La
consulta distrital
El
hecho de que la gente se organice para descalificar socialmente al
Proyecto Tambo Grande puso de cabeza a sus defensores, pues si bien no fue
vinculante a la aprobación del EIA, constituyó una cachetada al Gobierno por
parte de la comunidad internacional. De hecho, los hermanos Quijandría,
titulares de Agricultura y Energía y Minas, se metieron en un túnel
sin salida.
En
su desesperación, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró ilegal
la norma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que
sostiene que no reconoce la jurisdicción del ayuntamiento de Tambogrande
para realizar la consulta, pero sí asesorarla. Es decir, en el fondo, los
mineros piden que la ONPE se involucre, lo que demuestra que ya no tienen
estrategias de ataque ni de respuesta... o que sus asesores legales están
desorientados.
Si
bien la ley 26300, que regula los derechos de participación y control
ciudadanos, no considera este tipo de mecanismos, la antigua Ley Orgánica de
Municipalidades (bajo la que se ejecutó la consulta) lo establecía como un procedimiento de participación
vecinal.
Manhattan,
otra desesperada y moribunda entidad, intentó manosear el asunto,
diciendo que la consulta era un tipo de referéndum local sobre el EIA del
proyecto minero, lo que constituye una violación de competencias del
ayuntamiento de Tambogrande frente al MEM, y que como la ONPE iba a
asesorar el proceso, ello implicaba que era oficial.
Ana
María Leyva, abogada por Fedepaz, desbarató las mentiras sosteniendo que
la consulta es en realidad una opinión sobre la actividad minera en su
conjunto, es decir, constituye un rechazo al modelo en sí, no a sus
formalidades; asimismo, las consultas están contempladas dentro del marco
desarrollo local, por lo mismo no son vinculantes a entes externos, pero
tienen gran fuerza en el área donde se aplican.
Por
último, el hecho que la ONPE asesore la consulta no implicaba que la
oficialice porque no la convocó; además, la figura de la
asesoría estaba claramente contemplada dentro de sus funciones. No es la
primera vez que lo hace.
“La
asesoría no es imprescindible; esté o no esté [la ONPE], la consulta se
hace”, dijo Leyva.
El
entonces alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo dijo que la consulta
costaría el equivalente a 15 mil dólares, y que la
organizadora será la ONG Transparencia.
Funcionarios municipales
realizaron jornadas de
sensibilización en las comunidades del distrito, mientras que el Frente
de Defensa fue el promotor de la campaña por el NO a la
actividad minera en San Lorenzo.
Como
la consulta rechazó a la minería, el Proyecto Tambo Grande se quedaba
sin respaldo social. “El miedo del MEM es a la presión y la importancia
política, porque empodera a la población”, arguyó Ana María Leyva.
El
peso adicional fue la presión internacional sobre el Gobierno, lo que
supondría el condicionamiento de ayudas, toda vez que los países ricos
están proponiendo dar asistencia sólo a naciones que demuestren
prácticas democráticas, pero especialistas consultados por factortierra
sugieren que esto no será relevante, a menos que haya una declaración
explícita al respecto.
El
solo hecho de organizar la consulta ya sentó un precedente en el Perú,
como una solución social al conflicto. Y ese es otro temor del Gobierno,
pues podría abrir brechas legales para solucionar otras controversias, lo
que representarán menos miles de millones de dólares al fisco, a costa
de la violación de los derechos humanos de otras comunidades.
Pero
el problema es la no-vinculación, lo que podría hacer que el Gobierno
desconozca los resultados, e imponga su voluntad.
Sin
embargo, Tambogrande no cejará a pesar de las presiones y los chantajes.
Mas bien estos los han hecho más fuertes, más aún cuando en el afán de
callarlos han querido cegar las vidas de sus líderes...
Versión
original: ©2002
NPC. Versión actualizada: ©2004 NPC
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