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1.1 Planteamiento del problema
La baja profundidad de sistema financiero
venezolano (incluyendo su mercado de capitales) califica el problema del
financiamiento del sector eléctrico más allá del puro acceso al crédito y lo
ubica en el relevante papel del sistema de reformas que deben instrumentarse
para lograr que el sector cumpla con la importante función de promover
bienestar en una sociedad moderna. (Fariñas, 1986)
Esta afirmación sintetiza el
planteamiento formulado por el economista Maxim Ross en un amplio trabajo dado
a conocer en el marco de este evento (Financiamiento del Sector Eléctrico) en
el cual aborda una serie de facetas vinculadas estrechamente con esta materia
de vital significación en la marcha de nuestra economía, a su vez en relación
directa con la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad. (Ross, 2001)
El reconocido economista ubica el tema en
el contexto de la industria eléctrica como factor de desarrollo y en el rol del
marco regulatorio para acceder a las inversiones y el financiamiento de las
actividades de las empresas que integran el sector.
En forma adicional, alude a experiencias
internacionales de regulación como marco de referencia para desglosar el caso
venezolano.
Uno de los aspectos en torno a los cuales
existe probablemente un mayor consenso en las teorías del desarrollo es el
papel asignado a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
sobre el crecimiento de los demás sectores de la economía, en cuanto a su
contribución a que éstos alcancen mayores niveles de competitividad.
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Como consecuencia de ello, la energía
eléctrica ocupa la misma posición que las telecomunicaciones y la
infraestructura de transporte en el diseño de apropiadas políticas públicas,
pues está comprobado que contribuyen decisivamente al desarrollo en las
economías industrializadas.
La convicción de que no es posible el
progreso sostenido de la producción transable de un país e incrementar en forma
simultánea el ahorro, la inversión y la productividad de sus empresas si no se
diseñan y ponen en marcha políticas públicas adecuadas para impulsar los apoyos
sistémicos que aquéllas requieren, indujo en el pasado a la mayoría de los
países latinoamericanos a sostener desde el sector público ingentes esfuerzos
para su desarrollo. (Salasar, 1996).
Es así como el marco regulatorio persigue
como principal objetivo la eficiencia y la garantía en la continuidad del
servicio, lo cual repercute en la necesidad de obtener inversiones cuantiosas y
oportunas. Por ello la regulación de
los servicios públicos tiene un efecto relevante en la inversión de este
sector, su productividad y costos. (Badell, 2.005)
Sin embargo, la regulación de los
servicios públicos también cumple con una función redistributiva, en tanto puede
proporcionar rentas monopólicas a las empresas o generar un mayor excedente al
consumidor, según que los precios de los servicios sean o no inferiores al
costo marginal del servicio.
De allí que esta otra vertiente puede ir
en dirección contraria a la anterior, en tanto que en la medida que su
inclinación sea "excesivamente" distributivista desalienta las
inversiones y, por tanto, la expansión y calidad del servicio. En general, este es el dilema que intentan
resolver los diseñadores de políticas públicas.
La industria eléctrica comienza a operar
en nuestro país desde el año 1888, con la inauguración del alumbrado de la
capital zuliana por parte de la Maracaibo Electric Light Company, hecho pionero
que arranca con la conformación de un sector eléctrico que hasta 1947 se
caracterizó por ser fundamentalmente privado con unidades de generación
aisladas. Registran una capacidad
instalada de 78,7 MW, una producción de 300 GWh y un consumo de apenas 64 KWh
por habitante.
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A partir de 1947, comienza la participación
del Estado a través de la Corporación Venezolana de Fomento, la que adquiere
algunas empresas privadas, las fusiona y crea CADAFE. Luego se desarrolla un proceso de interconexión progresiva de las
centrales y sistemas eléctricos, comenzando además con la creación de la
Comisión de Estudios para el río Caroní, la construcción de Macagua 1 y el
proyecto de Guri con el desarrollo hidroeléctrico del país a gran escala.
En 1967 la capacidad instalada era de
1.860 MW, para un crecimiento del sector de 2254%, una producción de 7.060 GWh
y un consumo de 802 KWh por habitante, mostrando la demanda un crecimiento de
1153%.
A partir de ese año el sector entra en un
proceso de fuerte expansión y consolidación de la industria que se refleja para
el cierre de 1998 en una capacidad instalada de 21.543MW, una producción de
86.367 GWh y un consumo de 2.563 Kw/h por habitante. En líneas generales, la industria eléctrica está compuesta por
empresas públicas y privadas, pero se puede afirmar que el sistema en su conjunto
es esencialmente público. El sector
está compuesto por cuatro empresas públicas que generan el 85% de la energía y
distribuyen aproximadamente el 77% del total de electricidad que se consume en
el país.
