La
obsesión por el EIA
El
Gobierno estaba interesado en que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se
finalice, para que Manhattan sea la primera empresa minera que opere en
Tambogrande sin mayores problemas, para luego abrirle camino a otras
empresas del ramo.
Lo
que inicialmente parecía otro buen trato cerrado con inversionistas
extranjeros se convirtió en una suerte de avance kamikaze,
de tal forma que de esto depende la vida de toda una comunidad, la vida de
una empresa y la credibilidad del Gobierno como promotor de inversiones
extranjeras.
Sin
embargo, el EIA fue sólo una mera formalidad dentro de una cantada
operación minera en Tambogrande, lo que dejó al descubierto una nueva
mentira de la alianza Manhattan – Gobierno del Perú que vendía la idea la idea
de que el EIA debía recibir venia popular antes de
cavar cualquier hueco sobre el valle de San Lorenzo.
Según
Carlos Chirinos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), lo único
que hace el EIA es predecir los impactos negativos y positivos, pero no
determina si se ejecuta o no la explotación, porque eso ya se decidió
hace mucho cuando el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 014-98-EM que
concedió los primeros diez lotes –los TGs—a Manhattan.
La Mesa Técnica de Apoyo al
Pueblo de Tambogrande buscó que la Presidencia del Consejo de
Ministros, entidad que emitió el documento, lo anule; sin embargo, no se
obtuvo respuesta.
Previamente
al EIA, el titular de la concesión debe presentar un Estudio de Línea de
Base (ELBA) que sólo busca identificar efectos negativos de la actividad
para aminorarlos, y los positivos para optimizarlos; es harto conocido que
el de Manhattan fue cuestionado por obviar o ignorar aspectos importantes
sobre la biodiversidad en San Lorenzo.
Sin
embargo, Manhattan prosiguió y estaba a mitad de EIA cuando sucedieron
los eventos del 27 y 28 de febrero de 2001, que le favorecieron, pues
luego pidió la extensión del plazo para presentar tal estudio, lo que
algunos interpretaron como una jugada para aferrarse al último jirón de
tiempo que les podía ligar a Tambogrande.
La
empresa minera prometió ser cuidadosa con el tema ambiental, y por
otro lado mencionó hasta la saciedad que no podía efectuar análisis
de ningún tipo porque no podía ingresar a Tambogrande –cosa que factortierra
probó que era mentira—lo que haría supuso que no iban a ser claros con el tema
de la biodiversidad.
Pasara
lo que pasara, el destino de Tambogrande parecía estar escrito, pues el EIA sólo
puede ser observado, pero no hay ni posibilidades remotas de ser
rechazado.
La
misma Mesa Técnica reconoció que las probabilidades de quitarse el
problema de encima cuando Manhattan presente el EIA del Proyecto Tambo
Grande eran mínimas.
La
misma Manhattan reconoció públicamente que el EIA les serviría para
“determinar, de manera técnica y objetiva, cómo afectaría la nueva
actividad a la zona, y cómo se podrían mitigar los efectos negativos, si
éstos llegaran a presentarse”. La empresa insistió en que había tecnología
de punta para mitigar –ojo, no utiliza el verbo evitar—tales
efectos. ¿Cuáles? No dijo.
Lo
que tampoco dijo es que el EIA sólo se informaba a la comunidad sin que ésta
pueda decidir sobre él, sólo observarlo, y recibir respuestas
en un plazo de 15 días. Un mes después, la Dirección General de Minería
puede aprobarlo (es la única entidad que puede hacerlo). Si no se
pronunciara, se asumirá la aprobación también.
A
menos que Tambogrande presentara un documento tan o más contundente que el
de Manhattan, la partida legal se habría perdido. El tema es que la
comunidad no respondió en esa vía, sino que adoptó una estrategia que
puso la piel de gallina a los mineros y sus partidarios.
Versión
original: ©2002
NPC. Versión actualizada: ©2004 NPC
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