominada Alianza Democrática, con la candidatura ultragastada de Domingo Laíno. Esta alianza reivindicaba, como su acto más inteligente, el Pacto de Gobernabilidad, que evidentemente fue visto por las masas como un pacto de contubernio, de complicidad con el corrupto gobierno de Wasmosy.

En sentido opuesto, un factor importante que llevó a la victoria del Partido Colorado fue la figura de Lino Oviedo, quien representaba la "mano dura que retomaría el timón del país". Se embanderaba con el nacionalismo, la defensa a los "más desprotegidos", con tres ejes de política: para responder a la miseria de las masas, al desempleo y al grave problema de la seguridad. Durante todo el 97 fue el único líder de la burguesía que hizo "oposición" a Wasmosy. Oposición entre comillas, en los discursos, claro está. Pero decía lo que las grandes mayorías querían escuchar.

La detención de Oviedo y su condena fue vista como una persecución política y antes que hacerle perder electorado, lo ayudó a aumentar. Al asumir la candidatura a presidente, Cubas Grau -a pesar de su compañero de fórmula, Argaña- siguió reivindicando la figura de su líder Oviedo, prometiendo su libertad -por la vía del indulto, derecho del presidente de la República- una vez que acceda al gobierno.

Esta campaña, basada en la figura del militar golpista -una especie de líder mesiánico-, sumada al papel capitulador que desempeñó la oposición frente al gobierno de Wasmosy, resumen las razones de la victoria colorada.

Cubas recibe un país en ruinas, con la burguesía en tremenda crisis y con ciertas tareas -consideradas fundamentales dentro del plan del FMI- inconclusas o ni siquiera iniciadas.

• La burguesía y el imperialismo siguen esperando la privatización de las principales empresas estatales, tales como: ANTELCO (de telecomunicaciones), ANDE (de electricidad), CORPOSANA (de distribución de agua potable) y del IPS (Instituto de Previsión Social). Para este último, el más deseado, Wasmosy ha dado el primer paso, que es la desmonopolización. Hoy ya no existe el monopolio estatal de la seguridad social. Los trabajadores estatales, por ejemplo, tienen seguros privados.
• Existe una falta total de credibilidad en las instituciones de la banca estatal por la enorme corrupción que envolvió a la administración pública. Los casos más evidentes son: los robos multimillonarios dentro del Banco Central del Paraguay (BCP), como así también los préstamos fraudulentos otorgados por el Banco Nacional de Trabajadores (BNT), con aval de los dirigentes sindicales, a la pandilla de Wasmosy.
• Existe una falta total de credibilidad en el sistema financiero local, a raíz de la quiebra fraudulenta de los bancos, que dejó a miles de ahorristas en la calle, porque perdieron su dinero. A ésto se suma la dilapidación de 700 millones de dólares del BCP gastados en el salvataje a los banqueros, para el pago parcial a los ahorristas defraudados.
• Existe una parálisis en la economía, con una carencia de inversiones, cierre de numerosas empresas comerciales e industriales.
• Para los trabajadores: una agudización de la miseria, falta de empleo, aumento de los trabajos informales, avance patronal en cuanto a la contrarreforma laboral de hecho, aunque no exista aún cambio en el código laboral.
• Para el campesinado, explotación en el sistema de venta de su producción, principalmente del rubro de exportación, el algodón, que recibe muy bajo precio en el mercado.
• La educación y la salud públicas, en desastrosa situación por falta de rubros, tanto para infraestructura, como para insumos y salarios. Mientras, los parlamentarios ganan 16 veces el salario mínimo se derrochan 31 millones de dólares para terminar la construcción y equipamiento del "Hospital Militar" (un servicio médico para 20 mil personas, mientras más de 3 millones de habitantes tienen que vérselas en los hospitales públicos, sufriendo la falta de camas o medicamentos).

Un ejemplo que habla por sí solo de esta situación es la huelga general de los trabajadores de la salud pública , que sobrepasó los 50 días de paro, reclamando un aumento del presupuesto nacional para el sector salud.

Su política económica es la dictada por el FMI y que ni Rodríguez, ni Wasmosy pudieron aplicarla a fondo. Dos son las razones para haber dejado esta "obra inconclusa":

1. por la resistencia obrera, campesina y popular expresada -fundamentalmente- en 4 huelgas generales y en 3 marchas campesinas sobre Asunción, como así también en varias luchas sectoriales.
2. por la oposición interna existente dentro del Partido Colorado, sobre todo en torno a la política de privatización y del achicamiento estatal, que afectaría fundamentalmente al funcionariado público, que en su mayoría son afiliados al partido de gobierno.