Respecto a su composición, se observa que
el 61 % de la capacidad instalada corresponde a centrales hidroeléctricas. El grueso de la capacidad instalada de las
empresas privadas corresponde a plantas termoeléctricas, mientras que las
empresas públicas el 73% se trata de plantas hidroeléctricas.
El consumo agregado del país está
compuesto en un 45% por demanda de carácter industrial, un 24% por consumo
residencial y un 13% corresponde a comercial.
En las empresas privadas un 37% de su demanda es de origen residencial,
32% comercial y 22% es industrial. (www.amazings.com)
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En los últimos 16 años el sector ha
logrado incrementar el porcentaje de población servida de 83% en 1983 a 93% en
1998. La generación por habitante se
incremento en un 41 %, el consumo por habitante aumentó en un 32%, el consumo
por cliente se ubicó en un 18%, el consumo residencial por cliente se colocó en
19%, mientras que la relación de clientes atendidos por empleados ascendió a
34%.
Estas características del sector y
evolución de indicadores tienen importantes implicaciones a la hora de abordar
los requerimientos de expansión del sector y sus implicaciones desde el punto
de vista del financiamiento en términos de corto y largo plazo.
El crecimiento promedio interanual del
sector en tal período es del 3,1% para la población servida, la generación por
habitante se incremento en un 2,3% en promedio, el consumo por habitante se
incremento en un 1,9%, el consumo por cliente aumentó en 1,1 %, el consumo
residencial por cliente se colocó en 1,2%, mientras que la relación de clientes
atendidos por empleados ascendió a 2%.
Por su parte, el Producto Interno Bruto
del sector eléctrico ha crecido en promedio en la década de los noventa en
3,74%, siendo una de las actividades de menor crecimiento en el período,
presentando a su vez un comportamiento similar al crecimiento observado por el
PIB total de la economía. La escasa
liberalización del mercado eléctrico en la economía venezolana ha configurado
un escenario en el que no es posible reconocer logros importantes de las
empresas en cuanto al aumento de su eficiencia económica y financiera, así como
desde el punto de vista del incremento de la capacidad energética de que
dispone la economía. (BCV, 2.005)
Las deficiencias en el marco regulatorio
y legal, evidenciadas por un proceso de férreo control sobre el sector y de
fuerte discrecionalidad del órgano regulador, se ha evidenciado en la práctica
en un esquema de fijación de tarifas sistemáticamente por debajo de los costos
del servicio, caracterizado además por una fuerte distorsión de subsidios
cruzados.
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Este hecho se ha convertido en el
principal freno al desarrollo del sector, así como para emprender las
inversiones necesarias que se requieren.
Dicha situación se ha revertido en el deterioro en la calidad del
servicio producto de las dificultades financieras que han experimentado muchas
empresas del sector para hacer a frente los programas de mantenimiento que
permitan la continuidad y estabilidad del servicio.
Esas dificultades financieras se reflejan
en la práctica en un rezago en las inversiones en especial la referente a la
transmisión, distribución y comercialización, como producto de una distorsión
del sistema, caracterizada por un sobredimensionamiento en la generación por
los respectivos elevados costos fijos.
Tales limitaciones se potencian además por las restricciones que tienen
buena parte de las empresas del sector de acceder al endeudamiento. A ello se añaden las dificultades que tienen
las empresas públicas para recibir transferencias del Gobierno Central.
Todos estos factores aunados a las
características propias del sector eléctrico esbozan un cuadro de dificultades
e importantes necesidades de financiamiento para hacer frente a las inversiones
que se requieren para la puesta al día y expansión del sector.
La vulnerabilidad de la economía
venezolana frente los shocks externos, por su característica de economía
petrolera, ha sido clave en el deterioro de la tasa de inversión y su lenta
recuperación posterior.
En una revisión de los factores que han
determinado la evolución de la inversión privada, se concluye que, además de
los tradicionalmente considerados por la teoría económica, existen otros
igualmente importantes. Primero está la
estabilidad de las políticas y su consistencia con las reformas estructurales,
lo que asegura la sostenibilidad de las reglas en el tiempo; luego el acceso a
la infraestructura donde la inversión pública tradicionalmente se ha
complementado con la inversión privada y la disponibilidad de financiamiento.
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Si bien la estabilidad macroeconómica es
básica, no es suficiente para mantener un clima favorable a la inversión por lo
que cabe al gobierno un rol importante en el estímulo a la inversión privada;
relacionado con la función que debe desempeñar la inversión pública en el
futuro, con el papel de la tribulación en la reinversión de utilidades de las
empresas y la capacitación de personal, así como las políticas de desarrollo
financiero y del mercado de capitales.
(Purroy, 1998).
Para avanzar en forma sostenida hacia el
desarrollo, Venezuela necesita aumentar sustancialmente sus tasas de ahorro e
inversión. Al mismo tiempo, la
experiencia de los últimos años sobre todo de la crisis mexicana de 1994, ha
puesto de relieve los riesgos de depender excesivamente de los flujos de
capital externo para este fin. Lo que
urge por lo tanto es incrementar la capacidad de ahorro interno, llevando a
cabo las profundas reformas que esto requiere.
