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La decisión del Tribunal Supremo de Justicia con relación a los
militares golpistas tiene, más allá de las lecturas jurídicas,
institucionales y anecdóticas, un aspecto político a nuestro juicio
relevante pues deja claramente visible que para el pueblo venezolano es
imperioso hacer buena la posibilidad de ocupar espacios de poder
mediante los cuales sea posible equilibrar la injusta disparidad que
hasta ahora y en todos los aspectos de la sociedad ha sido norma.
Es cierto que tal posibilidad tiene bases filosóficas, jurídicas y
políticas explícitas en la Constitución Nacional. Es verdad que tenemos
un presidente cuya conducta, hasta ahora, ha sido de identificación y
profundo compromiso con el proyecto de país que esa Constitución
prefigura. Pero el hecho de que el aparato judicial, excepcionalmente
veloz y riguroso cuando se trata de castigar a ciudadanos comunes no
haya sido capaz siquiera de solicitar, mucho menos aplicar --sin tanto
guabineo ni demora-- la elemental y justa sanción a quienes atentaron
contra los intereses, instituciones y hasta contra los símbolos de la
República Bolivariana demuestra que los sectores populares podemos
contar con parte del gobierno pero tenemos que asimilar la importante
lección que esta coyuntura nos da:
1. Gobierno y Estado no son lo mismo;
2. El pueblo, entendiendo como tal a la decisiva mayoría del colectivo
nacional, no ha "tomado el poder", ilusión tan extendida como peligrosa;
3. El poder no es un objeto ni un sitio que se pueda "tomar" sino una
correlación de fuerzas sociales en movimiento, y
4. Mientras sigamos dependiendo del paternalismo no superaremos la
situación de dispersión y debilidad que ha sido característica en el
movimiento popular.
Si esa situación se mantiene vamos a necesitar tantos Chávez como
espacios de poder existan.
En la Asamblea Nacional, en el Poder Ciudadano, en la Judicatura, en la
Fuerza Armada, en los medios de difusión, en cada gobernación, alcaldía,
prefectura, universidad y demás lugares se requerirá un Chávez para así
poder continuar delegando la responsabilidad que a cada uno corresponde
en el diseño, construcción y consolidación de esa Venezuela hasta ahora
propuesta en el texto constitucional.
Para que ese país todavía por construir se convierta primero en idea
posible de ser realizada y luego esa idea se transforme en fuerza
material debemos comenzar por entender que la dispersión del movimiento
popular no ha sido un fenómeno natural ni producto de la casualidad sino
resultado de una política en cuyo desarrollo han sido utilizados desde
el terror hasta el halago. Y en la práctica esa política se ha
materializado mediante aparatos estatales de control que han tratado de
borrar todo vestigio de autonomía en las masas.
Un ejemplo es el trabajador que sobresale convirtiéndose en dirigente
natural de su grupo e inmediatamente es reclutado por el sindicato, el
partido, la organización clandestina o cualquier otra instancia que lo
aleja y separa de su medio, práctica que paulatinamente va dejando al
movimiento popular sin dirección ni voceros toda vez que la regla
general --aun cuando hay excepciones-- es que el tronchado "cuadro" del
colectivo de que se trate llegue a convertirse en un burócrata más, y no
pocas veces termine siendo enemigo de la clase o colectivo de donde fue
desarraigado.
Otra de las prácticas comunes consiste en la infiltración que los
partidos aplican a las organizaciones populares con el fin de
convertirlas en apéndices suyos, convirtiendo a luchadores sociales en
militantes sectarios y de paso haciendo buenos negocios con los dineros
de los organismos municipales y regionales en la práctica conocida como
clientelismo electoral.
Y paralelamente a ese desmantelamiento de las estructuras organizativas
existentes y obstaculización de la construcción de otras, se desarrolla
otro proceso: la atomización de la memoria colectiva del pueblo
fragmentando su conciencia, tarea en la cual los medios de difusión
masiva juegan un papel de primera línea pues en la medida en que el
movimiento popular olvide sus luchas, valores y símbolos tendrá menos
capacidad para convertirse en sujeto histórico que ponga en peligro la
dominación y dirección (recordemos que las clases y grupos no solo
dominan sino que además dirigen, estructuran consenso y por ello
devienen hegemónicos) sobre él ejercida.