El nuevo gobierno tiene el ultimátum del FMI de implementar el plan que la burguesía ya no quiere seguir esperando:

• la reforma de la Ley 200 del Funcionario Público, lo cual permitirá el "despido legal" de los trabajadores del Estado, quienes según esta ley, si están nombrados por decreto, tienen estabilidad laboral.
• la Contrarreforma del Código Laboral, para permitir la eliminación de la jornada de 8 horas, las horas extras, las vacaciones pagas, la estabilidad laboral a los 10 años de trabajo, las bonificaciones familiares, el aguinaldo, los preavisos e indemnizaciones por despidos injustificados.
• la privatización o por lo menos avanzar con la desmonopolización, que se ha iniciado, de las principales empresas estatales y, fundamentalmente, del seguro médico y jubilatorio.

El gobierno que asume tiene la intención de avanzar con la privatización que inició Wasmosy, pero también sabe que el despido masivo que esta política conlleva, choca con su fachada populista de asistencia a los más desprotegidos.

Evidentemente, el botín de oro para la clase patronal es la privatización de esta institución que administra el seguro médico, las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del sector privado. Es la empresa estatal que más dinero mueve. De los depósitos en bancos nacionales, un 26 % pertenece al IPS.

Si bien durante el período Wasmosy no se concretó directamente la privatización, el gobierno y la burguesía avanzaron en la desmonopolización, que es una de las claves para la quiebra del IPS, al privarle de la centralización de los aportes obrero-patronales.

En este sentido, para la mayoría de los trabajadores estatales, Wasmosy abrió las puertas a grandes empresas de seguro médico. La política es debilitar las finanzas del IPS, para que éste no pueda competir en el mercado de la seguridad social.

La primera gran pelea se dio a pocos días de las elecciones generales, cuando el todavía presidente Wasmosy presentó la conocida "Ley del cerrojo" , por la que se reglamentaba la Ley del Indulto , que Cubas -como Presidente de la República- podía haber utilizado para liberar a Oviedo. Con la reforma hecha por el parlamento anterior, días antes de que fenezca su mandato, el indulto sólo podría ser aplicado cuando el preso haya cumplido el 50 % de la pena. Con ésto, Oviedo hubiera tenido que cumplir 5 años de prisión. Para votarse esta reforma de ley en el Parlamento, los legisladores argañistas y los de la oposición burguesa hicieron una alianza, quedando en minoría los oviedistas. En esa oportunidad se produjo la primera gran división entre los parlamentarios del Partido Colorado.

Sin embargo, la crisis se evidenció con mayor claridad cuando asumieron los nuevos parlamentarios (el pasado 1 de julio), al momento de elegir la mesa directiva de las dos cámaras. En esta oportunidad, de nuevo hicieron alianza los argañistas y los de la oposición burguesa, dejando de lado a los oviedistas, que no llegaron a ocupar un solo lugar en la dirección de las cámaras, ni tampoco lograron la presidencia de las comisiones de trabajo más importante.

La crisis del Partido Colorado es tal que hoy no existe una bancada del partido, sino que existe una bancada oviedista y otra bancada argañista. Pero, la crisis no termina en el Parlamento. La pelea seguirá por lograr cuotas de poder en el nuevo gobierno. Son 112 cargos de consejeros de entes autárquicos y descentralizados, que totalizan 3 millones de dólares anuales en sueldos (ABC 14-06-98). Y, además, otros 14 mil cargos de confianza en la administración pública.

En estas condiciones, la crisis colorada parece no acabarse. Más aún, la perspectiva es a profundizarse, puesto que en unos meses más deben tener elecciones de nueva junta directiva partidaria, para lo cual ya han iniciado sus internas.

Sin embargo, vale la aclaración que, la crisis política existente no termina en el Partido Colorado. El principal partido de oposición, el PLRA entró en un fuerte internismo posterior a la dura derrota electoral del 10 de mayo. Se han abierto grietas dentro del movimiento interno mayoritario, liderado autoritaria y verticalmente por Laíno. Dentro de unos meses, también tendrán elecciones para el nuevo directorio y, hoy, ya existen varios dirigentes postulándose.

Aunque en mucha menor dimensión que la crisis del liberalismo y menor aún que la colorada, en la tercera fuerza electoral, el Encuentro Nacional , también se acusó impacto de la derrota electoral y se desarrolla discusiones internas con miras a la futura elección de nuevas autoridades.

La crisis política no se cerró con el fin del gobierno de Wasmosy. Al contrario, a 72 horas de haber asumido el nuevo gobierno, se produjo una profundización, tras el decreto de libertad a Lino Oviedo, dictado por el Presidente Cubas. Haciendo uso del derecho de conmutar la pena, cambió los 10 años de prisión y la baja absoluta de las FFAA, por la de arresto por 3 meses, a raíz de lo cual salió en libertad por compurgamiento de pena.

Los juristas y políticos de la burguesía discuten sobre la legalidad o ilegalidad del decreto de Cubas. Pero, lo concreto es que abrió grietas en todas las instituciones del régimen e incluso en el mismo gabinete que asumió recientemente. Renunció el ministro de Industria y Comercio (que dicho sea de paso, es hermano del actual presidente).