Las marchas y contramarchas realizadas en
la gestión pública han impedido alcanzar un grado considerable de
estabilización macroeconómica, condición necesaria para el impulso tanto de la
inversión como del ahorro en el país.
Adicionalmente, la fragilidad del sistema financiero y la inestabilidad
fiscal potencian la falta de solidez de la estabilización, con efectos adversos
para el ahorro y, por consiguiente, para la disponibilidad de recursos
nacionales destinados a la inversión.
Uno de los rasgos sobresalientes de la
economía nacional en los últimos 20 años ha sido la caída de los coeficientes
de ahorro, y en especial los coeficientes de inversión. Si bien dichos coeficientes han
experimentado una ligera mejoría en los años noventa, no han alcanzado aún los
niveles que tenían antes de la crisis.
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Para lograr un crecimiento rápido y
sostenido, Venezuela requiere una tasa de inversión en torno del 28% de su
producto, ocho puntos superiores a la actual.
Esta permitirá un crecimiento sostenido
de la economía en niveles cercanos al 5% anual y un incremento sistemático del
ingreso real por habitante a razón de 3% por año.
Inevitablemente, parte de esta necesidad
de recursos se satisfará con ahorro externo.
Sin embargo, la crisis de la deuda externa de hace algunos años y las
experiencias más recientes de países como México y, en menor grado, Argentina,
han demostrado los riesgos de una excesiva dependencia de aquél debido a sus
componentes especulativos de corto plazo y al peligro de un repentino corte de
flujo de recursos por algún imprevisto.
Lo que se requiere, entonces, es que el
ahorro nacional se eleve drásticamente, a más de 25% del producto. No obstante, ese nivel no podrá alcanzarse
únicamente por el propio crecimiento.
Será posible sólo si cambian sustancialmente los patrones de
comportamiento de consumo y ahorro privados y se eleva asimismo el ahorro
promedio del sector público, proceso para el cual el contexto macroeconómico no
es de por sí suficiente. Se necesitan,
por consiguiente, políticas que fomenten todos los componentes del ahorro
nacional, mediante incentivos eficaces e institucionales apropiadas.
Respecto al ahorro privado, existen tres
alternativas de política eficaces: sistemas de ahorro que dan acceso a bienes
altamente valorados, la sustitución del tradicional sistema de pensiones basado
en el reparto, hacia uno sustentado en la capitalización individual y la
utilización de los impuestos para incentivar la reinversión de utilidades por
parte de las empresas.
En cuanto a la inversión, la estabilidad
macroeconómica y de las reglas del juego en general, son los elementos claves
para consolidar el mayor peso de la inversión y convertirla en el motor de
crecimiento.
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Otro factor decisivo es la calidad de la
infraestructura, la cual se ha deteriorado en forma significativa en los
últimos años, hecho que aumenta la cautela de los potenciales inversores,
haciendo imprescindible un considerable incremento de la inversión en este
sector, sea pública o privada y donde el esquema de concesiones juega un rol
central. También es recomendable el uso
de incentivos tributarios, no sólo para estimular la inversión sino para
mejorar el capital humano por medio de la capacitación.
Hay un factor que es de especial
importancia tanto para el fomento del ahorro como para la creación de un
ambiente adecuado para las inversiones: el fortalecimiento de un adecuado y
eficiente sistema financiero. Esto
requiere no sólo una mayor liberalización del mercado financiero, sino además
la creación de segmentos de él que mejoren la especialización y los
instrumentos de ahorro e inversión, así como también amplíen el acceso a los
servicios financieros de las pequeñas y medianas empresas y de las personas de
menores ingresos. Desde luego adecuadas
políticas de supervisión y regulación que aseguren la solvencia del sistema financiero.
La estabilidad macroeconómica, la
profundidad del sistema financiero y sobre todo la estabilidad de las reglas
del "juego" institucional donde interactúa el sector eléctrico,
constituyen los elementos centrales a la hora de evaluar las opciones de
inversión que posee una determinada entidad.
El carácter de bien público que deriva
del sector eléctrico y la característica de esa inversión que esa actividad
requiere para su expansión son factores que determinan que su oferta se deba
realizar en condiciones de rendimientos crecientes y con estructuras altamente
concentradas.
Las inversiones dependen de un juicio
sobre la productividad marginal futura del capital, hecho que en la práctica
está plagado de incertidumbre. La
decisión se complica en la medida que las inversiones tengan un horizonte de
largo plazo. Parte de la volatilidad de
la inversión y por ende, de la incertidumbre que la rodea se debe a los
movimientos de expectativas respecto al futuro.
