Por: Marta Colomina ( la misma que hoy se tiene que comer sus propios escritos)
Conspirar no sólo es el intento de sacar del poder a mandatarios
democráticos (cosa hecha de vez en cuando por los medios de comunicación
(MC), en acción más eficaz y desde luego mucho menos sangrienta que la de
hoy desmemoriado candidato presidencial Hugo Chávez). Es también crear
tramas en torno a la vida privada de las personas y propiciar intrigas con
el fin de hacer crecer los ratings televisivos, como le ocurrió a la
indefensa Alicia Machado. O acusar injustamente a alguien y emitir sentencia
condenatoria en su contra antes de que los tribunales en el veredicto, que
podría ser de inocencia.
Conspirar es difundir el engaño o el enredo en
perjuicio de un político, ministro o empresario, sólo porque no se muestra
sumiso a las peticiones de quienes controlan la información. Se conspira en
contra de la credibilidad de las audiencias cuando, sin presentar pruebas
que demuestren sus acusaciones, se divulgan denuncias de políticos
deslenguados cuyo único oficio es el de someter al escarnio público a
quienes no estén de acuerdo con su visión del mundo y cuyo propósito es el
de acabar no sólo con los 'partidos del status', sino con el Presidente, su
gabinete en pleno y todos los gabinetes y presidentes por venir, con
excepción, claro está, de los suyos, si alguna vez tenemos la desgracia de
que lleguen al poder.
Tocqueville vislumbraba los abusos que podían cometerse al amparo de la
libertad de expresión, cuando asombrado por los insultos que cierta prensa
norteamericana (1831) dirigía a las altas figuras del gobierno revelaba no
profesar 'a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se
otorga a las cosas soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por
consideración a los males que impide, más que a los bienes que realiza'. El
autor de 'La democracia en América' confiaba en el poder equilibrador de una
prensa libre que actuase como vigilante de los derechos ciudadanos y evitara
los tradicionales abusos de los gobiernos. Ciento sesenta y siete años más
tarde, a juzgar por los contenidos y fines de ciertos massmedia, convendría
preguntarnos si la ecuación tocqueviliana no ha cambiado y en la actualidad
esos MC estarían propiciando males e impidiendo bienes.
Casos recientes comprueban algunas aberraciones practicadas por no pocos MC,
violando así su función de mediadores entre los poderes públicos y la
sociedad, de modo que, en vez de ser eficaces defensores de los derechos
democráticos de los ciudadanos en contra del tradicional abuso de los
gobiernos, han devenido ellos mismos en los principales abusadores.
Hace
menos de un mes, José María Ansón, presidente de Televisa de España y ex
director del conservador ABC de Madrid, confesó a la revista Tiempo que un
grupo de empresarios de la comunicación entre quienes se cuenta, de común
acuerdo con dirigentes del derechista Partido Popular (hoy en el gobierno
gracias a los buenos oficios del complot mediático) a principios de 1990
conspiraron descaradamente al poner en marcha una 'campaña de acoso y
derribo' para apartar de la presidencia del gobierno 'al socialista Felipe
González'.
Sin sonrojo alguno Ansón confesó que el diario El Mundo (con su
hoy desprestigiado director Pedro J. Ramírez, de quien circula un video
pornográfico del que es protagonista) y los irectores de El Independiente,
Diario 16, Antena 3 TV y Radio crearon un 'honorabilísimo' sindicato de
guerra sucia financiado por el corrupto banquero _hoy preso por estafa Mario
Conde y firmaron un acuerdo de 'caballeros' para 'erosionar la imagen de
González, elevando o inventando las críticas contra él.
Había que terminar
con el líder de PSOE, no tanto por los posibles abusos cometidos, si es que
los hizo, sino por el riesgo de que volviera a ganar las elecciones'.
González perdió por un mínimo porcentaje de votos a consecuencia de esa
guerra sucia, lo que demuestra que ciertos MC no sólo violentan las reglas
de la ética, sino que usurpan para sí un suprapoder que está por encima de
los poderes legal y democráticamente establecidos.
Algo parecido hicieron algunos MC en Venezuela con el hoy ex ministro Matos
Azócar. Había que sacarlo del despacho de Hacienda a toda costa. Como no dio
resultado el caso del canje de los bonos Brady a Globales (ahora reeditado
de nuevo por el PPT en su intento de 'llevarse por los cachos' hasta al
mismísimo presidente Caldera) se inició contra Matos la campaña persistente
e insidiosa del caso Samana. No importaba que otros medios sensatos como El
Universal, por ejemplo recogieran los argumentos del apaleado ministro
demostrando que cuando ocurrieron los hechos, él no era titular de Hacienda.
No hubo día en que los MC muchos de ellos movidos por tantos periodistas de
grabadora que nunca han investigado y que son pasto fácil de los
declaradores de oficio no publicaran el mismo libreto del diputado
Paravisini que siempre concluía con 'las irregularidades y omisiones
delictivas que el ministro Matos había cometido en la estafa de Samana'. Tan
fuerte fue la campaña, que durante esos días, muchos desprevenidos
entrevistados alcanzados por las encuestas, expresaban estar convencidos de
que Matos estaba hasta el cuello en el 'guiso' de Samana.
¿Qué han hecho o dicho esos medios, periodistas y el diputado de marras,
después que la exigente Contraloría General de la República declarara que
Luis Raúl Matos Azócar no tiene culpabilidad alguna en el caso Samana'.
¿Quién le devuelve al acosado ex ministro la honorabilidad perdida ante los
ojos y oídos de tantos lectores y audiencias que ignoran el veredicto
contralor, porque esos MC se niegan a publicar el derecho democrático de
réplica? Algo habrá que hacer con quienes, prevalidos de ser ahora los
dueños del espacio público protagonizan abusos de poder que antes eran sólo
esperables de los gobiernos.
Esa extralimitación mediática se está arrogando
tareas propias de los órganos del Estado, convirtiéndose así en un poder
superior a la propia Constitución. En la reciente cumbre de presidentes de
Cortes Supremas de Justicia realizada en Caracas de cuyo tema hablaremos en
un próximo artículo los magistrados dirigieron razonadas críticas al papel
de los MC por su injerencia en las funciones propias del Poder Judicial,
expresada en la declaración de inocencia o culpabilidad de los indiciados,
mucho antes de que los tribunales emitan su sentencia (lo que no impide que
los MC cumplan con el deber de convertirse en perros de presa de los jueces
corruptos a través de un riguroso periodismo de investigación y no de
panfletos como 'Cuánto vale un juez').
¿Quién recoge esas envenenadas flechas que dañan la reputación de personas e
instituciones indefensas a quienes se les somete al escarnio público y se
impide que el ciudadano común sepa que ellas no son culpables de las
imputaciones de que fueron víctimas? ¿Quién nos defiende de una libertad de
expresión así concebida?
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