Profundizó el fraccionamiento en el Partido Colorado, entre oviedistas y argañistas, también en el parlamento, en donde estos últimos hacen alianza con la oposición burguesa. Pero las grietas no se limitan al partido oficialista, sino que se trasladan a los demás partidos burgueses, en donde hay sectores -aunque minoritarios- que apoyan la medida de Cubas en favor de Oviedo.

La mayoría de parlamentarios de la oposición burguesa junto con los argañistas interpondrían un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Pretenden también promover el juicio político al presidente Cubas, aunque probablemente no podrán concretar por faltarle algunos votos para completar la cantidad requerida para el efecto. Acompañando a ésto se dieron algunas movilizaciones de protestas, siendo la juventud la principal protagonista, con escasa convocatoria de los partidos burgueses.

Se rumora que existe también inconformidad al interior de las FFAA. La primera noche en que Oviedo estuvo en libertad, Wasmosy se refugió en la Embajada Argentina y el día 20 de agosto juró como senador vitalicio, cargo que le corresponde como ex-presidente.

Con todas las instituciones del régimen enfrentando una mayor o menor situación de crisis, con un nuevo gobierno moviéndose entre fuertes presiones, con Lino en libertad, con Argaña como vice-presidente y el enfrentamiento con la mayoría parlamentaria, la ingobernabilidad es un peligro constante para la burguesía. Y esto es un obstáculo concreto para aplicar a fondo los planes exigidos por el FMI.

Ante la libertad de Lino Oviedo, el PST llama a los trabajadores y al pueblo a movilizarse para exigir cárcel para el golpista, cárcel para Wasmosy que lo encubrió por dos años y cárcel para Cubas que lo liberó.

Ante la crisis económica y política más general -estructural- existente, que constituye un elemento de debilidad para los sectores dominantes y que, sin embargo, no está siendo explotado por los trabajadores y el pueblo, debido a la traición de los dirigentes de las centrales obreras y de las organizaciones campesinas, el PST plantea:

• que indefectiblemente la clase trabajadora tiene que luchar por una nueva dirección sindical. Y hoy, más que nunca existen condiciones que empiezan a ser favorables, ya que al interior de la clase van constituyéndose gérmenes de nueva organización, que podemos fortalecerlos, tales como: la Coordinadora Nacional de Gremios de la Salud y la Coordinadora Sindical, Vecinal y Política del Acceso Sur y Central.
• que los trabajadores y campesinos no se dejen engañar más por los partidos de los patrones. Que construyamos nuestro propio partido para luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, que inicie la construcción de una sociedad socialista.
• que en este camino de construcción de una alternativa política que defienda los intereses de la clase obrera, una tarea importante que tenemos es ir peleándole la dirección a los actuales burócratas sindicales. Y esto empieza justamente por fortalecer esas semillas de nueva dirección existentes en las coordinadoras de base, que pueden convertirse en combativos organismos de lucha.
• Los trabajadores y sectores populares debemos enfrentar a Cubas, que al lado del imperialismo, hoy es nuestro principal enemigo. Para ello debemos contraponer un programa para luchar contra la miseria capitalista. Un programa para movilizar a las masas por:
• aumento salarial, el congelamiento de los precios de los productos de la canasta familiar y de los servicios públicos.
• extensión de los servicios del IPS a todos los trabajadores públicos y privados e incluso al campesinado y demás sectores populares, como los trabajadores informales.
• contra la privatización de las empresas estatales y que pasen bajo control de los trabajadores.
• contra el desempleo, plan de obras públicas bajo control de los trabajadores. Disminución de la semana laboral a 40 horas, sin reducción salarial.
• por la estatización de las empresas del transporte público y su control por parte de los trabajadores
• reforma agraria integral, empezando por la legalización de las ocupaciones campesinas, expropiación de los latifundios, asistencia técnica y crediticia para la producción del campesinado pobre.
• por el aumento del presupuesto nacional para salud, educación y viviendas.
• por el no pago de la deuda externa y la utilización de esos recursos para el financiamiento de obras públicas, en inversiones y gastos sociales.
• por la defensa de las libertades democráticas. Cárcel a los violadores de los derechos humanos del stronismo y de los gobiernos a partir del 89.
• por la prisión de Wasmosy, Oviedo y Cubas, principales cabezas de la actual crisis económica y política. Y cárcel a todos los que vaciaron las arcas del Estado desde Stroessner hasta la fecha. Expropiación de todos los bienes malhabidos.
• contra las intervenciones políticas, económicas y militares del imperialismo. Contra el sometimiento al Mercosur. Por el fin de las maniobras militares conjuntas, por la expulsión de los agentes de la CIA, DEA, FBI y del Mosad del Paraguay.
• por la unidad y solidaridad de la clase obrera de este país y del mundo entero.
• por un gobierno obrero, campesino y popular que inicie la construcción del socialismo a nivel mundial.