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Estos elementos pendulan particularmente
sobre el sector eléctrico, el que además es afectado por lo que se denomina
"racionamiento del crédito", puesto que la inversión no sólo depende
de la tasa de interés y de la rentabilidad de la inversión, sino además del
flujo de caja de la empresa. Asimismo,
se ha evidenciado en que mientras la Inversión Bruta Fija ha experimentado un
crecimiento nominal del 155% para el sector privado en los últimos 15 años,
para el sector público el crecimiento ha sido del 2312%. Este menor crecimiento nominal en el sector
privado es explicado fundamentalmente por el "racionamiento del
crédito" a que ha estado sometido, mientras que el sector público recibió
sobre todo con los shocks petroleros favorables, importantes transferencias de
recursos y acceso privilegiado a las líneas de crédito de los organismos
multilaterales. (BCV, 2.005)
Para localizar el problema observemos
algunos indicadores del sector, los cuales permiten ilustrar las necesidades de
inversión. Entre 1990 y 1998, la
generación de energía eléctrica aumentó de 56.381 GWh a 79.438 GWh en 1998, lo
que representa un incremento global de 41,1% durante el período y un aumento
promedio anual de 3,84%, superando el crecimiento real promedio del Producto
Interno Bruto (PIB) entre los mismos años, que se ubicó en 2,43%.
El consumo eléctrico en Venezuela es uno
de los más altos de Latinoamérica en términos per cápita, pero apenas
representa un poco menos de la mitad del que se aprecia en los países
desarrollados. No es de extrañar, en
consecuencia que exista un consenso en la proyección de una tasa de crecimiento
anual del consumo eléctrico para el período 2000-2004, que se sitúe en torno a
4,5% conforme con la proyección de la demanda de energía que generaría el
crecimiento de la población y la puesta en marcha de proyectos de inversión
productiva en otros sectores de la economía venezolana.
Un crecimiento anual de esa magnitud
mantendría al sector de energía como uno de los más dinámicos, por encima de la
mayoría de las demás actividades sectoriales.
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Sin embargo, para poder enfrentar este
ritmo de crecimiento en la demanda y puesta al día del sistema es necesario
acometer proyectos que permitan en los próximos años un crecimiento de la
capacidad de producción en un 38%, equivalente a unos 8000 MW para colocar a
capacidad total de producción en 29.000 MW
Durante los períodos de expansión
económica, la demanda de electricidad se acelera notablemente y los programas
de obras e inversiones deben adelantarse para garantizar la continuidad del
servicio. Por el contrario, en períodos
de desaceleración o recesión, la presión sobre las empresas eléctricas
disminuye y las inversiones pueden escalonarse más tiempo o posponerse.
Finalmente, cuando por una mala
planificación o falta de inversión la capacidad de reserva se extingue y se
corre el riesgo de interrupciones en el suministro o se ha entrado ya en una
situación de penuria, las inversiones se aceleran para resolver el problema.
La proyección de una alta tasa de
crecimiento anual del consumo eléctrico implica mantener un elevado ritmo de
inversión en el sector, estimándose que para el período comprendido entre los
años 2000-2004 la inversión debiera promediar cerca de 1.100 millones de
dólares anuales. (BCV, 2.005).
De esta situación se infiere que en la
actual fase del proceso de desarrollo de la economía venezolana, la definición
de políticas públicas orientadas a mejorar su competitividad debe incluir el
mejoramiento, como nunca antes, de la oferta de los apoyos sistémicos en la
producción de insumos energéticos relacionados a las mayores escalas y la
intensificación del capital que implica el desarrollo, entre otros factores
especialmente en lo que se refiere a la expansión del PIB.
El acumulado a invertir en los próximos
cinco años se ubica en 5.543 millones de dólares, equivalentes al 6,1% del
PIB. En cuanto a su composición se
estima que un 45% sea acometido por el sector privado, una vez que se adelanten
los procesos de privatización que se proyectan en el sector en el corto
plazo. Esto representaría inversiones
por el orden de 2.500 millones de dólares, para un promedio anual de 500
millones de dólares. Por otro lado del
sector público, el 68% de inversión la proyecta realizar EDELCA.
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En cuanto al destino de la inversión el
42% de los requerimientos se refieren a generación, mientras que el 30%
corresponde a transmisión, el 18% a distribución y el restante 10% para otras
inversiones.
El grueso de las nuevas inversiones se
agrupan alrededor de los proyectos de desarrollo hidroeléctrico del río Caroní,
mientras que la privatización de un grupo importante de empresas en manos del
Estado en la actualidad conllevará el reemplazo de plantas menos eficientes que
utilizan diesel y petróleo por plantas más eficientes menos contaminantes que
utilizan gas natural.