Ahora bien, ¿cómo convertirnos en sujetos históricos, vale decir en
personas políticamente actuantes en función de cambiar la sociedad?;
¿cómo romper esos moldes autoritarios, paternalistas y fragmentadores de
nuestra conciencia?; ¿cómo cultivar la educación política y la fuerza
organizativa que nos permitan poner en práctica la democracia
participativa y ser capaces de asumir las responsabilidades implícitas
en el concepto de contraloría social? Creemos que la solución es la
construcción de un consenso democrático. Pero ello no puede ser por
decreto pues en principio no funciona y al final terminaría siendo
imposición. Esa construcción debe ser resultado de la incorporación
activa de una mayoría decisiva de la población, que sin abandonar sus
lugares de vida cotidiana (el trabajo, la vecindad, el sitio de
estudios) comience a estructurar nuevas relaciones políticas, humanas,
sociales y personales.
Una reunión comunitaria para levantar un censo de necesidades, o para
desarrollar trabajos conjuntos en pro del mejoramiento del habitat, o
con el fin de aplicar el Decreto de Tenencia de tierras urbanas es un
escenario natural pues existe ya una comunión de intereses y no es
necesario que algún iluminado traiga la llama de la conciencia y la
distribuya a su leal saber y entender entre los pobres miembros del
"rebaño desconcertado", quienes sedientos esperan su palabra
orientadora. Por lo demás, la discusión y búsqueda de soluciones a
problemas comunes no requiere de traductores especializados. Allí se
habla el mismo idioma.
Y el tratamiento colectivo de nuestras calamidades o logros nos va
educando y uniendo, mientras la "política" tradicional tiende a
dividirnos. Y nuestras experiencias se intercambian con otras
individualidades y colectivos cuya vida discurre dentro de marcos
similares a la nuestra. Y ese es un eslabón que nos une a otras
comunidades en una dinámica que abre otros horizontes a nuestra visión y
va creando relaciones de intercambio, cooperación y educación en una
política de verdadera igualdad, cuyos saldos suelen ser positivos pues
la comunidad genera sus dirigentes naturales y se van estableciendo
redes entre comunidades y liderazgos cuyo desarrollo y profundización
convierte al país en una verdadera sociedad civil. Es lo que Gramsci
denominaba "la reforma intelectual y moral".
Para desarrollar esa Venezuela democrática y signada por la solidaridad
tenemos un excelente programa que es la Constitución Nacional,
especialmente sus artículos 2, 3, 62, 70, 99, 108, 118, 119, 132, 299,
307 y 308. Tenemos un presidente identificado con esos fines. Somos
parte de una mayoría popular que legitima ese programa. Tenemos
experiencia de movilizaciones que indican una madurez política
suficiente como para asumir el reto.
Tenemos hasta ahora en la Fuerza
Armada una correlación de fuerzas que apoya a la Constitución y que ha
vivido un acercamiento muy estrecho con sectores populares compartiendo
angustias, labores y rescate de áreas que habían sido descuidadas o
abandonadas en sitios a los cuales los políticos tradicionales solo se
acercaban en épocas pre-electorales y con un pañuelo en la nariz.
Allí están las posibilidades pero también convive con nosotros un grupo
que hasta ahora no acepta a la Constitución ni tolera al presidente. Ese
grupo tiene recursos en la misma medida en que carece de escrúpulos. Y
hace y hará cualquier cosa para recuperar algunos privilegios perdidos y
evitar perder los que aún tiene.
No son desdeñables sus poderes financiero y mediático, sus áreas de
influencia en espacios de poder y el soporte que en otros países tienen,
especialmente aquellos en los cuales residen los recolectores de
beneficios producto del despojo que nuestros pueblos sufren, siendo que
un importante porcentaje de esos beneficios forma parte de los
privilegios a que antes aludimos.
Y los espacios que el movimiento popular abandone o deje de ocupar serán
por ellos tomados. Corresponde al pueblo hacer realidad el postulado
constitucional tomando posesión intransferible de la soberanía y
ejerciéndola.
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