En este sentido, el Gobierno proyecta
privatizaciones para el año 2000 entre 700 y 800 millones de dólares que
implicaría el paso a manos privadas de ENELVEN, ENELBAR, SEMDA, entre
otras. Por otra parte, los requerimientos
de inversiones en el sistema de transmisión se ubican en promedio de 337
millones de dólares anuales y se deben fundamentalmente a la puesta al día de
los activos pertenecientes al Estado que sirven para estos fines y que la nueva
Ley agrupa en una nueva empresa. (www.infoven.net)
El deterioro de este segmento del sector
se evidencia en el hecho de que en los últimos años se han experimentado fallas
crecientes en el sistema que se refleja en los últimos 5 años en un crecimiento
del 830% de caídas superiores a 100 MW en el Sistema Interconectado
Nacional. El crecimiento promedio
interanual del número de fallas de gran magnitud (mayores a 100 MW) ha sido del
56%.
Este crecimiento vertiginoso del número
de fallas pone de manifiesto el deterioro del servicio, producto del conjunto
de factores que han incidido en las inversiones del sector y planes de
mantenimiento que han sido postergados por la incidencia que las políticas
tarifarías han tenido sobre los flujos de caja de las distintas empresas.
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Por su parte, para distribución se
proyectan inversiones promedio anuales por 196 millones de dólares, los cuales
en un 45% corresponden a Cadafe.
Para la puesta al día del sector
eléctrico en su conjunto es necesario acometer planes de inversiones por 1.310
millones de dólares, de los cuales un 50% pertenece a generación, un 31 % a
Transmisión y el restante 19% corresponde a Distribución.
La realización de estas inversiones para
poner al día a los distintos sistemas del sector son perentorias ya que su
postergación amenaza con poner en peligro los niveles de confiabilidad que ha
mantenido el sistema.
Para hacer frente a este cúmulo de
inversiones y potenciar el proceso de privatización es necesario que el sector
cuente con un marco regulatorio adecuado para impulsar la estabilidad y
previsibilidad del sistema de reglas de juego, eliminando además el conjunto de
distorsiones que imperan en el sector y donde el manejo de las tarifas es el
más notorio.
Así, estamos frente a un reto de alta
complejidad, dada la urgencia de las inversiones, la importancia del sector
eléctrico para la economía, en especial para la competitividad de los bienes
transables y para crear una plataforma de externalidades positivas a la
inversión privada.
En otro sentido, las restricciones
macroeconómicas, la necesidad de un marco regulatorio elevadamente previsible y
estable, que propulse un sistema de alta eficiencia, aunados a las dificultades
para captar recursos externos, dada la experiencia mostrada sobre mercados
emergentes, conjugan, todos ellos, un grupo de factores que ha de ser resuelto
simultáneamente para que el sector eléctrico pueda acceder al financiamiento
requerido. (Fariñas, 1986)
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La baja profundidad del sistema
financiero venezolano, inclusive en su mercado de capitales, califica el
problema del financiamiento del sector eléctrico como un problema que va más
allá del puro acceso al crédito y lo coloca en el relevante papel del sistema
de reformas que deben instrumentarse para lograr que el sector cumpla con la
principalísima función de bienestar en una sociedad moderna.
De las ideas expresadas, se desprenden
las siguientes interrogantes ¿Cuáles son las directrices técnico financieras
utilizadas por los principales entes de financiamiento externo a nivel internacional?
¿De qué dependen estas directrices?
¿Cuáles son las necesidades en materia de obtención de recursos y
aprobación de proyectos que posee la empresa ELEOCCIDENTE YARACUY? ¿Existe un modelo de presentación de
proyectos de inversión ante entes de financiación internacionales que sea
efectivo al momento de la aprobación?
1.2
Objetivos de la Investigación
1.2.1 Objetivo
General
Diseñar un modelo de presentación de
proyectos para la adquisición de recursos provenientes del financiamiento
externo a través de un estudio técnico financiero en la empresa ELEOCCIDENTE
YARACUY.
1.2.2 Objetivos
Específicos
Analizar las directrices técnico
financieras utilizadas por los principales entes de financiamiento externo a
nivel internacional.
Determinar las necesidades en materia de
obtención de recursos y aprobación de proyectos que posee la empresa
ELEOCCIDENTE YARACUY.
16
Proponer un modelo viable de presentación
de proyectos de inversión ante entes de financiación internacionales.
1.3 Alcance y Justificación
Es necesario realizar un análisis
exhaustivo sobre los nuevos retos que se plantean en el sector eléctrico
venezolano, en especial lo que se refiere a su financiamiento, regulación y
operación, a la luz de los más recientes acontecimientos vinculados con esta
industria.
Es así como se le asigna una importancia
vital a la promulgación del nuevo instrumento legal ya que finalmente se
dispone de un texto regulador que desde el 21 de septiembre de 1999 rige las
iniciativas y actividades de una de las más complejas y sofisticadas
industrias.
Como es sabido, Venezuela y México eran
los dos únicos países latinoamericanos que no contaban con un marco jurídico
para regular el servicio de energía eléctrica.
Transcurridas varias décadas en procura
de un marco jurídico apropiado, se cumplieron 25 años desde que el grupo de
trabajo integrado por AVIEM, CADAFE, EDELCA y CAVEINEL hicieron entrega al
Ejecutivo Nacional del primer proyecto formal de Ley Orgánica del Servicio
Público de Electricidad.
Luego de muchos estudios y 14 proyectos
de ley se cuenta al fin con una Ley de Servicio Eléctrico. La presencia de este ordenamiento legal
refleja una mayor seguridad jurídica o certeza de las reglas claras de juego,
que permitirán que el capital privado entre en el negocio eléctrico y pueda
reducir la duda y el riesgo a las decisiones estrictamente empresariales, sin
la incertidumbre aparente de decisiones viscerales. El sector eléctrico ha sido sometido siempre en Venezuela a un régimen
de discrecionalidad. Es hora de exigir
el imperio de la ley, que evite la inestabilidad.
17
Los cambios macroeconómicos, unidos a los
avances tecnológicos y a las nuevas preocupaciones sociales, han modificado
algunas características de la industria eléctrica que se consideraron durante mucho
tiempo determinantes del sistema de regulación tradicional.
Hoy día, uno de los factores más
importantes para el éxito del proceso de reforma del nuevo modelo de regulación
del sector de los servicios públicos económicos, consiste en diseñar un modelo
de regulación que se adapte a las circunstancias específicas del mercado,
respetando los derechos de propiedad y la libertad de empresa.
En la actualidad estamos ante un nuevo
reto en la industria nacional eléctrica: la introducción y el desarrollo de la
libre competencia, como medio para lograr una libre competencia, como medio
para lograr una mayor competitividad y eficiencia económica; la separación de
las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización y
finalmente, la eventual privatización de importantes empresas regionales, cuya
finalidad no sea la sola financiera de obtener recursos para el Tesoro Público,
sino la eficiencia del sistema económico en su conjunto.
El sector eléctrico requiere $ 7 mil
millones los próximos 10 años, el vacío de herramientas técnicas financieras
existentes en el sector se convierten en una justificación suficiente para el
desarrollo de la presente investigación, además de variables como los nuevos
retos de las empresas, la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, las grandes
obras de ingeniería que posee el sector, las fuentes de financiamiento y el
monto de los recursos financieros requeridos.
18
El sector eléctrico ha realizado una gran
contribución al desarrollo nacional, hecho que debe despertar orgullo en todo
venezolano. De hecho, el país fue
electrificado, se construyeron grandes represas y se consolidaron grandes
empresas de servicios públicos, iguales o mejores a las de cualquier otro país
latinoamericano.
Sin embargo, en el transcurso de las dos
últimas décadas, importantes sectores de nuestra industria han sufrido un
proceso continuo de desinversión.
Hay que revertir este proceso y cubrir el
déficit acumulado de muchos años, pues de todos es sabido que el sector
eléctrico se caracteriza por ser una industria que se apoya en tecnología
intensiva, en capital con alto grado de apalancamiento financiero y largos
plazos de construcción de las centrales hidroeléctricas; para lo cual la
presente investigación puede representar un importante aporte
Las necesidades de financiamiento
fundamentales para la marcha de esta industria, se ubican en una cifra de 7 mil
millones de dólares para la primera década del nuevo milenio.
En menor parte significará un aporte del
presupuesto nacional, que incluso incorporará, seguramente, los recursos
provenientes de unas eventuales privatizaciones. Pero, la mayoría de los recursos provendrán, directa o
indirectamente, de los mercados financieros internacionales.
Para un país en vías de desarrollo como
el nuestro, el costo de financiamiento por la vía de los mercados
internacionales es alto. Hoy por hoy el
riesgo de la deuda de la República para préstamos de largo plazo supera el 8%
en dólares, Esto significa que el costo de capital, aún para un sector
considerado poco riesgoso como el nuestro, es superior al 15% en dólares, nivel
éste que hace poco rentables proyectos de gran importancia para el sector y el
país.
Esta situación obliga a preguntar ¿Cómo
reduciremos los costos del capital?
Obviamente, una fuente lo constituirán los organismos multilaterales
como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o
el Banco Mundial. Estas no son dos
recetas nuevas, pero en el futuro que se nos aproxima hay que introducir
modificaciones al promover la privatización del sector. A futuro, la ventana para tener acceso a
préstamos oficiales pensamos que será el IFC (International Finance
Corporation, 2.004) institución hermana del Banco Mundial que se especializa en
préstamos al sector privado.
19
Las condiciones para el otorgamiento de
estos préstamos serán más exigentes, más ligados a entornos comerciales y a
condiciones de mercado, porque dichos organismos funcionan como catalizadores
del mercado privado. Como sector, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en
estas condiciones y a escuchar y entender los mercados de capital.
Además de los entes multilaterales, otras
fuentes de financiamiento para nuestra industria serán las agencias de crédito
a la exportación como el US Eximbank, Japón Eximbank o Export Development
Corporation (EDC de Canadá). A
diferencia de las agencias multilaterales, éstos se concentran en financiar la
adquisición de equipos en sus países y normalmente no cubren gastos nacionales.
A más largo plazo, dependemos de una
política que reduzca la percepción de riesgo país para poder abaratar los
costos de financiamiento. A nivel
local, sólo una política de crear mecanismos para fomentar el ahorro nacional
podrá satisfacer nuestros requerimientos de fondos a largo plazo. Entre estas medidas se destaca la creación
de los fondos de pensión.
En el caso chileno, los ahorros de los
trabajadores han suministrado los recursos no sólo para satisfacer los
requerimientos de la industria nacional, sino para adquirir importantes activos
en Perú, Colombia y Argentina. Además
de proveer los recursos necesarios, los fondos de pensión han permitido a la
población en general compartir los beneficios financieros de la modernización
del sector.
Uno de los aspectos más importantes que
contiene la Ley Eléctrica es, precisamente, que incorpora un nuevo modelo
objetivo de regulación.
20
Actualmente, cuando nos planteamos cuál
debe ser la función esencial de la regulación y de la supervisión del sector
eléctrico, se llega a la conclusión de que no puede ser otra más que la
eficiencia económica y la mejor manera de conseguir la eficiencia es a través
de un marco general que promueva y desarrolle la competencia, y no con la
intervención dirigista del Estado.
En su momento CAVEINEL tuvo que
pronunciarse ante lo que consideramos una excesiva intervención del Estado en
áreas netamente operativas como el Centro Nacional de Gestión.
La experiencia vivida los últimos treinta
años con la participación de empresas públicas y privadas en la operación,
coordinación y planificación del Sistema Interconectado Nacional, nos permite
tener una visión clara del negocio y dar señales positivas a los nuevos agentes
que puedan participar atraídos por la apertura en competencia. Abogamos entonces por un ente autónomo e
independiente que permitiera tener reglas claras. Lamentablemente, en el texto definitivo esto no quedó aprobado,
pero lo hemos asumido como una primera experiencia en regulación esperando que
en un futuro cercano se puedan introducir cambios que se ajusten a las
realidades del sector. Nos toca ahora
trajinar la etapa de discusión y análisis de los reglamentos, donde esperamos
continuar teniendo una activa participación.
En su amplia intervención, el
representante de CAVEINEL precisó asimismo su convicción ahora que contamos con
un marco legal que promueve la participación de nuevos agentes en las
actividades de generación, distribución y comercialización, lo que se espera es
que no haya discriminaciones y que se respeten las reglas.
A las puertas del nuevo milenio, la
industria eléctrica está entrando en una nueva etapa que nos debe poner a la
par de las necesidades de un país que debe recuperar el tiempo perdido y
progresar aceleradamente sobre la base de un sector productivo próspero y lleno
de energía.
21
No resulta menos importante señalar el
cambio de mentalidad y de actitud de todos los actores del sector eléctrico
(gobierno, empresas, trabajadores, ciudadanos) integrándose a un cambio
cultural que fomentará una mayor libertad y responsabilidad que exige mayor
capacidad de iniciativa e innovación, como única vía de mantener la
competitividad económica y la calidad de vida.
Gran parte de la electricidad de
Venezuela se genera a través de sistemas hidroeléctricos, principalmente en la
Represa de Guri, en el Río Caroní
En la producción de energía eléctrica de
Venezuela participan varios sectores empresariales:
El sector estatal, representado por la
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), empresa
pública a cuyo cargo ha estado la ejecución del Plan Nacional de
Electrificación, y por la compañía subsidiaria de la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) conocida como Electrificación del Caroní (EDELCA), que se ocupa
de desarrollar el potencial hidroeléctrico del río Caroní.
El sector privado, orientado a producir
energía para satisfacer determinados servicios públicos.
Los sectores autoabastecidos, como son
las empresas petroleras y las centrales azucareras, que producen electricidad
para su propio consumo.
La capacidad de energía eléctrica
instalada en Venezuela fue, en 1995, de 18.161.000 Kw, mientras que la generada
en el mismo año ascendió a 70.672 millones de Kwh. Por su parte, la población
servida superó los 19,5 millones y el número de abonados alcanzó la cifra de
3.830.000. De la energía producida en el país, el 29,6% es de origen térmico
convencional, mientras que el resto es hidroeléctrica.
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El consumo por empresas eléctricas con
destino a la distribución se reparte desigualmente entre el sector público (81%)
y el sector privado (19%).
Al cierre de diciembre de 1995, según la
Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (CAVEINEL), el consumo de
electricidad se situó en un total anual de 55.561 Gwh. Este dato apunta un leve
incremento de un 4,8% respecto al año anterior.
En enero de 1997 se inauguró la central
hidroeléctrica Macagua II, que aporta al sistema eléctrico nacional otros 2.540
Mw anuales, equivalentes a 72.000 barriles de petróleo diarios. Para el año
2003 se prevé tener lista la central de Caruachi y antes del 2008 la de Tocoma,
generando entre ambas unos 4.000 Mw adicionales.
Esta importante infraestructura se suma
al complejo hidroeléctrico de Guayana, constituido por las empresas Guri y
Macagua I. Actualmente Guri produce 10.000 Mw, cifra a la que se
incorporarán cerca de 3.000 Mw que
soportará el sistema Macagua.
Venezuela es uno de los países con mayor
grado de electrificación en América Latina; más del 94% de su población dispone
de servicio eléctrico. Esto es el resultado de un esfuerzo realizado por el
Estado Venezolano y una significativa concurrencia de empresas privadas.
El Sector Eléctrico Venezolano está
estructurado en forma mixta, integrado por empresas públicas y privadas. En los
dos ámbitos, los lineamientos de política son dictados por el Ministerio de
Energía y Minas, órgano supremo en materia de energía a nivel nacional, a
través de su Dirección de Electricidad.
Por otro lado, la planificación del
sector ha obedecido al entendimiento entre las principales empresas eléctricas
que firmaron en 1968 el contrato de interconexión, el cual fue modificado en
1988 cuando, además de CADAFE, EDELCA y la Electricidad de Caracas, se
incorporó ENELVEN. El Estado Venezolano ha emprendido el diseño de un Plan
Energético Nacional como parte fundamental del Plan Económico, con la finalidad
de asegurarle al país la prestación de un servicio eléctrico al menor costo
posible y con la mayor calidad, que permita la óptima utilización de los
recursos disponibles y que, al mismo tiempo, garantice continuidad, seguridad y
eficiencia.
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Igualmente se diseñó una nueva Ley del
Servicio Eléctrico, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones que
regirán el servicio eléctrico en el Territorio Nacional, el cual no había
contado con una normativa legal integral que ordenara clara y metódicamente las
disposiciones generales aplicables a esta materia.
De acuerdo a las últimas cifras, las
Empresas Eléctricas del Estado generan el 82% de la energía eléctrica que se
consume en el país, sirviendo al 68% del total de suscriptores.
La situación actual del sector eléctrico,
especialmente en las áreas de transmisión y distribución, es de franco
deterioro y podría convertirse en un obstáculo de difícil superación para las
posibilidades reales de crecimiento productivo del país en el mediano plazo, si
no se acomete a la brevedad un ambicioso programa de inversiones y un plan de
reformas estructurales.
Las pérdidas acumuladas de algunas
empresas eléctricas públicas no han permitido mantener un ritmo de inversiones
capaz de soportar el crecimiento de la demanda y sostener la calidad de los
servicios. Más de una década de diferimiento de inversiones en las áreas de
transmisión, distribución, comercialización y mantenimiento de la generación
térmica hace inaplazable la búsqueda de recursos para recuperar la
confiabilidad de la red y soportar el crecimiento de la demanda.
A los fines de revertir el proceso de
deterioro del sector eléctrico, restaurar su papel impulsor de la actividad
económica y mejorar su imagen en la opinión pública nacional, se estima
necesario aplicar un ambicioso programa de inversiones que supera los 5.000
millones de US $ en cinco años.
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La aplicación de una política energética
coherente, hará énfasis en la hidroelectricidad y el gas natural como opciones
prioritarias dentro de la oferta energética nacional.
En su carácter de importante consumidor
de gas natural, el crecimiento del sector eléctrico puede viabilizar la
captación de inversiones en la industria gasífera nacional, dado el gran
potencial de consumo de gas que tiene la industria eléctrica, y su capacidad de
adoptar tecnología de punta que ofrezca un atractivo costo de oportunidad para
el uso de gas natural.
Del mismo modo, la disponibilidad de
importantes reservas de gas natural puede sustentar la expansión de generación
eléctrica, la cual puede aprovechar las ventajas en términos de eficiencia,
bajo costo de capital y mínimo impacto ambiental que provee la tecnología de
turbinas de gas natural.
Después del sector petrolero, el sector
eléctrico es el principal mercado de consumo de gas natural en el país. Este
papel dinamizador del sector eléctrico en la industria del gas será más
acentuado en el futuro, dadas las necesidades de expansión de generación
eléctrica, se tiene en el uso del gas natural una opción económicamente
competitiva.
Luego de efectuado el esbozo del
problema, se procede a enunciar el marco referencial del presente trabajo de
investigación, el cual constituye las bases teóricas del trabajo, mediante la
exposición de los tópicos principales y secundarios, las ideas centrales y
auxiliares, que se tomaron en consideración para el desarrollo de la
propuesta. Se incluye además el aspecto
técnico, compuesto por definiciones muy precisas de términos claves dentro del
estudio.
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